Industria calculará las tarifas de gas con más «objetividad y transparencia»

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta para incorporar una metodología más «transparente y objetiva» al cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, a la que sólo pueden acogerse los consumidores domésticos.

En una nota de prensa, el Ministerio destaca que la principal novedad de esta metodología es la de incorporar en el cálculo de la tarifa los resultados de las subastas de gas destinados al suministro de último recurso.

En este sentido, gracias a este nuevo sistema, el cálculo de dichas tarifas estará vinculado al resultado de las subastas, a la cotización del petróleo Brent -de referencia en Europa- y al tipo de cambio entre el euro y el dólar, lo que dotará de mayor transparencia y objetividad al proceso.

Asimismo, se anuncia que la primera subasta de gas se realizará entre el 1 de julio de este año y el 30 de junio de 2010.

Aprobado el decreto que pondrá fin al déficit tarifario

Como ya informábamos desde Energía Diario el pasado viernes, la resolución a este «espinoso» asunto estaba al caer, tras varias filtraciones a la prensa que dieron al traste con una conclusión algo más rápida de esta cuestión.

En todo caso, el Decreto Ley que se ya se aprobará en el Consejo de Ministros dará carpetazo a tan incómodo asunto, y no es para menos si se tiene en cuenta que el déficit acumulado supera los 10.000 millones de euros.

Entre las medidas que contempla este Decreto Ley está el llamado bono social, una ayuda que beneficiará a los consumidores con menos recursos y que será absorbido en su totalidad por las eléctricas. Como recogíamos ayer en estas páginas, dicha cantidad ascenderá a 1.000 millones de euros y no a los 700 millones previstos inicialmente. Además, dicho monto tendrá que ser pagado cada año por las distintas compañías y no solamente en el primer año en curso de la citada normativa.

A cambio, el acuerdo recogerá el aval del Estado a la deuda pendiente de titularizar y que determinadas partidas, como los gastos extrapeninsulares, sean cargados contra los Presupuestos Generales del Estado, aliviando de este modo el peso de las eléctricas que, por otra parte, tendrán que hacerse cargo de los costes a las subvenciones del carbón nacional y de la recogida y gestión de residuos nucleares.

Lo que parece claro es que la partida de las primas a las renovables no será trasladada a los Presupuestos Generales del Estado, aunque se buscará una fórmula para que estas energías no supongan una carga para engrosar aún más el déficit tarifario. Al parecer, Industria planea introducir un método de cálculo por objetivos para poder cobrar las primas.

Por otro lado, importante parece el papel desempeñado por Moncloa en esta última fase de las negociaciones. Después de que Industria y Economía acercaran posiciones tras la crisis del Gobierno de la pasada Semana Santa, el borrador del acuerdo fue a parar a la mismísima Moncloa, donde se han atado los últimos flecos pendientes para la resolución definitiva al déficit de tarifa. Por este motivo, es posible que nos llevemos alguna sorpresa. Habrá que esperar a leer el texto final.

El déficit acumulado, que el sector eléctrico sitúa en más de 14.000 millones de euros, ha puesto en una situación complicada a las compañías, que tienen dificultades para colocar en el mercado los derechos de cobro.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que el déficit tarifario pendiente de cobro desde 2000 se situará a finales de este año en 10.595 millones de euros.

Recientemente, la agencia Fitch advirtió del «impacto negativo» que el déficit está teniendo sobre la fortaleza financiera del sector eléctrico.

Aprobado el decreto que pondrá fin al déficit tarifario

Como ya informábamos desde Energía Diario el pasado viernes, la resolución a este «espinoso» asunto estaba al caer, tras varias filtraciones a la prensa que dieron al traste con una conclusión algo más rápida de esta cuestión.

En todo caso, el Decreto Ley que se ya se aprobará en el Consejo de Ministros dará carpetazo a tan incómodo asunto, y no es para menos si se tiene en cuenta que el déficit acumulado supera los 10.000 millones de euros.

Entre las medidas que contempla este Decreto Ley está el llamado bono social, una ayuda que beneficiará a los consumidores con menos recursos y que será absorbido en su totalidad por las eléctricas. Como recogíamos ayer en estas páginas, dicha cantidad ascenderá a 1.000 millones de euros y no a los 700 millones previstos inicialmente. Además, dicho monto tendrá que ser pagado cada año por las distintas compañías y no solamente en el primer año en curso de la citada normativa.

A cambio, el acuerdo recogerá el aval del Estado a la deuda pendiente de titularizar y que determinadas partidas, como los gastos extrapeninsulares, sean cargados contra los Presupuestos Generales del Estado, aliviando de este modo el peso de las eléctricas que, por otra parte, tendrán que hacerse cargo de los costes a las subvenciones del carbón nacional y de la recogida y gestión de residuos nucleares.

Lo que parece claro es que la partida de las primas a las renovables no será trasladada a los Presupuestos Generales del Estado, aunque se buscará una fórmula para que estas energías no supongan una carga para engrosar aún más el déficit tarifario. Al parecer, Industria planea introducir un método de cálculo por objetivos para poder cobrar las primas.

Por otro lado, importante parece el papel desempeñado por Moncloa en esta última fase de las negociaciones. Después de que Industria y Economía acercaran posiciones tras la crisis del Gobierno de la pasada Semana Santa, el borrador del acuerdo fue a parar a la mismísima Moncloa, donde se han atado los últimos flecos pendientes para la resolución definitiva al déficit de tarifa. Por este motivo, es posible que nos llevemos alguna sorpresa. Habrá que esperar a leer el texto final.

El déficit acumulado, que el sector eléctrico sitúa en más de 14.000 millones de euros, ha puesto en una situación complicada a las compañías, que tienen dificultades para colocar en el mercado los derechos de cobro.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que el déficit tarifario pendiente de cobro desde 2000 se situará a finales de este año en 10.595 millones de euros.

Recientemente, la agencia Fitch advirtió del «impacto negativo» que el déficit está teniendo sobre la fortaleza financiera del sector eléctrico.

El bono social de las eléctricas alcanzará los 1.000 millones de euros

Como ya informábamos la semana pasada desde estas páginas, el acuerdo final sobre la gestión del déficit tarifario está al caer y, a buen seguro, conoceremos todos sus entramados la semana que bien, a más tardar.

Sin embargo, poco a poco se van conociendo nuevos datos, esta vez aportados por el diario económico Expansión que, en su edición de hoy, se hace eco de la cifra final que las eléctricas estarán obligadas a sufragar a los consumidores más desfavorecidos económicamente (rentas bajas, parados de larga duración, etc), dentro del concepto denominado como bono social.

Finalmente, parece que esta cifra rondará los mil millones de euros anuales de forma sistemática y no en un sólo ejercicio como pretendían las eléctricas. No obstante se trata de un monto mucho más elvado de el barajado inicialmente y que ha sido impuesta finalmente desde Moncloa y no desde el Ministerio de Industria. Según los datos conocidos por Energía Diario, las compañías desconocían por completo las cifras finales que se verán obligadas a cubir a través de este bono social.

Por tanto, se beneficiarán los clientes con un nivel mínimo de potencia contratada, es decir, unos cuatro millones de usuarios, de los 26 millones de consumidores domésticos que existen en España. No obstante aún queda por conocer cómo se repartirá el peso de este bono social entre las distintas eléctricas, debido a la distinta proporción de clientes susceptibles del mismo de cada compañía.

La asunción de estos mil millones de euros traerá consigo el aval del Estado para que las émpresas eléctricas puedan conseguir créditos que den salida a las emisiones de deuda bancaria bloqueadas por la crisis de liquidez económica.

Asimismo, el Gobierno sacará del déficit de tarifa los gastos extrapeninsulares, que serán cargados contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo parecido ocurrirá con las primas a las renovables aunque, por ahora, se desconoce la fórmula definitiva que se adoptará para que estas energías dejen de engrosar el monto del défiicit, sin necesidad de reducir las subvenciones que perciben. Lo que si es seguro es que no serán trasladadas a los PGE.

Además, las eléctricas también deberán asumir el coste de las subvenciones al carbón nacional y la recogida y gestión de residuos nucleares.

El bono social de las eléctricas alcanzará los 1.000 millones de euros

Como ya informábamos la semana pasada desde estas páginas, el acuerdo final sobre la gestión del déficit tarifario está al caer y, a buen seguro, conoceremos todos sus entramados la semana que bien, a más tardar.

Sin embargo, poco a poco se van conociendo nuevos datos, esta vez aportados por el diario económico Expansión que, en su edición de hoy, se hace eco de la cifra final que las eléctricas estarán obligadas a sufragar a los consumidores más desfavorecidos económicamente (rentas bajas, parados de larga duración, etc), dentro del concepto denominado como bono social.

Finalmente, parece que esta cifra rondará los mil millones de euros anuales de forma sistemática y no en un sólo ejercicio como pretendían las eléctricas. No obstante se trata de un monto mucho más elvado de el barajado inicialmente y que ha sido impuesta finalmente desde Moncloa y no desde el Ministerio de Industria. Según los datos conocidos por Energía Diario, las compañías desconocían por completo las cifras finales que se verán obligadas a cubir a través de este bono social.

Por tanto, se beneficiarán los clientes con un nivel mínimo de potencia contratada, es decir, unos cuatro millones de usuarios, de los 26 millones de consumidores domésticos que existen en España. No obstante aún queda por conocer cómo se repartirá el peso de este bono social entre las distintas eléctricas, debido a la distinta proporción de clientes susceptibles del mismo de cada compañía.

La asunción de estos mil millones de euros traerá consigo el aval del Estado para que las émpresas eléctricas puedan conseguir créditos que den salida a las emisiones de deuda bancaria bloqueadas por la crisis de liquidez económica.

Asimismo, el Gobierno sacará del déficit de tarifa los gastos extrapeninsulares, que serán cargados contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo parecido ocurrirá con las primas a las renovables aunque, por ahora, se desconoce la fórmula definitiva que se adoptará para que estas energías dejen de engrosar el monto del défiicit, sin necesidad de reducir las subvenciones que perciben. Lo que si es seguro es que no serán trasladadas a los PGE.

Además, las eléctricas también deberán asumir el coste de las subvenciones al carbón nacional y la recogida y gestión de residuos nucleares.

Industria envía a la CNE la propuesta de metodología para la tarifa regulada

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el borrador que establece la metodología para fijar la Tarifa de Último Recurso (TUR), así como el mecanismo de traspaso de los clientes acogidos al suministro regulado.

El Ministerio informó en una nota de prensa de que el borrador de orden ministerial remitido al ente regulador establece además el periodo transitorio que regirá hasta el 1 de julio de 2009, fecha en la que los comercializadores deberán adaptar los contratos al nuevo marco legal.

A partir de esta fecha se suprimirá el suministro de la tarifa integral a cargo de las distribuidoras, de manera que las empresas comercializadoras serán las únicas que estarán habilitadas para suministrar la electricidad.

El regulador emitirá un informe preceptivo sobre esta orden ministerial, que establece la metodología de fijación de tarifas de último recurso de electricidad, así como la periodicidad con la que se revisarán y el mecanismo de traspaso de los clientes a tarifa al nuevo modelo.

A partir del próximo 1 de julio quedará suprimido el suministro a tarifa integral a cargo de las distribuidoras, siendo las empresas comercializadoras las únicas habilitadas para ejercer la actividad de suministro de electricidad.

En el nuevo escenario, el modelo general de suministro será el de precios libremente pactados entre consumidor y comercializador, existiendo no obstante unas Tarifas de Último Recurso, denominadas TUR, a las que se podrán acoger exclusivamente los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1kV (consumidores de baja tensión) y con potencia contratada menor o igual a 10kW.

Las tarifas de último recurso se componen de un término de facturación de potencia y un término de facturación de energía. La suma de ambos conceptos dará como resultado el precio de estas tarifas.

Con la entrada en funcionamiento de la tarifa regulada de electricidad se completa el proceso de liberalización del sector, que se ha estado impulsado por las directivas europeas.

Industria envía a la CNE la propuesta de metodología para la tarifa regulada

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el borrador que establece la metodología para fijar la Tarifa de Último Recurso (TUR), así como el mecanismo de traspaso de los clientes acogidos al suministro regulado.

El Ministerio informó en una nota de prensa de que el borrador de orden ministerial remitido al ente regulador establece además el periodo transitorio que regirá hasta el 1 de julio de 2009, fecha en la que los comercializadores deberán adaptar los contratos al nuevo marco legal.

A partir de esta fecha se suprimirá el suministro de la tarifa integral a cargo de las distribuidoras, de manera que las empresas comercializadoras serán las únicas que estarán habilitadas para suministrar la electricidad.

El regulador emitirá un informe preceptivo sobre esta orden ministerial, que establece la metodología de fijación de tarifas de último recurso de electricidad, así como la periodicidad con la que se revisarán y el mecanismo de traspaso de los clientes a tarifa al nuevo modelo.

A partir del próximo 1 de julio quedará suprimido el suministro a tarifa integral a cargo de las distribuidoras, siendo las empresas comercializadoras las únicas habilitadas para ejercer la actividad de suministro de electricidad.

En el nuevo escenario, el modelo general de suministro será el de precios libremente pactados entre consumidor y comercializador, existiendo no obstante unas Tarifas de Último Recurso, denominadas TUR, a las que se podrán acoger exclusivamente los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1kV (consumidores de baja tensión) y con potencia contratada menor o igual a 10kW.

Las tarifas de último recurso se componen de un término de facturación de potencia y un término de facturación de energía. La suma de ambos conceptos dará como resultado el precio de estas tarifas.

Con la entrada en funcionamiento de la tarifa regulada de electricidad se completa el proceso de liberalización del sector, que se ha estado impulsado por las directivas europeas.

El déficit de tarifa eléctrica asciende a 124,4 millones entre enero y febrero

Las compañías eléctricas acumularon un déficit de tarifa -diferencia entre ingresos y costes del sistema- en los dos primeros meses del año de 124,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 70 por ciento respecto al mismo periodo de 2008 y un recorte del 73 por ciento respecto al déficit previsto.

Según la segunda liquidación de 2008 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), los ingresos netos del sistema eléctrico crecieron el 11 por ciento y sumaron 2.072 millones de euros, en gran parte debido a la facturación mensual por parte de las compañías.

Por su parte, los costes de adquisición de la energía cayeron el 16 por ciento hasta los 1.363 millones de euros, con lo que quedaron 709,9 millones de euros para retribuir los distintos capítulos regulados.

El descenso del coste de la energía se debió a la caída del precio en el mercado eléctrico mayorista en un 27,7 por ciento y a la escasa cuantía de las cantidades imputadas en concepto de prima al régimen especial.

El déficit reconocido con carácter previo (ex ante) para el conjunto del ejercicio se mantiene en 4.926 millones de euros.

El déficit de tarifa eléctrica asciende a 124,4 millones entre enero y febrero

Las compañías eléctricas acumularon un déficit de tarifa -diferencia entre ingresos y costes del sistema- en los dos primeros meses del año de 124,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 70 por ciento respecto al mismo periodo de 2008 y un recorte del 73 por ciento respecto al déficit previsto.

Según la segunda liquidación de 2008 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), los ingresos netos del sistema eléctrico crecieron el 11 por ciento y sumaron 2.072 millones de euros, en gran parte debido a la facturación mensual por parte de las compañías.

Por su parte, los costes de adquisición de la energía cayeron el 16 por ciento hasta los 1.363 millones de euros, con lo que quedaron 709,9 millones de euros para retribuir los distintos capítulos regulados.

El descenso del coste de la energía se debió a la caída del precio en el mercado eléctrico mayorista en un 27,7 por ciento y a la escasa cuantía de las cantidades imputadas en concepto de prima al régimen especial.

El déficit reconocido con carácter previo (ex ante) para el conjunto del ejercicio se mantiene en 4.926 millones de euros.

Las autorizaciones de instalación de gas natural y electricidad podrán obtenerse más rápidamente

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE), para su preceptivo informe, una propuesta de normativa que pretende agilizar y simplificar los procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y electricidad que son competencia de la Administración General del Estado.

La propuesta introduce modificaciones a los procedimientos establecidos en la normativa actual. La principal novedad consiste en la disociación de los trámites medioambientales del resto de trámites, de forma que puedan realizarse simultáneamente.

Según el Ministerio, esto puede llegar a reducir a la mitad los plazos de resolución de los procedimientos de solicitud de autorizaciones.

La iniciativa puede enmarcarse en el plan de reactivación empresarial, ya que «tendrá implicaciones económicas favorables para las empresas, al incentivar la realización de proyectos de inversión».