Argentina lleva a la Unión Europea ante la OMC por las medidas antidumping contra su biodiesel

«La imposición de derechos antidumping definitivos a finales de noviembre de 2013 por parte de la Unión Europea ha cerrado el mercado europeo a las exportaciones argentinas desde entonces», señaló la cancillería argentina.

Como es práctica usual, añadió el Ministerio argentino, la Unión Europea rechazó la primera solicitud para establecer esta comisión, aunque tras la segunda reclamación presentada por Argentina ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC el próximo 25 de abril, dicho panel quedará formalmente constituido.

Argentina es desde 2009 el principal proveedor de biodiésel a la Unión Europea, que alcanzó en 2011 un valor total de 1.338 millones de euros equivalentes al 13% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea.

Invertirán 60 millones de euros y crearán 25 empleos para producir biodiésel en Tivissa (Tarragona)

Según Jardí, se trata de un proyecto industrial de transformación de la fracción rechazo de la basura en biodiésel, por un lado, y en un combustible similar al carbón vegetal.

La previsión, ha añadido, es poner en actividad la planta hacia el próximo verano y crear 25 puestos de trabajo en una inversión que es íntegramente privada.

La empresa, que se ha adjudicado el alquiler de la nave, situada en el polígono industrial El Molló, entre Tivissa y Móra la Nova, por 10 años (el consejo percibirá 700.000 euros), invertirá 60 millones en el proyecto.

Su intención es utilizar como materia prima la fracción de rechazo de la basura urbana con destino al vertedero de residuos de Tivissa «para transformarla mediante reacciones químicas en el producto final», según ha explicado Jardí.

Inicialmente, se desplegaría la primera de las cuatro fases de que consta el proyecto, y la capacidad de producción, en esta primera fase, sería de transformar 40.000 toneladas de basura en 15.000 litros de biodiésel.

Natalma está llevando a cabo las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias para desarrollar la actividad, como son la redacción del proyecto ejecutivo de remodelación de las instalaciones -en esta nave se anunció inicialmente la ubicación de una planta de selección-, y la licencia ambiental.

El Gobierno argentino demanda a la UE ante la OMC por la subida de los aranceles contra su biodiésel

«La manifiesta ilegalidad de la medida decidida por la Unión Europea, su espíritu netamente proteccionista y el perjuicio económico que ocasiona a la industria del biodiésel argentino ha movilizado, sin dilaciones, las acciones pertinentes en el ámbito de la OMC que permitirán satisfacer el reclamo del Gobierno argentino», señaló la Cancillería argentina.

En este sentido, señaló que el derecho «antidumping» aplicado por la Unión Europea, con carácter definitivo desde el pasado 27 de noviembre, se ubica en un rango de 216,64 a 245,67 euros por tonelada y genera como efecto «directo e inmediato» el cierre del mercado europeo para el biodiesel argentino, afectando de esa manera a exportaciones por un valor superior a 1.500 millones de dólares anuales, según manifestó la cartera de Exteriores argentina.

Esta medida fue tomada por la Unión Europea después de que una investigación concluyese que los productores argentinos vendieron por debajo del «verdadero coste de producción en el mercado europeo». Por ello, la Unión Europea comenzó a aplicar un recargo arancelario definitivo medio del 24,6% a las importaciones de biodiesel procedentes de Argentina y del 18,9% al biodiesel de Indonesia durante un periodo de cinco años.

«La presentación formulada ante la OMC abre un período de consultas de sesenta días, cuyo objeto es explorar la posibilidad de encontrar una solución de mutuo acuerdo entre las partes», según se explicó.

De vencer el plazo sin un acuerdo, Argentina «estará en condiciones de solicitar la conformación de un Grupo Especial de expertos para resolver la controversia», agregó.

El primer país europeo en cerrar el grifo al biodiesel argentino fue España, en abril de 2012, cuando frenó las importaciones de este combustible en respuesta a la expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol.

Argentina, primer productor mundial de biodiesel, elaborado a partir de aceite de soja, exportó 1,6 millones de toneladas en 2012, casi el 90% a la Unión Europea. Por su parte, la industria europea «está sobredimensionada y carece de la disponibilidad de materia prima y del nivel de integración vertical que caracteriza a nuestra industria», explicó.

«En lugar de emprender reformas para mejorar su competitividad, la industria europea ha buscado y ha logrado una medida administrativa en Bruselas, totalmente arbitraria, que cierra el mercado europeo a la competencia de los productores eficientes de biodiesel, como es el caso de Argentina», criticó.

Los países de la Unión Europea frenan la ambición de Bruselas de limitar el uso de biocombustibles procedentes de cultivos

El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), en el que están presentes los embajadores de los Estados miembros, discutió la nueva propuesta de la presidencia lituana de turno de la UE, un texto que suaviza la revisión de la Directiva de Calidad de los Combustibles.

El objetivo de la presidencia es cerrar un acuerdo político sobre esta cuestión en el Consejo de ministros de Energía de la UE del próximo 12 de diciembre, según fuentes comunitaria.

La mayoría de países se ha mostrado reacia a aceptar la propuesta original de la Comisión Europea (CE), que plantea limitar la aportación de los biocombustibles tradicionales a los objetivos medioambientales de la UE para 2020.

Para ese año, los Veintiocho se ha comprometido a que el 20% del total de la energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables, y que un 10% de la energía utilizada en el sector del transporte provenga de fuentes limpias, sin importar su origen.

La CE planteó en octubre de 2012 que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza -que pueden interferir en la producción de alimentos- supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020.

Además, el 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.

El texto de compromiso de la presidencia lituana plantea elevar al 7% la cuota para biocombustibles tradicionales, mientras que no se establecerá un mínimo obligatorio para los biocombustibles de nueva generación, sino que la apuesta por los mismos será voluntaria.

También se debilita el sistema de contabilidad de las emisiones de dióxido de carbono que crea el uso de biocombustibles procedente de cultivos por la utilización indirecta de la tierra, es decir, debido por ejemplo a la tala de una masa forestal para dedicarla a la producción de estos cultivos.

Los Estados miembros mantienen diferencias en torno al texto, aunque existe margen para un acuerdo, dado que los grandes países como Francia, Alemania, Reino Unido y España se han mostrado dispuestos a darle su visto bueno.

Cuatro países -Polonia, Hungría, Rumanía y Luxemburgo- han mantenido sus reservas sobre la propuesta, los tres primeros debido a que aspiran a elevar aún más la cuota de biocombustibles tradicionales.

En el extremo contrario se encuentran países como Suecia y Finlandia, que han defendido un límite mayor, mientras que otros como Italia abogan por mantener un porcentaje mínimo reservado para los biocombustibles de nueva generación.

Una vez que los Veintiocho lleguen a un acuerdo, podrán comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para llegar a un consenso final y dar luz verde a la revisión de la Directiva de Calidad de los Combustibles.

El pleno del Parlamento Europeo respaldó en septiembre el establecimiento de un límite del 6% del consumo energético, un mínimo del 2,5% para biocombustibles de segunda generación, y dejó el 1,5% restante abierto al uso de otras fuentes limpias.

En cualquier caso, fuentes diplomáticas indicaron que no esperan que se alcance un acuerdo a tiempo para que éste sea adoptado por la Eurocámara antes de su disolución para las elecciones europeas de mayo, por lo que la entrada en vigor de la reforma se retrasará aún varios meses.

Las organizaciones ecologistas han mostrado su oposición a la propuesta de la presidencia lituana, y han denunciado la presión ejercida por los grupos de presión a favor de los biocombustibles tradicionales.

«Lo que hay sobre la mesa no es una cura para la política enferma sobre biocombustibles», afirmó el experto de Oxfam Marc Oliver Herman, quien pidió a los Estados miembros que no «caigan» en la presión de los «lobbies» y rechacen el texto, para adoptar el límite del 5% propuesto por la CE.

«Un límite del 7% significa un aumento del 50% de los biocombustibles insostenibles. Estos biocombustibles malos suponen un aumento de la deforestación, más emisiones de CO2 y mayor presión sobre los precios de los alimentos a costa de los contribuyentes», afirmó por su parte Nusa Urbancic, de la ONG Transporte y el Medio Ambiente.

Argentina protesta ante España por excluir el biodiésel argentino

La protesta por lo que Buenos Aires consideró «injustificados procedimientos proteccionistas» fue cursada mediante una nota enviada por el canciller argentino, Héctor Timerman, al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manual García-Margallo.

En la nota, cuyo contenido fue difundido por la Cancillería argentina, Timerman expresó «gran preocupación» por la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado español de una resolución (11.614) con la lista definitiva de las plantas de biodiésel con producción asignada para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes dispuestos por la Unión Europea.

«Llamativamente, la referida resolución le asigna una cantidad de producción efectiva sólo a plantas ubicadas en la Unión Europea y desestima todas las presentaciones realizadas por empresas extracomunitarias«, apuntó el canciller argentino.

Según Timerman, la norma es de «evidente corte discriminatorio» y «tiene por objetivo resguardar la industria europea de biodiésel de la competencia con los productores argentinos, quienes elaboran este combustible de manera sumamente eficiente, gracias a la estructura productiva del sector y a las importantes inversiones realizadas en los últimos años».

Timerman advirtió de que «Argentina llevará adelante medidas en el ámbito del sistema multilateral de comercio que permitan preservar los derechos de las empresas argentinas productoras de biodiésel en el mercado español».

Argentina consideró que la «exclusión» de sus productores del mercado español «constituye la continuación de una política ilegítima y proteccionista que comenzara con la Orden Ministerial IET/822/2012″.

Aquella disposición del 2012 y la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial español revelan, según el Gobierno argentino, «la decisión de discriminar, tras medidas de supuesto carácter técnico, a los productores extracomunitarios del mercado en cuestión».

«El Gobierno argentino desea hacerle saber que esta política restrictiva llevada a cabo por el Gobierno del Reino de España ha tenido efectos negativos para el sector productor de biodiésel en la Argentina«, afirmó Timerman.

España es el principal comprador del biodiésel argentino, sector que da empleo a 2.000 personas. Según sus datos, en los primeros nueve meses de este año las exportaciones argentinas de biodiésel a España registraron una caída interanual del 70%.

El PP ve «irresponsable» la negativa de Lanzarote y Fuerteventura para instalar la base logística destinada a las prospecciones de Repsol

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, emplazó a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura -dos de las instituciones más combativas contra sus planes- a que le digan si quieren acoger en sus islas la base de operaciones de los trabajos, en la que revertirán buena parte de las inversiones que pretende realizar.

En unas pocas horas, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el de Fuerteventura, Mario Cabrera, ambos del CC, le respondieron con un mensaje común en el que advertían a Brufau de que «no se venden». Cabrera fue más allá y calificó a Repsol de «pirata petrolero» y a su oferta de «chantaje».

Por su parte, la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, replicó a Cabrera que «no tiene moral para negar a los majoreros la oportunidad de trabajo» que, a su juicio, implicaría el hecho de que Repsol ubicase la base de sus trabajos en la isla.

Además, recordó al presidente del Cabildo de Fuerteventura que él ya sabe lo que es inaugurar una base logística de una petrolera, porque lo hizo hace unos meses, al asistir a la apertura de las nuevas instalaciones de una compañía de EEUU en Guinea Ecuatorial.

«Entonces consideró positivo para Guinea Ecuatorial que se crearan mil empleos directos sólo en la construcción del edificio. Le pedimos que para Fuerteventura estudie la oferta que se ha puesto sobre la mesa y deje de lado el radicalismo político», añadió.

Montelongo sostuvo que «los dirigentes nacionalistas no pueden negarles la oportunidad de empleo» a los canarios que podrían ser contratados en esos trabajos, un pronunciamiento que comparte la dirección del PP de Lanzarote.

En su caso, los populares consideraron que Pedro San Ginés se condujo con «irresponsabilidad, ceguera política y electoralismo» al rechazar la oferta de Repsol y cometió «un disparate político» al privar a Lanzarote de unas inversiones millonarias.

Los populares de esta isla consideraron que resulta «incomprensible» que Lanzarote vaya asumir el riesgo potencial que comportan las prospecciones petrolíferas que va a realizar Marruecos casi en las mismas aguas, «para luego regalarle los beneficios a Gran Canaria, que seguro que no podrá ningún reparo a acoger la base logística» y las inversiones que ello comporta.

El PP consideró que San Ginés cometió una «necedad» e incurrió en una «demagogia ramplona», al tiempo que se pregunta si al desestimar el ofrecimiento de la petrolera lo hizo «de forma unilateral» o lo consultó con empresarios y sindicatos.

Además, al argumento del riesgo que el petróleo puede comportar para el turismo, subrayó que otros países combinan esas dos actividades «con éxito, como Brasil, Dubai o Noruega».

«Lo único que se consigue con esta nueva inconsciencia del Pedro San Ginés es que, con el paso del tiempo y con los beneficios del petróleo, Marruecos se convierta en una superpotencia turística de primer orden contra la que ni siquiera vamos a poder competir», apostillaron los populares de Lanzarote.

Repsol no puede anunciar fechas hasta que se pronuncien los tribunales

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, afirmó que Repsol no puede ofrecer fechas definitivas para las prospecciones a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura que su presidente, Antonio Brufau, anunció para mayo de 2014.

Para el portavoz del Ejecutivo regional este anuncio demuestra que están «muy convencidos» de sus tesis o, por contra, tienen «poco aprecio» por el Estado de Derecho.

«Nos sorprende porque manifiesta poco aprecio por el Estado de Derecho. Esta actuación administrativa del Estado está ahora mismo en fase jurisdiccional y, o están muy convencidos de que sus tesis triunfarán en este procedimiento o es que sencillamente les da igual lo que suceda en vía judicial», dijo este viernes tras el Consejo de Gobierno.

Aquí, Marrero apuntó que la presencia de Brufau en las islas fue «muy ilustrativa», puesto que, matizó, su visita «ha venido a demostrar el trato colonial que dispensan estas multinacionales a los lugares donde pretenden explotar sus recursos».

En este sentido, destacó que el problema para la compañía es que Canarias «no es como cualquier otro lugar» y que pertenece a un Estado que se rige por unas normas. «No es tan fácil llegar ofreciendo prebendas –añadió– e intentando convencer a la población autóctona de unas beneficios que son exclusivamente para la empresa».

Por otra parte, el portavoz también se sorprendió de que Brufau no haya hecho ninguna referencia al hecho de que en Valencia y Baleares se hayan paralizado las prospecciones con unos motivos «idénticos» a los aludidos por Canarias.

Los empresarios de Lanzarote quieren estudiar el proyecto de base logística

La Confederación Empresarial de Lanzarote invitó a Repsol a presentarles el proyecto de base logística para las prospecciones petrolíferas que se van a realizar en aguas cercanas a las islas.

En concreto, el presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Juan de León, sugirió a Repsol a presentarles el proyecto de base logística para poder analizarlo y ver la viabilidad del mismo, así como sus ventajas y desventajas, según informó la organización.

De León apuntó que si finalmente van a llevarse a cabo las prospecciones a mediados del próximo año, como anunció el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se necesita una base logística, «al margen de la posición política de la isla, si no consiguen paralizar las mismas», sería «un nuevo escenario donde Lanzarote no tendría por qué renunciar a beneficiarse de las inversiones que conlleven cuando es la que tendrá, junto con Fuerteventura, que correr con los hipotéticos riesgos».

Por ello, matizó que «si van a llevar a cabo las prospecciones, y no hay forma de evitarlas, lo lógico es pasar a un nuevo nivel en el que exigir las máximas» medidas de seguridad en los sondeos, así como el «aprovechamiento de las inversiones que conllevan esas pruebas para confirmar si hay o no petróleo o gas en la zona».

«Ante esta situación sería importante que el presidente de Repsol mantuviera una reunión con los empresarios de la isla y explicará detalladamente el proyecto de base logística», concluyó.

Industria asigna las nuevas cuotas de producción de biodiésel para dos años sin incluir empresas argentinas

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), se repartieron las cantidades, con máximo de 5,5 millones de toneladas anuales, entre 42 unidades de producción de diferentes empresas por un periodo de dos años, pero puede prorrogarse por otros dos.

En la nómina de las instalaciones no aparece ninguna de origen extracomunitario, a pesar de que, tras las denuncias presentadas por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Gobierno permitió su inclusión en la orden de febrero que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas.

De hecho, de las 35 instalaciones que, pese a haber entregado toda la información, se quedaron sin cuotas figuran seis plantas argentinas, así como cuatro indonesias y dos malayas, según consta en el BOE. Hay además siete instalaciones españolas.

La lista de plantas que sí resultaron adjudicatarias consta de 42 empresas, de las que 27 son españolas, cinco alemanas, cinco italianas, dos británicas, una portuguesa, una letona y una holandesa. La de Infinita Renovables, en Castellón, y la de Bio-Oils, en Huelva, reciben las mayores cantidades, con 600.000 y 500.000 toneladas, respectivamente. También fueron adjudicatarias Abengoa o Saras.

En la resolución, el departamento dirigido por José Manuel Soria indicó que durante el proceso de asignación se recibieron 47 escritos de alegaciones, entre ellos algunos en relación con una posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, al considerarse que existe una discriminación contradictoria con las políticas de impulso de la inversión extranjera.

Industria contestó a esta alegación asegurando que, «al contrario, el procedimiento de asignación se ha desarrollado respetando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación». Además, recordó que la norma «pretende contribuir a la seguridad de abastecimiento energético, acrecentar la independencia energética y reducir el coste de las importaciones de petróleo».

Tras esta publicación, se abre un plazo de 10 días para alegaciones.

Polémica con Argentina

El 20 de abril del año pasado, apenas cuatro días después de que Crsitina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación a Repsol de un 51% de YPF, el Gobierno aprobó una orden ministerial de asignación de cuotas de biodiésel que restringía las importaciones argentinas y que fue interpretada como una represalia contra la nacionalización.

No obstante, seis meses después, y sin que se publicase la convocatoria de cuotas que habría puesto en marcha el proceso, el Gobierno corrigió la orden anterior e introdujo unos nuevos términos que permiten la participación de plantas no sólo de España y de la Unión Europea, sino de cualquier ubicación geográfica, incluidas las de Argentina e Indonesia.

Tras el cambio en la orden ministerial, el Gobierno argentino publicó un comunicado en el que consideraba que España había respondido a «su exigencia» y, de esta forma, evitaba un arbitraje internacional y una «condena» ante la OMC.

Una empresa española y otra colombiana firman un convenio para promover biocombustibles

Con este acuerdo, las dos compañías incentivarán la producción de biocombustibles a partir de biomasa que, además, pueden ayudar al desarrollo sostenible del sector rural, a la generación de empleo digno en el campo y un impacto positivo en el cambio climático, según informaron.

Los biocombustibles de segunda generación son los producidos a partir de materias primas que no son fuentes alimenticias, como el bagazo de caña de azúcar, para lo cual se utilizan tecnologías que todavía están en etapas de investigación y desarrollo.

El director general de Noel Biosolutions, Javier Velasco, aseguró que la firma del memorando de entendimiento representa «un importante impulso para acelerar los desarrollos tecnológicos de Neol completando su cadena de valor al ver facilitado el acceso a materias primas sostenibles».

El director general de Colbiocel, William Ramírez, dijo a su vez que el acuerdo con Noel permitirá «identificar y focalizar proyectos para el desarrollo de la agroindustria celulósica en Colombia a partir de la promoción de cultivos energéticos y el uso de ciertos residuos de cosecha».

Neol Biosolutions, con sede en Granada, es una empresa con participación de Repsol y Neuron Bio, dedicada principalmente al desarrollo de bioprocesos y de tecnología microbiana para la aplicación industrial, especialmente en el sector energético y químico.

Colbiocel, por su parte, desarrolla proyectos de biocombustibles de segunda generación, como el bagazo de caña de azúcar, y trabaja en la plantación, a nivel piloto, de cultivos energéticos en la región de los Llanos Orientales de Colombia.

El acercamiento entre las dos compañías se realizó a través de la agencia colombiana para la Promoción del Turismo, Inversión y Exportaciones (Proexport).

Abengoa plantea crear una planta para transformar residuos sólidos en biocombustible en Sevilla

Sánchez Ortega realizó este anuncio en el transcurso del encuentro informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Francisco Herrero.

El consejero delegado de Abengoa, reclamó «el consenso de las administraciones y la eliminación de trabas jurídicas» para convertir a Sevilla «en la capital de la generación de biocombustible de segunda generación».

Según advirtió, la puesta en marcha de esta planta en la capital hispalense, donde se ubica actualmente la sede de la multinacional, supondría la transformación de «500.000 toneladas de residuos sólidos urbanos del área metropolitana» para producir «28 millones de litros de biocombustible de segunda generación».

Un proyecto que, a su juicio, «encantaría» a Abengoa, pero que dependerá en gran medida del apoyo de las administraciones y del «consenso» que genere entre ellas.

La hidrólisis enzimática es la técnica aplicada para convertir los residuos sólidos urbanos en biocombustible de segunda generación, es decir, aquellos que no proceden de fuentes alimenticias.

Sustentadas en la aplicación de esta tecnología, Abengoa cuenta en la actualidad con dos instalaciones productivas punteras en I+D a nivel mundial. Una planta piloto en York, Nebraska (Estados Unidos), que se encuentra operativa desde el año 2007, así como una planta de demostración en Salamanca, en servicio desde el año 2009. La planta de Sevilla generaría unos 28 millones de litros de biocombustible.

Precisamente, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que estuvo presente en la conferencia pronunciada por el consejero delegado de Abengoa, rehusó hacer declaraciones al respecto de esta iniciativa y decidió esperar a que se concrete el proyecto para hacer cualquier tipo de valoración.

Según recordó Sánchez Ortega, la facturación total de la compañía en España supone un 18% del total, del que sólo un 1% se genera en Sevilla. A pesar de ello, el 16% del total de la plantilla desarrolla su labor profesional en la capital hispalense, el doble que hace una década. Ello, explicó, supone una actividad económica que genera «1.700 millones de euros en Sevilla» y un vínculo con «1.200 empresas auxiliares que prestan servicio a Abengoa».

El Parlamento Europeo rebaja el límite propuesto a biocombustibles que compiten con alimentos al 6%

«La industria del aceite de palma (utilizado para fabricar estos biocombustibles) ha ejercido una presión realmente indecente», aseguró la ponente del informe ante la Eurocámara, la eurodiputada liberal Corinne Lepage (ALDE).

«Hace cinco años que soy eurodiputada y nunca he visto una presión de los lobbies tan grande como la que he visto ahora», añadió, y admitió que si se aceptó el 6%, fue para asegurar que el texto pasara.

Lepage afirmó, no obstante, que está «contenta» de que al menos exista un límite a los biocombutibles de primera generación, al tiempo que consideró que el resultado final es «equilibrado» y manda «una señal fuerte».

La Comisión Europea propuso que el límite a los biocombutibles tradicionales se fijase en el 5%, mientras que las comisiones de Medio Ambiente y de Energía del Parlamento Europeo solicitaron un 5,5% y un 6,5%, respectivamente.

La Unión Europea tiene como objetivo para 2020 que el 10% de toda la energía utilizada en el transporte provenga de una fuente limpia.

La Comisión Europea sugería que para alcanzar ese 10% sólo se pudiese utilizar un 5% de biocombustibles tradicionales, mientras que el restante 5% debería conseguirse mediante biocombustibles de última generación, electricidad y otros recursos ecológicos, a los que se aplicaría un índice multiplicador que elevaría su valor a la hora de contabilizar.

«El sistema multiplicador propuesto por la Comisión no gustaba nada a la industria», reconoció en una conversación el experto de Oxfam Marc-Olivier Herman, quien explicó que en su lugar se propuso una meta vinculante del 2,5% para biocombustibles de segunda generación, fabricados con algas y algunos residuos.

La propuesta del Pleno, por tanto, -aprobada por 356 votos a favor, 327 en contra y 14 abstenciones- fija un máximo del 6% para biocombutibles tradicionales y un mínimo del 2,5% para biocombustibles de segunda generación; y deja el 1,5% que falta para llegar al 10% en 2020 abierto al uso de otras fuentes limpias.

«El resultado es una gran desilusión porque se han quedado fuera cuestiones esenciales que había respaldado la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo», sostuvo Herman.

Herman explicó además que el Pleno introdujo un objetivo vinculante nuevo y contradictorio, que obliga a que en 2020 el 7,5% del combustible que se utilice en el sector de los transportes sea etanol, es decir, un biocombustible tradicional.

La Oficina Medioambiental Europea (EEB) indicó que el límite «excesivamente generoso» apoyado por el Parlamento Europeo obliga a los ciudadanos europeos y a los Gobiernos nacionales a seguir financiando a una industria que causa más daño que beneficio.

Sin embargo, EEB sí consideró un logro que el Parlamento Europeo haya reconocido que la producción de biocombutibles tradicionales genere un aumento de las emisiones contaminantes y haya decidido incluir este concepto en la legislación sobre calidad del combustible, aunque lamentó que vaya a hacerlo sólo a partir de 2020 y no antes.

Greenpeace consideró «incoherente» el planteamiento del Parlamento Europeo y criticó que por un lado reconozca que los biocombustibles clásicos son perjudiciales para el medio ambiente, y por otro, les apoyen política y financieramente.

Las organizaciones ecologistas son contrarias al uso de biocombutibles clásicos, como el etanol y el biodiésel, porque se fabrican a partir de maíz, plantas oleaginosas, soja, girasol, palma y otros cultivos. Consideran que su fabricación va ligada a la deforestación y a la reconversión del uso de un terreno originalmente dedicado a la producción de cultivos para consumo humano.

Esto suele traducirse en una subida del precio de los alimentos y además genera un problema grave desde el punto de vista del cambio climático, ya que al eliminar bosques se pierde también el servicio que prestan de forma natural como sumideros de carbono (asimilan CO2 atmosférico en el proceso de fotosíntesis, con lo que ayudan a reducir las emisiones).