Estos carburantes «avanzados» solucionan el principal problema que plantean los biocombustibles tradicionales, ya que no fomentan el abandono de cultivos para la alimentación ni destruyen bosques y su servicio natural como sumideros de dióxido de carbono (CO2), que ayuda a reducir las emisiones.

Los eurodiputados defendieron, por tanto, fomentar la producción de estos nuevos biocombustibles y apoyaron introducir de manera gradual objetivos obligatorios para su utilización.

Como umbrales mínimos propusieron un 0,5% en 2016, un 2,5% en 2020 y un 4% en 2025, según informó la Eurocámara.

En cuanto a los biocombustibles convencionales, producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcar y oleaginosas, propusieron que no representen más del 6,5% del consumo final de energía en el transporte en 2020 (frente al 5% propuesto inicialmente por la Comisión).

El eurodiputado español del PP Alejo Vidal-Quadras, ponente del informe en la Eurocámara, consideró que el acuerdo es equilibrado puesto que aborda el problema del cambio de uso del terreno y al mismo tiempo protege las inversiones que ya se han hecho.

Sin embargo, la ONG ecologista Transport & Environment (T&E) consideró que el voto debilita una propuesta que ya era modesta de por sí, lo que dificulta la transición hacia biocombustibles más sostenibles.

Destacó además que los eurodiputados hayan votado en contra de contabilizar las emisiones asociadas a la producción de biocombustibles, e incluso en contra de la presentación de informes.

Los eurodiputados no quisieron incluir la medición de emisiones en la legislación porque consideraron que no existe de momento un modelo fiable de medición, pero no descartan hacerlo en un futuro.

«Es incomprensible que los parlamentarios encargados de la política energética de la Unión Europea quieran hacer la energía más sucia y más cara», señaló la directora de combustibles para transporte de T&E, Nusa Urbancic.

La propuesta, aprobada por 47 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, será votada por la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, el próximo 10 de julio, y por el pleno en otoño.

Estos carburantes «avanzados» solucionan el principal problema que plantean los biocombustibles tradicionales, ya que no fomentan el abandono de cultivos para la alimentación ni destruyen bosques y su servicio natural como sumideros de dióxido de carbono (CO2), que ayuda a reducir las emisiones.

Los eurodiputados defendieron, por tanto, fomentar la producción de estos nuevos biocombustibles y apoyaron introducir de manera gradual objetivos obligatorios para su utilización.

Como umbrales mínimos propusieron un 0,5% en 2016, un 2,5% en 2020 y un 4% en 2025, según informó la Eurocámara.

En cuanto a los biocombustibles convencionales, producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcar y oleaginosas, propusieron que no representen más del 6,5% del consumo final de energía en el transporte en 2020 (frente al 5% propuesto inicialmente por la Comisión).

El eurodiputado español del PP Alejo Vidal-Quadras, ponente del informe en la Eurocámara, consideró que el acuerdo es equilibrado puesto que aborda el problema del cambio de uso del terreno y al mismo tiempo protege las inversiones que ya se han hecho.

Sin embargo, la ONG ecologista Transport & Environment (T&E) consideró que el voto debilita una propuesta que ya era modesta de por sí, lo que dificulta la transición hacia biocombustibles más sostenibles.

Destacó además que los eurodiputados hayan votado en contra de contabilizar las emisiones asociadas a la producción de biocombustibles, e incluso en contra de la presentación de informes.

Los eurodiputados no quisieron incluir la medición de emisiones en la legislación porque consideraron que no existe de momento un modelo fiable de medición, pero no descartan hacerlo en un futuro.

«Es incomprensible que los parlamentarios encargados de la política energética de la Unión Europea quieran hacer la energía más sucia y más cara», señaló la directora de combustibles para transporte de T&E, Nusa Urbancic.

La propuesta, aprobada por 47 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, será votada por la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, el próximo 10 de julio, y por el pleno en otoño.

«Es un asunto muy difícil, hay puntos de vista divergentes», afirmó el ministro irlandés de Energía, Pat Rabbitte, en una rueda de prensa al término de la reunión.

No es la primera vez que los Veintisiete muestran sus divergencias sobre este asunto, que quedaron también patentes en el anterior Consejo de ministros de Energía de febrero y en el último Consejo de ministros de Medio Ambiente en marzo.

Aunque hay un consenso general sobre la necesidad de amortiguar los efectos negativos del uso de los biocombustibles tradicionales, en particular sobre los precios de los alimentos, los países no logran consensuar el modo de abordar la cuestión.

La Unión Europea se marcó como objetivo para 2020 que el 10% de los combustibles utilizados en el transporte sean biocombustibles, sin importar su origen.

La Comisión Europea presentó una propuesta en octubre para limitar a un 5% los biocombustibles provenientes de cultivos, de modo que la mitad restante deberá ser cubierta con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas, como la paja.

La idea es impulsar aquellos biocombustibles que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, a la vez que no interfieren en la producción de alimentos, como sí sucede en el caso de aquellos que se fabrican a partir maíz, trigo, remolacha, colza u otros cultivos.

Sin embargo, varios países -como España- temen que este cambio perjudique a las inversiones ya hechas en el sector de los biocombustibles tradicionales, mientras favorece a los de última generación, menos desarrollados.

Rabbitte explicó que se celebrará un grupo de trabajo antes de final de este mes con el objetivo de tratar de concretar avances en esta cuestión, en el que participarán expertos de Naciones Unidas que expondrán los efectos que tiene el uso de biocombustibles tradicionales en el precio de los alimentos.

Por otra parte, los ministros de Energía europeos reafirmaron su compromiso de lograr un mercado único energético europeo en 2014 y que ningún país europeo esté desconectado de las redes europeas de electricidad y gas en 2015.

«Durante estos dos años tenemos que completar este mercado, tenemos un acuerdo claro (…) y hoy hemos hablado de los siguientes pasos», dijo el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en la misma rueda de prensa.

Los ministros debatieron en este punto la conveniencia de mantener tarifas eléctricas reguladas e invitaron a los Estados miembros a «considerar la necesidad de mantener estas medidas y tomar acciones apropiadas», según las conclusiones del Consejo.

Los Veintisiete matizaron que, en cualquier caso, los países tienen que «tener en cuenta las condiciones económicas» a la hora de evaluar el mantenimiento o no de las tarifas eléctricas.

Las tarifas reguladas son objeto de preocupación en Bruselas, que apuesta por su retirada gradual, teniendo en cuenta a los consumidores vulnerables y las condiciones de cada país, una recomendación que ha hecho a España en varias ocasiones.

El déficit tarifario acumulado por España superaba al cierre de 2012 los 29.000 millones de euros, tras aumentar en ese ejercicio en 5.609 millones de euros, lo que supone un incremento superior en un 45,7% al registrado el año anterior.

Otra de las cuestiones que los Veintisiete debatieron es la retirada gradual de las subvenciones que resultan «económicamente o medioambientalmente dañinos», como las que reciben los combustibles fósiles, tal y como se refleja en las conclusiones del Consejo.

«Es un asunto muy difícil, hay puntos de vista divergentes», afirmó el ministro irlandés de Energía, Pat Rabbitte, en una rueda de prensa al término de la reunión.

No es la primera vez que los Veintisiete muestran sus divergencias sobre este asunto, que quedaron también patentes en el anterior Consejo de ministros de Energía de febrero y en el último Consejo de ministros de Medio Ambiente en marzo.

Aunque hay un consenso general sobre la necesidad de amortiguar los efectos negativos del uso de los biocombustibles tradicionales, en particular sobre los precios de los alimentos, los países no logran consensuar el modo de abordar la cuestión.

La Unión Europea se marcó como objetivo para 2020 que el 10% de los combustibles utilizados en el transporte sean biocombustibles, sin importar su origen.

La Comisión Europea presentó una propuesta en octubre para limitar a un 5% los biocombustibles provenientes de cultivos, de modo que la mitad restante deberá ser cubierta con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas, como la paja.

La idea es impulsar aquellos biocombustibles que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, a la vez que no interfieren en la producción de alimentos, como sí sucede en el caso de aquellos que se fabrican a partir maíz, trigo, remolacha, colza u otros cultivos.

Sin embargo, varios países -como España- temen que este cambio perjudique a las inversiones ya hechas en el sector de los biocombustibles tradicionales, mientras favorece a los de última generación, menos desarrollados.

Rabbitte explicó que se celebrará un grupo de trabajo antes de final de este mes con el objetivo de tratar de concretar avances en esta cuestión, en el que participarán expertos de Naciones Unidas que expondrán los efectos que tiene el uso de biocombustibles tradicionales en el precio de los alimentos.

Por otra parte, los ministros de Energía europeos reafirmaron su compromiso de lograr un mercado único energético europeo en 2014 y que ningún país europeo esté desconectado de las redes europeas de electricidad y gas en 2015.

«Durante estos dos años tenemos que completar este mercado, tenemos un acuerdo claro (…) y hoy hemos hablado de los siguientes pasos», dijo el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en la misma rueda de prensa.

Los ministros debatieron en este punto la conveniencia de mantener tarifas eléctricas reguladas e invitaron a los Estados miembros a «considerar la necesidad de mantener estas medidas y tomar acciones apropiadas», según las conclusiones del Consejo.

Los Veintisiete matizaron que, en cualquier caso, los países tienen que «tener en cuenta las condiciones económicas» a la hora de evaluar el mantenimiento o no de las tarifas eléctricas.

Las tarifas reguladas son objeto de preocupación en Bruselas, que apuesta por su retirada gradual, teniendo en cuenta a los consumidores vulnerables y las condiciones de cada país, una recomendación que ha hecho a España en varias ocasiones.

El déficit tarifario acumulado por España superaba al cierre de 2012 los 29.000 millones de euros, tras aumentar en ese ejercicio en 5.609 millones de euros, lo que supone un incremento superior en un 45,7% al registrado el año anterior.

Otra de las cuestiones que los Veintisiete debatieron es la retirada gradual de las subvenciones que resultan «económicamente o medioambientalmente dañinos», como las que reciben los combustibles fósiles, tal y como se refleja en las conclusiones del Consejo.