El Congreso pide impulsar una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en sectores difusos hasta 2030

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los votos favorables de PP y Cs y la abstención del resto de grupos, que pide al Gobierno que impulse una Hoja de ruta 2030 para la reducción de los gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

La iniciativa, planteada por el PP incorpora una enmienda de Ciudadanos, de modo que se pide al Gobierno que esa hoja de ruta con horizonte en 2030 establezca una estrategia para cumplir con las obligaciones internacionales para reducir los gases invernadero y que desarrolle políticas de energías renovables y de eficiencia energética. Además, la proposición reclama una participación activa y constructiva en las políticas de energía y cambio climático que se aplicarán en la Unión Europea en el periodo 2021-2030 así como en los procesos de negociaciones de Naciones Unidas.

En 2008 la Unión Europea estableció objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que fija una reducción de emisiones de CO2 del 20% respeto a 1990. El Gobierno presentó en 2014 la Hoja de Ruta de Sectores difusos hasta 2020 que incluía 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el residencial, transporte, agrícola, gases fluorados e industria no sujeta al sistema de comercio de derechos de emisión.

Según la propuesta, las medidas de la Hoja de Ruta adicionales a las ya existentes permiten a España desacoplar el crecimiento y las emisiones y cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030. En la actualidad se estima que aplicar acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con una inversión pública de 8.000 millones y otros 19.000 millones de inversión privada, que generarían un ahorro acumulado de 21.000 millones de euros.

El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

/0 Comentarios/en , , , , , , , , /por

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

/0 Comentarios/en , , , , , /por

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Ciudadanos propone reformar la fiscalidad de la factura de la luz y ceñir el recibo al coste del suministro eléctrico

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE / Europa Press.- Ciudadanos ha registrado, por medio de Melisa Rodríguez Hernández, su portavoz parlamentaria adjunta, una proposición no de ley, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, para reformar la fiscalidad en la factura de la luz a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.

En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste de las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.

Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios que está habiendo en el pool se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que «avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía».

Que se note el consumo

Ciudadanos cree que se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de «origen político» no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70% de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía. Entre los costes no relacionados directamente con el suministro está el IVA del 21% en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional, así como una tasa municipal del 1,5%.

Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7% y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, del 25,5%, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.

Además, en la transición energética, ve fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, cree que esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Ciudadanos aboga por una transición «inteligente» que apueste por las renovables y garantice que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro. Ciudadanos considera «hipócrita» que desde la Administración se trabaje en un bono social para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de Ciudadanos, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una «herramienta de recaudación del Estado».

Ciudadanos alerta de que 2 millones de hogares acogidos al antiguo bono social sufrirán las subidas de la luz

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que explique cómo está gestionando el nuevo bono social eléctrico, al mismo tiempo que alerta de que cerca de 2 millones de consumidores acogidos al antiguo modelo sufrirán las nuevas subidas de la luz en caso de no acogerse al nuevo sistema.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso preguntas al Gobierno para que detalle cuántas personas están acogidas al bono social, cuántas más podrán acogerse en el futuro y qué está haciendo el Ejecutivo para promover el mismo. Además, la formación naranja critica que sea la Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que ayude a los consumidores a obtener el bono social «en lugar del Gobierno», a través de la creación de una aplicación por estas entidades para que los usuarios puedan comprobar si cumplen los requisitos normativos para acceder a esta tarifa.

Ciudadanos ha recordado que, a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en 2016, se reformó el antiguo modelo de bono social. No obstante, según apunta el partido político, hasta mayo, solo medio millón de hogares han accedido al nuevo sistema, lo que podría ocasionar que otros casi 2 millones de hogares acogidos al antiguo sistema puedan verse afectados por las actuales subidas del recibo de la luz si no se cambian al nuevo modelo.

El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

/0 Comentarios/en , , , , , /por

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.