Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.

Ecologistas denuncia ante la Fiscalía el vertido de biodiésel de Carboneras (Almería) y pide parar la actividad en la fábrica

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Europa Press.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el vertido detectado en el litoral de Carboneras (Almería) y ha solicitado que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel para evitar que se «siga produciendo un daño ambiental irreparable».

La denuncia indica que es un «hecho conocido» en Carboneras que la fábrica «aprovecha» los días de mal tiempo y lluvia «para tirar productos altamente tóxicos para los que tiene capacidad de reciclar y tratar» ya que «el oleaje y el viento dispersa con más rapidez el vertido» y señala que este hecho es conocido como Operación Lluvia. El colectivo conservacionista asegura que hay indicios de que la planta «no tiene actualizadas todas las autorizaciones ambientales» que se precisan en la legislación aplicable a la actividad de fabricación de biodiésel y alude a la obligatoriedad de una autorización ambiental integrada.

En esta línea, traslada que, en diciembre de 2017, la Delegación Territorial de Medio Ambiente reconoció en un escrito dirigido a Ecologistas en Acción que se había realizado una inspección en 2011 y que existen «diversas denuncias» planteadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. «La Consejería de Medio Ambiente es perfectamente conocedora de esta situación», afirma en su denuncia al Ministerio Público, al que insta a abrir diligencias de investigación por hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra el medioambiente y otro contra la salud pública.

Ecologistas en Acción, que acompaña la denuncia con documental gráfica y escritos en el mismo sentido remitidos al Ayuntamiento carbonero y la Delegación Territorial de Medio Ambiente, insiste en que se está produciendo un «daño ambiental irreparable» y solicita que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial hasta que se garantice un adecuado cumplimiento de las medidas ambientales exigibles para evitar que siga.

Investigación abierta por el Seprona

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido, el segundo que da lugar a una investigación desde abril. Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar.

En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar. La presencia del vertido, que fue grabado y difundido por redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela.

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. “El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder”, detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. El procedimiento se incoó a raíz de que, en abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades».

La Guardia Civil investiga un nuevo vertido presuntamente desde la planta de biodiésel en el puerto de Carboneras (Almería)

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Europa Press.- Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido que se produjo el pasado 20 de octubre desde una planta de producción de biodiésel al mar en el entorno del puerto de Carboneras (Almería); el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar. En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar.

La presencia del vertido, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada «ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia».

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder», detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. La jueza Mónica Villena citó a declarar en calidad de investigado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU como titular de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel en la causa penal que se sigue por un supuesto delito medioambiental.

“Emanaba un residuo líquido viscoso”

El procedimiento, según indicaron fuentes judiciales, se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les comunicó que, probablemente, «provenía» de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.

La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental «nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente». Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, para así evitar que este llegase a desembocar en el mar.

En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por la desaladora, «pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar«.

Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que le había asegurado que no tenía localizado «el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía». El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado. En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados y citó, al margen de al representante legal de la refinería en calidad de investigado, al jefe de la planta y a una segunda trabajadora como testigos.

Cataluña asegura que el Gobierno se compromete a retirar el recurso a su ley autonómica de cambio climático

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Europa Press.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a retirar el recurso del Estado contra la Ley catalana de cambio climático. En este sentido, Calvet considera “necesario que el Gobierno del PSOE retire el recurso para garantizar que se aplica esta legislación; si no, estaríamos pendientes que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional nos tumbase estos mecanismos de lucha contra el cambio climático«.

El Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, excepto para determinados artículos relacionados con el fracking, pero la Generalitat ha señalado que es necesaria la retirada del recurso para garantizar el pleno despliegue de la norma. Calvet mantiene que la Generalitat no cambiará la legislación, «ni una coma», porque quiere que las partes que afectan a la fiscalidad pueda ser operativa ya que considera que es una normativa útil, moderna y avanzada. Por ello, asegura que el compromiso de la ministra, que «llegó a alabar» la ley, se mantiene, y remarca la importancia de poder aplicar plenamente la normativa.

La central nuclear de Trillo realiza un simulacro de emergencia mientras Greenpeace pide que el CSN recoja “la aritmética parlamentaria”

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Europa Press.- Greenpeace insta al Gobierno a que la próxima renovación de consejeros en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recoja la «aritmética parlamentaria» actual ya que, en su opinión, «no atiende diligentemente» las responsabilidades que exige proteger a la población y al medioambiente y considera «urgente que se renueve«. Por su parte, la central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha realizado su preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI).

En el simulacro ha participado la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del CSN. La actuación del CSN se ha desarrollado desde su Sala de Emergencias (SALEM), realizando el seguimiento del estado de planta y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad. El simulacro ha comenzado con la declaración de un incendio de duración superior a 10 minutos, que ha afectado a los sistemas de seguridad de la instalación.

Durante el ejercicio se ha simulado también la emisión de material radiactivo al exterior, situación ante la cual el CSN recomendó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) la declaración de la Situación 3 del Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara (PENGUA), en la zona de atención preferente especificando la evacuación y profilaxis radiológica. Además, el organismo regulador especificó las medidas de protección a la población de confinamiento y profilaxis radiológica en el municipio de Trillo, así como el establecimiento del control de accesos en 10 km alrededor de la central.

La central simuló la declaración de Emergencia General, Categoría IV de su Plan de Emergencia Interior. Por su parte, el CSN mantuvo a todos los grupos de apoyo de la SALEM, tal y como establece el «modo 2» de su Organización de Respuesta ante Emergencias. Un suceso de esta naturaleza sería clasificado como accidente de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Renovación de consejeros del CSN

Por su parte, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha exigido la renovación de consejeros en el CSN dadas las «deficiencias de seguridad radiológica» en España. En este momento, la ONG señala que se debería estar iniciando ya la renovación de cargos que caducan en los próximos meses. Asimismo, Greenpeace denuncia la «inconcebible inacción» del CSN y recuerda que el Parlamento es quien debe exigirle responsabilidades.

Monago asegura que Extremadura «no es viable» sin la nuclear de Almaraz y defiende que «no hay alterativa» al cierre

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Europa Press.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región «no es viable» sin la central nuclear de Almaraz y ha defendido que «no hay alternativa» a su cierre, por lo que apuesta por la «prórroga» de su licencia de explotación.

«No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la central nuclear de Almaraz», ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central. José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la «miseria», el «hundimiento» y la «emigración masiva» en la zona, por lo que ha considerado que es momento de «mojarse por Extremadura». «¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar», ironizó Monago, quien añadió que el presidente extremeño «tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder okupar La Moncloa al señor Sánchez», ha aseverado.

Cierre de centrales de generación

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del PP en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene «mucho que ver» con Extremadura, como es la de la central nuclear de Almaraz. Asimismo, Monago ha recordado que el PP presentó en el Congreso una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad «tan importante» como puede ser la actividad nuclear y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que «no muera la provincia de Cáceres». «No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz», ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va «a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado, yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias», ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado la proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como remarcó Mariscal, entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño. Unos grupos que a su juicio «hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia», concluyó.

El Supremo ratifica una sanción de 3 millones a los dueños de la nuclear de Trillo por compartir su titularidad

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Europa Press.-El Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la sanción solidaria de 3 millones de euros impuesta por el Ministerio de Industria en 2014 a Naturgy, Iberdrola, Hidroeléctrica del Cantábrico y Nuclenor, como cotitulares de la central nuclear de Trillo, por incumplimiento permanente de su obligación de adaptarse a la disposición de la Ley de Energía Nuclear, que exige titularidad única de la centrales en lugar del sistema de cotitularidad.

Así, el Alto Tribunal revoca la sentencia de 2016 de la Audiencia Nacional, que declaró a su vez nula la sanción de Industria, de septiembre de 2014, al estimar un recurso de la antigua Gas Natural Fenosa. La central de Trillo, situada en Guadalajara, es propiedad de Iberdrola, con un 48% del capital, Naturgy (34,5%), EDP, a través de su filial Hidroeléctrica del Cantábrico (15,5%) y Nuclenor (2%), sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa. Estas empresas, como cotitulares de la central de Trillo, habían sido sancionadas en marzo de 2013 por incumplir el plazo de un año para adaptarse a la exigencia de titularidad única, sanción que fue ratificada por la Audiencia Nacional.

La segunda sanción, de 3 millones de euros, se impuso al entender la Administración que la infracción grave de incumplimiento por parte de las cotitulares de Trillo estaba siendo permanente y continuada. La Audiencia Nacional entendió que esta segunda sanción no cabía porque el tipo infractor requería un elemento temporal del incumplimiento (1 año). Es decir, consideraba la Audiencia que no había cobertura legal para imponer más sanciones porque el tipo infractor no es susceptible de integrar una infracción permanente al haber acotado la ley el incumplimiento que se sanciona en él por un año.

Persistir incumplimiento de manera indefinida

En su fallo, la sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte esa interpretación y destaca que «conduce, por lo demás, a un resultado que nos parece inasumible como sería que, una vez impuesta una primera sanción por no haberse presentado el plan de adaptación en el plazo de un año señalado en la norma, las entidades titulares de la instalación podrían persistir en su incumplimiento de manera indefinida, sin temor ya a recibir ningún otro reproche sancionador».

Además, entiende acertado el planteamiento de la Administración recurrente, que, utilizando la formulación del propio Abogado del Estado, considera que el tipo de la infracción «no es no adaptarse en plazo sino no adaptarse; de manera que el transcurso del plazo sin adaptarse constituye una infracción grave y mantenerse en esa situación sigue constituyendo infracción grave que puede ser sancionada de nuevo siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993″. Asimismo, añade que «no es cierto que el tipo infractor exija la falta de adaptación en un plazo concreto, de manera que sancionado el titular por falta de adaptación en ese plazo, no podría ya volver a ser sancionado».

Tampoco acoge el Supremo el alegato que se formuló en la demanda de instancia sobre la supuesta vulneración del principio de culpabilidad, ya que el hecho de que Gas Natural SDG hubiese intentado presentar a título individual un plan de adaptación, no concertado con las demás entidades titulares de la instalación, «no significa que no pueda dirigirse contra la recurrente, lo mismo que contra aquellas otras entidades, el reproche por la falta de presentación de un plan de adaptación único y suscrito por todas las cotitulares de la instalación«, concluye.

Guillermo Fernández Vara pedirá al Gobierno «subastas especiales de renovables» para los territorios con centrales nucleares como Extremadura

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedirá al Gobierno central la puesta en marcha de «subastas especiales de renovables» en los territorios donde hay centrales nucleares, ya que a su juicio «es la mejor manera de ir buscando una transición normal y lógica».

Una petición que el presidente de la Junta realizará a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión con ella prevista para el próximo 15 de octubre, a la que planteará subastas especiales para estos territorios. Y es que, según ha señalado Fernández Vara, «no se va a cerrar la central nuclear de Almaraz mientras no haya una alternativa», y asevera que «esa alternativa la tiene que dar el Gobierno de España con las comunidades, con las diputaciones y con los ayuntamientos».

En cualquier caso, el presidente extremeño ha explicado que para ello es necesaria «una ley de cambio climático, fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares en el Parlamento», o que «haya clarísimamente una alternativa«. Fernández Vara se ha pronunciado así en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del líder del PP, José Antonio Monago, sobre las actuaciones que ha realizado la Junta de Extremadura con respecto a la central nuclear de Almaraz.

En la formulación de su pregunta, Monago ha destacado que el «primer objetivo» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética «es el cierre de las centrales nucleares», por lo que ha alertado de que «la fecha del funeral de Almaraz será en 2020», tras lo que considera que Fernández Vara será «el corresponsable, junto al señor Sánchez, del cierre» de la planta. Un cierre que «va a suponer ruina, empobrecimiento y el ocaso de Almaraz, del norte de Cáceres y de toda Extremadura, con más paro y más despoblación», ha alertado el presidente del PP extremeño, quien ha considerado que Vara «lleva desde el principio de la legislatura sin hacer nada, buscando una alternativa».

«No ha tenido ninguna reunión para buscar una alternativa, usted está mintiendo en este Parlamento», recriminó el dirigente del PP extremeño dirigiéndose al presidente de la Junta, al que ha asegurado que con los gobiernos socialistas «Almaraz se cerrará» y «pasará por lo que ha pasado con Zorita, que ha provocado paro, jóvenes que se tienen que marchar y despoblación». Monago asegura que «no hay alternativa en la zona» donde se sitúa la central nuclear, tras lo que ha instado a Vara a decirle al presidente del Gobierno «que se vaya a su casa y convoque elecciones si quiere realmente evitar el cierre de Almaraz».

Los eurodiputados creen que es posible encontrar una solución para el almacén gasista de Doñana tras el cambio de Gobierno

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Europa Press.- El presidente de la delegación de eurodiputados que visitó el Parque Nacional de Doñana, el eslovaco Pál Csáky (PPE), asegura que confía en que sea posible encontrar una solución para el área protegida y sus alrededores, que según varias organizaciones se encuentran amenazados por diversos factores, a la vez que agradeció la acogida del Gobierno.

Así lo ha asegurado en una reunión con el resto de eurodiputados de la comisión de Peticiones, en la que ha hecho un repaso a su visita a España. «Nos vimos con representantes del Gobierno en Madrid, ha habido cambio político y el nuevo Gobierno fue bastante acogedor en el sentido de escuchar nuestros argumentos, soy bastante optimista«, apuntó Csáky.

El objetivo de la visita era el de conocer de primera mano la problemática del espacio natural, tras la presentación de una petición a la Eurocámara por parte de grupos como Salvemos Doñana, que alertan de las consecuencias de los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en los alrededores del parque. «Creo que podemos preparar un documento lo suficientemente serio y sólido, con recomendaciones específicas» para el Gobierno sobre diversas acciones que pueden llevarse a cabo en la zona de cara al futuro, explicó Csáky, para votarse «a principios del año que viene».

Otro de los eurodiputados de la delegación, Florent Marcellesi (Equo/Verdes) ha asegurado que la reunión con responsables del Ministerio de Transición Ecológica fue «muy fructífera», y pudo constatar que el proyecto de gas en la zona «ya no es un proyecto estratégico para el Gobierno», si bien el problema ahora es «la indemnización que pide la empresa«. «El informe de la Eurocámara será de gran ayuda para los peticionarios y las administraciones locales porque necesitan este empujón por parte del Parlamento Europeo», ha indicado Marcellesi.

El objetivo de la delegación era analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de gaseoductos en la zona. Los parlamentarios visitaron, además de Doñana, Sevilla y Madrid, donde se entrevistaron con los denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como con organizaciones ecologistas, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC y responsables de Naturgy.

La Diputación Provincial de Badajoz y el Ministerio para la Transición Ecológica se reúnen para facilitar ayudas a la eficiencia energética

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EFE. – Responsables de la Diputación Provincial de Badajoz y del Ministerio para la Transición Ecológica se han reunido para hacer un seguimiento de las ayudas que se tramitan para los proyectos susceptibles de ser financiados por entidades locales menores y que favorezcan una economía con menos emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Según informaciones de la administración provincial, responsables de eficiencia energética del Área de Desarrollo Sostenible han mantenido esta semana encuentros con técnicos del Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Así, las solicitudes de ayudas que se tramitan corresponden al Objetivo Específico de Eficiencia Energética en la Edificación y en las Infraestructuras y Servicios Públicos, que en su primera convocatoria cuenta con una dotación de 25 millones de euros para Extremadura, ampliables a 35 en una segunda convocatoria.

En la reunión también se ha presentado el proyecto «Smart Energía», con el que se pretende mejorar las instalaciones de alumbrado público en entidades locales para el consiguiente ahorro de energía, la simplificación del mantenimiento y la posibilidad de gestión y control. También posibilitará mejorar la calidad del cielo nocturno, una disminución de la luz intrusa y conseguir mejores niveles de iluminación de los actuales.

Este proyecto supone una inversión en los municipios de la provincia de Badajoz de 13 millones de euros. Está financiado con fondos propios de la institución provincial y también es susceptible de ser financiado por concesión directa de estas ayudas.

Además, en el encuentro han dado a conocer las últimas novedades de cara a las posibles ayudas que pueda ofrecer el IDAE, que puedan ser de aplicación a futuros programas en la Diputación pacense.