El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE), para su preceptivo informe, una propuesta de normativa que pretende agilizar y simplificar los procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y electricidad que son competencia de la Administración General del Estado.

La propuesta introduce modificaciones a los procedimientos establecidos en la normativa actual. La principal novedad consiste en la disociación de los trámites medioambientales del resto de trámites, de forma que puedan realizarse simultáneamente.

Según el Ministerio, esto puede llegar a reducir a la mitad los plazos de resolución de los procedimientos de solicitud de autorizaciones.

La iniciativa puede enmarcarse en el plan de reactivación empresarial, ya que «tendrá implicaciones económicas favorables para las empresas, al incentivar la realización de proyectos de inversión».

El Ministerio de Industria ha incorporado en la segunda convocatoria, 731 instalaciones fotovolcaicas al registro, lo que suma un total de 1.123 inscripciones en lo que va de año.

En una nota de prensa, el Ministerio señala que el «elevado» número de solicitudes presentadas constata que el nuevo marco retributivo es muy «atractivo y estable» para el sector.

De las 2.720 peticiones presentadas inicialmente, 193 fueron canceladas por los propios interesados, de manera que de las 2.527 restantes, 731 fueron inscritas y 743 no fueron admitidas al presentarse de forma incorrecta o incompleta.

A partir de este momento, los titulares de las instalaciones disponen de doce meses para finalizar su instalación y ponerla en marcha para tener derecho a la retribución durante un periodo de 25 años.

Hubo 1.053 que no quedaron inscritas porque, aunque cumplen los requisitos, no entran en el cupo establecido por el Real Decreto que regula la actividad fotovoltaica desde finales del año pasado. El procedimiento de selección, según la normativa, es el de la ordenación cronológica de las solicitudes.

Pese a que para las instalaciones de suelo el cupo era de 94,552 megavatios (MW), se inscribieron solicitudes por una potencia de 94,7 MW. Estas instalaciones tendrán una retribución de 30,719 céntimos de euros por kilovatio hora (kWh).

La retribución asignada para las plantas de cubierta inferiores a 20 kilovatios (kW) (tipo I.1) será de 34 céntimos por kWh, así como de 32 céntimos por kWh para instalaciones de cubierta superiores a 20 kWh (tipo I.2).

En la tercera convocatoria, los tipos I.1 y I.2 tendrán tarifas similares, al no haberse cubierto el 75% del cupo previsto, mientras que, como resultado de la potencia inscrita, la tarifa del tipo II será de 29,91 céntimos por kWh.

Los cupos correspondientes a los tipos I.1 y I.2 continuarán siendo los mismos en la tercera convocatoria, y el relativo a instalaciones de suelo se incrementa en 31 MW como resultado de traspasar la potencia no cubierta de los tipos de techo y detraer el exceso de potencia cubierta en suelo de la convocatoria anterior.

Los interesados podrán consultar en la página del Ministerio de Industria los listados definitivos de las instalaciones o proyectos inscritos en el Registro de preasignación de retribución asociados a esta segunda convocatoria.
http://www.mityc.es/Energia/electricidad/Paginas/Index.aspx

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aseguró que «nunca ha contemplado» que las comunidades de vecinos y propiedades residenciales deban contar con la figura de un gestor energético, en contra de lo publicado en diversos medios de comunicación.

Ante la información referente a un borrador de la nueva ley de eficiencia energética y energías renovables, Industria afirmó en un comunicado que los apartados que tratan sobre el gestor energético de los diversos borradores de trabajo «en ningún caso hacen referencia a comunidades de vecinos».

En consecuencia, «la futura ley no contendrá obligación alguna para las comunidades de vecinos y propiedades residenciales respecto a la figura del gestor energético», indica el Ministerio.

El cambio de límite supone dejar fuera de las TUR a unos 760.000 clientes de baja tensión, en su mayoría pymes y que representan el 5% de la demanda total de energía eléctrica en España, según datos de la patronal eléctrica Unesa.

Según el Ministerio de Industria, podrán acogerse a las TUR 24,92 millones de clientes de baja tensión, mientras que 1,25 millones de usuarios, que suponen el 31,7% del consumo en baja tensión, deberán ir al mercado liberalizado al haber contratado más de 10 kW de potencia.

Esta novedad se incluye en un Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso eléctrico, que supondrá la desaparición de la actual tarifa integral y permitirá avanzar en la liberalización del sector.

Según los datos de Unesa, la baja tensión representa el 48 por ciento de la demanda total de energía eléctrica en España.

El 30 por ciento del consumo total corresponde a 23,5 millones de clientes con una potencia inferior a 10 kW, mientras que el 13 por ciento proviene de 550.000 usuarios con más de 15 kW y el 5 por ciento restante a unos 760.000 clientes que tienen contratados entre 10 y 15 kW.

A partir del próximo 1 de julio, cuando entrarán en vigor las TUR, la mayoría de los consumidores domésticos y algunas pequeñas empresas podrán optar entre acogerse a las nuevas tarifas o negociar su suministro de electricidad en el mercado libre.

El objetivo de las TUR, que serán revisadas trimestralmente, es servir de refugio a los consumidores más pequeños y será el Ministerio de Industria el que dictará las disposiciones necesarias para su establecimiento y el que fijará su precio mediante una metodología «transparente».

Sólo podrán ofrecer estas tarifas reguladas los denominados «comercializadores de último recurso», que, según el Real Decreto, son: Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, Unión Fenosa Metra, Hidrocantábrico Energía de Ultimo Recurso y E.On Comercializadora de Último Recurso.

Estas compañías han sido elegidas porque cuentan con medios suficientes para asumir una actividad que, según Industria, supone «cierto riesgo» al estar obligadas a prestar el servicio a un precio fijado previamente.

Industria subrayó, en un comunicado, que la supresión de las tarifas integrales supone un importante paso en la liberalización del sector que debe redundar en beneficio de los consumidores a través de un aumento de la competencia.

Para facilitar el proceso, en las facturas eléctricas de los próximos meses se incluirá una carta en la que se informará al consumidor del nuevo esquema de suministro, así como de las diferentes alternativas que se le presentan y un listado completo de empresas comercializadoras disponibles.

Además, la Oficina de Cambio de Suministrador, constituida recientemente, servirá para facilitar el cambio de suministro, informar, aconsejar y solucionar todas las dudas que puedan surgir al consumidor.

En julio de 2008 se eliminaron las tarifas integrales de los consumidores de alta tensión que, desde entonces, tienen que adquirir la electricidad en el mercado mayorista eléctrico -pool.-

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), el cambio ha conllevado para la gran industria un encarecimiento de la factura eléctrica del 70 por ciento.