Podemos urge a Nadal a reformar la factura eléctrica y sus costes en vez de hacer «rogativas para que llueva»

Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.

«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».

Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».

Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».

Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».

Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.

Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.

También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.

Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».

El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.

Ciudadanos quiere que la AMAC exponga en el Congreso sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia para que la presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Raquel González, exponga en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, su visión y sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y las necesidades que, desde los municipios afectados, están detectando en dicho proceso.

El ejecutivo anunció el pasado mes de agosto el cierre de esta planta, situada en la provincia de Burgos, aunque se espera que su desmantelamiento suponga, aún, un periodo de entre 10 y 15 años. AMAC ya ha planteado en varias ocasiones que es antes de este periodo cuando el Ejecutivo tiene que presentar planes económicos alternativos para la comarca afectada por el cierre de Garoña que, en su mayoría, dependía económicamente de ella. «Tenemos miedo a la despoblación», declaró González, que también es alcaldesa del municipio burgalés del Valle de Tobalina , y expuso sus preocupaciones ante la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según González, la principal preocupación de la comarca es actualmente «la despoblación» y «lo que viene después» del periodo de desmantelamiento de la planta. Pero, además, desde AMAC piden al Ejecutivo que les dejen participar en el desarrollo de ese plan económico alternativo ya que, a su juicio, los ciudadanos y sus representantes son quienes conocen las verdaderas necesidades locales. Así, denunció que el cierre de Garoña fue «una decisión que se toma desde un entorno ajeno», como es «un despacho en Madrid«, mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

CCOO pide a Podemos, PSOE y Ciudadanos reconsiderar la moción que aprobaron en el Congreso ya que liquida la minería

Europa Press.- Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha instado a Podemos, PSOE y Ciudadanos a reconsiderar la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en la que hacen varias peticiones al Gobierno ya que supone, a su juicio, «acabar con la minería del carbón». El sindicato subraya que estos partidos políticos, con la excusa de eliminar los combustibles fósiles, «desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras«.

El sindicato recuerda que en otras ocasiones estas formaciones políticas, en lugar de aniquilar un sector que mantiene «muchísimos puestos de trabajo», han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar «correctamente» los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono y que cumplen con todos los acuerdos europeos sobre combustión limpia. Asimismo, subraya que debe ser en el grupo de expertos creado por el Ministerio de Energía para analizar los escenarios de transición energética y cumplir con el Acuerdo de París donde se debe incidir en que los escenarios propuestos tengan en cuenta la sostenibilidad técnica, económica y social. Para CCOO, es «fundamental» una transición energética que contemple estas cuestiones.

El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.

El Congreso reclama que las compañías de distribución eléctrica compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores inteligentes

Europa Press.- El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las empresas de distribución eléctrica compartan con los clientes la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales. La propuesta, llevada a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el PP, ha sido respaldada además por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias, mientras que los diputados de Unidos Podemos han decidido votar en contra.

La finalidad es poder comparar su consumo con el de otros consumidores o establecer un análisis por períodos de tiempo, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso pide potenciar el desarrollo de aplicaciones que permita a los usuarios aprovechar todo el potencial de los datos de los contadores inteligentes e impulsar la adquisición de electrodomésticos eficientes que permitan aprovechar los datos de los contadores para una mayor eficacia energética y menor coste para los usuarios.

También llama a que las empresas de distribución publiquen en abierto los datos de consumo, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, para que a partir de ellos puedan sacar conclusiones sobre tendencias de consumo eléctrico. Por último, el Congreso reclama que las empresas comercializadoras establezcan una mayor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, como las cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales, o información en relación al Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y al Bono Social, con el fin de que los consumidores puedan evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores «con información veraz, transparente, completa y sencilla».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El Parlamento balear acudirá al Constitucional para defender la tramitación nacional de la prohibición de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

Europa Press / EFE.- La diputada autonómica de Gente por Formentera, Silvia Tur, anunció que el Parlamento de las Islas Baleares acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la tramitación de la proposición de Ley para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo. Según explicó es el siguiente paso después de que la Mesa del Congreso se pronunciara de nuevo en contra de la iniciativa legislatura que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara balear.

Críticas a PP y Ciudadanos

En este sentido, el PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi y Gente por Formentera han exigido a PP y Ciudadanos, los otros partidos con representación en el Parlamento de Baleares, que levanten el veto de la Mesa del Congreso que impide la tramitación de la ley antiprospecciones propuesta desde Baleares. Representantes de los 6 partidos han comparecido para instar al PP y a Ciudadanos a que reclamen a sus representantes en el Congreso que respeten el acuerdo unánime del Parlamento balear, que remitió la proposición de ley para la prohibición de trabajos de búsqueda de hidrocarburos en todo el Mediterráneo español.

Al persistir el veto a la iniciativa, establecido en junio a instancias del Ministerio de Energía, estos partidos promoverán que la cámara legislativa autonómica recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional. Los partidos de izquierdas y regionalistas consideran que el informe del Ministerio en que se basó el rechazo «se fundamenta en premisas arbitrarias y en parte falsas» y lamentan que la petición de reconsideración del veto remitida a la Mesa por el Parlamento fuera rechazada tras argumentar que este rechazo se debió a que el reglamento de la cámara no considera que los grupos del Parlamento de Baleares estén legitimados para que su solicitud pueda ser tenida en cuenta.

PP: “No habrá prospecciones petrolíferas”

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Baleares y ha insistido en que «no habrá prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y que además no costará ni un euro público en indemnizaciones«. Así lo aseveró al ser preguntada por la iniciativa conjunta que han presentado miembros del Parlamento balear pidiendo al PP y Cs que «levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo».

En este punto, Prohens ha recordado que «las autorizaciones las hizo el Gobierno de Zapatero con el visto bueno del actual senador socialista Francesc Antich» y ha añadido que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, que era en aquel momento director general, «no alzó la voz» en contra de los proyectos de prospecciones en aguas de Baleares «por miedo a perder su cargo«, ha afirmado. Con todo, la popular ha recalcado que el Gobierno de Rajoy «ha ido revocando, una tras otra, todas las licencias que fueron concedidas», y todo ello, ha dicho, «gracias a los informes de impacto medioambiental que fueron enviados por Biel Company (PP) en su etapa de consejero».

Ciudadanos: “Mediterráneo libre de prospecciones”

Por otro lado, la diputada autonómica de Ciudadanos, Olga Ballester, ha asegurado que su partido trabaja «por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones, así como un modelo energético sostenible». Ante el nuevo veto del Gobierno a que el Congreso debata la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, Ciudadanos Baleares critica dicha decisión, que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de prospecciones«, según Ballester.

Ballester ha precisado que el veto del Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, ha sido ejercido «dentro de las facultades que le otorga la Constitución». «Desde Ciudadanos ya hemos explicado en repetidas ocasiones que no nos vamos a oponer a esa facultad constitucional que tiene un gobierno pues entra dentro de las normas del funcionamiento del Congreso», reivindicó Ballester. Según Ballester, que la Mesa del Congreso se oponga a que el Gobierno pueda ejercer esa facultad que le otorga la Constitución «solo conlleva que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional y éste paralice la iniciativa hasta que dicte resolución«.

Ante las críticas de los partidos del pacto de gobierno en Baleares al voto en contra de la propuesta por parte del PP y de Ciudadanos, Ballester ha dicho que «PSOE, MÉS y Podemos continúan con la política inútil de la confrontación, y no la de la solución y el acuerdo» y les acusó de «volver a señalar y confrontar». Ha defendido que Ciudadanos no hará política de cara a la galería y sigue trabajando por otras vías para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones.

Ballester explicó que Cs registró una iniciativa en el Congreso que está pendiente de debate, «pidiendo que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas mediterráneas españolas, así como la aceleración de la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como zona ZEPIM, que llevaría implícita la prohibición de las prospecciones«. La diputada mencionó también varias preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para clarificar los criterios del Gobierno en el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

La Agencia Tributaria pide endurecer la ley contra el fraude del IVA en las gasolineras

Europa Press.- La Agencia Tributaria demanda modificaciones normativas con el fin de endurecer la ley contra el fraude del IVA en las gasolineras, mejorar los controles para detectar rápidamente estas ilegalidades y así poder expulsar del mercado a los operadores que actúan irregularmente.

Así se desprende de las respuestas del Gobierno a los diputados de Ciudadanos Vicente Ten Oliver y Saúl Ramírez, y a los dos de UPN, Íñigo Alli y Carlos Salvador, que se habían dirigido al Ejecutivo preguntando por las actuaciones realizadas para combatir este fraude.

En su respuesta, fechada el pasado 1 de septiembre, la Agencia Tributaria manifiesta su preocupación por el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y asevera que «lleva años trabajando en este problema, y especialmente en este momento, en varias líneas para poder atajar el fraude».

Entre ellas, reconoce que ha trasladado propuestas de modificaciones normativas dirigidas a evitar la admisión al sistema de operadores fraudulentos, conseguir la expulsión del sistema de estos operadores cuando aparecen, y la rápida detección del fraude cometido, entre otras.

Asimismo, también asegura que ha impulsado la especialización de personal de la AEAT para la detección de entidades susceptibles de cometer este fraude y que se han emprendido actuaciones recaudatorias para recuperar la deuda de IVA no ingresada por los operadores, considerando como delitos aquellos impagos cuando detecta que son planificados y deliberados.

No cuantifica ni el fraude ni el número de inspecciones

Al registrar el pasado mes de junio su pregunta en el Congreso, Ten Oliver demandaba conocer el plan de actuación del Gobierno para acabar con un fraude a la Hacienda Pública que, según los últimos informes, ronda cada año los 540 millones de euros por no pagar el IVA «y otros mecanismos».

El diputado de la formación naranja pregunta al Gobierno por el cuál es el total de impuestos que dejan de recaudarse «por culpa del fraude en gasolineras» y el número de inspecciones que se han llevado a cabo en el último año en dicho sector, con el número de situaciones fraudulentas detectadas.

Pese a ello, Hacienda no precisa estimación alguna de la cuantía defraudada ni tampoco el número de actuaciones realizadas, sino que se limita a decir que estas son «muy numerosas». «Son muy numerosas las inspecciones que tienen como objeto el sector tanto en los Impuestos Especiales a los que están obligados, como al IVA o a los Impuestos Directos», señala.

Ciudadanos reclama más participación social en la Ley de Cambio Climático y apostar por una fiscalidad verde

EFE.- Una de las grandes tareas parlamentarias de este curso es la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que Ciudadanos reclama un «mayor debate social y participación» en tanto que implicará un «cambio total de mentalidad» en las personas. Así lo cree José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos y portavoz del grupo en la Comisión de Cambio Climático.

«La futura Ley de Cambio Climático, que permitirá dar cumplimiento por parte de España a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de París, va a implicar cambios tremendos en la manera de producir y consumir, por eso es vital que cuente con un gran apoyo social«, explica el diputado. Para Martínez, esa implicación de la sociedad española debe ir «mucho más allá» que las jornadas de dos días que organizó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mayo.

«Queremos que la ley que regule la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono sea ambiciosa. Para que esto sea así su elaboración debe ser más participativa y abierta, la gente tiene que estar implicada desde la base porque requiere un profundo cambio de mentalidad», añade. La transición que promoverá la nueva regulación supondrá, según Martínez, «una oportunidad de crear trabajos y de atraer inversiones» hacia esta nueva economía, en la que «la prosperidad estará disociada de la emisión de gases contaminantes«.

Martínez reconoce que uno de los primeros pasos del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo será «abandonar el uso del carbón en España de manera progresiva, contemplando planes económicos alternativos para las comarcas afectadas». Además, la ley debe «apostar fuertemente por un modelo energético basado en las energías renovables, por la eficiencia energética, por la promoción del coche eléctrico y por una fiscalidad verde, en la que el principio de que quien contamina paga se lleve a rajatabla». «Esa nueva fiscalidad es imprescindible», recalca.

Martínez incide también en que la ley debe de hacer que la contratación pública siga las pautas del nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono. «La contratación pública en España representa alrededor de 20% del PIB, por tanto aquí hay un margen de maniobra tremendo para cambiar el rumbo de las cosas», señala. Martínez cita como ejemplos de cosas que pueden hacerse desde la contratación de las administraciones, la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, el uso de coches eléctricos para los desplazamientos, o la autogeneración renovable.

El diputado insiste en que es «necesario y urgente» que el Congreso elabore una ley de Cambio Climático «transversal» que afecte a todos los sectores (agricultura, transporte, energía, residuos) porque «España es uno de los países más afectados por este fenómeno». «Somos la generación que tiene que poner en marcha este cambio de modelo bajo en carbono. España tiene que ser líder, con una Ley de Cambio Climático modélica que sirva de inspiración a otros países de Iberoamérica», concluye Martínez.

Mar Blava reprocha a Ciudadanos su apoyo al «veto» del Gobierno para tramitar la ley balear que prohíbe las prospecciones

EFE.- La plataforma Alianza Mar Blava ha reprochado a Ciudadanos que haya apoyado el «veto» a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo. «Pese a sus promesas de reconsiderar su apoyo al veto del Gobierno Rajoy», Ciudadanos ha votado en la Junta de Portavoces del Congreso junto al PP para rechazar los recursos contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la iniciativa legal.

Alianza Mar Blava señala que la Junta de Portavoces ha rechazado los recursos planteados por el Parlamento de Baleares, el grupo socialista y, de manera conjunta, por Unidos Podemos, Compromis, PDeCat, ERC, Nueva Canarias y EH-Bildu. «Solo Ciudadanos y el Partido Popular se han opuesto a levantar el veto presentado por el Gobierno en junio», lamentó la agrupación antiprospecciones, que se ha declarado decepcionada «por el rechazo, irracional y sin argumentos jurídicos válidos» del partido naranja. También el PSOE ha criticado «la pinza PP-Ciudadanos» que «vuelve a perjudicar a Baleares» al impedir que se tramite la ley contra las prospecciones.