El Partido Popular pide que la tarifa eléctrica desaparezca en 2008, igual que la del gas

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado sus enmiendas al Proyecto de Ley que modifica la Ley del Sector eléctrico de 1997 en las que solicita que la desaparición de las tarifas eléctricas se adelante al 1 de enero de 2008 para equipararlas a las del gas natural, que se suprimirán en esa fecha.

Según argumenta el PP, la razón de esta enmienda es «no crear asimetrías innecesarias en los plazos y procesos» de la liberalización gasista y eléctrica que distorsionen la competencia entre ambos sectores. La introducción de dos fechas distintas para la desaparición de las tarifas se debe al menor grado de liberalización del sector eléctrico, donde el consumo en el mercado libre es tan sólo del 27 por ciento, frente al 80 por ciento en el caso del gas, circunstancia que hace prever la necesidad de un mayor periodo transitorio, según ha venido señalando el Gobierno.

El anteproyecto de ley, que traspone la normativa europea sobre el mercado interior de la electricidad y fue aprobado por el Gobierno el 1 de septiembre pasado, prevé la eliminación de las tarifas eléctricas reguladas a partir del 1 de enero de 2011.

En otra enmienda el PP pide que las tarifas reguladas de último recurso (las que quedarán para usuarios domésticos y pymes que no acudan al mercado cuando se eliminen las tarifas reguladas) se fijen «de forma que respeten el principio de suficiencia de ingresos y no ocasionen distorsiones de la competencia», para evitar así la generación de déficit de tarifa -cuando los ingresos son insuficientes para cubrir los costes del sistema-.

El pasado 16 de octubre el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley en el Congreso en la que instaba al Gobierno a «garantizar» que el incremento de precios «de la energía» a los consumidores en 2007 no supere el IPC.

Según señalan las compañías eléctricas, la subida de tarifas debería ser del 30 por ciento para compensar los incrementos insuficientes de los últimos años, por lo que la limitación al IPC propuesta por el PP generaría un nuevo déficit tarifario. Este déficit se produciría en el último año de vigencia de las tarifas reguladas, según la enmienda planteada por el PP. El pago de estos desequilibrios se articula a través de la propia tarifa en plazos durante los años siguientes, de tal forma que, por ejemplo, el déficit de 2005 (3.810 millones de euros) se terminará de pagar en 2020.

El Ministerio de Industria ha introducido varios cambios en el funcionamiento del sector eléctrico con motivo del nuevo real decreto sobre tarifas para 2007, que el Gobierno aprobará el próximo viernes, con el objetivo de eliminar la generación de déficit crónicos antes de 2011, fecha prevista para la desaparición de la tarifa.

La desaparición de las tarifas reguladas que propone el PP supondría también articular en 2007 los mecanismos para el traspaso de los clientes del sistema a tarifa al sistema de tarifa de último recurso antes de 2008. En consecuencia, el PP propone también que no se cree el Comercializador a Tarifa Regulada, una figura jurídica que supone «un sobrecoste al sistema eléctrico al tener que duplicar los servicios» de facturación y cobro que hacen ahora los distribuidores, ya que estos tendrán que seguir cobrando por las tarifas de acceso (peajes por el uso de las redes).