Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

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Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.

Todos los grupos del Congreso salvo el PP se comprometen a modificar el decreto de autoconsumo en cuanto haya Gobierno

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados salvo el PP se han comprometido por escrito a aprobar un decreto ley en los primeros 100 días de Gobierno con el que modificar parte del real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015, incluida la derogación del impuesto al sol, así como a iniciar una negociación para aprobar un nuevo reglamento.

En concreto, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad, el PNV, EH Bildu, Compromís, IU, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que suman 227 diputados, firmaron un acuerdo en el que plasman este compromiso con 26 organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales, sociales y de empresas de renovables. El documento constituirá el texto del decreto ley que el próximo gobierno, siempre y cuando lo constituyan algunas de estas formaciones políticas, aprobará en sus primeros 100 días y cuya convalidación en la Cámara Baja será apoyada por todos los firmantes. Fuera han quedado, junto a los populares, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha explicado junto a representantes de los partidos políticos que el principal cambio que conllevará la aprobación de este decreto ley será «reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo». Esto supondrá en la práctica eliminar de forma inmediata los peajes de respaldo, el llamado impuesto al sol, por consumir energía autoproducida instantáneamente o almacenada en baterías y consumida con posterioridad, si bien se seguirán cargando peajes sobre la energía vertida u obtenida de la red al mismo nivel que se pagan por la generación convencional.

En un futuro reglamento se podrán desarrollar mecanismos de compensación simplificada, es decir, procedimientos de balance neto con los que los generadores puedan compensar sus excesos de producción puntuales con energía en momentos de déficit. «Hay que negociar cómo hacerlo», indicó Morales, reconociendo que de momento cualquier vertido o compra se pagará a precio de mercado. Preguntado sobre si merecerá la pena entrar en este tipo de comercio, señaló que la intención es fomentar el autoconsumo y no el «negocio» de los excedentes. En cualquier caso, Morales considera que a largo plazo tampoco debería incentivarse una producción excedentaria porque el objetivo debe ser la eficiencia y el ahorro, no el rédito económico del pequeño productor.

Por otra parte, el decreto ley habilitará de forma inmediata la posibilidad de que varios consumidores compartan instalaciones de autoconsumo y se simplificará la tramitación administrativa de este tipo de pequeñas instalaciones (hasta 100 kW de potencia), para las que «bastará una notificación», quedando suprimido el Registro Administrativo de Autoconsumo. Con el mismo objetivo se adaptará el régimen sancionador de modo que los pequeños autoconsumidores no se tengan que enfrentar en ningún caso a multas multimillonarias por incumplimientos administrativos. Así, se fija un límite máximo del 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica como sanción máxima por infracciones relacionadas con el autoconsumo.

Estos cambios de aplicación inmediata no supondrán una derogación de todo el real decreto de autoconsumo del PP, sino únicamente un «primer paso» antes de empezar a negociar un nuevo reglamento «consensuado» entre partidos políticos y sociedad civil, que permita conseguir un sistema que incentive el autoconsumo como instrumento de eficiencia energética.  «La normativa en vigor frena la lucha contra el cambio climático, va en contra de la democratización energética, contradice la normativa europea y lastra de manera innecesaria al autoconsumidor», consideran los firmantes del acuerdo, que abogan por un cambio de modelo en el que se generalicen las energías limpias y la generación descentralizada.

Sin embargo, alcanzar un consenso en torno a esos objetivos será un proceso «largo» que llevará «al menos un año» y, desde luego, «no menos de seis meses», en opinión de Morales de Labra, tanto por la dificultad de la reglamentación como por la oposición que prevé planteen las compañías eléctricas. Por eso, hasta que se consiga ese acuerdo político y social, es necesario mantener gran parte del reglamento actual, ya que derogar todo el real decreto «generaría más incertidumbre».

«Pero la redacción que proponemos permitirá muchas más instalaciones de las que son posibles ahora», insistió Morales, que recomienda a quienes ya están embarcados en este tipo de proyecto que cumplan la norma y se adapten al actual reglamento en el plazo señalado, pero invirtiendo lo mínimo posible porque «previsiblemente se cambiará» la normativa. El texto del decreto ley precisa asimismo que el cambio no supondrá un aumento de gasto ni una disminución de ingresos para el sistema porque el pequeño tamaño de las instalaciones de autoconsumo hacen que el impacto sobre los ingresos sea «despreciable» durante los primeros años.

Ciudadanos abraza las tesis socialistas y acuerda cerrar las nucleares a los 40 años y fijar una moratoria al fracking

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Servimedia / Europa Press.- PSOE y Ciudadanos han llegado un acuerdo en materia de energía mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa y que supondrá el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, restringir nuevas autorizaciones de fractura hidráulica (fracking), así como reformar el autoconsumo energético. Así consta en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

En concreto, proponen establecer una moratoria durante la próxima legislatura para las prospecciones de fracking y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. En relación con las nucleares, la propuesta establece el cierre «progresivo» de las centrales al cumplir los 40 años “de vida útil”. Se trata de una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta pero Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicassi los informes técnicos lo avalaban.

Por otra parte, el acuerdo de investidura establece reformar el decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este punto, el PSOE y Ciudadanos destacan que pretenden eliminar el denominado impuesto al sol. Así, pretenden aprobar en su lugar un marco regulatorio «estable» para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

El acuerdo también establece acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición«. El objetivo de ambos partidos es alcanzar un sistema energético «eficiente y sostenible» que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones compatible con los compromisos de París.

Para ello, PSOE y Ciudadanos consideran necesario promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. De este modo, proponen aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. Así, PSOE y Ciudadanos abogan por la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2.

Junto a ello, el pacto recoge la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. Por otro lado, el PSOE y Ciudadanos plantean desarrollar un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios con el fin de pasar de las actuales 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 en 2025, lo que serviría para generar con estas actividades de rehabilitación hasta 200.000 empleos nuevos.

La industria nuclear señala que el concepto de vida útil no tiene significado legal ante el acuerdo de PSOE-C’s

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Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear ha defendido la operación a largo plazo de las centrales nucleares en España y ha recordado que el término «vida útil» no tiene un significado legal explícito. La industria se pronuncia así después del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos (C’s), que incluye establecer el cierre de las plantas atómicas al cumplir los 40 años de “vida útil”.

Así, el Foro Nuclear ha recordado que el periodo de funcionamiento de las centrales españolas «no tiene plazo fijo establecido» por la legislación española. Es decir, que no se determina por ley el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales. En este contexto, ha indicado que en la actualidad, las autorizaciones de operación se conceden «habitualmente» con plazos de validez de 10 años y se renuevan periódicamente tras la evaluación del organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la aprobación y permiso del Ministerio de Industria. En la actualidad España cuenta con 7 reactores nucleares operativos y uno más, el de Garoña (Burgos) en situación de cese de actividad pero con una solicitud de renovación pedida hasta 2031.

La que más electricidad genera

El Foro de la Industria Nuclear defiende también que esta tecnología es la que más electricidad genera y que en 2015 proporcionó el 20,8% de la electricidad en España, con un 7,26% del total de la potencia instalada en España. Por ello, valora que resultan «esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico» e incide en que no emiten gases contaminantes. En este contexto, subraya que la operación a largo plazo es el «funcionamiento continuado» de una central nuclear manteniendo su nivel de seguridad. Se trata de una estrategia energética habitual en países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Hungría, Rusia y Suiza. De los 442 reactores nucleares que hay en el mundo, 105 tienen autorización para operar más de 40 años.

Según las cuentas del Acuerdo de Progreso entre PSOE y C’s, el parque nuclear español quedaría cerrado en torno a 2028, cuando la central de Trillo (Guadalaja) y Vandellós II celebren su 40 aniversario. El calendario atómico quedaría así: Almaraz I (Cáceres), que comenzó su actividad en 1981, cerraría en 2021; Almaraz II en 1983, generaría electricidad hasta 2023; Ascó I (Tarragona) se acopló a la red en 1983 y Ascó II en 1985, por lo que estarían operando hasta 2023 y 2025 respectivamente; Cofrentes (Valencia), que opera desde 1984 finalizaría su actividad en 2024 y, por último, las más jóvenes, Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) se conectaron a la red en 1988, por lo que cerrarían en 2028.

El PSOE y los sindicatos exigen a Industria que reúna de forma urgente la comisión de seguimiento del carbón

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Redacción / Agencias.- Al igual que hicieron los sindicatos CCOO y UGT, el PSOE ha exigido al Ministerio de Industria que reúna de forma urgente a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-18 para ponerse al día de la situación del sector ante los «graves incumplimientos» en los que, a su entender, ha incurrido el Gobierno del PP.

En una proposición no de ley presentada en el Congreso, diputados socialistas de regiones mineras como Asturias, Castilla y León o Aragón critican el incumplimiento del Plan Nacional de Carbón 2006-12 por parte del Ejecutivo de Rajoy, que provocó un recorte del 64% de las ayudas y la «progresiva desaparición» de recursos destinados a infraestructuras para el desarrollo alternativo de estas comarcas. Lejos de corregir esta situación, el Gobierno popular ha seguido creando «grandes incertidumbres» sobre el futuro del sector con su actitud ante el acuerdo que los sindicatos y los empresarios alcanzaron en 2013.

Por eso, los socialistas quieren que se reúna de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para conocer el grado de cumplimiento de dicho acuerdo, analizar la evolución de las plantillas, las ayudas de explotación, los cierres, los proyectos empresariales y de infraestructuras, entre otros asuntos que abordar, como la situación de las negociaciones con la Unión Europea para revertir la decisión de cierre de minas no rentables a partir de 2018.

También piden conocer el grado de cumplimiento del Mecanismo de Pago por Capacidad que “debería estar en vigor” desde el 1 de enero de 2015 en sustitución del Real Decreto de Garantía de Suministro, y la posibilidad de acompañamiento de la exención del céntimo verde. Otro de los puntos que el grupo parlamentario quiere debatir es la situación de las inversiones en Investigación y Desarrollo para la Captura y Almacenamiento de C02, con especial atención a la situación de la Ciudad de la Energía (Ciuden).

En este sentido, los socialistas recuerdan que el acuerdo incorpora la posibilidad de prorrogar las ayudas a la actividad minera hasta el 2018 e incluye la continuidad de líneas de ayuda al desarrollo alternativo de nuevas actividades económicas en las regiones afectadas. «Tras más de 2 años de vigencia del presente Plan continúan existiendo grandes incertidumbres sobre el futuro del sector, especialmente en lo que afecta al consumo del carbón nacional que garantice la continuidad de la actividad minera en España«, señala la iniciativa socialista, que recuerda que el Marco de Actuación creó una Comisión de coordinación y de seguimiento.

Los sindicatos exigen a Industria

Fitag-UGT e Industria de CCOO reclamaron también al Ministerio la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo marco del carbón. En una carta remitida al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con copia al ministro de Industria, José Manuel Soria, los sindicatos señalan que, «independientemente de la situación política del país, la grave crisis que atraviesa la minería del carbón requiere respuestas inmediatas». Así, consideran que «es más necesaria que nunca» una comisión de seguimiento del acuerdo marco para buscar «soluciones urgentes que, a través del diálogo, garanticen la supervivencia del sector y de las comarcas mineras».

En su misiva, los sindicatos insisten en la convocatoria para conocer el grado de cumplimiento del marco de actuación, firmado en 2013, así como el estado de la implementación del mecanismo de pago por capacidad que debería estar en vigor desde 2015. UGT y CCOO señalan que estos dos conceptos, que en principio serían una de las soluciones urgentes que solicitan, deberían estar resueltos «a la vista de la necesidad que atraviesa todo el sector». Asimismo, demandan información sobre el estado de la Ciuden y de las negociaciones con la Unión Europea, en los mismos términos que los diputados socialistas.

«Hay un compromiso de que las centrales térmicas seguirían comprando carbón autóctono a las empresas mineras porque el carbón es una de nuestras únicas fuentes de energía autóctona y, por ende, de garantía de suministro además de por cuestiones sociales y territoriales», apuntaron desde los sindicatos. También recordaron que España es una «isla energética» con pocas conexiones y el carbón «da independencia energética» y es un sector que estructura comarcas enteras, del que viven miles de familias. «En un momento en el que Europa vela por la despoblación, tenemos todos los ingredientes para reclamar el mantenimiento de la actividad de nuestra minería del carbón», concluyeron.

El PSOE reclama paralizar los proyectos de fracking en Cantabria y Burgos y prohibirlos en todo el país

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Europa Press / EFE.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados 2 proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica, el llamado fracking, autorizados en la provincia de Burgos y en Cantabria, y que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de esta técnica en todo el país.

Los textos, que serán debatidos en las comisiones parlamentarias de Industria y de Agricultura y Medio Ambiente, se hacen eco de la «alarma social» que estos proyectos han despertado en las zonas afectadas y cumple con el compromiso electoral del PSOE de favorecer un «modelo energético diferente» que se base en la eficiencia y las renovables, según la portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio. Así, la propuesta relativa a los proyectos en Burgos apela al «rechazo claramente mayoritario» que a juicio del PSOE han suscitado para reclamar «como mínimo» una reflexión previa a cualquier decisión, ya que los beneficios económicos «nunca demostrados» repercutirían únicamente en las empresas mientras los efectos medioambientales «adversos, ya detectados», recaerían en el territorio.

Por ello, se exige al Ejecutivo que «suspenda cautelarmente» los permisos concedidos en la provincia, que impulse modificaciones legislativas para paralizar otros proyectos de este tipo, y que paralice y prohíba en todo el país cualquier proyecto o permiso relacionado con el fracking, incluidos los de investigación. La diputada burgalesa Esther Peña señaló que espera que esta iniciativa sea la «definitiva» para terminar con la fractura hidráulica en todo el país, y ha exigido al PP que deje de «titubear» y de «hacer el paripé» de votar en contra de esta técnica en unas instituciones y fomentarla después desde el Gobierno central. «Éste es el momento para que se retraten de manera real», ha añadido.

Ander Gil, senador socialista por Burgos, también subrayó que los proyectos que ya están autorizados en su provincia son «la punta de lanza de la industria del fracking para promover otras prospecciones» en otras regiones, por lo que si su propuesta sale adelante sentaría un «precedente necesario y muy importante para pararlos», tal y como ya han hecho otros países «también dependientes energéticamente» como Francia o Polonia. Además, ha subrayado que este tipo de prospecciones suponen una «amenaza» para zonas donde la economía y el empleo dependen de forma muy importante de sectores como la ganadería o el turismo rural.

Por su parte, la iniciativa parlamentaria que se debatirá en la Comisión de Agricultura parte de la declaración institucional que todos los partidos, incluido el PP, respaldaron la pasada legislatura en Cantabria oponiéndose a esta técnica y reclamando medidas para convertir a la región en «territorio libre de fracking«. «Hay otras técnicas, vamos a luchar por las energías limpias, que en Cantabria tiene mucho futuro porque tenemos viento y mar, y también sol. Hay mucha alarma social porque son territorios de pura naturaleza y están muy preocupados porque se van a destrozar», explicó la diputada cántabra Puerto Gallego, recordando que los dos proyectos de investigación que hay en su región ya han recibido incluso el visto bueno del Tribunal Supremo.

Así, su proposición no de ley insta al Ejecutivo a «asumir y aceptar» el acuerdo aprobado por el Gobierno de Cantabria la pasada legislatura, cuando estaba presidido por Ignacio Diego (PP); y a colaborar y apoyar el I+D de energías alternativas y limpias en la región. Igualmente, piden al Gobierno que paralice la actividad de este tipo de proyectos, suspenda autorizaciones y prohíba nuevas actividades «en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad».

Los socialistas pretenden que estas dos propuestas sean sólo el primer paso para una reforma de la Ley de Hidrocarburos que prohíba de forma definitiva el fracking en toda España. Según Lucio, que también es secretaria general de Cambio Climático del PSOE, la voluntad de su formación es «iniciar el camino» en los primeros 100 días de Gobierno. En este sentido, cree que sus iniciativas contarán con el respaldo de otras formaciones políticas, con las que ha constatado una gran coincidencia en el modelo energético por el que abogan. De hecho, señala que «dos tercios» del Parlamento se pondrían de acuerdo en este tipo de iniciativas, como ya hicieron con la petición de no reabrir la central nuclear de Garoña.

Actualmente, hay previstos dos proyectos en Burgos, en fase de alegación, y tres en Cantabria, con los permisos de investigación ya concedidos puesto que son dos de las regiones que potencialmente tienen más recursos de gas no convencional. La Ley de Hidrocarburos impulsada por el PP, que entró en vigor en mayo de 2015, prevé incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle la extracción de gas no convencional mediante la rotura de las rocas del subsuelo. «Existe la voluntad política de acabar con el fracking, con las prospecciones petrolíferas y hay una apuesta por desarrollar el autoconsumo» de energía, en el marco de un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, concluyó Lucio.

Nadal se pregunta si «¿estamos locos?» por querer cerrar las nucleares a los 40 años y critica al PSOE

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó la propuesta del PSOE de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y se preguntó si «¿estamos locos?», ya que consideró que se trataría de algo similar a decretar que se iban a derruir todos los edificios o las fábricas al llegar a esa antigüedad. En este sentido, Nadal arremetió contra los socialistas por tener un «enfoque corto» en sus propuestas energéticas.

Así se expresó Nadal analizando las medidas presentadas por el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno y cuestionó que vayan a permitir crecer, innovar y avanzar a la economía y al sector energético. Sobre las nucleares, tras recordar que producen el 20% de la energía sin emitir emisiones de CO2, rechazó que se pueda tomar una decisión sobre su cierre, sin tener en cuenta si cumplen los niveles de seguridad necesarios, ya que encarecerá un 20/25% los costes del sistema. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de mantener la seguridad del suministro si se producen estos cierres, ya que el documento socialista no habla de interconexiones, que considera que serían la «única alternativa».

Nadal defendió su gestión y aseguró que la política energética, más allá de combatir el déficit, implica «hacer apuestas correctas en un mundo de continua volatilidad». Asimismo, defendió el modelo de autoconsumo energético regulado por la normativa aprobada por el Gobierno y aseguró que cambiarlo para que no pague los costes del sistema supondría que dichos costes deberían ser asumidos por el resto de consumidores. A este respecto, afirmó que «la mayor parte del autoconsumo es para calentar piscinas», por lo que tachó de «regresiva» dicha medida. Además, negó que el autoconsumo sea una medida de ahorro energético y afirmó que «está por ver que sea más eficiente porque no aprovecha las economías de escala».

En la misma línea, criticó también la propuesta del PSOE de prohibir la búsqueda de hidrocarburos porque «el petróleo no estará siempre a 30 dólares». «Nos convertiríamos en el único país que no tiene ningún interés en buscar hidrocarburos. España puede tener el récord de ser el único país de ni tiene nuclear ni busca hidrocarburos», ironizó. Por último, se mostró en contra del hecho de que la pobreza energética no esté vinculada a la política social y rechazó también la medida de permitir dejar de pagar la luz y el gas a las personas con problemas económicos, ya que supondría que dicho coste lo debería asumir el sector eléctrico.

En cuanto al programa energético de Podemos, se limitó a apuntar que «no es la realidad» porque va contra las directivas europeas. Frente a esto, abogó por mantener como propone el PP el equilibrio de las cuentas, fomentar la eficiencia energética, buscar hidrocarburos, desarrollar interconexiones y equilibrar generación convencional y renovables, en su opinión las claves para «la política energética para los próximos 50 años».

El PSOE propone nuevas leyes de cambio climático y transición energética dentro de un pacto de Estado de la Energía

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Redacción / Agencias.- El Programa para un gobierno progresista y reformista que el PSOE ha elaborado como punto de partida en las negociaciones con otras fuerzas políticas recoge, entre otras medidas, nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética. La propuesta socialista pasa por alcanzar un sistema eléctrico que se base en las energías renovables en 2050 y para ello promoverá un «gran Pacto de Estado de la Energía» que facilite la transición energética y aporte estabilidad a la política energética de España.

Este pacto incluye un plan de cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil, la prohibición de los proyectos de fracking y la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. En este sentido, prevé la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2 para los objetivos 2020/2030/2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo energético, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.

Modificar Ley de Contratación Pública

Hay un aspecto en el que el PSOE pone más acento que en lo que aparecía en su programa electoral, que es en la modificación de la Ley de Contratación Pública, en la que plantean incluir nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. También contempla escenarios de largo plazo para Zero emisiones y la generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.

El PSOE también señala como prioritario acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición». Otros de sus compromisos para formar gobierno pasan por regular el autoconsumo incluido, incluido el denominado impuesto al sol, y se compromete a elaborar un marco regulatorio estable en esa materia, en la modalidad del balance neto.

En materia energética, propone la creación de un fondo verde para la transición energética que se alimente «con parte del nuevo impuesto al CO2» que se destinará a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a la transición. Para el objetivo de reducir las emisiones en las ciudades, plantea un plan para la rehabilitación sostenible de viviendas con el que pasar de 23.000 viviendas al año rehabilitadas a las 200.000 viviendas en 2025.

El PSOE señala que el Congreso puede pedir el cese del CSN mientras Castilla y León pide anteponer la técnica

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EFE.- La secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, indicó que el Congreso de los Diputados puede instar al cese del presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y demandó explicaciones a su máximo responsable, Fernando Martí, tras la decisión adoptada por este organismo regulador, que informó favorablemente sobre varias actuaciones para la reapertura de la central de Garoña, cuyo propietario, Nuclenor, solicitó una licencia para volver a operar hasta el año 2031.

Precisamente, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, había registrado una carta en el CSN en la que pedían una moratoria al presidente y a los consejeros del regulador en el proceso de evaluación hasta la constitución del nuevo Gobierno. Por ello, la portavoz socialista de energía acusó al CSN de plegarse al Gobierno en funciones al decidir continuar con el proceso de evaluación de la renovación de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), no escuchando a los grupos parlamentarios cuando «por respeto» debería haber considerado y respetado el contenido de la misiva.

Debe dar explicaciones al Parlamento

«El Gobierno es ejecutor», pero a quien tiene obligación de dar explicaciones es al Parlamento, enfatizó Pilar Lucio, quien recordó el artículo 7 de la Ley de Creación del CSN: «El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese de Presidente y Consejeros». «Esto debe quedar perfectamente claro», añadió la responsable socialista, que recordó que tanto su grupo como el resto de formaciones que firmaron la mencionada misiva han exigido la comparecencia de Fernando Martí una vez se constituya la Comisión de Industria y Energía en la Cámara Baja.

En su opinión, la decisión del CSN muestra a las claras que las órdenes del Ejecutivo en funciones «se cumplen sin dilación y las peticiones del nuevo legislativo son totalmente ignoradas». «La moratoria es una petición legítima, perfectamente realizable si el presidente así lo quisiera, ya que es él quien decide los puntos del orden del día a incluir en los plenos» del CSN. «El CSN ha vuelto a hacer caso a las exigencias de un gobierno en funciones y ha dado la espalda al Congreso una vez más», insistió.

En caso de prosperar la renovación de la licencia de autorización de Garoña sería la primera vez en la historia del país en que se permitiría a un reactor operar 60 años, en lugar de 40 años, y que dicha licencia tuviera una duración de 17 años, cuando hasta el momento el máximo fue de 10 años. «Pedimos sentido común y un debate sosegado sobre nuestro modelo energético en un proceso de transición, en el cual estamos la gran mayoría de acuerdo, pero en el que el CSN va en la dirección opuesta», concluyó Lucio.

Anteponer conclusiones científicas en Garoña

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, reclamó anteponer las conclusiones científicas a los planteamientos políticos sobre el futuro de la central nuclear de Garoña y reconoció que, si se garantiza la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista científico, el Ejecutivo autonómico estaría «encantadísimo» de que la central nuclear burgalesa pudiera seguir activa, pero insistió en que se trata de una decisión «al margen de la política». «Son muy importantes los puestos de trabajo, pero también que se cumpla lo que diga el CSN», resumió la vicepresidenta, convencida de que deben ser los científicos los que den «garantías» sobre el futuro de Garoña.

«Que el CSN afronte indemnizaciones»

Por otro lado, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), emplazó a los miembros del CSN a que «paguen cualquier posible indemnización que pudiera derivarse» de la reapertura de Garoña. En este sentido, indicó que la posición del PP «es claramente favorable a la reapertura» de la central burgalesa y que un próximo Gobierno podría denegar la reapertura posteriormente, con lo que los propietarios de la instalación, Nuclenor (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar por lo tanto una indemnización. Ante esta posibilidad González invitó públicamente a los miembros del CSN a que paguen esa posible indemnización, ya que «si quieren seguir amparando una decisión del PP, entonces que se hagan responsables personales de sus actos«.

Fuentes forales confirmaron que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava se personarán conjuntamente «de manera inmediata» en el expediente de reapertura de Garoña, para mostrar su «disconformidad con cualquier acto administrativo encaminado a la reapertura de la central». Si pese a los fundados motivos jurídicos no se permitiera la personación de la Diputación, ésta recurrirá, anunció González. El ejecutivo foral y el Gobierno Vasco solicitaron un informe jurídico sobre las posibilidades de actuación legal en el procedimiento de reapertura de la central, «ya que no se ha tenido en consideración la opinión de Álava en ningún momento». Este informe jurídico concluyó que la entidad «tiene que ser parte en dicho procedimiento, ya que tiene un interés directo».