Ecuador elevará sus reservas petroleras en 170 millones de barriles al optimizar sus explotaciones

Tras un año de negociaciones, las empresas y la compañía estatal firmaron los contratos para estas operaciones, en las que el Estado ecuatoriano no invertirá ni asumirá riesgo alguno, pero obtendrá una renta de 2.500 millones de dólares, indicó el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas. Ecuador únicamente pagará a los contratistas el valor acordado, que no se hizo público, por el aumento de la producción y en función de «cada barril que se incremente a la curva base definida», indicó Petroamazonas, cuyo gerente general, Oswaldo Madrid, aseguró que, en virtud de estos contratos, «el operador de los campos maduros sigue siendo Petroamazonas, pero el riesgo de las inversiones a realizar será exclusivo para las empresas contratistas».

Los trabajos, que generarán 300 empleos directos, comenzarán previsiblemente en diciembre y se desarrollarán en seis grupos de campos asignados a cinco consorcios empresariales. Halliburton Latin America (EEUU) será la que gestione dos grupos de campos mientras que con un lote operarán Schlumberger (de Francia y EEUU)y Tecpetrol (Argentina), Sinopec (China), la ecuatoriana Sertecpet junto a las colombianas Montecz y Edinpetrol, y, finalmente, YPF (Argentina).

El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas subrayó que con estos contratos se hace «justicia con la Amazonía», la zona donde se asientan los campos petroleros, y recordó que por ley el 12% de los excedentes obtenidos con la explotación del crudo se destina al desarrollo local. «El 95% de la renta que produce el negocio es petrolero para el Estado, para los ecuatorianos y para las ecuatorianas, que ven ahora cómo ese recurso natural no renovable se convierte en desarrollo, se convierte en carreteras, se convierte en hospitales, se convierte en Escuelas del Milenio, se convierte en puertos y aeropuertos», reivindicó.

El vicepresidente de Ecuador arremetió con los críticos con este tipo de contratos, a los que calificó de «agoreros del desastre que afirmaban categóricamente» que la «gestión soberana» de los recursos naturales «era incompatible con el incremento de la inversión extranjera«. Además, destacó la «liberación de recursos fiscales» que supone la firma de estos contratos, ya que de no haberse suscrito hubiera sido necesario «destinar más recursos del presupuesto general del Estado a sostener la inversión hidrocarburífera y asumir el 100% del riesgo por parte de todos los ciudadanos ecuatorianos».