Nadal se erige en “defensor” de los consumidores mientras Compromís se suma a la revisión retributiva de la distribución eléctrica

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Europa Press.- Compromís está de acuerdo en algo con el Gobierno y no es otra cosa que la revisión a la baja de la retribución a la actividad de la distribución de electricidad, lo que parece coincidir con los planes del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha lamentado la «conflictividad judicial» de las compañías eléctricas con las reformas realizadas por el Gobierno y ha defendido la necesidad de tener una factura energética «lo más ajustada posible» en defensa de los consumidores.

Respecto a «la polémica» surgida tras las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, Nadal indicó que en España se ha hecho «un enorme esfuerzo» para eliminar la generación de más déficit tarifario ya que «el aumento de los precios no servía para cubrir los costes». Tras destacar que el precio de la energía eléctrica es «clave» para el desarrollo industrial del país, Nadal subrayó que «el peso de la factura eléctrica en los costes del PIB industrial es «muy alto».

«Lo prioritario de la política energética es el desarrollo industrial y que tengamos unos precios competitivos«, ha incidido, para añadir que de no haberse llevado a cabo la reforma de 2013 los precios finales hubieran sido un 42% superiores, lo que era «liquidar la capacidad competitiva de la industria española». En este sentido, Nadal ha lamentado así la «conflictividad judicial» habida en los últimos años, en los que se ha «recurrido todo» y no hay «ninguna norma que no se haya recurrido» por el sector.

De este modo, ha valorado la propuesta realizada desde el Ministerio a las diferentes formaciones políticas para que «de la misma manera que las eléctricas defienden sus intereses» haya «determinados elementos en interés del consumidor que también deben ser corregidos«. «En esto consiste esa tensión, ya que no sería adecuado que el sistema solo se corrigiera a favor de los generadores de electricidad, sino que también habrá que hacer correcciones en el sistema cuando tocan del lado del consumidor», ha descrito, para añadir que «es muy importante tener una factura energética lo más ajustada posible en defensa de los consumidores».

En este sentido, ha incidido en que «cada euro que no se gaste en energía es un euro que no nos lo gastamos en salarios o innovación», por lo que ha subrayado que la política llevada a cabo desde su Ministerio es «defendible y tiene lógica«. «Prácticamente no cambia nada porque determinadas cosas caen hacia las eléctricas y otras hacia los consumidores, por lo que se compensan y el sistema se queda igual, con las empresas rentabilizando sus inversiones», concluyó.

Retribución de la distribución eléctrica

Por su parte, Compromís quiere revisar a la baja la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica de cara al próximo período regulatorio que comenzará en 2020, máxime después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que el regulador detectaba una retribución superior a la establecida legalmente. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Ignasi Candela, registró una proposición para su debate en la comisión del ramo de la Cámara Baja, en la que insta al Gobierno a adecuar estas retribuciones.

Según recuerda en su iniciativa, la CNMC señaló en su Informe de Análisis Económico-Financiero de las Principales Empresas de Distribución del Sector Eléctrico que la retribución de las compañías EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo se situaba en este período por encima del 10%. «Muy por encima del 6,5% en el que, según lo dispuesto en la ley, se debería haber situado», asevera Candela. Las retribuciones fijadas a la distribución de energía en la reforma de 2013 marcaba una tasa ligada a las obligaciones del Estado a diez años, más 200 puntos básicos.

País Vasco pide a Nadal «seriedad y seguridad» en el marco regulatorio, sin «sobresaltos» retributivos, y materializar ya el euskopeaje

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Europa Press.- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno autonómico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya «seguridad, seriedad y estabilidad» en el marco regulatorio porque, según ha indicado, «no podemos estar sobresalto sobre sobresalto». Asimismo, le instó a «trabajar conjuntamente» para que el acuerdo sobre peajes eléctricos «sea una realidad«.

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan el Gobierno del País Vasco, la Diputación de Vizcaya e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao. Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

Tapia ha destacado la necesidad de continuar «modernizando» la red eléctrica de Euskadi, que ha sido «un lujo» a lo largo de años, con «actuaciones tecnológicas e inversiones importantes». «Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe», ha reivindicado. En este sentido, ha advertido de la importancia de los «escenarios regulatorios» para que las nuevas inversiones en este campo «tengan una seguridad». Según ha indicado, «la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad».

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman «con seriedad y rigor todos los aspectos relacionados con la regulación». «No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la dada recientemente por el ministro, aunque definitivamente retiró las enmiendas», ha afirmado la consejera sobre la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes. Según la consejera vasca, «tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma».

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a «trabajar conjuntamente» para que «sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos y en el que nos estamos jugando el futuro». Asimismo, ha defendido que es «momento» de que «sea una realidad» el euskopeaje, el acuerdo alcanzado en materia de peajes eléctricos para reducir el precio de la energía a la industria vasca.

Retribución “adecuada” a la inversión

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que «la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave» y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser «estable y predecible». «Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos«, ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto Bidelek 4.0 en Euskadi, una «tierra donde todos vamos de la mano», que ha contrapuesto a «las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro«. Martínez ha confiado en que «juntos seamos capaces de reenfocar este debate» para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado que contar con un marco estable es «muy importante» y no «gusta» esa «cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento con el Gobierno en un sector tan importante como el de las utilities«. No obstante, explicó que «no notamos un frenazo» de inversiones aún, pero «preocupa encontrarnos ante un recorrido inseguro, después de los periodos que hemos pasado«.

Con este protocolo se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidelek, con el que se pretende «seguir innovando» en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener «los productos más innovadores» e implantar «una red más vanguardista», ha explicado el responsable del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola. La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por «implantar más redes y más inteligentes» como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito. La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, «toda la ciudadanía va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía».

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, ha destacado la importancia del sector de la energía, «estratégico para Vizcaya por múltiples razones». Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.  Todos los participantes resaltaron el «éxito» de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola destacó que se redujo a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan «de forma automática e inmediata».

Moody’s advierte que los ajustes retributivos para el sector eléctrico y gasista afectarán negativamente a los ratings

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Europa Press.– Moody’s ha advertido que de convertirse en leyes las medidas anunciadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para ajustar la retribución de las redes tanto de electricidad como de gas, así como de incrementar los requisitos para el cierre de plantas de carbón y nucleares, «tendrán implicaciones crediticias negativas para el sector«.

En un informe sobre la calidad crediticia de las compañías financieras en España para 2018, la agencia de calificación subraya que estas decisiones impactarían «en especial» en REE (Baa1 estable), el operador de la red eléctrica, así como en los principales operadores de plantas nucleares, que son Endesa (Baa2 estable) e Iberdrola (Baa1 positiva). Para Moody’s, «las inquietudes del Gobierno en torno a la asequibilidad de la energía han propiciado una posible carga regulatoria adicional».

Para el sector de petróleo y gas, la agencia considera que la recuperación de los precios del petróleo y los ahorros en los costes mejorarán las condiciones crediticias. Así, destaca que Repsol (Baa2 estable) se beneficiará del crecimiento de sus operaciones de exploración y producción (upstream) y de las operaciones de refinería y comercialización (downstream) «históricamente sólidas«. Asimismo, Moody’s pronostica un crecimiento real del PIB del 2,3% en España, lo que «respaldará la calidad crediticia de las empresas este año».

«Una mayor recuperación económica generalizada en sus principales mercados finales, Europa y América Latina, también beneficiará a las empresas españolas con presencia internacional», destaca la vicepresidente-senior analista de la agencia, Laura Pérez. No obstante, considera que las tensiones políticas y la normalización de la política monetaria seguirán siendo «factores relevantes» desde el punto de vista del crédito que afectarán a la mayoría de sectores corporativos.

A este respecto, el escenario central de Moody’s es que Cataluña seguirá formando parte de España. No obstante, las tensiones políticas y la incertidumbre «probablemente pesarán en el sentimiento económico y el gasto del consumidor y, por tanto, limitarán la demanda, lo cual conlleva implicaciones crediticias negativas para las empresas españolas», añade la agencia. Por otra parte, señala que la política monetaria seguirá siendo favorable y los bajos spreads de crédito respaldarán el coste de financiación y refinanciación de las empresas en 2018. Por ello, cree que la subida de los tipos de interés producirá un aumento inmediato del coste marginal de la deuda en el momento de la emisión.

Unesa pide un marco energético «predecible» para asegurar las inversiones mientras Enerclub pide una relación «colaborativa» entre empresas y administraciones

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Europa Press.- Mientras el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, ha pedido una relación «cercana y colaborativa» entre la empresa y la administración para contribuir a la eficiencia del sector energético, la presidenta de la patronal eléctrica Unesa, Marina Serrano, ha pedido un marco regulatorio energético «predecible y replicable» para asegurar las inversiones en el sector. “Para que haya inversión tiene que haber un marco predecible tanto en energías renovables como en otros temas», ha subrayado.

Serrano ha insistido en que los inversores sepan qué va a ocurrir disponiendo de las fórmulas, de forma que éstas no cambien «a mitad de la jugada» en referencia a los ajustes retributivos anunciados por el ministro Nadal para el sistema eléctrico y gasista. Por su parte, el presidente de Sedigas, Antonio Peris, también insistió en la necesidad de un marco predecible y destacó la competitividad del sector gasista: «Es el único sector que para captar clientes tiene que entrar en casa y, si no es competitivo, no capta clientes».

Relación entre empresa y administración

«Una relación cercana y colaborativa entre empresa y administración es la clave para cumplir con los significativos retos que el sector energético tiene por delante», fue la afirmación del presidente de Enerclub, que también ha agradecido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a sus esfuerzos en un entorno que exige la «búsqueda continua de pactos políticos».

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

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Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

Galán (Iberdrola) pide que se haga una política energética «de verdad» y no «política con la energía»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido hacer una política energética «de verdad» y «no hacer política con la energía«. A este respecto, insistió en que en los años que lleva en el sector ha visto pasar a distintos políticos que han cometido «los mismos errores», que al final «los pagan los consumidores y los accionistas».

El directivo, que defendió así la necesidad de impulsar la descarbonización de la economía mundial para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, señaló respecto a la transición energética que los cambios profundos no son un problema «sino una oportunidad». Así, afirmó que la descarbonización y la rentabilidad son totalmente compatibles y puso como ejemplo a la misma Iberdrola que, después de haber invertido 100.000 millones de dólares (unos 81.623 millones de euros) en renovables, redes y tecnología hidroeléctrica de bombeo, ha multiplicado por 5 su base de activos y triplicado sus resultados y dividendos. «Hemos pasado de ocupar el puesto 20 por capitalización bursátil entre las utilities a situarnos entre las cuatro primeras del mundo», añadió.

Además, Galán explicó que para dar respuesta a una demanda creciente con un modelo energético descarbonizado es imprescindible desarrollar más generación renovable, mayor capacidad de almacenamiento, más redes inteligentes y más vehículos eléctricos. A este respecto, aseguró que la tecnología necesaria ya está disponible y que sus costes se están reduciendo rápidamente. En este sentido, indicó que la inversión requerida por el sector eléctrico durante los próximos 25 años asciende a 19 billones de dólares (unos 15,5 billones de euros).

Galán, que hizo hincapié en que sean todos los actores los que se impliquen en la lucha contra el cambio climático, también consideró necesario para avanzar hacia un modelo económico descarbonizado que se implementen marcos legales estables y predecibles, que deben ir acompañados de una reforma de la fiscalidad ambiental bajo el principio de quien contamina, paga, así como de la eliminación de los costes no energéticos incluidos en la tarifa eléctrica. En este sentido, señaló que no todos los países que suscribieron el Acuerdo de París están desarrollando políticas para cumplir los compromisos asumidos.

En Asturias preocupa la descarbonización

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha reiterado que su comunidad autónoma tendrá «un problema» si finalmente se cierran sus centrales térmicas de carbón «antes de tiempo«. En este sentido, ha subrayado que España va «a cumplir el objetivo de 2020» en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 se refiere y ha garantizado que también lo hará en 2030 si no se va «más allá en las exigencias» que ya se «autoimponen» los países de la Unión Europea.

El barón socialista ha aseverado que le parece «bien» todo avance en energías renovables y que «nadie es enemigo de combatir el cambio climático», pero ha advertido de que si actualmente no existiesen las centrales de carbón el precio lo marcaría exclusivamente el gas y, por lo tanto, la electricidad resultaría «mucho más cara». En este sentido, ha puesto en duda que España pudiese garantizar «un precio razonable» de la electricidad y esgrimió que el encarecimiento de la electricidad será «un problema general para el conjunto de la industria española».

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje este año por una mayor estabilidad meteorológica y del crudo

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha aventurado un descenso para este año de la factura de la luz por la estabilidad de los precios del petróleo y de las condiciones meteorológicas en relación a lo ocurrido en 2017. «Un año tan malo como 2017 no vamos a tener. La tendencia es una mejora de los precios. La meteorología y el petróleo están más estables y eso va a ayudar a los precios», asegura Nadal.

El ministro ha señalado que la factura doméstica normal en enero se ha reducido un 14,4%, una cifra que obedece a que el año pasado hubo muchos problemas de energía, especialmente en Francia, que encarecieron el recibo en España. Nadal abogó por mantener las centrales nucleares, de carbón y de gas e incrementar la producción a través de las renovables, lo que permitiría cumplir con los objetivos de CO2 y de renovables. «España va a ser de los pocos países de la Unión Europea que va a cumplir con sus objetivos de renovables. Hay que cumplir con los objetivos medioambientales, pero también de precio», matizó.