Ante la renovación parcial del Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Ministros aprobó a finales de noviembre los Reales Decretos de nombramiento de la presidenta y de varios consejeros.

El cargo de presidenta estaba vacante desde el pasado 26 de octubre, cuando la anterior responsable, la ingeniera industrial María Teresa Estevan Bolea, cesó en el puesto, en el que llevaba desde 2001, al cumplir los 70 años.

La intención del ex ministro José Montilla, según fuentes socialistas, era proceder a una renovación total, especialmente ante la reacción de sus miembros ante el incidente registrado en la central tarraconense de Vandellós hace dos años. Sin embargo, el actual ministro de Industria, Joan Clos, ha evitado que esa renovación sea total.

El interés del PSOE se centra en la nueva presidenta del Consejo, Carmen Martínez Ten, y en uno de los consejeros, Francisco Fernández Moreno.

El Partido Popular tiene en el CSN dos consejeros cesantes, la ex directora general de minas Paloma Sendín y la hasta hace poco presidenta del Consejo, María Teresa Estevan Bolea. Los nombres propuestos por el PP, ninguno del agrado del Ministerio de Industria pero aceptados por la necesidad de pactar con el partido la renovación parcial del Consejo, son los de Luis Gámir Casares y Antonio Colino Martínez.

Según una tradición no escrita, cuando el presidente es nombrado a instancias del partido en el gobierno, el vicepresidente lo elige el partido de la oposición. Puesto que Carmen Martínez Ten es la nueva presidenta del organismo, será Luis Gámir, del PP, el nuevo vicepresidente.

Las reservas del PSOE proceden, en el caso de Antonio Colino, de su perfil pro-nuclear y de sus intereses en el sector energético. En el caso de Luis Gámir, de sus intereses en seis empresas, aunque el Ministerio de Industria ha advertido que una vez oficializado su nombramiento éste deberá abandonar sus vínculos empresariales.

A continuación figuran los currículos de los nuevos nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear.

Carmen Martínez Ten (presidenta)

Martínez Ten (1953), licenciada en Medicina y funcionaria, pertenece a la Escala Técnica Superior de la Administración Local. Desde 2001 es consejera del CSN a propuesta del PSOE. Durante los seis años anteriores había sido jefa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Ha desempeñado diversos puestos relacionados con la gestión sanitaria en el Ayuntamiento de Madrid; en 1998 fue nombrada directora general del Instituto de la Mujer y posteriormente fue Asesora del Gabinete del Ministro de Sanidad y Consumo.

Luis Gámir (vicepresidente)

Luis Gámir (Madrid, 1942) es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Es candidato del PP al Congreso —donde ya ha ocupado un escaño en cuatro ocasiones— y fue ministro de Comercio y Turismo (1980) y Transportes, Turismo y Comunicaciones (1981-82) con la UCD, y presidente del Banco Hipotecario de España. Además, ha ocupado diversos cargos en empresas privadas y ha presidido el Consejo Consultivo de Privatizaciones.

Francisco Fernández Moreno (consejero)

Fernández Moreno (1941) es especialista en física atómica, nuclear y molecular. Dirige en la UAB el Grupo de Física de las Radiaciones y es miembro de la Sociedad Nuclear Española y de la Sociedad Española de Radioprotección.

Antonio Colino (consejero)

Antonio Colino (Madrid, 1946), es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (UPM), Ingeniero Eléctrico Nuclear (EE.UU.), Diplomado en Dirección General de Empresas (EOI) y en Tecnología Energética (UPM).

Inició su carrera profesional en Bechtel Power Corporation en EEUU en los departamentos de centrales de generación eléctrica, pasando posteriormente a ENHER del Grupo ENDESA para el Proyecto de la Central Nuclear de Vandellós II.

A continuación trabajó en ENDESA ocupando diferentes puestos, siendo el último cargo el de Director de los Proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.

De 1996 a 2004 fue Presidente Ejecutivo de ENRESA.

Fue el primer Presidente de la Asociación Internacional para la Gestión Medioambiental y Segura de Materiales Radiactivos (EDRAM).

Es Consejero del CIEMAT y Asesor, para temas de energía nuclear, de la Unión Europea y del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Es, además, Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Angola pedirá oficialmente el próximo jueves entrar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde ya existe el consenso favorable para aceptar al productor africano como décimo segundo país miembro.

Así lo aseguró hoy en Abuya el ministro qatarí de Energía, Abdalá bin Hamad Al Atiya, al llegar al hotel donde se aloja para participar el día 14 en la conferencia extraordinaria que celebra la OPEP en la capital nigeriana. El ministro qatarí precisó a un grupo de periodistas que su homólogo angoleño le ha «informado de que ahora, en esta reunión, se presentará la postulación de Luanda» y aseguró que la OPEP puede aceptar el mismo jueves al nuevo miembro. «Sí», dijo Al Attiyah en respuesta a la pregunta de si la OPEP puede aceptar el mismo jueves a Angola como nuevo miembro, y señaló que tanto Qatar como el resto de los socios apoyan la integración del país africano, que representará la primera ampliación de la organización en las últimas tres décadas. «Creo que está muy bien. Acabo de estar tres días en Angola. Tuve discusiones muy fructíferas con el ministro (de Energía), con el primer ministro y otros ministros», añadió. «Angola será un actor importante. Es el segundo productor de África después de Nigeria (…) Será un actor importante en el mundo de la energía», señaló Al-Attiyah, quien por otro lado consideró que «si Angola se adhiere a la OPEP está eligiendo el lugar adecuado».

Aclaró que la conferencia extraordinaria del Consejo de Ministros de la OPEP «tiene la potestad de tomar decisiones», tras responder afirmativamente a la pregunta de si la organización puede concluir la cita de esta semana ya con doce miembros, con respecto a las especulaciones de que Ecuador y Sudán también se adhieran al club de países petroleros, el ministro qatarí dijo que no tenía conocimiento (oficial) al respecto.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Angola produce actualmente cerca de 1,45 millones de barriles diarios de crudo (mbd), con una capacidad creciente de extracción que se espera alcance los 2 mbd en 2008.

Con sus actuales once miembros, la OPEP, fundada en 1960 en Bagdad, controla cerca del 40 por ciento de la producción mundial de crudo y unos dos tercios de las exportaciones petroleras del planeta. La organización integrada por Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Arabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela, ha estado produciendo unos 30 mbd hasta julio, con una cuota de 28 mbd para el grupo que participa en el sistema de reparto de cuotas de producción (todos menos Irak).

En la anterior reunión, el 20 de octubre en Qatar, los ministros reconocieron que la «OPEP-10» estaba produciendo 27,5 mbd, es decir, por debajo de la cuota, y decidieron recortar esa oferta en 1,2 mbd, hasta 26,3 mbd, a partir de noviembre, con el fin de evitar la caída de los precios del crudo.

En la conferencia del jueves «se discutirá» si es necesario retirar aún más barriles del mercado, confirmó Al Attiyah a los periodistas, y rehusó dar a conocer cuál es su opinión al respecto.

La Comisión Europea (CE) dictaminó hoy que las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno español a la opa de E.ON sobre Endesa siguen sin respetar la legislación comunitaria y dio al Ejecutivo hasta el próximo 13 de diciembre para responder a esta decisión.

Tras conocer la decisión, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró que España no aceptará un trato diferente al de Alemania y avanzó que algunas de las cláusulas que Bruselas considera ilegales, «seguramente» se resolverán en el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, afirmó que el Gobierno entiende que la respuesta de Industria es «adecuada» y las nuevas condiciones son «razonables y se enmarcan al respeto escrupuloso a la normativa europea», y avanzó que se responderá al requerimiento de Bruselas en los próximos días. En su «evaluación preliminar» sobre la resolución del Ministerio de Industria que el pasado 3 de noviembre modificó los requisitos sobre desinversiones de activos, impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión señala que las nuevas medidas violan los principios de libre movimiento de capitales y mercancías y libertad de establecimiento.

El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó que la negativa de Bruselas afecta, entre otras, a las condiciones relativas a la obligación de mantener la marca Endesa, la de no vender activos de Endesa en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el deber de utilizar carbón nacional y no desviar gas desde España a otros mercados.

No obstante, Bruselas ha optado por no avanzar más en el procedimiento de infracción abierto a España y, en vez de enviar un «dictamen motivado» (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE), ha otorgado un nuevo plazo para explicar sus argumentos. La Comisión subraya que la decisión de septiembre pasado que declaró ilegales las condiciones de la CNE «sigue siendo válida» porque los cambios introducidos «no han modificado -o sólo lo han hecho ligeramente-» la decisión original del regulador energético. Bruselas recalcó que la «evaluación preliminar» remitida hoy a Madrid sólo se refiere exclusivamente a la compatibilidad con la normativa europea de las condiciones «diferentes o adicionales» adoptadas por Industria el pasado 3 de noviembre.

Respecto al procedimiento de infracción que la Comisión abrió a España por la decisión de la CNE el 18 de octubre, Bruselas indica que todavía evalúa si España «ha acatado» la petición que les hizo el 26 de septiembre de retirar 18 de las 19 condiciones por considerarlas ilegales. El titular de Industria aseguró que el Gobierno español «ya sabía que había alguna parte del dictamen del Ministerio que no era compartida» por la Comisión, en referencia al requisito que obliga a vender forzosamente la eléctrica española si un tercero adquiere más del 50 por ciento de E.ON.

Clos recordó que la CE «está intentando que Alemania corrija» una cláusula similar impuesta por el Gobierno alemán en 2002 a la fusión E.ON-Ruhrgas. «Nosotros queremos tener el mismo trato que el resto de países y no podemos aceptar un trato diferenciado», apostilló.

David Vegara no quiso anticipar acontecimientos, pero recordó que «no sería el primero ni el último caso» en que el Gobierno de España haya tenido que sustanciar las diferencias con la UE ante los tribunales de justicia, y recordó el caso de la ‘acción de oro’ en las empresas privatizadas.

El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, afirmó hoy que el anuncio hecho hoy por la CE supone «el enésimo revolcón» que recibe el Gobierno durante la opa.

Tanto E.ON, que ha aceptado las condiciones de Industria, como Endesa rehusaron hacer comentarios sobre la decisión del Ejecutivo comunitario.

El 3 de noviembre pasado el Ministerio de Industria eliminó las obligaciones de desinversión o cesión de activos de Endesa impuestas a E.ON por la CNE, pero mantuvo la condición relativa a la venta forzosa de la eléctrica si un tercero adquiere más del 50 por ciento de la compañía alemana.

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, vaticinó hoy que la Comisión Europea mantendrá mañana «la misma tesis» que hasta ahora sobre la ilegalidad de las condiciones de la CNE a la opa de E.ON, en cuyo caso el Gobierno analizará los argumentos de Bruselas y tratará de rebatirlos.

El Ejecutivo de la UE tiene previsto decidir mañana, en su reunión semanal, qué hacer con el procedimiento de infracción abierto contra España por los requisitos «ilegales» de la CNE a la opa del grupo alemán sobre Endesa, tras evaluar la modificación de las condiciones efectuada por las autoridades españolas. Bruselas debe dictaminar si ese cambio respeta la legislación comunitaria o si, por el contrario, es necesario dar un paso más en el proceso sancionador, con el envío de un «dictamen motivado» (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE).

En una pausa de la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de los 25), Solbes recordó que la propuesta inicial de la Comisión era la retirada de 18 de las 19 condiciones fijadas por la CNE -por considerar que no respetaban los principios de libre establecimiento y libre circulación de capitales- y opinó «que seguirán un poco en la misma tesis que en el pasado». «Nosotros», explicó el vicepresidente, «creemos que hemos aceptado las demandas planteadas», al suprimir las medidas que tenían un impacto claro en dificultar una operación trasnacional, y el resto de cuestiones «podrían ser discutibles», recalcó.

A principios de noviembre, el Ministerio de Industria suprimió la mayoría de las condiciones de la CNE, entre ellas las más polémicas, como la exigencia a E.ON de desprenderse de parte de los activos de Endesa. Por todo ello, dijo Solbes, si hay una posición negativa de la Comisión, «analizaremos la línea argumental». «Si nos parece convincente, seguiremos esa línea, y si no, la seguiremos discutiendo» con las autoridades comunitarias, concluyó.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, ha afirmado que Acciona ha cumplido el principio esencial de informar al regulador bursátil español sobre su participación en Endesa, a pesar de no ser tan amplia la información remitida por el grupo de la familia Entrecanales como la enviada a las autoridades estadounidenses.

«Las obligaciones de información en Estados Unidos y España son distintas, pero el principio esencial, a mi juicio, todos lo cumplen y las informaciones mínimamente relevantes que hagan públicas en otros mercados, aunque en la UE no sean obligatorios, se comunican también», señaló al margen del acto de entrega de la III edición del premio a la empresa cotizada con Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y Transparencia Informativa.