El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros la transposición de la directiva europea sobre el registro de emisiones contaminantes para 2021-2030

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Europa Press. – El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley con el que se transpone una parte de la Directiva Europea de Emisiones relativa a la regulación de algunos aspectos del comercio de derechos de emisiones de gases contaminantes en España para el nuevo periodo 2021-2030.

De este manera, y según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con este Real Decreto se elabora un registro de emisiones para ver «como se pueden conceder» derechos de emisión a «instituciones, hospitales, escuelas y empresas», entre las 1.000 instalaciones afectadas en España por este sistema.

Como ha manifestado Celaá, esta es «parte» de la transposición de una Directiva y que la Directiva «completa» se aprobará «en breve» en el Consejo de Ministros.

Gracias a la aprobación del Real Decreto, el Gobierno aclara «determinados aspectos» sobre el nuevo periodo e incorpora las cuestiones más urgentes de la Directiva 2018/410/UE, que adapta la regulación al nuevo periodo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2021 y estará vigente hasta 2030.

Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDEUE) es una de las herramientas principales de la UE para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático y para reducir sus emisiones contaminantes de forma rentable.

Hay que recordar que el objetivo de la UE es reducir al menos un 40% sus emisiones en 2030 respecto a los valores de 1990, en línea con los compromisos asumidos por el Acuerdo Europeo en 2014 y como parte de la contribución europea al Acuerdo de París.

Así, el RDCE-UE, creado en 2005, es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo y es la herramienta para reducir las emisiones en 31 países, los 28 de la UE junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega.

De este modo, este sistema rige en las instalaciones de gran consumo de energía, sobre todo en las centrales eléctricas y las plantas industriales, así como en las compañías aéreas que operan en estos 31 países. En España, unas 1.000 instalaciones, que suponen un 39% del total de emisiones del país, operan bajo este sistema.

Específicamente, España transpone además los aspectos más urgentes de la Directiva 2018/410/UE del Parlamento y del Consejo de Estado, que introdujo novedades en este régimen de cara a esta cuarta fase. Así, regula el proceso, los plazos, la información y los documentos necesarios para que las instalaciones puedan solicitar la asignación gratuita de derechos de emisión del GEI para el periodo de asignación 2021-2025.

La novedad más importante y que la norma lo exige es la obligación de que los titulares de las instalaciones elaboren un plan metodológico para el seguimiento y notificación de los niveles de actividad a lo largo del periodo 2021-2030, que deberá ser aprobado por la autoridad competente.

En otro sentido, regula algunos puntos sobre el régimen de exclusión de instalaciones que cada año emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de CO2 y de hospitales. Aunque estén excluidas del régimen de comercio, este tipo de instalaciones deben cumplir medidas consideradas equivalentes a la participación en el RCDE, según el Real Decreto 301/2011 de 4 de marzo.

Finalmente, la norma aprobada introduce las novedades que incorpora el Derecho comunitario respecto al mecanismos de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutibles en los precios de la electricidad.

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

Fitch valora la propuesta del Gobierno de retribución para las renovables a partir de 2020 ya que mejora su visibilidad

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Europa Press.- Fitch Ratings considera que la tasa de retribución financiera propuesta por el Gobierno para la actividad de producción con energías renovables a aplicar para el periodo 2020-2025, que supone un recorte del actual 7,5% hasta un 7,1%, así como la opción de mantener la retribución en el actual 7,4% hasta 2031 para las instalaciones anteriores a 2013, mejora la «visibilidad» para el sector en España.

La agencia señala que en el caso de finalmente aplicarse, ya que «está sujeta a la aprobación de la Ley este año, por lo que hay incertidumbre», sería positivo ya que representa una tasa de retribución «mayor a la esperada», especialmente para los proyectos anteriores a 2013, en los que la tasa estará establecida para dos periodos regulatorios más. Fitch destaca que con el sistema existente anteriormente para fijar la retribución, que tomaba como referencia el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años y lo incrementaba con un diferencial de 300 puntos básicos, ésta se habría reducido más.

Así, valora que la actual propuesta, que utiliza una metodología basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC), será «positiva» para los proyectos renovables ya que los retornos se mantendrán en un entorno de tipos de interés bajos. Además, subraya que proporcionará «visibilidad» durante 12 años para los proyectos anteriores a 2013, que sufrieron la aplicación del recorte a las renovables de aquel año.

El Gobierno remitirá a Bruselas su Plan Nacional de Energía y Clima en las próximas semanas mientras Cañete lo reclama

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Europa Press.- Mientras el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que espera recibir del Gobierno español su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima inmediatamente, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que España remitirá el borrador de su Plan Nacional Integrado a Bruselas en las próximas semanas, «no más».

En este sentido, Domínguez destacó que los próximos 10 años son «muy importantes» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y alcanzar la descarbonización en 2050. Así, señaló que para alcanzar una cuota renovable en la generación eléctrica del orden del 70%-75%, en el plan vendrá definida la necesidad de desplegar del orden de 50.000 o 60.000 megavatios (MW) de renovables a 2030. «Tenemos un gran reto por delante que requiere una inversión global de 200.000 millones de euros de aquí a 2030”, apuntó.

Domínguez subrayó que no se debe hacer «la táctica del avestruz y negar la realidad» del cambio climático ya que la descarbonización de las economías es «un fenómeno que se va a quedar». De esta manera, consideró que el reto de alcanzar ese objetivo en 2050 puede parecer que está «muy lejos«, con más de 30 años por delante, aunque indicó que no lo está tanto teniendo en cuenta «la realidad de la cantidad de tarea que tenemos que hacer para estar en una economía descarbonizada casi al 100%. «El cambio climático es algo que ya no niega nadie», señaló.

Cañete apremia al Gobierno español

Por su parte, Arias Cañete recordó que Bruselas ha recibido un total de 21 planes de los países miembros, mientras que restan 7 Estados, entre ellos España, por entregarlo, cuando el compromiso era haberlo hecho antes del pasado 31 de diciembre. Así, el comisario europeo apremió a España a presentar el documento ya que la Comisión Europea, una vez recibido, necesita tiempo para hacer «un análisis exhaustivo» del mismo y ver si cumple con la gobernanza comunitaria para, antes de finales de junio, remitir a cada país sus recomendaciones, sobre las que se deberá trabajar para, antes de finales de 2019, presentar los planes definitivos.

Arias Cañete consideró que su diálogo con el Gobierno español es «muy fluido», como demuestra el hecho de que finalmente se ha conseguido resolver el conflicto que existía para la devolución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sus competencias en energía a través del real decreto-ley aprobado recientemente. «Ahora está en fase de análisis a ver si es absolutamente compatible con la normativa europea o hay que introducir alguna modificación«, dijo. Respecto al Brexit, indicó que el Reino Unido dejará de compartir con la Unión Europea estos objetivos en materia de cambio climático, aunque subrayó que los británicos siempre han sido «de los países más ambiciosos» en esta materia.

Asimismo, Arias Cañete defendió que las energías renovables y la nuclear deben ser «las piedras angulares» para conseguir el objetivo de una economía descarbonizada. Así, señaló que la electrificación jugará un papel «fundamental», con un peso de más del 80% de la renovable, pero con el 20% restante más o menos de la nuclear. Además, subrayó que la lucha contra el calentamiento global es «uno de los mayores desafíos de la humanidad», por lo que las acciones en defensa del clima «tienen que ser inmediatas». Para hacer frente a esta lucha contra el cambio climático, el comisario advirtió de que hay que poner en marcha transiciones energéticas «radicales e irreversibles».

Dentro de los objetivos a 2020, destacó que Europa «va bien» en reducción de emisiones, «demostrando al resto del mundo que es compatible con el crecimiento económico», mientras que el objetivo renovable del 20% parece que se va a cumplir «a nivel global europeo», aunque habrá algunos países que individualmente no lo alcanzarán. Donde consideró que será necesario realizar más esfuerzos de cara a ese 2020 será en eficiencia energética, y señaló que la media española y de la Unión Europea no alcanzarán los objetivos.

Además, destacó el marco impuesto por la Unión Europea, con «una gobernanza potente» que con su aplicación llevaría a alcanzar unos objetivos más ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero a 2030 al 40% establecido. «Con su aplicación, en 2030 no estaríamos en el 40%, sino en el 45%, y nos llevaría per se a una reducción de las emisiones del 60%», avanzó.

Pedro Sánchez anuncia 235.000 millones de euros para combatir el cambio climático en España durante los próximos 10 años

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos 10 años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

Sánchez ha augurado que el «gran potencial» de las energías renovables «va a ser una realidad» durante los próximos 10 años y asegura que el Gobierno tiene una agenda «ambiciosa e integral» contra el cambio climático. A su juicio, los «peligros» se pueden superar con «ingenio y pasión» y ha lamentado la pérdida de «ingenio y pasión» durante una década a consecuencia de la crisis económica y financiera, cuando «muchos» jóvenes se fueron. Pero ha señalado que ahora hay «una década por ganar» y recuperar ese «talento» en un contexto en el que España está «decidida a contribuir a una economía global, justa y ecológica».

El jefe del Ejecutivo ha destacado las acciones en materia de cambio climático acometidas por el Gobierno socialista durante 7 meses y ha defendido que esta apuesta se observa también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde la I+D+I tiene un incremento del 5,1% respecto a 2018 y «todas» las partidas relacionadas con la materia experimentarán crecimiento. «Se trata de medidas concretas, reales, contables y efectivas», ha citado el presidente, que ha añadido que España trabaja en una agenda integral, con objetivos claros en toda la acción del Gobierno bajo la premisa de que la transición ecológica sea «socialmente justa» y no deje desprotegido «a nadie».

Sánchez ha advertido de que las afirmaciones negacionistas «cada vez son más comunes» en distintos ámbitos y ante estos «prejuicios» reivindicó la herencia de la «ilustración» por la que considera que «antes de cualquier ideología posible están la razón y la ciencia». En ese marco agradeció la labor de los activistas y de los científicos «comprometidos» que han abierto el camino y han mantenido «la llama y la tensión» y han logrado que el cambio climático esté cada vez más presente en la agenda política.

Por ello, ha subrayado que aunque el nombre del Ministerio, «Transición Ecológica», no crea una realidad, sí contribuye a generarla y el concepto incluye las dos palabras que «marcan la tarea» en la que está embarcado el Gobierno y el mundo, que no es otra que hacer la transición de un modelo económico a otro que ponga la ecología en el centro de las decisiones.

«Queremos políticos audaces, valientes y que hagan pedagogía a la ciudadanía. Necesitamos políticas que vayan más allá de lo previsto y nunca más acá, que es lo que nos encontramos. No hay tiempo para titubear ante el cambio climático. Somos la primera generación del cambio climático y la última que tiene poder para detenerlo. Somos ahora o nunca», ha sentenciado.

Obligados a repensar la energía

El presidente destacó que el Gobierno es ambicioso y ha hecho progresos contra el cambio climático, una cuestión que ha marcado la agenda política global durante «unos 10 años» y seguirá haciéndolo. En ese sentido, para Sánchez el cambio climático «no entiende de países, ideologías y civilizaciones y ha augurado que ningún esfuerzo local con respuestas individuales podrá ser suficiente.

Así, considera que con la razón y la ciencia la realidad climática obligará a «repensar» el modelo energético, las transformaciones sociales o el modo de producir o consumir, así como aprobar una legislación que no es «muy popular» porque exige una «adaptación incómoda en el corto plazo» como la transformación de la industria, el cambio de los hábitos automovilísticos, la necesidad de cambiar el perfil de las ciudades. Para ello, cree que la política tiene que hacer pedagogía y ha reclamado «comprensión» a los ciudadanos. De este modo, pide a los ciudadanos que acompañen al Gobierno en el camino y se comprometan a nivel personal para frenar el cambio climático y adaptarse a las consecuencias.

En definitiva, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el multilateralismo para adoptar un acuerdo global y social pero para ello es necesario el liderazgo para construir compromisos y ha advertido de que los próximos pasos serán «determinantes» y, ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo, opina que Europa tendrá «el reto» de impulsar el liderazgo en la transición». En ese ámbito, considera que en las elecciones quienes «dudan o están dispuestos a negociar con los que dudan del cambio climático no pueden tener un peso en el Parlamento europeo para abordar un problema tan global» y ha garantizado la apuesta del Ejecutivo por una lucha integral contra el cambio climático como un tema transversal de las políticas.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, calificó de «relevante» el liderazgo de España en materia de cambio climático aunque ha señalado que en este «gran desafío» los Gobiernos son «actores» en el marco multilateral pero ha recordado que la acción va más allá de los gobiernos y hay que buscar actores no estatales para desarrollar una agenda «incluyente».

Espinosa ha dicho que la lucha multilateral contra el cambio climático es un régimen basado en la confianza mutua de que los demás hacen su parte y de forma colectiva se alcanzan las metas. «El cambio climático no conoce fronteras. Lo que se haga en un lugar tiene efectos en todas las demás regiones del mundo. El comercio de emisiones está referido a 20 o 30 países, sin embargo hay más de 100 países que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático«, precisó.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

Ribera defiende ante los inversores internacionales que la transición energética movilizará en España más de 200.000 millones hasta 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. Ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es «un país idóneo» para invertir de manera sostenible y un país «atractivo» para las inversiones en energía.

«Nuestro país tiene el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la Unión Europea», indicó Ribera, quien subrayó que transformar la economía y hacerla más sostenible generará «oportunidades a largo plazo«. No obstante, destacó que, para aprovechar estas oportunidades que presenta la transición energética, será necesario contar con «una visión de país a medio y largo plazo y con un plan estratégico.

Ribera apuntó que, de esta previsión de cifras de inversión que se presentan con la transición energética, un 45% será para renovables, un 40% para eficiencia energética y un 12% para la electrificación, y señaló que podrían suponer un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.000 y más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década. Asimismo, consideró que renovar el modelo energético «es fundamental» ya que pasar a un modelo de cero emisiones en 2050 requiere focalizarse en eficiencia y renovables. «Todos los negocios tienen una oportunidad en las medidas que llevarán a ese modelo en la transición», apuntó.

Posteriormente, la ministra indicó que una transformación tan importante «requiere maximizar las inversiones en eficiencia», así como inversiones en redes y digitalización. «Todo ello son grandes oportunidades de inversión para el conjunto de la economía, pero también para el consumidor, y es lo que queremos reflejar en esa senda que será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima«, añadió. Ribera afirmó que estas oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros son una cifra «muy importante» que tendrá «un impacto muy positivo en el conjunto de los ahorros de la balanza comercial, de la dependencia energética del exterior, de generación de empleo y de crecimiento del PIB».

Confianza en aprobar los Presupuestos

Por otro lado, Ribera mostró su confianza en que el Congreso de los Diputados respalde los Presupuestos para 2019 ya que son «enormemente importantes desde el punto de vista social del acompañamiento social en un momento de cambio y modernización de la economía». No obstante, Ribera aseguró que en el caso de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno dispone unos presupuestos prorrogados «que permiten funcionar con total normalidad».

Sobre el decreto por el que se devuelven a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en energía, entre ellas los peajes de la luz y el gas, la ministra aseguró que el regulador se encargará ya de la siguiente revisión para 2020, ya que la medida entró en vigor con el decreto. «Evidentemente lo fijará para la siguiente revisión, que es en 2020», apuntó.

Ribera ve asumible para España lograr los objetivos a 2030 si en la transición ecológica existe «diálogo y participación»

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve asumible alcanzar los objetivos climáticos a 2030 siempre que exista en la transición esa «capacidad de diálogo y participación» por parte de todos los actores ya que «estamos hablando de construir un futuro en común». Ribera aseguró que «no le cabe la menor duda» de que esos objetivos a 2030 se pueden cumplir, aunque indicó que todos los sectores económicos, así como el resto de agentes sociales, «tienen un papel que desempeñar».

Ribera subrayó que la disrupción del cambio climático «entiende poco de colores políticos» y consideró que no hay nadie que no apueste por una transición hacia una economía descarbonizada. Asimismo, señaló que el cambio climático es «una carrera contrarreloj» en la que hay que plantearse desde el futuro para atrás «cuáles son las sendas más razonables» para alcanzar los objetivos de descarbonización y advirtió que «es imposible pensar que podemos volver a un modelo de crecimiento como el del pasado«.

Además, Ribera aseguró que es necesario actuar y estar a la cabeza, a pesar de poder pagar el coste del aprendizaje, ya que afirmó ser de las que «piensan que las cosas no pasan nunca solas». Para ello, la ministra indicó que son necesarias señales regulatorias «estables pero flexibles», para que puedan ser ajustadas en el camino, y defendió el papel que deben jugar «la solidaridad y la transición justa».

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.