El Gobierno de Ecuador renunciará a extraer petróleo del mayor yacimiento del país por respeto al entorno natural

Ecuador quiere dejar el petróleo en tierra en el mayor yacimiento del país, en el Parque Natural Yasuní, «para proteger la vida y nuestra verdadera riqueza, que es la naturaleza», según dijo el miércoles el ministro de Energía, Alberto Acosta.

Acosta, principal promotor del proyecto, dijo en una conferencia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Quito, que la propuesta parte de «un pueblo que respeta la dignidad humana y quiere frenar el calentamiento global».

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, agregó Acosta, ha dejado claro que hay dos opciones, de las que la primera sería dejar el crudo en tierra a cambio de una compensación internacional de unos 350 millones de dólares anuales, la mitad de los recursos que se calcula reportaría la explotación.

La otra sería explotar el yacimiento Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), el mayor del país, dentro del Yasuní, minimizando los daños «que inevitablemente se van a producir», recordó Acosta.

Para plasmar la primera propuesta, Ecuador plantea compensaciones mediante el canje de deuda, donaciones de gobiernos, contribuciones de la sociedad, aportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) o títulos de conservación ambiental en el mercado.

Estas aportaciones quedarían en un fondo o fideicomiso que obligaría a futuros gobiernos de Ecuador y bajo una «veeduría nacional e internacional», que garantizaría su buen uso, aunque bajo el control del Estado ecuatoriano.

El responsable de Energía recordó que Ecuador lleva 40 años de extracción de petróleo de la Amazonía, sin haber conseguido que el país se desarrolle y habiendo causado una enorme destrucción ambiental y de la biodiversidad de la zona.

La Amazonía supone el 45 por ciento del territorio de Ecuador, uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, en el que está el Yasuní, un parque de 982.000 hectáreas «refugio de vida del pleistoceno», que alberga, entre otras cosas, el 40 por ciento de las especies de mamíferos del Amazonas.

La idea de Acosta es crear «una suerte de herradura de la vida», que una los parques Yasuní y Cuyabeno, que se encuentran en el noreste de Ecuador, en una zona de densa selva húmeda cerca de la frontera con Perú, que son zonas protegidas y relativamente bien conservadas y ricas en yacimientos petroleros.

En la zona del Yasuní, además, el Gobierno quiere preservar a los pueblos no contactados que habitan la región, los tagaeri y los taromenani, para que no les suceda como a los tetetes y los sansaguari, desaparecidos durante la operación petrolera de Texaco en la zona, entre 1964 y 1990, según dijo Acosta.

El ministro indicó que, en cuarenta años de producción petrolera, se han extraído en Ecuador 4.000 millones de barriles, que han producido 80.000 millones de dólares, y se preguntó: «¿Donde fue ese dinero?, ¿Como quedó la sociedad?»

Más tarde, dijo que el dinero fue a las entidades financieras multilaterales, a grandes multinacionales y a las clases acomodadas de Ecuador, que se beneficiaron de esa explotación y generaron una «economía rentista», sin propiciar una «economía productiva».

Acosta recalcó que los países ricos del mundo no se han desarrollado explotando sus recursos naturales, sino con la creación de una economía productiva, por lo que propugnó conservar la naturaleza del país, incluso por interés económico.

Para él, la extracción y uso de los 900 millones de barriles de petróleo que se calcula que hay en el ITT serviría para doce días del consumo mundial y el costo de reducir el dióxido de carbono que producirían sería de 4.320 millones de dólares.

Por este motivo, la propuesta se inscribiría en «los desafíos de negociación de un Kioto II», para reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero y el cambio climático.

Además, la explotación afectaría al Yasuní, donde se produce gran parte de la evaporación de agua que genera las lluvias en Ecuador, que de reducirse también causarían la bajada del caudal de los ríos que producen energía hidroeléctrica.

En total, el cálculo de perdidas por el deterioro del ecosistema, según Acosta, supondría para Ecuador un costo de 750 millones de dólares al año, mientras la explotación petrolera produciría unos 700 millones anuales por un lapso de 20 años.

«Esto es el inicio de una era postpetrolera», concluyó Acosta, para quien el actual Gobierno quiere «avanzar hacia otra forma de organizar nuestra economía y nuestra sociedad».