El PP propone excluir a las instalaciones renovables más pequeñas de la revisión a la baja de su rentabilidad razonable

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El PP ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para excluir a las instalaciones de energías renovables de pequeño tamaño de la revisión de su rentabilidad razonable prevista para el periodo 2020-2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa de retribución para el segundo periodo regulatorio 2020-2025 del 7,09% para la actividad de producción con renovables. Esta propuesta supondría un recorte del 5,5% con respecto al 7,5% vigente.

En concreto, en su iniciativa el grupo popular pide una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, para fomentar así estas instalaciones de producción de energías renovables que cuenten con una potencia inferior a los 300 kW. En el texto, señala que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, aprobada por el anterior Gobierno del PP, establecía una serie de medidas que tenían como finalidad básica la regulación del sector eléctrico, garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

El déficit de tarifa en el sistema eléctrico español llegó a alcanzar más de 6.000 millones al año en 2008 o más de 5.500 millones en 2010, lo que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas de urgencia en 2012. Entre las medidas adoptadas figuraron, en primer lugar, el Decreto Ley 1/2012 por el que se procedía a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.

Del mismo modo, el Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Además, el Decreto Ley 9/2013 establecía que los parámetros sobre los que gira la rentabilidad razonable se fijaran teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años, modificando de este modo las rentabilidad existentes para este tipo de instalaciones.

Esta batería de normativas consiguió en 2014 que el sistema eléctrico cerrara su primer ejercicio con superávit de tarifa, después de años consecutivos de déficit. Así, en su proposición, el PP destaca que las energías renovables se han desarrollado y han reducido su precio de un modo exponencial. Por ello, cree necesario revisar, potenciar, dar seguridad y fomentar las instalaciones de producción de energía eléctrica con energías renovables y comenzar con aquellas de menor tamaño.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

El Congreso pide impulsar una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en sectores difusos hasta 2030

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los votos favorables de PP y Cs y la abstención del resto de grupos, que pide al Gobierno que impulse una Hoja de ruta 2030 para la reducción de los gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

La iniciativa, planteada por el PP incorpora una enmienda de Ciudadanos, de modo que se pide al Gobierno que esa hoja de ruta con horizonte en 2030 establezca una estrategia para cumplir con las obligaciones internacionales para reducir los gases invernadero y que desarrolle políticas de energías renovables y de eficiencia energética. Además, la proposición reclama una participación activa y constructiva en las políticas de energía y cambio climático que se aplicarán en la Unión Europea en el periodo 2021-2030 así como en los procesos de negociaciones de Naciones Unidas.

En 2008 la Unión Europea estableció objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que fija una reducción de emisiones de CO2 del 20% respeto a 1990. El Gobierno presentó en 2014 la Hoja de Ruta de Sectores difusos hasta 2020 que incluía 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el residencial, transporte, agrícola, gases fluorados e industria no sujeta al sistema de comercio de derechos de emisión.

Según la propuesta, las medidas de la Hoja de Ruta adicionales a las ya existentes permiten a España desacoplar el crecimiento y las emisiones y cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030. En la actualidad se estima que aplicar acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con una inversión pública de 8.000 millones y otros 19.000 millones de inversión privada, que generarían un ahorro acumulado de 21.000 millones de euros.

El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

Monago asegura que Extremadura «no es viable» sin la nuclear de Almaraz y defiende que «no hay alterativa» al cierre

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región «no es viable» sin la central nuclear de Almaraz y ha defendido que «no hay alternativa» a su cierre, por lo que apuesta por la «prórroga» de su licencia de explotación.

«No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la central nuclear de Almaraz», ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central. José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la «miseria», el «hundimiento» y la «emigración masiva» en la zona, por lo que ha considerado que es momento de «mojarse por Extremadura». «¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar», ironizó Monago, quien añadió que el presidente extremeño «tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder okupar La Moncloa al señor Sánchez», ha aseverado.

Cierre de centrales de generación

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del PP en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene «mucho que ver» con Extremadura, como es la de la central nuclear de Almaraz. Asimismo, Monago ha recordado que el PP presentó en el Congreso una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad «tan importante» como puede ser la actividad nuclear y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que «no muera la provincia de Cáceres». «No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz», ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va «a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado, yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias», ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado la proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como remarcó Mariscal, entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño. Unos grupos que a su juicio «hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia», concluyó.

El PP presenta una moción para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica viables

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- El PP ha presentado una moción en el Senado para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica «viables» de forma unilateral y sin tener en cuenta «el interés general» ni los objetivos o garantías de suministro y cambio climático e «impacto en el precio de la electricidad». Esta iniciativa está así en línea con la propuesta de Ley que intentó sacar adelante el anterior Gobierno, que pretendía endurecer los criterios que tenía que cumplir una eléctrica para cerrar una central de generación.

En este nuevo intento en el Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría, el grupo parlamentario insta también al Ejecutivo a mantener el carbón como componente del mix energético, «planteando los términos de una transición justa del sector minero en términos de transición, no de cierre, y defender los pagos por capacidad de las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red, siendo las centrales térmicas indispensables para el control de la red y abaratamiento de la factura de la luz».

Una interconexión eléctrica del 15%

Asimismo, solicita continuar impulsando «decididamente» la instalación de renovables y biomasa que complemente los más de 28.000 megavatios (MW) de solar fotovoltaica que, o bien están operando o están en proceso de construcción, los 2.300 MW de termosolar y 23.000 MW de energía eólica, para cumplir los objetivos de penetración de renovables y emisiones de CO2 en el año 2030 y 2050. Además, en su iniciativa insta a impulsar las interconexiones energéticas de España y «poner todos los medios necesarios» para que en el año 2030 se alcance un mínimo del 15% de interconexión en redes de transporte de electricidad.

Por otra parte, pide al Gobierno replantearse la decisión de crear un nuevo impuesto especial para el diésel, por lo perjudicial que supondría para la industria automovilística, el sector agrario, los autónomos, los transportistas y para todos los usuarios propietarios de vehículos diésel. De esta manera, ve necesario apostar por un nuevo modelo sostenible de transporte con cero y bajas emisiones, «pero exigiendo un modelo de transición ordenada para que la economía, la industria y los consumidores se puedan adaptar a este nuevo modelo energético».

La central nuclear de Almaraz

Por otro lado, el PP de la provincia de Cáceres ha denunciado que el cierre de la central nuclear de Almaraz supondría terminar «de golpe» con el futuro de la comarca de Campo Arañuelo, además de destruir «de inmediato» cientos de puestos de trabajo, y provocar que las familias extremeñas pagasen un 15% más por la luz y las empresas afrontasen un incremento del 25%.

El presidente del PP de la provincia de Cáceres, Laureano León, se reunió con los alcaldes, portavoces y presidentes locales para abordar este asunto que «preocupa» a los dirigentes del PP, que «quieren evitar el cierre de la central» y «conseguir un compromiso serio» del Gobierno de España, de la Asamblea de Extremadura y de la Diputación de Cáceres. Por ello, no descartan impulsar movilizaciones ante la «preocupación» por esta situación de Campo Arañuelo, e informar a todos los vecinos de la zona de lo que supondría el cierre de la central, entre otras acciones.

Cabe recordar que el PP ya ha solicitado en el Congreso que se modifique la Ley de cierre de estas instalaciones, y ha pedido al PSOE que rectifique su postura del sí al cierre de la central nuclear, al tiempo que pide al Gobierno de España que «reflexione» y «rectifique». «Que el Gobierno defienda el no al cierre de las centrales nucleares, porque tener una energía a un precio desorbitado es sinónimo de pérdida de competitividad de nuestra industria y de empleo, y el objetivo del PP es seguir creando condiciones óptimas en nuestra sociedad para continuar creando empleo», concluye.

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

/0 Comentarios/en , , , , , , , , /por

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

José Antonio Monago, líder del PP extremeño, augura que «la central nuclear de Almaraz la van a cerrar los socialistas»

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz «la van a cerrar los socialistas y van a hundir tanto a una comarca entera como a la producción industrial de la comunidad autónoma».

Cuestionado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, Monago ha afirmado que «el problema no es el almacén, el problema es la central, la cual hundirán los socialistas».

Monago le ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie sobre este tema y sobre la inexistencia de alternativas para la comarca.

En este sentido, ha recordado que el PP ha hecho una propuesta en las Cortes para evitar el cierre unilateral por parte de una empresa en este ámbito, por ejemplo en el caso de Almaraz, en la que no han contado con el apoyo ni del PSOE, formación cuyos máximos dirigentes son «antinucleares», ni de Cs, partido que se ha puesto «de perfil».

El almacén recoge los residuos que produce la central, ha indicado, pero lo que «interesa saber es que pasará con los miles de empleos directos e indirectos y con la actividad y tributación que genera, y cómo se resolverá el aumento previsto en un 20% del precio del recibo de la luz tras el cierre de las nucleares».

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.