Tiempos cavernos

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¿Arsenio Fernández de Mesa, presidente de Red Eléctrica (REE)? Interesante hipótesis, la expuesta en Cinco Días, al hilo de la polémica de su nombramiento como consejero independiente de la compañía, lo que apareja la posibilidad de que el protagonista llegue a ser su futuro presidente, dado que cumple con todos los requisitos para ello. Sabido es que Fernández de Mesa es amigo del presidente Rajoy, al tiempo que se acrecientan los rumores de sustitución del propio Folgado. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal se limitó a apuntar que es una decisión “empresarial”.

Claro que lo es, en la medida que tener el favor de Moncloa siempre es útil para una compañía. Pero hay más. Cinco Días desnuda todas las características que hacen que REE, operador de transporte y sistema español, mantenga protecciones públicas (incluyendo las limitaciones y pactos parasociales en beneficio de la SEPI y del Gobierno), combinadas con la propiedad privada de su accionariado, como perceptores del dividendo garantizado (incluyendo el 65% de poderosos fondos institucionales), de forma que pueda mantener todos los comportamientos del sector público monopolístico: condicionar la regulación, mantener su retribución y elegir las inversiones que realiza. El hecho es que queda acreditado que REE ha salido indemne de los ajustes retributivos sufridos por el resto del sector.

Con ese halo de fake empresa pública / fake empresa privada, REE, técnicamente magnífica, ha encajado en el amateurismo político energético español, basado en la ideología y el dogma, en el sistema de turnos de los partidos mayoritarios y en la ocupación de su consejo, con sueldos astronómicos e indemnizaciones millonarias, lo que deviene en el silencio socialista. Público, pero privado. Privado, pero público. Tanto es así que ni los podemitas más acérrimos, que ven con simpatía el trampantojo estatalista de empresa pública de los TSO españoles, ni los liberales de Ciudadanos se han dado cuenta de lo poderosos que son y de cómo han logrado frustrar todas las posibles intentonas del regulador principal, el Ministerio, para su separación efectiva.

Alberto Carbajo, exdirector de Operación de Red Eléctrica, ha reaparecido y pide en El País una reforma del mercado eléctrico que acabe con la volatilidad del mismo, haciendo equivalente lo que él señala como papel social del suministro eléctrico al concepto de bien público, decorosamente descrito sin caer en las cartillas de racionamiento para otros bienes de primera necesidad de la población española de tiempos pasados. Una reforma en línea, eso sí, con un modelo retributivo más predecible, como el utilizado para Red Eléctrica según la inversión reconocida y autorizada.

Carbajo impele al Gobierno a que negocie el paquete de invierno de la Comisión Europea (se infiere que no está de acuerdo) e introduce en su artículo de forma elíptica la expresión “retirando del mercado la inversión amortizada” para lograr un modelo de generación “descarbonizado”. Por cierto,  ¿Cuál es esta potencia “amortizada”? Y si se efectúan inversiones en la actualización de dicha potencia para seguir operando: ¿deja de estar amortizada? ¿y si dichas tecnologías, a las que se refiere Carbajo son las que, precisamente, no producen emisiones? Y por cierto, ¿ayuda a rebajar los precios contar con esa potencia amortizada operativa dentro de la oferta?

Por otro lado, el diputado Guillermo Mariscal, portavoz popular en la Comisión de Energía, acredita en una entrevista en Vozpópuli que el sector eléctrico español no es un oligopolio a tenor del número de comercializadoras existentes, en un suministro en el que el 53% de los consumidores domésticos está en el mercado libre. Pero es que tampoco lo es en el ámbito de la generación eléctrica, dónde los nuevos entrantes, la integración con el mercado portugués, los operadores renovables y el modelo marginalista permiten que cualquier instalación que oferte en la plataforma electrónica de negociación pueda fijar precios, dependiendo de la coyuntura de cada momento.

Los retroprogresivos, amantes del modelo francés y de su grandeur de empresa  cuasiúnica (con 58 reactores nucleares, de los que una decena está actualmente en proceso de revisión técnica), viven en sus propias contradicciones al acusar al modelo español de oligopolístico, con la ingente cantidad de operadores de comercialización y de generación existentes en nuestro país. También podría hablarse de la preponderancia nuclear francesa, que chocaría con este modelo ideológico profundamente antinuclear, y de las posibilidades del comercio exterior de energía al que, por cierto, también se oponen. Lástima que estas declaraciones sean las de un representante político del partido gobernante, ante el que opondrán prejuicios, lugares comunes y creencias, como sustitutos de los hechos.

Tomemos nota de este mes de enero

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Persiste un colectivo ideológico en torno al sector eléctrico que está intentando aprovechar este enero de incrementos de precio en el mercado mayorista para dar el salto desde su planteamiento inicial, que considera que el suministro eléctrico, además de un servicio esencial, debe ser un «bien público» sobre el que establecer determinados mecanismos sociales de apoyo por nivel de renta, a dar varios saltos mortales consecutivos: que el mismo debe ser intervenido, que se regule por costes reconocidos y si es posible que sea de titularidad del Estado, sin mercados que lo regulen.

¿Cómo se ha espoleado esta agitación antimercado en esta crisis? Intentando dirigir la fijación mediática desde las redes sociales y desde ciertas asociaciones en la atención al mercado mayorista eléctrico en las puntas horarias de precios que se han producido en este período, como cuándo se han alcanzado los 100 euros/MWh en determinadas horas. Resulta paradójico cómo, en su momento, cuando se proponían retribuciones reguladas a ciertas tecnologías superiores a los 300 euros/MWh, no existía controversia alguna. Añadamos, la difusión paródica respecto del impacto de la climatología en el precio de la luz, como si no influyesen la ausencia de viento y de recurso hidráulico en el mix eléctrico y el frío no disparase la demanda de los consumidores españoles.

Curiosamente, estos agentes fintan sobre el problema de los costes de acceso incluidos en el coste del suministro, sobre la renuncia a la revisión de la retribución e inversiones en el transporte eléctrico, sobre el sistema de subsidios cruzados existente en la tarifa, ni mencionan el problema de la abundante fiscalidad de la electricidad o aceptan/aceptaron retribuciones desmesuradas a determinadas tecnologías por ser del «régimen». ¿Cuáles son los defectos de la actuación de estos agentes? Que, al final, en definitiva, no buscan proteger al consumidor.

El fin último siempre es acabar con el mercado eléctrico y atacar a unos agentes concretos, lo cual obedece más a un objetivo de ideología política. De hecho, en ningún momento, se apunta de forma fiable en términos comparados el efecto en euros para el consumidor de este período punta del año, partiendo de una estructura de consumo de referencia y no de una interesada, que busca extrapolaciones exageradas en espacios temporales móviles y acomodaticios a los intereses del emisor.

Los medios de comunicación, pon su parte, han contribuido a ello inundando los programas con periodismo de interés social, en algunos casos sin darse cuenta de lo que se deslizaba, debido a la indigencia social en materia de conocimiento económico. Personas que iban a ser embargadas por no pagar la hipoteca y que… ¡además les iban a cortar la luz! Pero el problema es la pobreza energética. Y llenando de «todólogos»/opinadores sobre el precio de la electricidad las tertulias, alguno de ellos, autodenominados expertos, con chuscos severos errores conceptuales. Es la república independiente de Twitter.

Lo más importante es plantearse en un debate sin trampas qué bases tiene España para aspirar a un suministro permanentemente abaratado artificialmente o de forma intervenida, cómo abordar esta situación hacia el futuro, cómo abordar el encarecimiento general de la energía, cómo favorecer la eficiencia energética y cuáles son los mecanismos de protección y de política social hacia el consumidor vulnerable. Ahora que la crisis remite, debemos aprender de ello.

Hablemos de costes y precios

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La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.

Días de ocurrencias y propuestas respecto a la electricidad

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La fuerte agitación mediática en torno a la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista durante las primeras tres semanas de enero ha devenido en lo que era previsible: un ataque frontal al mercado eléctrico, verdadero objetivo de esta búsqueda de tormenta perfecta por parte de sus contrarios.

El mercado español, se ha demostrado, funciona correctamente y lanza señales de precio coherentes con las circunstancias de demanda y oferta en cada momento. Ahora también. Y resulta coherente con lo que está pasando en toda Europa en los mercados mayoristas, fruto de la ola de frío y de las circunstancias climatológicas. Ahora también. Lo único que nos hace diferentes es la tradición falangista/franquista de intervenir en los mercados de la electricidad para no asumir las consecuencias de sus resultados.

Por eso asistimos a la propuesta continua de medidas para laminar su funcionamiento. El Confidencial, volviendo al proteccionismo tan de moda con Trump, planteaba, para bajar el precio de la electricidad, prohibir la exportación de energía tal y como plantea Alemania en estos momentos hacia Francia. Cerrar las interconexiones que desde España tanto se reclamaron, siendo todavía manifiestamente mejorables en sus posibilidades. Lo que se supone que, sin infantilismos, podría acabar en la prohibición del comercio exterior energético en ambos sentidos (importación y exportación de energía), para evitar el simplismo y comprender que las balanzas tienen dos brazos. La medida se sugiere  y ofrece al Gobierno ante circunstancias especiales de mercado y de forma temporal.

Los retroprogresivos (partidarios de la intervención, contrarios al mercado, tendentes a la empresa única monopolista pública) siempre han sido partidarios de un modelo autárquico energético. En este sentido, estas pintorescas propuestas han encontrado su momento, aunque sea excepcional, y están poniendo a prueba el sistema (que emite señales correctas).  En este tipo de medidas, además, aún se puede llegar más lejos, como no aplicar las directivas comunitarias, abandonar el mercado ibérico, o incluso, dejar la Unión Europea o cuestiones semejantes, coherentes con ese modelo intelectual.

Por otra parte, el diario El País, no se sabe si por conocer los planes del Gobierno por ejercer esa ascendencia que tiene con Soraya Sáenz de Santamaría, proponía cambiar el método de fijación de los precios. Eso sí, artillería gruesa en la adjetivación de las frases (“explosiva”), despilfarro en la prosodia en los titulares (“luz de alarma”). Todo ello sin esperar a las conclusiones de la CNMC sobre la situación actual del mercado español y centrando su argumentación en las condiciones de volatilidad que supuso la eliminación, sin justificación, de las subastas CESUR, abolidas por el ministro Soria en otra crisis de este tipo.

Eso sí, la propuesta que efectúa el medio, un sistema de fijación de precios trimestrales públicos intervenidos al consumidor (tarifa) con un fondo de compensación de las diferencias a los agentes (una especie de déficit de tarifa), desencantará a los más conspicuos editorialistas del medio, más proclives a la intervención. También desde las redes sugieren que el Gobierno ejercitase la interrumpibilidad: es decir que se apagasen y cesasen en su funcionamiento las grandes fábricas e instalaciones que perciben este incentivo (siderurgia, acerías, cementeras, etc…) para bajar el precio de la electricidad. Opciones varias. Mientras tanto, el modelo de la posverdad arraiga en el suministro eléctrico.

La posverdad llega al aumento del precio de la electricidad

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Durante estos días venimos asistiendo a una formidable polémica alrededor del precio de la electricidad, motivada por la subida de precios en el mercado mayorista ibérico (ya no es español, exclusivamente). La realidad es que, dado que la tarifa tiene más componentes, esto afectaría en el recibo de enero de la tarifa regulada PVPC en una subida del 29%, pero no va a afectar directamente a los consumidores del mercado libre (más de la mitad de los consumidores de electricidad) y menos aún a los que tienen una tarifa plana.

Por su parte, los mercados mayoristas europeos vienen registrando está tendencia creciente por motivos estacionales, combinados con la evolución al alza de los precios del petróleo y del gas. El mercado eléctrico español está respondiendo correctamente, como instrumento que transmite señales de oferta y demanda, a través de los precios. Por lo tanto, ¿Cómo se está articulando la polémica? Tratando de extrapolar los crecimientos de determinados y concretos momentos puntas para que, falazmente, los usuarios piensen que esos aumentos serán los que se aplicarán directamente en su factura. Nadie dice nada, a contrario sensu, cuando hay horas que las casaciones de precios se hacen a 2,3 euros, frente a los 98,69 euros alcanzados este viernes.

En suma, un ejercicio de posverdad al estilo Trump, procedente de la comunicación política, hace que se genere una fuerte alarma en la opinión pública, orientada nuevamente a atacar el modelo de mercado en pos de un modelo intervencionista. Ese ha sido el verdadero objetivo de la campaña alrededor de esta cuestión: la movilización social y de las redes y el aprovechamiento a este fin.

Investigar los precios, otra vez

El Gobierno, por su lado, acosado por la incidencia mediática y de las redes, ha respondido de forma hasta cierto punto razonable. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha tomado decisiones en el mercado del gas, acelerado la regulación de un generador de mercado de gas (para intentar aumentar la oferta de gas). Asimismo, desde el punto de vista jurídico, para intentar dar una respuesta adecuada a la turba, se va a «investigar» la subida de los precios de la luz por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como se ha realizado en otras ocasiones y otros mercados (hidrocarburos). En principio no se anticipa una barbaridad como la que protagonizó Soria respecto a la abolición de las subastas CESUR.

Por su parte, los grupos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, se han apuntado a los postulados retroprogresivos de solicitar la auditoría de costes eléctricos, evidenciando que la política española (incluidos los supuestos liberales) todavía no atiende a las circunstancias de oferta y demanda como explicación de la escasez, en un momento determinado dentro del mercado, que determina consecuentemente los precios. Los costes no son los que fijan los precios en una economía de mercado.

Lo más destacable de este proceso de agitación (una campaña grassroot) es que, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha dado un salto cualitativo en la agitación  antimercado, ampliando el espectro de los clásicos portavoces intervencionistas de corte retroprogresivo a los tertulianos y todológos en los medios de comunicación generalistas que, en cada paso de sus pontificaciones, incorporan apostillas personales sobre la supuesta maldad y perversión del mercado y de sus agentes, sin comprender su funcionamiento real. Nunca se llegó tan lejos en la generación y difusión de la alarma pública, merced a una acción de mediatización ex catedra. Un problema complejo, con muchas derivaciones y consecuencias: el Sálvame de la posverdad llega a la energía.

Seamos serios con los precios de la electricidad

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Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que suba el precio de un bien o suministro es algo negativo para los consumidores afectados, en un momento en el que, probablemente, las condiciones y situación económica de los ciudadanos de nuestro país siguen siendo precarias. Quiere decirse que es un problema; un problema, posiblemente, al mismo nivel que cuando hay oscilaciones al alza de los productos de la cesta de la compra o cuando también tienden al crecimiento los precios de los carburantes para ir a trabajar.

Lo que pasa es que, en el caso de la energía eléctrica en España, este proceso adquiere unos tintes demagógicos adicionales  cuando llega al debate político. Es decir es una cuestión que se presenta ante la opinión pública de forma incendiaria. Por un lado, porque se produce la negación de que la electricidad tenga que tener un precio (que, en todo caso, debería bajar siempre, de forma ilusoria) y, por otro,  porque se niega que deban de existir empresas eléctricas en su modelo de gobernanza.

En el año existen varios momentos punta en que esto se produce, aprovechados en el ámbito de la comunicación política asociada a esto para su tratamiento en términos de escándalo. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal ha terciado para argumentar que es previsible que aumente la factura de la luz una media de 7-8 euros al mes, es decir, unos 100 euros al año.

Además, no hay que olvidar que quedan muy pocas oportunidades para convertir esta cuestión en una ola mediática: si mejora la climatología, todo pasará, y si además se cierra el acuerdo para abordar el problema de los consumidores vulnerables severos, alargar el período de impago requerido para realizar el corte de suministro, y si se liga el bono social a la renta, las posibilidades de mediatización de esta cuestión se van a ver muy mermadas.

Por su parte, los expertos habituales consultados por los medios generalistas acuden a sus posicionamientos habituales: Retórica antiempresarial de corte retroprogresivo, la insinuación en referencia a las investigaciones de la CNMC (sin resultado alguno conocido en términos de existencia de comportamientos anticompetitivos). O acuden a mezclarlo todo, para que no se entienda nada: recoger las quejas de las comercializadoras pequeñas que tendrán que participar en el nuevo bono social o reclamar mejores condiciones para el autoconsumo, como bálsamo de fierabrás, o acudir al argumento bolchevique de mostrar con escándalo la cifra total de beneficios empresariales, sin ponerlos en relación con el tamaño del sector y sus empresas. Un argumentario más o menos trillado y previsible.

El hecho es que la energía eléctrica en nuestro país sube por las condiciones de oferta y demanda. La ola de frío ha disparado la demanda a niveles no conocidos en los últimos años en un momento en el que el parón de las nucleares francesas está haciendo a Francia importar nuestra electricidad (la lógica invita a pensar que lo hacen porque es más barata que otras opciones). Por otro lado, la oferta se ha visto afectada por la climatología, con una reserva hidráulica un 38% menor y una producción eólica no tan extraordinaria como la acontecida en enero de 2016, así como un contexto internacional marcado por el alza en los precios de las materias primas (gas, petróleo, carbón).

Dejando de lado el hecho de cifrar el volumen final de este crecimiento para el consumidor, la pregunta que hay que hacerse es si han llegado las condiciones en las que es posible que se produzca un incremento general de los precios de la energía, con el butano acumulando una subida del 14,5% desde julio, una subida limitada además en la revisión de enero al 5% máximo, por lo que es una subida actualmente  insuficiente para cubrir sus costes, con el gas que ha subido un 3,5% a principios de año, con una previsión de déficit de tarifa por parte de la CNMC de 450 millones de euros entre 2016 y 2017, con la gasolina y el gasóleo en máximos…

Por cierto, si la energía ibérica en el mercado mayorista es más barata que la francesa y los precios a los consumidores europeos son más bajos, ¿no sería cuestión de revisar el contenido de los costes de acceso, en lugar de dejar en manos de la turba la matanza? ¿Tampoco se va revisar esa gallina de los huevos de oro que es la fiscalidad aplicada en la energía? Seamos serios.

Comunicación y electricidad

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La evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista durante la primera quincena de diciembre ha desatado un proceso comunicativo que suele ser bastante virulento, intenso y previsible cuando su resultado anticipa una posible evolución al alza de los mismos (por las circunstancias que sean y que en el caso que nos ocupa, esbozaremos) y que podemos describir de acuerdo al histórico anterior de procesos semejantes, cumpliendo los siguientes pasos, con los matices lógicos.

En primer lugar, este proceso comunicativo, como se puede apreciar, se produce con mucha mayor intensidad en el ámbito del suministro eléctrico con respecto a otras energías finales, sea al suministro gasista o incluso los hidrocarburos, dónde los consumidores parece que son más precio aceptantes. Por una parte, existen más agentes opinando, con un grado más grueso en su expresión así como en sus demandas y pretensiones (pueden llegar a solicitar la estatalización del suministro).  Por otra parte, existe una maquinaria muy engrasada y entrenada al respecto que lo ceba.

En segundo lugar, se produce en términos catastrofistas de forma que se extrapolan las posibles variaciones de precios por la mayor que resulte de las comparaciones que se barajen o sea posible realizar con la calculadora. Por tanto, se emiten comparaciones con el mes anterior, en un sistema que sólo admite comparaciones homogéneas respecto al año anterior. Aún así, no dudan en aislar la evolución del mercado o incluir los peajes, según convenga para que el porcentaje resultante resulte mayor. El objetivo, lógicamente, es amplificar sus posibles resultados para que los efectos comunicativos sean mayores.

En segundo lugar, se produce de forma adánica, omitiendo los períodos en que por razones concretas se producen abaratamientos o descensos del precio de la electricidad: por razones meteorológicas, de estacionalidad o de circunstancias de mercado. También se produce de forma adánica respecto a las decisiones en torno al modelo de fijación de precios horarios o de los costes de acceso. En consecuencia, la electricidad, en este desarrollo discursivo que disimula las evoluciones negativas, ha de ser un suministro cuyo precio sólo podría descender y los más condescendientes, otorgándole el título de precio político, admitirían una evolución ajustada al IPC.

Seguidamente, se involucra a la CNMC, para que valore si la evolución de los precios al por mayor es «mucha o poca», haya razones meteorológicas o incluso, como ocurre actualmente, porque se esté exportando energía (a mercados que por circunstancias de producción de la electricidad nuclear tienen la energía más cara en generación, como es actualmente el caso francés). La CNMC, organismo cuyo supuesto correlato en otros países debe ser el de regulador independiente, supervisión y control de los mercados en su conjunto, se convierte en una especie de Junta Superior de Precios. Las declaraciones de los portavoces del organismo en las que responden a las preguntas de la evolución del precio del mercado mayorista supone la asunción del marco.

Sea como fuere, una vez caldeado el ambiente de forma suficiente, el proceso enfrenta dos alternativas. Si se conocen los resultados definitivos y no coinciden con las previsiones alarmistas preventivas, se produce un decoroso mutis por el foro de estas voces. Y si coinciden, la presión ejercida sobre el Gobierno puede llevar a hacer ajustes contables, tocar magnitudes de costes de acceso, dependiendo del escenario político y electoral del momento. En todo caso, se renuncia a la revisión de los componentes de los costes de acceso y a una reflexión seria de dónde se producen las variaciones en los precios de la electricidad, según su proceso de formación y componentes.  Nada nuevo, esta vez tampoco.

La guerra del bono social

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Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

Política de ‘Black Friday’ en energía

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Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

Capicúas energético-presupuestarios

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La designación como secretario de Estado de Presupuestos de Alberto Nadal junto al nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía ha devenido con bastante sigilo en un hecho insólito en la historia de la Administración española: el hermanamiento fraternal entre el Ministerio de Hacienda y el área de Energía, imprevisible en 2013 después del pulso perdido por el ministro offshore José Manuel Soria con Cristóbal Montoro a cuenta del déficit de tarifa. Una situación capicúa en la que ahora ambos hermanos saben que la responsabilidad energética no es especialmente sencilla de abordar.

La primera cuestión que plantea el estado actual de la situación es, lógicamente, la propia designación futura de secretario de Estado de Energía, en sustitución de Nadal. Es decir, qué candidatos pueden estar en el pool de los nominados, los  problemas que habrá de abordar, con el agravante de contar con un Ministerio dedicado a tal efecto, con lo que su responsabilidad será más nítida.

Alberto Nadal, muy discutido, con una ejecutoria caracterizada por el mínimo nivel de negociación política sectorial, se empleó en abordar a su manera el problema del déficit tarifario, cuando sus predecesores habían seguido la política de Señor, que pase de mí este cáliz. Probablemente, no le quedaba otra dado el nivel al que estaba llegando el déficit tarifario y su tendencia explosiva imparable. Todavía no hemos visto el desenlace final de los conflictos derivados de estos cambios normativos, pero lo deberán abordar el flamante Ministerio y el futuro Secretario de Estado. Y seguramente los siguientes.

La segunda cuestión se deriva del resultado de las carambolas de billar del Gobierno extendido a las Secretarías de Estado. Es decir, por ejemplo, la designación del nuevo secretario de Estado de Energía se instrumentará conjuntamente con los juegos y equilibrios de poder resultantes del nombramiento de responsable de la Oficina Económica del Presidente. Será relevante si su nuevo responsable pertenece a la órbita de Luis de Guindos o a la órbita de los hermanos Nadal (y consecuentemente de la vicepresidenta Saénz de Santamaría), y condicionará el enfoque de la energía en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Abordar cuestiones como la separación de determinados costes regulados de la tarifa eléctrica por su naturaleza política ajena al suministro (extrapenisulares, renovables) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, no podrán ser tratadas con inhibición o con una política de mirar para otro lado, puesto que ahora será el propio Alberto Nadal  quien tendrá esa patata caliente. Asimismo, Álvaro, parece haber avanzado su intención de conseguir bajar los precios energéticos, cuestión por otra parte contenida en el acuerdo con Ciudadanos. ¿Con qué enfoque se pondrá a esta labor?

Todo está lleno de capicúas.