El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

El Gobierno prepara con Podemos, a falta de acuerdo con el PP, los consejeros que renovarán el pleno del CSN

Europa Press.– El Gobierno ha decidido ya a quien quiere situar en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y está a la espera de alcanzar un acuerdo con el PP, que se resiste a perder peso en el regulador nuclear en beneficio de Podemos, ya que la propuesta socialista incluye sentar en el Consejo a un representante de Unidos Podemos.

En la actualidad, el presidente del CSN, Fernando Martí, está en situación de prórroga desde el 28 de diciembre, cuando expiró su mandato, igual que Jorge Fabra, consejero del ala socialista que sustituyó a Cristina Narbona, pero quien desde el pasado 2 de febrero ha cesado definitivamente en sus funciones por jubilación, al cumplir 70 años de edad. Esa es la fecha límite que marca el estatuto del regulador atómico para ocupar un asiento en el pleno, de acuerdo con la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que data de abril de 1980.

De este modo, quedan con mandato vigente Javier Dies, propuesto por el PP, así como la vicepresidenta, Rosario Velasco, del PSOE, y Fernando Castelló, también del PP, aunque estos dos últimos también terminarán su mandato el próximo 22 de febrero. En definitiva, en este momento, de los 5 miembros del pleno, uno está cesado, otro en funciones y otros dos lo estarán en una semana. Actualmente el pleno solo cuenta con 4 miembros, frente a los 5 habituales y, de acuerdo con la normativa del CSN, en caso de empate, será el presidente, Fernando Martí, quien tome la última decisión.

Según explicaron fuentes socialistas conocedoras de la negociación, el Gobierno formalizará próximamente su propuesta a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, pues el regulador nuclear rinde cuentas ante el Parlamento. El Ejecutivo quiere plasmar en el pleno del CSN el actual reparto de fuerzas parlamentarias y, por tanto, quiere dar un sitio a Podemos, con quien ha pactado el perfil del nuevo consejero. Así, el candidato a entrar, según han confirmado estas fuentes, sería el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Sin embargo, Castejón no es bien visto por el PP, que se opone «hasta el momento», siempre según estas fuentes, a su nombramiento al considerar que no es apto para el cargo por ser un declarado contrario a la energía nuclear y porque con el nuevo reparto propuesto por el Gobierno los populares perderían un asiento en el pleno del regulador. Eso sí, hasta ahora y desde la marcha de Antonio Gurguí, propuesto por el antiguo CiU, el PP tenía una mayoría en el pleno del regulador, donde contaba con Javier Dies, Fernando Castelló y el presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Los candidatos, que serán propuestos próximamente a la Comisión, tendrán que exponer su idoneidad para el cargo y ser refrendados por tres quintos de la Comisión, una mayoría para la que el PSOE y Podemos necesitan los votos del PP, grupo que podría presentar un veto razonado a los candidatos. En caso de no obtener esa mayoría, un mes después de la fallida votación el Gobierno puede aprobar los nombramientos por Real Decreto. Así fue precisamente el nombramiento de Javier Dies, por Real Decreto Ley el 16 de diciembre de 2015, ya que la Comisión de Industria consideró que pese al perfil nuclear del candidato, su nombramiento daba una mayoría absoluta al PP en el reparto de fuerzas del regulador.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de creación del CSN, los consejeros seguirán en su puesto hasta que tomen posesión sus sucesores. En caso de que no se hayan designado nuevos consejeros, el artículo 9 del estatuto del CSN señala que el secretario general del regulador comunicará al Congreso de los Diputados la situación de prórroga del presidente o consejero o consejeros «en la fecha en que dicha prórroga supere 6 meses«.

Precisamente, desde Ciudadanos han reclamado la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique los planes para renovar el CSN puesto que, según la formación naranja, el Ejecutivo tiene el nuevo pleno «acordado y pactado en una habitación oscura» con PP y Podemos. El portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, denunció que el Gobierno «sigue practicando» en el CSN la «política del dedazo» y considera que «se tiene que acabar el pasteleo de los partidos nombrando a dedo las instituciones públicas» y apostar por perfiles más profesionales, especialmente para cuestiones como la seguridad nuclear.

En este sentido, ha recordado que, tras su llegada a la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez «quitó» de la presidencia de ENUSA a un ingeniero que llevaba en el sector 20 años, «para poner a un filósofo«. «Esa actitud de colonización de las instituciones es lo que nos ha llevado a la corrupción y la mala gestión y eso se tiene que acabar», ha insistido.

Lo cierto es que las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós (Tarragona) tienen puesto el cronómetro con la vista puesta en la fecha de 31 de marzo de 2019. Para entonces, siempre y cuando el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, deberán presentar su solicitud de renovación de su licencia de explotación, que expira en 2020. Sin embargo, si el Plan no está aprobado para entonces, Almaraz tendría algo más de plazo, hasta el 7 de abril, y Vandellós hasta el 21 de mayo, para presentar formalmente su solicitud.

En todo caso, si las plantas presentan su solicitud y no hay cambios en la política energética, el regulador aún tardará un año en analizar el resto de la documentación y como pronto el regulador no tendrá una decisión hasta marzo de 2020. Hace dos años ambas plantas presentaron la documentación asociada a su autorización de explotación, que fuentes internas del CSN aseguran que se estudia según la tramitación habitual.

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Pedro Sánchez anuncia 235.000 millones de euros para combatir el cambio climático en España durante los próximos 10 años

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos 10 años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

Sánchez ha augurado que el «gran potencial» de las energías renovables «va a ser una realidad» durante los próximos 10 años y asegura que el Gobierno tiene una agenda «ambiciosa e integral» contra el cambio climático. A su juicio, los «peligros» se pueden superar con «ingenio y pasión» y ha lamentado la pérdida de «ingenio y pasión» durante una década a consecuencia de la crisis económica y financiera, cuando «muchos» jóvenes se fueron. Pero ha señalado que ahora hay «una década por ganar» y recuperar ese «talento» en un contexto en el que España está «decidida a contribuir a una economía global, justa y ecológica».

El jefe del Ejecutivo ha destacado las acciones en materia de cambio climático acometidas por el Gobierno socialista durante 7 meses y ha defendido que esta apuesta se observa también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde la I+D+I tiene un incremento del 5,1% respecto a 2018 y «todas» las partidas relacionadas con la materia experimentarán crecimiento. «Se trata de medidas concretas, reales, contables y efectivas», ha citado el presidente, que ha añadido que España trabaja en una agenda integral, con objetivos claros en toda la acción del Gobierno bajo la premisa de que la transición ecológica sea «socialmente justa» y no deje desprotegido «a nadie».

Sánchez ha advertido de que las afirmaciones negacionistas «cada vez son más comunes» en distintos ámbitos y ante estos «prejuicios» reivindicó la herencia de la «ilustración» por la que considera que «antes de cualquier ideología posible están la razón y la ciencia». En ese marco agradeció la labor de los activistas y de los científicos «comprometidos» que han abierto el camino y han mantenido «la llama y la tensión» y han logrado que el cambio climático esté cada vez más presente en la agenda política.

Por ello, ha subrayado que aunque el nombre del Ministerio, «Transición Ecológica», no crea una realidad, sí contribuye a generarla y el concepto incluye las dos palabras que «marcan la tarea» en la que está embarcado el Gobierno y el mundo, que no es otra que hacer la transición de un modelo económico a otro que ponga la ecología en el centro de las decisiones.

«Queremos políticos audaces, valientes y que hagan pedagogía a la ciudadanía. Necesitamos políticas que vayan más allá de lo previsto y nunca más acá, que es lo que nos encontramos. No hay tiempo para titubear ante el cambio climático. Somos la primera generación del cambio climático y la última que tiene poder para detenerlo. Somos ahora o nunca», ha sentenciado.

Obligados a repensar la energía

El presidente destacó que el Gobierno es ambicioso y ha hecho progresos contra el cambio climático, una cuestión que ha marcado la agenda política global durante «unos 10 años» y seguirá haciéndolo. En ese sentido, para Sánchez el cambio climático «no entiende de países, ideologías y civilizaciones y ha augurado que ningún esfuerzo local con respuestas individuales podrá ser suficiente.

Así, considera que con la razón y la ciencia la realidad climática obligará a «repensar» el modelo energético, las transformaciones sociales o el modo de producir o consumir, así como aprobar una legislación que no es «muy popular» porque exige una «adaptación incómoda en el corto plazo» como la transformación de la industria, el cambio de los hábitos automovilísticos, la necesidad de cambiar el perfil de las ciudades. Para ello, cree que la política tiene que hacer pedagogía y ha reclamado «comprensión» a los ciudadanos. De este modo, pide a los ciudadanos que acompañen al Gobierno en el camino y se comprometan a nivel personal para frenar el cambio climático y adaptarse a las consecuencias.

En definitiva, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el multilateralismo para adoptar un acuerdo global y social pero para ello es necesario el liderazgo para construir compromisos y ha advertido de que los próximos pasos serán «determinantes» y, ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo, opina que Europa tendrá «el reto» de impulsar el liderazgo en la transición». En ese ámbito, considera que en las elecciones quienes «dudan o están dispuestos a negociar con los que dudan del cambio climático no pueden tener un peso en el Parlamento europeo para abordar un problema tan global» y ha garantizado la apuesta del Ejecutivo por una lucha integral contra el cambio climático como un tema transversal de las políticas.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, calificó de «relevante» el liderazgo de España en materia de cambio climático aunque ha señalado que en este «gran desafío» los Gobiernos son «actores» en el marco multilateral pero ha recordado que la acción va más allá de los gobiernos y hay que buscar actores no estatales para desarrollar una agenda «incluyente».

Espinosa ha dicho que la lucha multilateral contra el cambio climático es un régimen basado en la confianza mutua de que los demás hacen su parte y de forma colectiva se alcanzan las metas. «El cambio climático no conoce fronteras. Lo que se haga en un lugar tiene efectos en todas las demás regiones del mundo. El comercio de emisiones está referido a 20 o 30 países, sin embargo hay más de 100 países que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático«, precisó.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

Ciudadanos critica que el Gobierno socialista haya prorrogado la plataforma petrolífera Casablanca que opera Repsol en Tarragona sin informe medioambiental

Europa Press.- Ciudadanos cuestiona que el Gobierno decidiera prorrogar la concesión de la plataforma Casablanca para la explotación de hidrocarburos, que opera Repsol, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental, y se pregunta si este expediente no debería haber sido sometido a este trámite, de acuerdo con las directivas comunitarias de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio marino.

Así lo manifiestan a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso por los diputados Fernando Navarro, José Luis Martínez González y Sergio del Campo, para la que han solicitado respuesta escrita del Gobierno. «Parece haberse hecho atendiendo meramente al cumplimiento de los requisitos legales por la concesionaria, pero sin ningún estudio de impacto ambiental, todo ello en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como es el Mediterráneo», inciden. Por ello, preguntan si esta prórroga era «obligatoria o potestativa para el Gobierno» y, si así era, qué razones llevaron a ello y si esta decisión es congruente con «la política de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles».