La oposición, a excepción de Ciudadanos, registra su vetada ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar los cargos

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Ciudadanos, han vuelto a registrar la proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar el llamado impuesto al sol, una iniciativa que el Gobierno llegó a vetar, lo que impidió su debate y tramitación en la Cámara Baja.

La iniciativa es prácticamente idéntica a la registrada en enero de 2017, si bien en esta ocasión Ciudadanos no ha respaldado su presentación, como sí hizo hace más de un año. La iniciativa está respaldada por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias, una mayoría suficiente para garantizar su tramitación. Sin embargo, deberá sortear de nuevo el análisis del Ejecutivo, al que la Constitución le otorga la capacidad de vetar toda ley que tenga afectación en los ingresos y gastos. La oposición argumenta que esta ley no implicaría una modificación de las cuentas. Además, han recordado que el propio Tribunal Constitucional ha dado la razón recientemente al Congreso en el conflicto de atribuciones entre ambos poderes.

Ciudadanos opina diferente en Europa

Acompañando a los diputados de todos los grupos firmantes de la iniciativa, excepto del PNV, EH-Bildu y Nueva Canarias, ha estado el representante de Alianza por el Autoconsumo, David Howell, que lamenta las ausencias de PP y Ciudadanos que «no sólo no apoyan, sino que además bloquean estas iniciativas de autoconsumo». «A nivel incluso europeo el Gobierno intenta frenar el progreso con el autoconsumo, pero curiosamente Ciudadanos vota a favor en el Parlamento Europeo. Y no lo apoya aquí en España», critica Howell, considerando que, por no avanzar en esta materia, «España hace el ridículo».

Sí ha subrayado, por el contrario, el interés mostrado por administraciones autonómicas y municipales por impulsar este tipo de fórmulas de consumo, la cual permitiría, según ha argumentado, una importante fuente de creación de empleo y un avance para lograr un futuro de energía 100% renovable. Además de eliminar el llamado impuesto al sol, la iniciativa impulsa el autoconsumo colectivo y una simplificación administrativa de esta fórmula.Según han comentado durante su presentación los grupos, la única modificación respecto a la iniciativa ya registrada en el Congreso pasa por reflejar el criterio del Tribunal Constitucional al respecto del autoconsumo compartido, que atribuía la competencia para regular a las comunidades autónomas.

El Parlamento de Baleares pedirá otra vez al Congreso de los Diputados que se prohíban las prospecciones en el Mediterráneo

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EFE.- Todos los diputados del Parlament balear respaldan volver a tramitar ante el Congreso una proposición de ley para que se prohíban las prospecciones petrolíferas y de gas en todo el Mediterráneo español.

Los grupos políticos de la Cámara regional han registrado una proposición de ley idéntica a la aprobada hace un año para prohibir «actividades de investigación, exploración y explotación» de hidrocarburos en el subsuelo marino, propuesta que rechazó la Cámara Baja por el veto del Gobierno, ha recordado la diputada por Formentera, Silvia Tur.

La portavoz del PP, Marga Prohens, ha indicado que entonces el Gobierno usó su derecho de veto, argumentando que estaban vigentes unos presupuestos prorrogados, pero la próxima aprobación de las cuentas estatales podría facilitar la tramitación.

La diputada Olga Ballester, de Ciudadanos, ha señalado que aunque hace un año su partido ratificó el veto en la Mesa del Congreso, en esta ocasión espera que el Gobierno no ejerza su prerrogativa y, si lo hace, tendrá que argumentarlo mejor para contar con su apoyo.

Los grupos políticos baleares han intentado ofrecer una imagen de consenso con la presentación de esta iniciativa contra las prospecciones, aunque en las últimas semanas han mostrado diferencias por la reactivación del proyecto de sondeos acústicos Medsalt-2, que vuelve a tramitar el Gobierno, iniciativa que el PP defendió al principio por su carácter «científico», aunque Prohens no ha querido abundar en las discrepancias «por respeto» a la unidad.

Silvia Tur, que ha ejercido de portavoz de todo el arco parlamentario, ha puesto de manifiesto que, si ya estuviera aprobada la ley que respalda el PP balear, «el Medsalt no sería una amenaza», porque el proyecto que impulsará el Parlament prohíbe investigaciones científicas lesivas para el medio ambiente.

Ciudadanos insta al Gobierno a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos para el año 2050

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario Ciudadanos ha instado al Ejecutivo a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije un marco legal y de gobernanza que situé el análisis científico independiente en el centro de las políticas del país y establezca objetivos vinculantes y ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

En una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso, Ciudadanos argumenta que España «debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo» en la lucha contra el cambio climático «aprovechando su potencial para la economía sostenible». Recuerda que en 2015, el Acuerdo de París evidenció la voluntad global de adoptar acciones ambiciosas contra el cambio climático, pero España «no está cumpliendo», al no haber suscrito el pacto final del carbón ni disponer aún de una ley de cambio climático.

Recientemente, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que el Gobierno está esperando a que se apruebe la correspondiente norma europea para después hacer la trasposición al ordenamiento jurídico español como «se han hecho siempre las leyes en nuestro país», sentenció. Unas palabras que van contra lo apuntado por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que indicó que esta ley se elaboraría a comienzos de 2018. En opinión de Ciudadanos, «España no juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo y debe ocupar el puesto de liderazgo que le corresponde en la Unión Europea como una de las democracias más prosperas del mundo».

Por ello, Ciudadanos reclama al Gobierno que mejore los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo, impulse la «compra pública verde» en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador, desarrolle campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable y elabore planes sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático para aquellas actividades estratégicas como el turismo o la industria 4.0, entre otros. Para Ciudadanos, España «no puede permitirse quedarse rezagado, porque los costes de la inacción pueden ser catastróficos y porque la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrollo económico».

«España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático», apunta la formación. En este sentido, Ciudadanos recuerda los récord en temperaturas registrados desde 2014, la desertificación que, según los expertos, es un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español, o los incendios, la erosión y la salinización consecuencia de este problema en los últimos años. «Un reciente estudio del Gobierno calcula que la España de tipo húmeda o semihumeda pase de ocupar el 50,62% de media del periodo 1971-2000 al 28,54% de nuestro territorio en el 2071-2100», alerta la portavoz parlamentaria adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.

Por ello, reclaman esta norma, pero, también, el conjugar «el enfoque medioambiental con el crecimiento» como «única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales». Para Ciudadanos, no es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas y tampoco un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno por las «declaraciones contradictorias» y retraso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- Ciudadanos exige explicaciones al Gobierno acerca de las declaraciones realizadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, respecto a que la Ley de Cambio Climático no se redactará hasta que se apruebe la normativa europea en esta materia. Los naranjas advierten de que estas palabras contradicen las de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que habla de un texto en fase de borrador.

Esta iniciativa de Ciudadanos, registrada en el Congreso, cuestiona los plazos dados por el Ejecutivo hasta ahora para presentar este proyecto de ley. En este sentido, Nadal respondía a una pregunta parlamentaria en el Congreso acerca de la puesta en marcha de esta normativa asegurando que «una vez que esté aprobada» la ley europea de Cambio Climático «se llevará a cabo la transposición al ordenamiento jurídico» español. Un proceso que, según apuntó, «siempre se ha hecho así» y que ahora «no se iba a cambiar».

A los de Albert Rivera les ha «sorprendido» que el responsable de Energía rompa la línea de declaraciones que, hasta ahora, mantenía su homóloga de Medio Ambiente, quien aseguró que el borrador de esta ley se redactaría durante «la primera parte» de 2018. Ciudadanos cuestiona al Ejecutivo sobre estas «dos opiniones contrapuestas» de dos miembros de su gabinete. Finalmente, piden explicaciones acerca de cuándo es la fecha en la que estará listo el texto de la Ley de Cambio Climático.

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

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EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

La mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de PAH que implica una tarifa social energética

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Europa Press. – La mesa del Congreso acepto el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social. En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con ERC, Compromís y Bildu, establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.

Coste de la tarifa social

Así, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Una aplicación que, para el Gobierno, «carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas», pues critican que se defina su importe «indirectamente», por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se paga a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutirá en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.En otro sentido, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación de IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.

Gas Natural Fenosa construye en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura y los políticos pugnan por apuntarse el tanto

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EFE.- La construcción del parque eólico Merengue, promovido por Gas Natural Fenosa Renovables en el término municipal de Plasencia (Cáceres), el primero de estas características que se levantará en suelo extremeño. El futuro parque eólico contará con 15 aerogeneradores, una potencia de 40 megavatios (MW) y producirá alrededor de 155 GWh anuales, equivalentes al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas, lo que supone el doble del consumo eléctrico anual de Plasencia.

La inversión del proyecto alcanzará los casi 40 millones de euros y el parque eólico supondrá la creación de unos 250 puestos de trabajo entre las fases de construcción y operación y mantenimiento. Se prevé que los trabajos de construcción concluyan a finales de este año. Estos son los datos de un proyecto que ha echado a andar con la celebración del acto de colocación de la primera piedra del futuro parque eólico, en el que ha participado un nutrido grupo de representantes políticos extremeños, encabezados por el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, el presidente extremeño, que ha apostado por el protagonismo de Extremadura en el presente y el futuro de las energías renovables, ha apuntado que estas obras marcan un nuevo «hito» en la implantación de las renovables en la región. Fernández Vara ha afirmado que «los pueblos invencibles son los que son capaces de convertir el tú y el yo en nosotros», ya que este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes administraciones y el esfuerzo de la empresa. Por último, ha abogado por ponerse de acuerdo «entre todos» para decidir «qué fuentes energéticas queremos, ya que esto influirá en el futuro del país y de la región«, ha aseverado.

Por su parte, la directora general de Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa, Rosa María Sanz, ha subrayado que gracias a este proyecto Plasencia se convertirá en una ciudad que consumirá 100% energía renovable este año. «En la actualidad solo existen 101 ciudades en el mundo, entre ellas Oslo o Vancouver, que disponen de un suministro de iguales características, por lo que la capital del Jerte podrá formar parte de esta exclusiva lista en apenas 9 meses», comprometió Sanz.

De igual forma, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha insistido en que el futuro parque eólico tendrá un impacto «muy positivo» en la ciudad, sobre todo en lo que a creación de empleo se refiere. En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha aprobado recientemente un canon de 782.000 euros que la sociedad Gas Natural Fenosa Renovables tendrá que abonar como requisito previo a la licencia de construcción del parque. El alcalde resaltó que la capital del Jerte «vaya a hacer historia» al ser la primera ciudad de Extremadura en albergar un parque eólico en su término municipal. «La consecución de este proyecto viene precedido de un trabajo duro e intenso», aseguró Pizarro.

En Extremadura “gracias al PP”

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la construcción de un parque eólico en Extremadura ha sido posible «gracias a una reforma» que hizo su gobierno autonómico durante la pasada legislatura. Tras mostrar su «confianza» en que se pongan más proyectos de este tipo en marcha, Monago ha recordado que el proyecto que se está construyendo ya «se venía gestando» durante la legislatura pasada con el PP.

«Y ha sido posible gracias a una reforma que hicimos y que suavizó algunas trabas que existían, como la exigencia de creación de 3 puestos de trabajo por cada megavatio», señaló el líder del PP. Monago ha insistido en que la reforma que impulsó el PP es la que ha permitido que el proyecto del parque eólico placentino sea «viable económica y técnicamente». «Es un día importante para una comunidad que tiene vocación energética pero en la que faltaba una energía como la eólica«, indicó.

Por ello, el presidente del PP ha mostrado su satisfacción porque se trata de proyectos que conllevan «una creación de puestos de trabajo importante» y también una tributación tanto para las arcas municipales como regionales, «y eso significa más oportunidades de desarrollo para la comunidad”, ha agregado. También se ha referido a las palabras de Fernández Vara, sobre la necesidad de ponerse de acuerdo «entre todos» para decidir «qué fuentes energéticas queremos, ya que esto influirá en el futuro del país y de la región». Monago ha señalado que «lo que tiene que hacer es hablar con Pedro Sánchez porque en las Cortes hacen justo lo contrario, el PSOE está en el me opongo permanentemente«.

Ciudadanos habla del retraso eólico

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, lamenta que Extremadura «haya perdido empleo e inversiones» al incorporarse «con años de retraso» a la energía eólica. En este sentido, ha precisado que «debe ganar ese tiempo perdido porque el desarrollo de las renovables es un activo para el empleo y las inversiones como pone de manifiesto este proyecto«, ha dicho Domínguez. La portavoz reiteró que Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de «impulsar el cambio de modelo energético», de apostar por el desarrollo de energías renovables y por hacer «esa transición hacia las energías limpias como parte de la estrategia contra el cambio climático, de acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea».

El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo en Europa la interconexión eléctrica con Francia

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Europa Press.- El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya al someter a votación en el Parlamento Europeo una iniciativa que busca anular el listado de proyectos de interés común sujetos a subvención del programa Conectando Europa.

En este sentido, el portavoz energético de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha criticado que detrás de esa propuesta «desgraciadamente» hay eurodiputados españoles de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo, por lo que ha pedido a estos partidos que «llamen la atención a sus eurodiputados para que también piensen en el país que los ha elegido». «Está muy bien firmar documentos, pero no han sido conscientes de la enorme problemática que tiene esto. Pueden perjudicar gravemente los intereses del país que les ha votado como eurodiputado», ha aseverado.

Mariscal ha defendido este proyecto de interconexión energética que, en principio, iba a contar con una subvención de 578 millones de euros de los 1.750 millones a los que ascenderá la inversión. «Eso quiere decir que los españoles iban a ver reducido el pago de esa cantidad por esa ayuda«, ha explicado, señalando también que el tráfico energético a través del cable permitirá recuperar la inversión en tan solo dos años, que prácticamente duplicará el volumen de interconexión, pasando de 2.800 MW a 5.000MW, y que así «España dejará de ser una enorme isla energética».

«Si eres una isla, la posibilidad de que un fallo afecte a todo el sistema es mayor que si estamos conectados», ha señalado, abundando que, al no contar con estas conexiones, España depende de tecnologías más caras para prevenir el sistema de posibles colapsos por picos de demanda y escasez de oferta, dada la variabilidad de la producción de energía renovable. Además, ha señalado que el «excedente» de energía renovable que España produjera en los momentos de mayor producción podría colocarse a través de esta conexión, convirtiendo al país en «un hub eléctrico para Europa».

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

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Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

El Congreso, sin el PP, urge al Gobierno a «reformar en profundidad» el mercado eléctrico y auditar los costes

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa por la cual se insta al Gobierno a realizar una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico con el fin, entre otras cuestiones, de impulsar un nuevo sistema de fijación de precios, acorde al coste de generación de cada tecnología, y realizar una auditoría de los costes. La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, encontró la oposición del PP, PNV y UPN, que han votado en contra.

El texto aprobado por el Congreso insta al Gobierno a «reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible», con el fin de «compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética» con «un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento». En este punto, el Congreso pide al Gobierno reducir «la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», en referencia a los cambios de las retribuciones a las renovables, y «avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por renovables».

Nuevo sistema para fijar precios

En este sentido, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a adoptar «las medidas necesarias para evitar la sobreremuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real». Como ejemplo, el Congreso propone «un gravamen para terminar con los beneficios caídos del cielo o excluirlos del mercado como en otros países». Precisamente, la iniciativa también insta al Gobierno a modificar el sistema de fijación del precio de la electricidad, «y del mercado específicamente», para que «refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables».

Así, el Congreso quiere que el sistema «tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas, la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica«.

Asimismo, reclama la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico «incluyendo un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país«. También llama a «reformar la parte regulada de la tarifa», con el fin de reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, «incentivando la eficiencia y el ahorro energético». Por último, el Congreso pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen «no sea utilizada con fines especulativos». Inicialmente, el texto propuesto por Unidos Podemos abogaba por recuperar la gestión pública de estas centrales.