Bruselas plantea una propuesta para garantizar el tránsito de gas ruso a través de Ucrania a partir de 2020

Europa Press.- La Unión Europea ha planteado a Moscú y a Kiev una nueva propuesta para renovar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso al bloque comunitario a través de Ucrania, que expira al finalizar este año, según el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic.

«Tras reunirme con representantes de Rusia y Ucrania, presenté una propuesta para que ambas partes se la lleven a casa y reflexionen», ha explicado Sefcovic, quien ha añadido que dicha propuesta cubre los «parámetros principales» de un futuro acuerdo (duración, volumen y tarifas), pero no ha detallado las cifras concretas de cada uno de ellos. También cubre, ha detallado, otros elementos como las inversiones, el mantenimiento del sistema y requisitos legales y técnicos. «Sin ir a los detalles ahora, en aras de un resultado exitoso, estoy convencido de que ésta es una propuesta justa, basada en una análisis profundo y en muchas horas de debates y conversaciones de expertos», defendió.

Acuerdo de tránsito desde 2009

Es la segunda reunión a nivel político desde que las tres partes comenzaran en julio de 2018 las negociaciones para renovar el acuerdo vigente de tránsito de gas, firmado en 2009. Sefcovic espera ahora que Kiev y Moscú estudien la propuesta y ha convocado un nuevo encuentro en mayo. Mientras tanto, subrayó, deben continuar las discusiones a nivel de expertos.

Aunque no ha querido entrar en los detalles del acuerdo, Sefcovic ha defendido que el futuro acuerdo debe ser de larga duración (10 años) y que los volúmenes pactados sean «comercialmente viables». «Necesitamos atraer inversores para la modernización y mejora de los sistemas de trasmisión ucranianos«, ha señalado. El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Unión de la Energía también ha subrayado que cerrar un acuerdo de tránsito de gas de larga duración «es tan importante para Rusia como para la Unión Europea». «Creo que ambos lados son totalmente conscientes de que no podemos arriesgar más en esta cuestión en el futuro», expresó.

Los Gobiernos de la Unión Europea aprueban la nueva reforma del mercado eléctrico para facilitar la transición hacia la descarbonización

Europa Press.- Los Gobiernos de la Unión Europea han dado su visto bueno a la nueva directiva y el nuevo reglamento que reforman el diseño del mercado eléctrico europeo con el objetivo de mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.

Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas», según el Consejo de la Unión Europea. No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

También busca reforzar los derechos de los consumidores. Los consumidores tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

La Unión Europea acuerda reducir las emisiones de los coches en un 37,5% y de furgonetas un 31% para 2030

Europa Press.- Los Gobiernos de la Unión Europea han confirmado el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 37,5% y del 31% para furgonetas en 2030, en ambos casos con respecto al nivel registrado en 2021.

El pacto incluye un objetivo intermedio de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2025 del 15% tanto para coches como para furgonetas, así como una cláusula para una posible revisión de los objetivos y para la introducción de metas vinculantes para 2035 y 2040. Estos objetivos, no obstante, se establecen para el conjunto de coches y furgonetas europeas y ahora debe distribuirse el esfuerzo entre los distintos fabricantes en función de la masa media de su flota.

Flexibilidad si venden más eléctricos

El Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara pactaron, de la misma forma, un mecanismo para incentivar la venta en el bloque comunitario de vehículos con cero o bajas emisiones, como coches eléctricos o vehículos híbridos enchufables. En concreto, los fabricantes podrán beneficiarse de objetivos de reducción de emisiones menos estrictos si cumplen una serie de niveles de referencia, que se sitúan en el 15% para coches y furgonetas en 2030 y en el 35% y 30%, respectivamente, en 2035. Ahora el pleno del Parlamento Europeo debe aprobar el reglamento, previsiblemente antes del verano, para que quede aprobado formalmente.

Europa propone objetivos de reducción de emisiones para los camiones mientras Cañete ve clave la movilidad para lograr la descarbonización

Europa Press.- Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para vehículos pesados (camiones y autobuses) del 30% en 2030, con un objetivo intermedio en 2025 del 15%, en comparación con 2019. Asimismo, el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, considera que «la clave» para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos a 2050 reside «en la transición hacia la movilidad con bajas emisiones«.

Arias Cañete cree que el reto de la movilidad sostenible es «un problema global que comparte un número creciente de países y ciudades en el mundo». Así, señala que la propuesta de un nuevo reglamento que fije nuevas normas sobre emisiones CO2 en coches y furgonetas más allá de 2020, en fase de negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo, «necesitará de un importante incremento en vehículos de emisiones bajas o nulas». No obstante, advierte de que, más allá de la legislación, se necesitan medidas que «permitan la proliferación de vehículos eléctrico o de otro tipo de cero emisiones», así como la disponibilidad de infraestructuras para la recarga y de almacenaje/baterías a «precios competitivos».

Respecto a la nuclear, el comisario afirma que la Comisión Europea es consciente del papel que juega en el mix energético, así como su potencial contribución para alcanzar los objetivos de descarbonización en aquellos países que deseen usarla como fuente de generación. Sin embargo, Cañete insiste en que cualquier decisión de utilizar o no energía nuclear y en qué medida «depende de cada Estado miembro».

«En cualquier caso, toda decisión de extender la vida útil de una central nuclear deberá basarse en el cumplimiento de las normas más estrictas de seguridad, la gestión de residuos y la no proliferación, como la diversificación del suministro de combustible nuclear, y siempre aplicando el marco legal reforzado en materia de seguridad nuclear, protección contra la radiación y gestión del combustible gastado y residuos radiactivos que la Unión Europea ha adoptado desde que se produjo el accidente de la central de Fukushima», subraya. Además, el comisario destaca que el objetivo a largo plazo es «alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo».

Objetivos para camiones y autobuses

«A partir de 2025, los camiones y autobuses nuevos emitirán un 15% menos de dióxido de carbono (CO2). Y a partir de 2030, un 30% menos. Es parte de nuestros esfuerzos para descarbonizar el sector de transportes por carretera y un paso importante hacia el logro de los objetivos», señaló la ministra de Sostenibilidad y Turismo de Austria, Elisabeth Köstinger. Además, Köstinger, que calificó el acuerdo como «otro hito para una mayor protección climática», destacó que las normas, que serán revisadas en 2022, significan que entre 2020 y 2030 se emitirán 54 millones de toneladas de CO2 menos, lo que corresponde al total anual de emisiones de CO2 de Suecia.

La posición de los Veintiocho, por tanto, está en línea con la propuesta presentada por la Comisión Europea a mediados de mayo, pero es menos ambiciosa que la pactada por el pleno del Parlamento Europeo en noviembre. En concreto, los eurodiputados abogaban por establecer un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de este tipo de vehículos del 35% en 2030, mientras que situaban la meta intermedia para 2025 en el 20%. Es decir, 5 puntos porcentuales más en cada caso. Ambas instituciones comunitarias con poderes legislativos deberán negociar ahora los objetivos definitivos.

Por otro lado, el acuerdo recoge una penalización económica para aquellos fabricantes que no cumplan con los objetivos de reducción de emisiones de CO2, así como un sistema de incentivos a través de supercréditos, con los que los vehículos de bajas y de cero emisiones contarán como más de una unidad a la hora de hacer la media de emisiones de CO2 de las flotas de los fabricantes. Los supercréditos estarán sujetos a límites predefinidos para evitar un debilitamiento de los objetivos ambientales. En comparación con la propuesta inicial de la Comisión, el Consejo ha decidido excluir a los autobuses de este sistema de incentivos.

El Gobierno lanza a consulta pública previa la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética mientras Europa también aborda la cuestión

Europa Press.- Mientras desde Europa se habla de dar a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables, el Gobierno ha lanzado la fase de consulta pública previa de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, a la que se comprometió a través del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aprobado el pasado octubre.

Concretamente, hasta el próximo 17 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene disponible en su web (www.miteco.gob.es) un acceso público directo para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones, que serán analizadas y tenidas en cuenta «con el objetivo de enriquecer esta estrategia y convertirla en un reflejo fiel de las necesidades de la sociedad en materia de pobreza energética«, indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

La consulta se estructura a través de 4 cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la estrategia. Asimismo, también se pregunta si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos en algún aspecto, y se solicita opinión sobre qué medidas de eficiencia energética tendrían mayor incidencia a la hora de aliviar la pobreza energética. Para concluir se ofrece la posibilidad de expresar cualquier otra idea enfocada a mejorar la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por otra parte, el Ministerio indicó que, según los últimos datos disponibles, se han registrado un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas al bono social eléctrico, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos: 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

Actualmente, los consumidores pueden seguir solicitando el bono social eléctrico en cualquier momento, pero ya no tienen acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno, y deberán esperar a las nuevas medidas que para estos fines defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. El bono térmico es una ayuda, una cantidad en metálico según el nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda, que ha concedido el Ministerio este invierno a los beneficiarios del bono social eléctrico para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen, sea cual sea, para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal.

Europa y la pobreza energética

Por otro lado, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normativas comunitarias que reforman el diseño del mercado eléctrico comunitario y que, entre otras cuestiones, darán a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables. Los negociadores de ambas instituciones europeas han pactado, sin embargo, que las medidas a través de los sistemas de seguridad social deben ser prioritarias en las estrategias de los Estados miembros para atajar la pobreza energética.

Los países de la Unión Europea y la Eurocámara han logrado un acuerdo, en concreto, sobre la nueva directiva y el nuevo reglamento del mercado eléctrico europeo, aunque todavía deben ser aprobadas formalmente por ambas partes para que puedan entrar en vigor. La directiva, además, también permite a las capitales la posibilidad de intervenir la fijación de precios para el suministro de electricidad de otros hogares y empresas pequeñas con el objetivo de facilitar una transición hacia una competencia «efectiva».

El elemento «clave» de la normativa, según apuntó el Consejo de la Unión Europea, es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas». No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

Las nuevas reglas europeas sobre el mercado eléctrico también buscan reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas a partir de 2026. Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

La Comisión Europea quiere fortalecer el papel internacional del euro y desafiar el dominio del dólar como principal divisa global

Europa Press.- La Comisión Europea ha defendido la necesidad de fortalecer el papel del euro en la escena internacional y desafiar el dominio del dólar como principal divisa global, con una atención especial en el campo de la energía, en el que Bruselas desea impulsar el uso de la moneda europea para reducir la «exposición» de la Unión Europea al billete verde.

El euro se utiliza en el 36% de las transacciones internacionales y representa el 18% de las reservas de divisas en bancos centrales extranjeros. Es la segunda divisa más utilizada del mundo por detrás del dólar, que se utiliza en el 40% de los pagos globales y representa el 62% de las reservas globales. Para el Ejecutivo comunitario, impulsar el papel internacional del euro es «parte del compromiso de Europa con una economía y un comercio globales y basados en normas» y llega en un momento en el que las tendencias internacionales y el desarrollo de nuevas tecnologías «están apoyando un cambio hacia un sistema más diversificado de varias divisas globales». «Ahora es el momento para impulsar esto», subraya Bruselas.

La Comisión Europea afirma que un euro más fuerte en la escena global ayudará a mejorar la solidez del sistema financiero internacional, dará una opción adicional a los operadores de mercado y hará a la economía mundial «menos vulnerables a los shocks vinculados a la fuerte confianza de muchos sectores en una sola divisa«. Bruselas también asegura que esta estrategia tendrá beneficios «tangibles» en el bloque comunitario porque fortalecerá la protección de ciudadanos y empresas. Así, la Comisión Europea ha apuntado que concluir varias iniciativas europeas aumentarán la «credibilidad y atractivo» de la moneda única, como completar la Unión Económica y Monetaria (UEM), adoptar medidas para reforzar el sistema financiero e impulsar el uso del euro en sectores estratégicos clave.

En este sentido, Bruselas presentó un documento específico sobre el papel internacional del euro en el sector energético, con el objetivo de impulsar su utilización y reducir la exposición al «régimen del dólar», que «supone incertidumbres, riesgos y costes» que podrían ser mitigados si se firman más contratos denominados en la divisa europea. En la actualidad, la Unión Europea es el mayor importador mundial de energía y su factura anual asciende a 300.000 millones de euros, de los que un 85% se pagan en dólares estadounidenses. Aumentar los contratos energéticos en euros, defiende Bruselas, permitirá que las empresas europeas se beneficien de una mayor autonomía y se financien con una menor exposición a las acciones legales iniciadas por terceros países.

Además, la Comisión Europea remarca que fortalecer el euro en este sector ayudará al bloque comunitario a completar la Unión Energética de forma que garantice que el suministro energético es «seguro, viable y accesible para todos». «Fortalecer el papel internacional del euro en el campo del comercio y la inversión energética ayudará a reducir los riesgos de disrupción del suministro y promocionará la autonomía de las empresas europeas. Puede, por tanto, hacer una importante contribución a nuestro objetivo de garantizar la seguridad de suministro», destacó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Para ello, el Ejecutivo comunitario lanzará una serie de consultas públicas, cuyos resultados presentará en verano. En primer lugar, pedirá comentarios sobre el mercado potencial para un uso ampliado de la moneda única en transacciones de petróleo, productos refinados y gas. También lanzará una consulta para conocer qué acciones se pueden realizar para impulsar el uso de la moneda única en el sector del transporte.

Bruselas espera la normativa de prohibir coches con emisiones desde 2040 para analizar si es compatible con la regulación comunitaria

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, apuntó que la Comisión Europea no evalúa «declaraciones políticas» como el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir a partir de 2040 la venta de coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), pero que si el proyecto se convierte en norma Bruselas sí analizará su compatibilidad con las reglas de la Unión Europea.

El comisario Cañete ha recordado que además de España al menos otro cinco países de la Unión Europea han anunciado medidas similares, pero ninguno ha dado el paso de transformar las ideas en propuestas legislativas concretas. Dinamarca, Irlanda y Países Bajos han apuntado el objetivo de vetar los vehículos con motores de combustión interna en el horizonte de 2030, mientras que Francia y Reino Unido, como España, han sugerido que lo harán en 2040. Así las cosas, si alguno de estos gobiernos introduce una norma legislativa, ha explicado Arias Cañete, deberá notificar a Bruselas los detalles técnicos para que los servicios comunitarios analicen su «compatibilidad» con las reglas del Mercado Interior, una tarea que corresponde a la comisaria Elzbieta Bienkowska.

Con todo, el comisario ha apuntado que la Unión Europea se centra en «establecer estándares» comunes de reducción de emisiones que se aplican en «todo el territorio» y a «todos los fabricantes», con el objetivo de garantizar «igualdad de condiciones». Otras fuentes comunitarias insisten en que la línea que defiende Bruselas no se apoya en «prohibiciones», sino en trabajar para «limitar» las emisiones, por lo que no solo es relevante el objetivo que se persiga con la tramitación de nuevas medidas, sino también los «medios» que se utilicen para ello.

La Comisión Europea selecciona una iniciativa coordinada por Enagás para el impulso del gas natural licuado (GNL) como combustible alternativo

Europa Press.– La Comisión Europea ha seleccionado el proyecto LNGHIVE2: Infrastructure and Logistics Solutions, coordinado por Enagás y cuyo objetivo es impulsar el uso del gas natural licuado (GNL) como combustible alternativo, dentro de la convocatoria de ayudas Conectar Europa (CEF). La iniciativa tiene como objetivo impulsar el uso del GNL como combustible en el transporte marítimo y ferroviario y su inversión total será de alrededor de 14 millones de euros, de los que cerca de 3 millones corresponderán a fondos europeos.

La iniciativa, coordinada por Enagás y promovida por Puertos del Estado, cuenta con la participación de socios como la Autoridad Portuaria de Huelva, Renfe Mercancías, Adif, Saggas, Marflet Marine y Fundación Valencia Port. El proyecto, que tiene como plazo de ejecución hasta 2022, contempla adaptar las plantas de regasificación de Huelva y Sagunto (Valencia) para que puedan ofrecer servicios de abastecimiento de GNL como combustible.

También está prevista la introducción del GNL en el Corredor ferroviario verde entre el Puerto de Huelva y la terminal ferroviaria de Majarabique, de ADIF, en Sevilla. Concretamente,el proyecto incluye la construcción de una estación de suministro de GNL en dicha terminal y la conversión de una locomotora de tracción diésel a GNL. Enagás señaló que la Comisión Europea valoró positivamente la calidad y la madurez técnico-financiera de este proyecto. Además, ha destacado su importancia para el Corredor Mediterráneo y para el crecimiento económico.

La Eurocámara aprueba que el 32% del consumo energético proceda de fuentes renovables y la eficiencia energética alcance el 32,5%

Europa Press.– El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.

Las 3 deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros). Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París». «Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático», subrayó el socialista.

Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.

Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2019 y cada 10 años desde entonces.

Bruselas pide explicaciones a España y otros 6 países comunitarios por no cumplir parte de las reglas de eficiencia energética

Europa Press.- La Comisión Europea exige explicaciones a las autoridades españolas por no cumplir correctamente con los requisitos de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética, con la que la Unión Europea quiere cumplir el objetivo de ahorrar un 20% de consumo energético en 2020 (respecto a los niveles de 1990).

El mensaje tiene la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento sancionador, y da a España 2 meses para que ofrezca sus explicaciones. Si no satisfacen a Bruselas, la segunda fase daría otros 2 meses al país para corregir el incumplimiento. Si sigue sin solucionarse la discrepancia, la Comisión podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junto a España, Bruselas también envió cartas a Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y Rumanía.