Nueva polémica en torno a los gastos de la CNE

Según informaba el pasado 8 de agosto el diario económico Expansión, los órganos reguladores españoles parecen vivir ajenos a la situación de crisis económica y austeridad de costes que se vive en las empresas, por los ciudadanos y las familias. En el artículo se hacía alusión al fuerte incremento de gastos que en 2008 tuvieron, en mayor o menor mediada, instituciones como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hay que recordar que estos reguladores se alimentan de las tasas que aplican a las empresas del sector que regulan.

En el caso de la CNE en 2008 su aumento de gastos se cifra en el 14,9 % debido fundamentalmente al fuerte aumento de capítulos como los “servicios exteriores”. Esta partida, que en 2008 aumentó un 35%, representa ya el 46% de todos los gastos, cuando en 2007 era el 37%.

Por otra parte, los gastos de la CNE entre 2008 y 2007 siguieron creciendo a una tasa del 15 %. Previamente, también durante el mandato de Maite Costa, en el año anterior, es decir entre 2007 y 2006, ya habían crecido un 25 %. Además, la CNE cada vez ahorra menos de un presupuesto cada vez más voluminoso. Mientras en 2006, era de 26,7 millones; en 2007, de 27,8 millones y en, 2008, de 29,1 millones. En 2006, este ahorro (ingresos menos gastos), fue de 8 millones; en 2007, de 3,9 millones; y en 2008, sólo de 1,7 millones.

Hay que recordar el fuerte grado de crítica a la política de gastos de la CNE durante la gestión de la actual presidenta, Maite Costa. Entre ellos, y todavía no incorporados en los resultados económicos del organismo, figura desde la adquisición de un nuevo edificio, cuyas finalidades no están definidas totalmente.

También durante este año se ha conocido la contratación de coches de empresa para todo el equipo directivo actual (incluyendo el alquiler de las plazas de garaje en el centro de Madrid) o la remodelación de la entrada incluyendo un panel electrónico que anuncia temperatura y eventos que altera la sobriedad del edificio neoclásico.

Todo ello sin contar el abundante número de eventos organizados por la CNE (publicitados convenientemente), así como la edición de publicaciones propiciadas por el organismo (con fuertes críticas a la selección de colaboradores y las retribuciones a los mismos). Y, todo ello, sin contar con su actuación exterior: los viajes del organismo, cuyas delegaciones son muy numerosas y donde se habrían contratado en algún momento hasta limusinas para el transporte de los desplazados.

¿Son muchos o pocos los españoles que tienen el bono social eléctrico?

Otro de los temas, serpientes de verano, es el hecho de que según la CNE, influida por algún medio de comunicación y alguna asociación de consumidores, existen pocos españoles que han solicitado el bono social eléctrico. Todo ello, a pesar de la aplicación automática del mismo a todos los consumidores con una potencia contratada menor de 3 kV y de la campaña personalizada que ha realizado la Seguridad Social, dirigida con buen criterio, a los pensionistas beneficiarios de este figura.

Evidentemente, lo que hay que colegir es que siempre que haya personas que tengan derecho a acogerse a esta modalidad tarifaria beneficiosa y no lo hayan hecho, existe un derecho no atendido. Bien por falta de información, por necesidad de una ayuda institucional o de las asociaciones de consumidores para hacer efectivo su derecho.

Otra de las críticas al bono social eléctrico se centran en que la rebaja que se produce en la factura es poca. Realmente el descuento para este año y hasta 2012 es la no subida de la electricidad (es decir, su congelación y no evolución, un descuento que será acorde al incremento que se produzca en las Tarifas de Ultimo Recurso). Para este año 2009, esta no subida se cifra en 70 céntimos/mes en términos medios por consumidor, lo que al parecer no compensa a los usuarios para pedirlo, según las críticas que, elípticamente, piden más descuento, dado que además, sale gratis al Presupuesto del Estado, puesto que lo pagan las compañías eléctricas según el acuerdo realizado con el Gobierno.

La tercera de las críticas es que el bono social es para pocos. Es decir que los 3,5 millones de beneficiarios actuales y los entre 4 y 5 millones potenciales, son pocos. Por otra parte y en términos globales, en los medios de comunicación se produjo en su momento, estimaciones del número de usuarios que podían haberse visto beneficiados por este bono social, que oscilaban entre los cuatro y cinco millones de consumidores. Los detractores del mismo, se apuntan a la estimación más conveniente, es decir la de los cinco millones, para señalar la gran diferencia entre los anticipados y los existentes a estas alturas de agosto.

En todo caso, nos hallamos aquí en un pensamiento “recursivo” y “paradójico”, inflamando la demagogia. Por un lado, quienes piden una subida de tarifas baja y, en segundo lugar, los mismos, que piden que el descuento en la factura eléctrica sea mayor, pese a que el bono es la “no subida de las tarifas” (por otra parte, insuficientes desde el punto de vista de sus costes). Algo no casa. En la segunda de las posiciones, nos hallamos ante un pensamiento “subterráneo” subversivo, por lo que sería mejor una subida de tarifas alta que soliviante a la ciudadanía y acabara con todo de una vez.

En suma, los contrarios a la liberalización eléctrica guardan las siguientes consignas (alentadas desde el colectivo de retroprogresivos). Síganlas. Primero: la comercialización no realiza ofertas significativas a los consumidores (y los retroprogresivos, las querían instantáneas). Segundo: hay pocos beneficiados del bono social eléctrico (una pieza que rompe la demagogia del pensamiento retroprogresivo). Tercero: la competencia libre debe ser regulada, tutelada y homogeneizada por un organismo de control de precios a la antigua usanza. Cuarto: para inducirnos a un marasmo, hagan una subida tarifas alta, en lugar de un calendario escalonado, para que sepan lo que vale un peine y los consumidores se enfurezcan de una vez contra la liberalización y la echen a perder. Quinto: puesto a la caza de los defectos, errores y problemas que se produzcan en todo el proceso, buscando amplificarlos y hacer sangre (por otra parte, lógicos, en una operativa tan compleja y generalizada). Sexto: como los militares del nazismo en su momento, que renegaban de su pasado, amnesia generalizada sobre el déficit tarifario y, por tanto, reclamación de que las consecuencias de la liberalización tengan que ser instantáneas y no progresivas.

Y dos huevos duros.

El comparador de la CNE, una herramienta útil cuyas conclusiones son prematuras

Hace unas semanas la CNE estrenaba su comparador de ofertas de gas y electricidad. Desde este medio, consideramos que una herramienta de estas características o análogas (mejorables hacia el futuro, y adaptables a como se vaya produciendo la competencia) es necesaria y útil. Lo que parece menos razonable es la interpretación difundida de sus primeros resultados, de forma que una herramienta, en fase incipiente, en manos de ideólogos, se convertirá en un juguete peligroso a efectos demagógicos. Sobre todo cuando sus resultados, se presentan de forma prematura, sin contextualizar y sin comprender esta fase del proceso de liberalización, cuya rémora (el déficit tarifario), sigue pesando.

En primer lugar, se trata de una herramienta presentada con pocos matices y escasas precauciones, con una semana de vida (la primera de julio) y que en estos momentos se está utilizando para señalar que existen “pocas ofertas” y “escasos descuentos” para los clientes del sector eléctrico. Es decir, con muy poca información y reducida experiencia, lo que unido, a la escasa cultura económica y menor espíritu crítico, se ha querido conseguir mucho desde el punto de vista del salto interpretativo.

Recordemos, las precauciones que hay que tomar con las aseveraciones que provienen de la CNE y sus simplificaciones “a la pata de la llana”. Por ejemplo, las denuncias incendiarias de este invierno formuladas sobre/contra las instalaciones renovables, eólicas y fotovoltaicas y en lo que se han quedado con posterioridad (lo que, por cierto, todavía hoy, nadie sabe). Aunque solo sea por responsabilidad institucional, este tipo de aseveraciones deberían tener mucho más cuidado, fundamento, precisión y rigor por parte de un organismo como la CNE. Porque si el “espíritu crítico”, es la electricidad a precios bajos por decreto ley, subvencionada directamente o con déficit tarifario, haciendo abstracción de la deuda tarifaria anterior, es que las bases intelectuales que sustentan estos criterios son muy endebles y la intencionalidad demagógica es muy alta.

Por otra parte, hay que recordar varios datos, interesantes desde el punto de vista contextual. Hasta el momento, la CNE ha estado poco concernida por la consecución de unos mercados eléctricos competitivos, tanto en generación como en comercialización. En el caso de la generación tuvo la ocurrencia de aprobar un informe el de costes y precios, que es lo contrario a la competencia y en el que se aboga a la vuelta al Marco Legal Estable, esto es por la retribución por tecnologías y la discrecionalidad regulatoria. Y en el caso de la comercialización, pudimos ver como para la fijación de márgenes a la comercialización, en el caso de la determinación de las primas de riesgo a los precios de la energía en las TUR, esto se resolvió reduciéndolos al máximo, lo que deja poco margen para realizar ofertas al sector de la comercialización.

Pero es que, además, la CNE está y ha estado mucho menos concernida aún en la resolución del problema del déficit tarifario, verdadero lastre para la economía, conformador de una ilusión óptica de precios y para el desarrollo del mercado de la comercialización, cuya absorción a plazo impide recortar los márgenes de las ofertas.

Por eso, en ese contexto la difusión de estos resultados se transforma en un trampantojo de la realidad energética. Con su pasado regulatorio reciente, su intencionalidad, con el déficit tarifario de cuerpo presente, obtener hoy lecturas equívocas de esta herramienta y sus primeros resultados, pueden ser frivolidades de verano.

Además de continuar con la política de colocación de bombas por debajo de la puerta a la liberalización, para hacer un flaco favor al Ministerio de Industria y sus invectivas más o menos traslúcidas.

Palabras de Miguel Sebastián sobre Garoña

Las palabras del ministro Miguel Sebastián en su comparecencia en el Parlamento a cuenta del cierre de la central de Garoña, nos han devuelto a un cierto comportamiento político equívoco y ciertamente ambiguo. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. De este modo, se acentúa esa tendencia del actual gobierno, y en especial de su responsable máximo, de decir una cosa y la contraria con pasmosa facilidad táctica para luego, con la misma rotundidad, remitirse a la interpretación literal de la letra impresa en el programa electoral cuando sea oportuno y con aparatosas consecuencias.

Según Sebastián, el cierre ordenado y aplazado dos años de Garoña no implica que España abandone la energía nuclear. Leído así, es una buena/mala noticia (¿quién sabe?), pero evidentemente al ministro no le apoyan las evidencias.

Primero, porque Garoña es una de las mejores instalaciones del mundo en términos de producción y seguridad (los ‘rankings’ internacionales así lo reconocen), a la vez que su cierre, una vez verificada su seguridad por el CSN, es un lujo que una economía en crisis no se puede permitir. Aquí, en estos momentos y ahora.

Segundo porque este anuncio se efectúa con carencia de credibilidad ante la necesidad de hacer un debate real, sin trampas, sin manipulaciones intelectuales, sin mentiras y argumentos falaces, sobre el futuro del mix energético español y su sostenibilidad en términos económicos, de dependencia, competitividad, seguridad y medioambiente. Sin ideologías, sin apriorismos. Pero, claro, en serio y teniendo en cuenta su efecto sobre la factura y la tarifa que tendrán que pagar los españoles. Y, una vez resuelto, es cuando se debería haber tomado una decisión coherente respecto a la central de Garoña.

Y, tercero, porque más allá del cierre de Garoña, de su pérdida de capacidad instalada, de producción y de empleo (a cambio de un supuesto Parador Nacional de Turismo), del estropicio sobre el mix energético español, ha habido un efecto sobre el funcionamiento de las instituciones de la economía española, como es el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Todo ello, sobre la base de la ideología presidencial y la arbitrariedad gubernamental en su decisión. Un efecto de pérdida de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica que tiene un valor intangible negativo que, con sólo efectuar estas declaraciones, no se ataja.

En todo caso, parece que desde el Ministerio de Industria se está procurando definir una política energética, tomándose en serio la definición de un mix energético futuro, con seriedad y rigor, incluyendo la nuclear y así parece que se quiere plantear el otoño. En todo caso, también hay que reconocer (y sería injusto no hacerlo), al ministro Sebastián que ha estado en una posición muy incomoda con respecto a la energía nuclear, en general, y con Garoña, en particular, a sabiendas de la posición contraria de Zapatero.

Quedan a la vista de estas declaraciones del ministro de Industria, dos preguntas: ¿Cómo hace compatible el cierre de Garoña, con la idea de que no se le pega el portazo a la energía nuclear (incluyendo nuevas declaraciones del Presidente en este sentido efectuadas con posterioridad)? ¿Va a lograr convencer al presidente?

La CNE tiene vida propia y gargantas de seda

En el Paseo de la Castellana (y sus prolongaciones al Paseo de Recoletos y del Prado) hay varios mitos y rumores sobre la existencia de fantasmas en determinados edificios históricos como es el Palacio de Linares (actual Casa de América, gobernada actualmente por el ex Secretario de Estado de Comunicación, uno de los Richelieu del actual Gobierno, Miguel Barroso). Incluso en algún momento, expertos parapsicólogos y esotéricos se dedicaron a buscar presencias de espíritus y psicofonías en este edificio, algo que ahora parece extinguido.

Por eso, lo que no está claro es si, este mismo verano, no habrá otro tipo de apariciones dentro del próximo edificio neoclásico dónde está ubicada la sede de la Comisión Nacional de Energía. ¿Habrá presencias en el marco del mortecino ambiente de agosto por parte de sus consejeros actuales o sus equipos directivos para que tenga esa fruición mediática? ¿Cómo hay que entender su febril e inusitada actividad y las psicofonías públicas que proceden del organismo, si no existen ni convocatorias de los Consejos de Administración del mismo?

En este sentido, es curioso el torrente de informaciones tumultuosas que el diario económico Cinco Días está difundiendo en torno a la comercialización, al bono social, a la liberalización y a la tarifa eléctrica que referencian estudios o propuestas que la CNE ha hecho, hace o hará al gobierno.

En términos semejantes al caso Gurtel, ¿quiénes son las “gargantas de seda” en la CNE durante este verano?

¿Qué tiene que ver Leire Pajín con los órganos reguladores?

La controversia política envenenada de este verano ha traído en su guerra de guerrillas un episodio continuado que es el “caucus” que está sometiendo a la voluntariosa y juvenil Leire Pajín, responsable de la campaña electoral europea socialista, para ser investida como senadora por Valencia, planteándose el hecho de que comparezca públicamente para defender su promoción.

El hecho es que el Partido Popular parece que está haciendo de rabiar (y bien) a las huestes socialistas y, en especial, al exiguo núcleo duro director de Ferraz: Zapatero y Blanco, actual ministro de Fomento. Pajín ha sido ojito derecho de Zapatero (fue nombrada dactilarmente como Secretaria de Organización del PSOE) y Blanco (su predecesor), quien ironizó sobre la campaña electoral de su partido en los últimos comicios, se ha visto contrariado por lo correoso de la oposición efectuada a Leire Pajín. Por ello, ha tenido que salir en plan primo de Zumosol: os obviaremos/borraremos de las instituciones del Estado si nos seguís chinchando con Pajín.

El hecho es que, merced a esa fuerte renuencia, José Blanco ha amenazado con alterar el proceso previsto de renovación de determinadas instituciones del Estado donde se estaba trabajando en hallar acuerdos para su renovación, mayor independencia y despolitización, en una economía necesitada de instituciones creíbles, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, tras el estrepitoso fracaso de su conformación actual. Este era el caso de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Una cuestión que es lo suficiente seria para que se estropee desde la política y se amenace con una repolitización de las instituciones por una controversia política menor.

Más contexto. Por si fuera poco, este verano está claro que no es el de las instituciones españolas y el gobierno no está especialmente fino, aunque tampoco la oposición: Fernández de la Vega, cuyos viajes son cada vez más polémicos, no puede aguantarse en Costa Rica y da un “toqueteo” transoceánico a la justicia, incluyendo la emisión de órdenes al Fiscal General del Estado. Y, para más inri, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se ha sumergido en un irresponsable ejercicio de agitación a cuenta de la generación de sombras de duda (y no evidencias) sobre espionaje. Y, en todo ello, ya se apunta la amenaza de la “ruptura institucional”. El cuanto peor, mejor. En medio de este fuego cruzado, se halla el funcionamiento del Estado, con una baja densidad en su calidad política y con un marco institucional envuelto en “celofán”.

Por tanto, y a quién corresponda: ¿Qué tiene que ver Leire Pajín, la “joya de la corona” del PSOE-PSPV”, y sus simplificaciones ideológicas, con los órganos e instituciones del Estado? ¿Alguien puede introducir responsabilidad en esta controversia política? ¿Qué hemos hecho los españoles para merecer esto?

Didáctica sobre la continuidad de la Central de Garoña

Si recuerdan la forma en que el humorista Gila, en uno de sus monólogos, señalaba cómo un asesinato era obra de Jack el Destripador «porque soy Sherlock Holmes, porque lo digo yo y punto», podríamos recordar la profundidad del argumento de “la palabra dada” y el “Programa” esgrimido para intentar justificar los posicionamientos favorables y dogmáticos al cierre de Garoña. Alejándonos de los modelos de pensamiento único o vertical, tan usuales en la sociedad española, es conveniente hacer didáctica para no caer en la demagogia, en la polarización o en la exposición burda de argumentos basados en la consideración de que la escucha es burda, aunque no lo sea. Por tanto, es necesario analizar los argumentos que se ciernen y se exponen respecto a la continuidad del funcionamiento de la Central de Garoña.

Garoña es pequeña (relativamente). Y, el pensamiento se cierra con una subordinada omitida “Garoña es pequeña, luego da igual que la cerremos” y “tenemos sustitución para la producción que genera en estos momentos de caída de demanda. Que se cierre”. El Gobierno señala que Garoña “sólo aporta el 0,4% de la producción energética total de España”. Sólo 466 MW (lo que produce una central de ciclo combinado, de gas) señalan, despreciando, con desparpajo, el potencial de generación de electricidad de esta instalación, ya que estos megavatios están muy bien aprovechados, dado que están disponibles el 93 % del tiempo. Garoña aporta energía base al sistema, lo que da seguridad y estabilidad al mismo, frente a otras fuentes cuya generación tiene o más costes variables o están disponibles en determinados momentos debido a la meteorología. En 10 años, la planta produciría 38.000 millones de kWh, se evitaría la emisión de 25 millones de toneladas de CO2 y la compra de derechos de 550 millones de euros, además de ahorrarse 1.600 millones de euros en gas. Lo que, para ser pequeño, es mucho.

Por otra parte, esta producción abarata sustancialmente el precio en el mercado de generación de la electricidad, y dependiendo del comportamiento del petróleo (nuevamente creciente, como se puede certificar por la evolución del mercado del crudo) puede ser sustitución de energía barata por otra cara (o mejor dicho, por una que abarata el mercado conjunto, todos los kilowatios, por otra que lo encarezca globalmente, es decir, que suba el precio de todos los kilowatios). ¿Cómo explicarán los adalides actuales antimercado que sube la electricidad en el mercado de generación (solución: con demagogia o con intervención)? ¿Hay sustitución para el mayor grado de dependencia, de la restricción de oferta, o de la seguridad de suministro a medio plazo a menor coste?

En todo caso, recordemos para los incrédulos del mercado que, la mejor forma de tener precios bajos en un mercado, es que haya abundancia de generación y un mix diversificado estratégicamente. Si reducimos la oferta (cerrar una planta de generación que puede funcionar perfectamente, según señalan los técnicos, es restringir la oferta), subirán los precios de la electricidad más o menos dependiendo de las circunstancias de mercado. Y, por otra parte, recordemos aquella frase mítica del “tacita a tacita” o el refrán de “un grano, no hace granero, pero…”

Vida útil vs. vida de diseño. Garoña ya tiene más vida útil. Como ya hemos dado cuenta en Energía Diario, uno de los “argumentos” ya repetidos es el de la palabra dada y otro el de la vida útil. Centrémonos en el de vida útil que se esgrime, con un cierto oportunismo, de ése que se acerca a nuestras conveniencias intelectuales: la vida útil que, “digamos”, ha finalizado es la del diseño inicial. Y, en este caso, lo que ha anunciado el Consejo de Seguridad Nuclear es que Garoña tiene más vida útil. ¿Por qué este intento deliberado de confundir vida de diseño, con vida útil? (Por cierto, algo que explica muy bien Felipe González). Garoña lo que realmente ha cumplido es lo que sería la vida de diseño inicial, su vida prevista en el momento de su construcción. Puede seguir operando y aumentar su vida útil, en la medida que su funcionamiento se haya realizado en condiciones menos severas y se hayan realizado programas de mantenimiento, inversiones y seguridad. ¿Correría el mismo destino cualquier factoría de cualquier empresa, le aplicarían el cierre porque llegó al final de su tiempo de diseño inicial? ¿Quién paga todo eso?

Obama ya ha autorizado, en lo que lleva de mandato, el aumento de vida útil de una nuclear semejante a Garoña (Oyster Creek el 8 de Abril de 2009) además de otras plantas. Frente al ‘buenismo’ oficial, hay que decirlo, sin que nos duelan prendas ni la utilización del nuevo inquilino de la Casa Blanca (¡ese oscuro objeto del deseo de nuestro Gobierno, cuya aprobación se requiere como por ensalmo!). En Estados Unidos, además, hay otras 52 centrales con la misma tecnología funcionando ya con vida útil hasta 60 años. Además, recordemos que Garoña es en las clasificaciones internacionales de estas instalaciones la 31ª central del mundo, aunque aquí se le tengan ganas.

La política energética y medioambiental también es política económica. El hecho de decidir cómo es el mix de generación español tiene consecuencias económicas en términos de precios de la energía; en términos de dependencia energética (exterior y de los combustibles fósiles); en términos de empleo (y por ende de destrucción de empleo, directo e indirecto); en términos de que las empresas reciban mensajes respecto a la seguridad de las inversiones futuras y en términos de emisiones de CO2 que saldrán a la atmósfera (y habrá que pagar, lógicamente) de sustituirse por combustibles fósiles, como es la propuesta de varios grupos ecologistas. Todo esto y las indemnizaciones a pagar por la decisión hacen que ésta sea completamente antieconómica y antimedioambiental.

Las decisiones no son de corto plazo en el sector energético: el debate sobre la energía nuclear y el mix energético español no ha existido. La configuración del sector energético en el plano de la generación no se hace (mejor dicho, no se debe hacer) por las urgencias parlamentarias, por coyunturas partidistas, por cábalas electorales, por oportunismo o por tacticismo político, con informes tendenciosos encargados, ni siquiera por la filiación ideológica del Presidente del Gobierno y sus allegados. Cuanto mejor sea este debate y más estabilidad futura se dé, menos costes tiene para la sociedad. No se puede hurtar el debate en términos globales, de los precios de la electricidad, la dependencia energética, la sostenibilidad y la seguridad de suministro en equilibrio. Y, para aquellos que dicen que ha habido debate nuclear, que no confundan a la parroquia, porque en el mismo momento son capaces de decir que para qué es necesario un debate nuclear. O, también, como por ejemplo, cada vez que se trataba de iniciar este debate se sacaba un expediente truculento al respecto. ¿Dónde ha estado ese debate en esos términos? ¿Cuándo comenzaremos a tratar estas cuestiones, en serio y sin ideólogos, sin que se conviertan en entretenimientos, que se guarden las conclusiones en los cajones (como la mesa que impulsó en su momento Montilla y de la que nadie sabe nada de los resultados) o que sean intentos de pastorear al personal hacia la ideología sin análisis riguroso (quiere decirse basados en los mercados y en su funcionamiento)?

En todo caso, todas estas decisiones no se deben tomar por ideología o por aplicación de la ideología del que manda, o porque determinados sectores influyentes le tengan ganas a las nucleares, o por dar o no dar alas o una concesión a un sector u a otro. Seamos serios porque es muy serio.

Señoras y señores

Lo siguiente a la materialización de la crisis de un gobierno (la remoción de alguno de sus miembros en el uso de las atribuciones que tiene el Presidente) es su gestión y la toma de posiciones de cada uno de los actores, presentes, ausentes y representados en el denominado teatro de operaciones. Por ello, esta picana está dedicada a los que son y serán protagonistas en momentos sucesivos de nuestra actualidad económica relacionada con el sector energético.

Elena Salgado / Miguel Sebastián. De la relación entre Elena Salgado y Miguel Sebastián, todavía evidentemente una incógnita, se pueden derivar importantes consecuencias para el sector energético. Hay que tener en cuenta que la nueva Vicepresidenta, desprovista del prestigio internacional de Pedro Solbes, también queda despojada de la relación con los mercados financieros de David Vegara, todo de una sola tacada. Algo que vuelve a poner a Miguel Sebastián, por su bagaje intelectual y profesional, como el macroeconomista de cabecera del Gobierno, al menos en la teoría (dados los procelosos momentos políticos presentes y venideros que impiden consolidar cualquier teoría a ciencia cierta).

Miguel Sebastián / Elena Salgado. Lo cierto es que parece que la salida de Solbes y Vegara podía atisbar que está más cerca la resolución del problema del déficit tarifario y el aval del Estado a la financiación de esta deuda mediante subastas, algo en lo que el equipo anterior de Economía se las había hecho pasar mal al actual titular de Industria, tanto, que había una cierta sensación de extenuación en los últimos momentos previos a la crisis de gobierno. En todo caso, cabe la pregunta de si Fernández Ordóñez en una operación de estas características tiene algo que decir todavía o, incluso, pueden intervenir algún que otro electrón suelto, incluyendo la Moncloa. La pregunta es: ¿el fin está cerca o es sólo el principio?

– En tanto, Pedro Marín, nuevo/renovado Secretario de Estado de Energía, celebró ayer su toma de posesión, con la mirada puesta en una mesa. Empiezan a acumularse cuestiones abiertas desde hace tiempo, algunas con capacidad de poner a prueba los nervios del más templado.

– Por su parte, Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que, al hilo de la consabida reforma de los órganos reguladores sectoriales en el albero, promueve el abrazo del oso, el acogimiento en su seno, casi en términos de sucursalismo, de las Comisiones Nacional de Energía y del Mercado de Telecomunicaciones. Hay que recordar, al menos en la energía, que este órgano regulador tiene otras funciones añadidas complementarias muy diferentes además de la competencia (aunque a través de su acción regulatoria deba promover la competencia y el mercado, pese a sus diatribas ideológicas internas actuales). El resultado sería una competencia sin competencia, valga la redundancia, un monopolio relativo a la competencia o a los reguladores independientes. Tampoco podemos decir que este organismo se ha lucido en exceso en la primera cuestión relevante relativa a las operaciones corporativas del sector energético, la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, donde parece que prometía en exceso sus actos previos y el “bajonazo final” nos llevó al terreno de las condiciones inverosímiles o “mágicas”. En suma, parece que esto de la competencia, cuando las cosas se ponen serias, provoca derivas. Visto así, la pregunta es por qué la CNE o la CMT no son absorbidas por la Inspección de Hacienda.

– Ah, y para finalizar esta glosa, en su página en el suplemento Negocios, Miguel Ángel Noceda se explaya con el sector energético y su renovación generacional, en paralelo a su proceso de privatización y cambio de propiedad operado en estos últimos años. Un artículo profuso, trufado de nombres, comentarios más o menos intencionales según el propietario de sus negritas. ¿Por qué? ¿La operación sigue abierta?

Señoras y señores

Lo siguiente a la materialización de la crisis de un gobierno (la remoción de alguno de sus miembros en el uso de las atribuciones que tiene el Presidente) es su gestión y la toma de posiciones de cada uno de los actores, presentes, ausentes y representados en el denominado teatro de operaciones. Por ello, esta picana está dedicada a los que son y serán protagonistas en momentos sucesivos de nuestra actualidad económica relacionada con el sector energético.

Elena Salgado / Miguel Sebastián. De la relación entre Elena Salgado y Miguel Sebastián, todavía evidentemente una incógnita, se pueden derivar importantes consecuencias para el sector energético. Hay que tener en cuenta que la nueva Vicepresidenta, desprovista del prestigio internacional de Pedro Solbes, también queda despojada de la relación con los mercados financieros de David Vegara, todo de una sola tacada. Algo que vuelve a poner a Miguel Sebastián, por su bagaje intelectual y profesional, como el macroeconomista de cabecera del Gobierno, al menos en la teoría (dados los procelosos momentos políticos presentes y venideros que impiden consolidar cualquier teoría a ciencia cierta).

Miguel Sebastián / Elena Salgado. Lo cierto es que parece que la salida de Solbes y Vegara podía atisbar que está más cerca la resolución del problema del déficit tarifario y el aval del Estado a la financiación de esta deuda mediante subastas, algo en lo que el equipo anterior de Economía se las había hecho pasar mal al actual titular de Industria, tanto, que había una cierta sensación de extenuación en los últimos momentos previos a la crisis de gobierno. En todo caso, cabe la pregunta de si Fernández Ordóñez en una operación de estas características tiene algo que decir todavía o, incluso, pueden intervenir algún que otro electrón suelto, incluyendo la Moncloa. La pregunta es: ¿el fin está cerca o es sólo el principio?

– En tanto, Pedro Marín, nuevo/renovado Secretario de Estado de Energía, celebró ayer su toma de posesión, con la mirada puesta en una mesa. Empiezan a acumularse cuestiones abiertas desde hace tiempo, algunas con capacidad de poner a prueba los nervios del más templado.

– Por su parte, Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que, al hilo de la consabida reforma de los órganos reguladores sectoriales en el albero, promueve el abrazo del oso, el acogimiento en su seno, casi en términos de sucursalismo, de las Comisiones Nacional de Energía y del Mercado de Telecomunicaciones. Hay que recordar, al menos en la energía, que este órgano regulador tiene otras funciones añadidas complementarias muy diferentes además de la competencia (aunque a través de su acción regulatoria deba promover la competencia y el mercado, pese a sus diatribas ideológicas internas actuales). El resultado sería una competencia sin competencia, valga la redundancia, un monopolio relativo a la competencia o a los reguladores independientes. Tampoco podemos decir que este organismo se ha lucido en exceso en la primera cuestión relevante relativa a las operaciones corporativas del sector energético, la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, donde parece que prometía en exceso sus actos previos y el “bajonazo final” nos llevó al terreno de las condiciones inverosímiles o “mágicas”. En suma, parece que esto de la competencia, cuando las cosas se ponen serias, provoca derivas. Visto así, la pregunta es por qué la CNE o la CMT no son absorbidas por la Inspección de Hacienda.

– Ah, y para finalizar esta glosa, en su página en el suplemento Negocios, Miguel Ángel Noceda se explaya con el sector energético y su renovación generacional, en paralelo a su proceso de privatización y cambio de propiedad operado en estos últimos años. Un artículo profuso, trufado de nombres, comentarios más o menos intencionales según el propietario de sus negritas. ¿Por qué? ¿La operación sigue abierta?

Una operación con temporizador político

La culminación del proceso de salida de Acciona de Endesa amenazó con una tormenta política dentro del Gobierno y del propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Algo que parece que todavía no ha descampado aún del todo, con nubarrones en el horizonte. De hecho, la prensa económica y la prensa generalista han tratado muy profusamente este fin de semana la cuestión haciendo escarnio de una actuación del primer gobierno de Zapatero. La sucesión de hechos relativos a la montería de Bermejo y las elecciones vascas y gallegas con sus encuestas de opinión amortiguaron el efecto “boomerang” de una actuación más que discutible del gobierno socialista.

Hagamos un repaso de las declaraciones de los responsables políticos del ejecutivo en estos días, que explicitan la máxima de que hay determinadas explicaciones no solicitadas que apuntan con el dedo justificaciones manifiestas. Lo que está claro también es que la postura del disimulo tiene cada vez más fisuras, o sonoros silencios dentro del partido gobernante o finas insinuaciones (en tiempo de finuras).

El Gobierno, neutral, según la Vicepresidenta. Así se expresaba con su habitual gesto adusto y su leer parsimonioso, concentrando el peso de cada afirmación en cada frase en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El problema es que nadie se lo creyó en su momento y que nadie se lo cree ahora, toda vez que las conexiones de la entonces Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en el culebrón que dio lugar a la operación, fueron demasiado trasparentes (mejor dicho, evidentes) y algún Ministro (sobre todo el anterior de Industria) tuvo algún desliz lenguaraz al anticipar su “solución” en la Cadena Ser. Mal rollito.

El problema es de las privatizaciones que hizo el Partido Popular. En este caso, era el actual Ministro de Industria, Miguel Sebastián y entonces responsable de la Oficina Económica del Presidente quien se expresaba así en referencia al desenlace de Endesa (¿?). Un inciso: la privatización de empresas que prestan servicios que pueden y deben ser suministrados por el sector privado es una cuestión que, en nuestro país (y en otros de nuestro entorno), es necesaria, ha sido positiva y ha hecho que éstas empresas ganen en eficiencia. Sobre esta cuestión sólo hay dos temas a puntualizar: primero, la designación de personas vinculadas por línea política a un partido para su presidencia o gestión (lo que desprofesionaliza la gestión y se convierte en una especie de acción de oro encubierta). Algo que se debería resolver por la vía del gobierno corporativo y los accionistas; segundo, que este proceso se produzca de forma simétrica en el resto de estados de la Unión Europea o de otros países que intentan participar en empresas españolas (recordemos el reciente caso Lukoil o Gazprom en Repsol). Todo el mundo reconoce que este proceso de privatización llevado a cabo por el gobierno popular en su momento, incluyendo alguno de estos excesos, hizo mella en el actual Ministro de Industria, pero no es menos cierto que la puesta en el escaparate internacional de Endesa en su momento es una cuestión que atañe a los comportamientos políticos del primer ejecutivo Zapatero. Por poner cada cosa en su sitio.

El presidente del Gobierno, que considera que Endesa seguirá funcionando bien y eficientemente en manos de Enel. En esto Zapatero, vuelve a las «explicaciones ex post» de marcado cariz político (en el sentido peyorativo de la palabra) y al optimismo genérico que ya es mínimo común múltiplo en sus posiciones públicas. Es que de eso no va. Evidentemente, los actuales accionistas italianos de Endesa han dado numerosas muestras de serenidad y de querer comprender la realidad energética, empresarial y regulatoria de nuestro país (hay que señalar también las cifras de eficiencia de Endesa y su contribución al grupo resultante). Con una posición muy discreta e inteligente, seguramente hasta se habrán sorprendido de determinados comportamientos regulatorios a los que han podido asistir desde que tomaran su participación en Endesa.

Lo que está claro es que esta cuestión, el final de la OPA de Endesa, le ha aparecido al gobierno con el temporizador puesto, y que, seguramente, tendrá que tentarse la ropa de cara a las consecuencias de nuevas operaciones cuyo coste político llega en un momento inoportuno en lo económico y en lo político. En medio de todo esto, además, se ha reconfigurado con la operación Gas Natural-Unión Fenosa un monopolio en el aprovisionamiento del gas que puede incidir en los precios del gas y la electricidad (algo que empieza a ser vox populi tras el silencio oprobioso por el que ha trascurrido toda la operación).

A parte de todo esto, hoy hemos podido conocer cómo Solbes afirma que el desenlace de ésta operación le produce valoraciones contradictorias, lo que es una manera de no decir nada y decir mucho. Sólo una lectura más. Que se ofrezcan estas disensiones entre la realidad económica y los hechos y la versión ofrecida por la política no es edificante para nadie y conduce, en primer lugar, al cinismo político y, en segundo lugar, a la desafección de los ciudadanos de la vida pública.