Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

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Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Nadal tendrá en cuenta a las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las empresas en la decisión final sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en el Senado, en referencia a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas implicadas, las organizaciones ecologistas y las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, antes de tomar la decisión definitiva. Así lo explicó Nadal al responder una pregunta sobre qué pasará con Garoña del senador de Podemos, Ignacio Bernal, durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptó con condiciones la solicitud de autorización de reapertura de la central burgalesa hasta 2031, una promesa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011. Ahora la decisión definitiva recaerá en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial. El ministro aseveró que “la seguridad es lo prioritario cuando hablamos de energía nuclear». En todo caso, afirmó que el Gobierno basará su decisión en «el interés general» y «teniendo en cuenta lo que tengan que decir las partes implicadas». Además, añadió que «quiere que el precio de la luz baje ante todo y sobre todo».

«Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y les sube el precio de la electricidad a los ciudadanos y lo que este Gobierno quiere es que ese precio baje. Ustedes están en otra cosa, hacer apuestas ideológicas que en el pasado a este país le han costado 10.000 millones de euros de sobrecoste al año en el recibo de la luz», ha puntualizado Nadal. En este sentido, ha apostado por un sistema suficientemente diversificado que cumpla con los compromisos medioambientales y «salga lo más barato posible» para el ciudadano.

Lo cierto es que tanto el actual ministro, Álvaro Nadal, como su predecesor en el cargo, José Manuel Soria, han asegurado en reiteradas ocasiones que la decisión del Ministerio seguirá lo establecido por los técnicos del organismo regulador CSN. Por su parte, Bernal pidió al ministro «cerrar todas las centrales nucleares y Garoña la primera» y expresó su temor de que pueda suponer una indemnización «en diferido» a Iberdrola y Endesa por lo que le exigió «no repetir la operación Castor».Además, acusó al Ejecutivo de «haber montado este teatro con Garoña para abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares del país».

Bernal asegura que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015. Por ello, cree que ahora se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el “riesgo” que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos». Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.

“Oposición radical” del gobierno vasco

Por su parte, el Gobierno autonómico del País Vasco confía en que el Ejecutivo de Rajoy «tome nota» de la «oposición radical, rotunda y claramente contraria» de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero cerca del límite con el País Vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, indicó que estudiará las «opciones» a su alcance para defender que la central permanezca cerrada. Resaltó que al rechazo social a la central expresado en diversas movilizaciones en Euskadi se suma la postura contraria de la instituciones de Álava, del Parlamento Vasco y del propio Gobierno autonómico. «Nadie en Euskadi comprendería la reapertura de Garoña», aseveró Erkoreka.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y lleva parada desde finales de 2012. Su propietaria, Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, ha solicitado poder operarla hasta 2031, cuando cumpla 60 años, aunque para ello el CSN le ha exigido una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica desveló que las mejoras de seguridad exigidas a Nuclenor en 2015 no se han llevado a cabo y alertó de que el dictamen favorable del CSN «supone un cambio de criterio» y «de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Cataluña planteará un bono social con descuentos de hasta el 100% y cofinanciado por las suministradoras de electricidad y gas

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Europa Press / EFE.- Mientras el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 55,43 euros el megavatio hora (MWh), según los datos de OMIE, el operador del mercado, la Generalitat de Cataluña anunció que hará llegar al Gobierno central una propuesta de modificación del bono social energético actual para que incluya descuentos del 25% al 100% tanto en electricidad como en gas y que esté cofinanciado al 50% por el sistema eléctrico y gasista y por las empresas suministradoras.

Esta es la propuesta catalana que está estudiando el Ejecutivo autonómico catalán tras el encargo realizado en diciembre a un grupo de trabajo formado por representantes de diversas consejerías, entidades, administraciones locales y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña. El documento propone diverso grado de descuentos en la factura en función de la renta, con un máximo de 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, los miembros de la unidad familiar y de la zona climática de la vivienda. Así, por ejemplo, las personas o unidades familiares con rentas inferiores o iguales al IRSC deberán disfrutar el 100% de descuento.

La propuesta parte de que el bono social actual beneficia a personas que no necesariamente están en situación de vulnerabilidad, y defiende la necesidad de que exista un bono social eléctrico y un bono social del gas, y advierte de la conveniencia de que el Estado desarrolle también un bono social sobre la bombona de gas butano. Los beneficiarios del bono social deberán acreditar que el contrato de suministro está vinculado a su vivienda habitual y tener contratada el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) y una potencia igual o inferior a 6,9 kW, en el caso del suministro eléctrico.

En el caso del gas natural, deben tener contratada la tarifa de último recurso TUR1 y un consumo anual igual o inferior a 5.000 kWh, por lo que, si se encuentran en el mercado libre, los beneficiarios deberían aceptar pasar a estas tarifas reguladas. La propuesta también contempla que los descuentos se apliquen sobre toda la factura, salvo el IVA, y fija que el IVA aplicable debería ser el superreducido, que es del 4% en el coste del bono social.

Para elaborar esta propuesta participaron representantes de las entidades que agrupan a los municipios de Cataluña así como el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. El Gobierno catalán indicó que está en línea con las políticas para avanzar hacia un nuevo modelo energético sostenible, democrático y equitativo, por lo que también está trabajando en la consecución del Pacto Nacional para la Transición Energética.

Bajada en el mercado mayorista

Por otra parte, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 55,43 euros el megavatio hora (MWh), ligeramente por debajo de los 55,46 euros anteriores. Estos precios están muy lejos del pico alcanzado el 25 de enero, en plena ola de frío, que fue de 91,88 euros el MWh, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares tumba la atención obligatoria en las gasolineras desatendidas

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Europa Press.- El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha estimado un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el decreto balear que obliga a contar con un empleado siempre en las estaciones de servicio desatendidas, conocidas también como fantasmas por la ausencia de personal en la instalación.

En el fallo, el tribunal estima la pretensión principal de la demanda, presentada por Autonet & Oil, miembro fundador de Aesae (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas), al declarar nulo el artículo 7, que establece la obligación de toda gasolinera de mantener un responsable siempre que esté abierta al público. Así, el tribunal considera que este artículo de la normativa balear representa un impedimento a la implantación de gasolineras desatendidas, tal como prevé la legislación estatal, imposibilitando esa actividad y vulnerando la libre competencia.

Para la magistrada, la exigencia de que en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas, mientras permanezcan abiertas y estén en servicio, haya al menos una persona responsable, «entra en colisión directa con la modalidad de estación de servicio desatendida, que, como instalación permitida por la normativa sectorial, regulación que corresponde al Estado de conformidad con la ley de Hidrocarburos, no contempla la existencia de ningún personal empleado en sus instalaciones, por tratarse de una instalación exclusivamente automatizada».

Normativa autonómica sobre la estatal

Además, subraya que no es posible que a través de la normativa reguladora de consumidores y usuarios autonómica se convierta «en inviable y se derogue de facto» uno de los modelos permitidos de venta al público de gasolinas y gasóleos permitidos a nivel estatal y que «su particular característica es precisamente su total automatismo con ausencia absoluta de personal». Contra la sentencia cabe la posibilidad de interponer recurso, aunque el demandante puede solicitar la ejecución de la misma y reanudar el servicio las 24 horas.

En agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) defendió, en un informe, el modelo de estaciones de servicio desatendidas, al considerar que su implantación aumentaba la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, «aumentando el bienestar de los consumidores finales». Este modelo de estaciones de servicio han sido prohibidas o están en proceso de ser reguladas en comunidades autónomas como Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana.

El Gobierno del País Vasco hace un llamamiento a la reducción del consumo energético

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EFE.- El Gobierno Vasco hizo una llamada de «urgencia» a la concienciación y la aplicación de medidas de eficiencia encaminadas a la reducción del consumo energético en empresas, hogares, transportes y administraciones. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, destacó que el País Vasco cuenta con una Estrategia Energética 2030 que tiende hacia una generación y consumo de energía renovables cada vez mayor, con el uso del gas como energía de transición.

Tapia ha matizado que la estrategia, a medio y largo plazo, lleva unos tiempos y unas inversiones con objetivos «ambiciosos», pero la realidad actual «exige respuestas para hoy y seguir respondiendo a través de la eficiencia energética a las necesidades más urgentes para reducir costes y contribuir al ahorro en el consumo de energía». Por ello, la consejera señaló que uno de los principales ejes de actuación del Gobierno Vasco será incidir en la eficiencia energética como vía para contribuir al ahorro en empresas, procesos industriales, movilidad, hogares y administración.

Apoya eficiencia y movilidad eléctrica

En este contexto, la consejera desgranó los compromisos concretos del Gobierno para la legislatura como la financiación dirigida a inversiones de eficiencia para la industria, la aprobación de un Plan Integral de Movilidad Eléctrica, la oferta de nuevas herramientas que puedan contribuir a que en los hogares se revisen y actualicen las potencias contratadas, la aprobación de una Ley de Sostenibilidad Energética y constituir un sistema de compra agrupada. En el ámbito de la Administración, el Gobierno vasco aprobó un decreto de Sostenibilidad Energética con el que aspira a que en un plazo de 3 años, todos los edificios e instalaciones puedan disponer de una auditoría energética así como la correspondiente certificación de eficiencia energética.

La consejera señaló que la apuesta a medio y largo plazo se centra en la generación de renovables y para ello existen apuestas tecnológicas para renovables marinas e incluso iniciativas de biomasa y geotermia. Dentro de esta estrategia, este año el EVE apoyó 1.400 proyectos industriales, de cambios de calderas, mejoras de iluminación y cambios de componentes industriales, entre otros, que contribuyeron a reducir el consumo energético, reducir la factura y a ganar competitividad. También apoyó la compra de 40 nuevos vehículos, 38 a gas natural y dos autobuses eléctricos, y la renovación de 14.000 electrodomésticos de máxima calificación energética.

Los hogares españoles gastan unos 1.100 euros en energía al año

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Europa Press / EFE.- Las familias españolas gastaron en 2015 en energía 1.100 euros de media, en electricidad, gas y otros combustibles para uso doméstico, en 2015, según los datos de los indicadores Habits Big Data que elabora AIS Group. Esta cifra representa el 4% del gasto total medio de las familias españolas, cifrado en 27.400 euros al año, según el estudio elaborado por la firma sobre el gasto energético en los hogares.

Los datos corresponden a 2015 ya que es el último año del que existen datos relativos al gasto, por lo que para hacer una aproximación a 2016 se ha realizado un cálculo teniendo en cuenta la variación del IPC en cada provincia. El director de desarrollo de negocio de AIS Group, Agustí Amorós, destacó que en 2016 de media cada familia española habría destinado entre 15 y 20 euros más a energía, incrementándose el gasto medio hasta los 1.130 euros».

Según el estudio, los hogares con mayor gasto en energía fueron los de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Aragón. Así, las familias toledanas encabezan el ranking, con más de 1.520 euros en 2015 y, teniendo en cuenta el incremento del IPC en esta partida, habrían llegado a superar los 1.565 euros en 2016. Tras Toledo, el gasto más elevado sería el de Guadalajara, donde de media se habrían alcanzado los 1.450 euros en 2015 y casi 1.480 en 2016. Ciudad Real (1.416 euros), Soria (1.407 euros) y Cuenca (1.407 euros) completan la lista de las cinco provincias con el gasto medio familiar en energía más elevado de España.

El menor gasto en Canarias

Por su parte, las provincias canarias son donde los hogares destinaron menos a estos suministros energéticos en 2015, con algo menos de 660 euros. También se encuentran entre los más bajos el gasto en las provincias andaluzas, desde los 870 euros de Cádiz (880 euros en 2016) y Almería (890 euros en 2016), a los 920 euros de Sevilla y Granada (940 euros en 2016).

En lo que respecta a electricidad, el gasto medio familiar ascendió a 720 euros, el 2,6% del gasto total de las familias. Actualizando la cifra al IPC de 2016 para esta partida, el gasto habría ascendido hasta los 732 euros. Las familias baleares son con diferencia las que más dinero invierten en luz, 935 euros en 2015 y 950 en 2016 950, mientras que las que menos dinero gastaron fueron los habitantes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con menos de 625 euros en 2015 y entre 630 y 640 euros en 2016.

En lo que se refiere al gas, se registró un gasto medio por hogar de 275 euros en 2015, mientras que en el resto de combustibles la media se situó en 130 euros. Madrid fue la provincia donde el gasto medio de gas fue mayor, cada hogar en 2015 destinó 512 euros de media y 516 en 2016, y las Canarias volvieron a ser las provincias que presentaron un menor gasto, unos 35 euros tanto en 2015 como en 2016. En el caso de Baleares, a pesar de ser la provincia con mayor gasto en electricidad, presenta uno de los gastos más bajos en cuanto al gas, 122 euros en 2015 y 124 en 2016.

Iberdrola inaugura en Ourense la última fase del complejo hidroeléctrico más importante de Galicia tras invertir 200 millones de euros

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Europa Press / Servimedia.- Iberdrola ha culminado la ampliación del mayor complejo hidroeléctrico de Galicia, tras la puesta en marcha de la nueva central de San Pedro II, inaugurada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, en la Cuenca del Sil, en Nogueira de Ramuín (Ourense).

Esta iniciativa ha servido para impulsar el tejido empresarial gallego, ya que solo en la construcción de San Pedro II han participado 80 empresas locales, cifra que se eleva hasta las 200 si se suman las que ya lo hicieron en la ampliación de Santo Estevo. La nueva central hidroeléctrica de San Pedro II, planta que actúa como contraembalse de Santo Estevo, modulando el caudal del río Sil, ha permitido aprovechar plenamente la ampliación ejecutada en Santo Estevo, incrementando el aprovechamiento energético de un recurso renovable, con respeto por un entorno de excepcional valor ecológico.

Calificada por el presidente de Iberdrola como «la obra hidráulica más importante de Galicia», Santo Estevo-San Pedro tiene una potencia de 500 megavatios (MW) que supone energía para más de 320.000 hogares. Las obras de este complejo supusieron una inversión de 200 millones de euros. De esta cifra, 52 millones corresponden a San Pedro II. Este complejo completa las instalaciones del embalse de San Pedro I, realizadas en 1959. Las obras se han realizado en «un tiempo récord» de 30 meses, han proporcionado empleo a casi 800 personas y está operativa desde diciembre de 2015.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha «agradecido» «que no se improvise» en el sector energético y que las empresas inviertan «para que en el futuro haya energía accesible» y «paliar los altos precios» de la electricidad. En su intervención el presidente de la Xunta ha resaltado la importancia de «optimizar los recursos energéticos» para reducir el coste de la generación eléctrica y ha destacado que la central de San Pedro II completa la central Santo Estevo-San Pedro y es «un ejemplo» del aprovechamiento de los recursos naturales al usar el agua del embalse de San Pedro I para generar energía. El «mayor complejo hidroeléctrico de Galicia» destacó el presidente.

Para Núñez Feijóo «ahora que se habla del precio inaccesible de la energía por todo lo que se podía producir mal: escaso viento, escasez de lluvia y sol insuficiente» se confirma la necesidad de que las empresas inviertan para facilitar la accesibilidad a la energía. “Este tipo de inversiones (en referencia a la nueva central eléctrica) acredita que se debe invertir en futuro para paliar efectos punta que pueden provocar de vez en cuando la alza de precios», insistió. También ha confiado en que el precio de la luz, que estas últimas semanas alcanzó cifras históricas, «baje con la misma intensidad con la que suben la lluvia y el viento» que llegan a la Península.

Por otra parte el presidente gallego ha resaltado la apuesta del Ejecutivo gallego por la «energía renovable». Dentro de este apartado ha incluido el reaprovechamiento de las aguas de los embalses para producir más energía sin necesidad de aumentar el número de presas, tal y como ocurre con la central de San Pedro II. También ha explicado que el compromiso de Galicia con las energías renovables se traduce en que actualmente es la segunda comunidad con más potencia hidráulica instalada, el 18% de toda la capacidad hidráulica de España, y en que produce 2,5 gigavatios por hora en energía eólica.

En esta apuesta por las renovables también se ha enmarcado la intervención del presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, que ha resaltado la «inversión de cerca de 30.000 millones de euros en los últimos 10 años» de su empresa para convertirse en «un gran productor hidroeléctrico y el «primer productor eólico mundial». Sánchez Galán ha resaltado que en la actualidad Iberdrola es «un referente internacional de la lucha contra el cambio climático«. Así, ha explicado que la empresa ha «reducido» sus emisiones «en un 75% en los últimos años», hasta representar en la actualidad «sólo un tercio de la media de las del sector eléctrico europeo».

Varias organizaciones ecologistas recurren el ATI de Almaraz porque no se consultó con Portugal, de acuerdo con la normativa internacional

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, entre otras organizaciones, presentaron un recurso contra la decisión del Ministerio de Energía de autorizar un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) al considera que esta medida es «ilegal» por no haber sido consultado el Gobierno de Portugal. A juicio de las organizaciones, esta consulta es “preceptiva de acuerdo con varios tratados internacionales y directivas europeas” además de que el país vecino se interesó por este asunto.

El portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, ha recordado que España ha firmado los convenios de Espoo y de Aarhus así como el Protocolo de Kiev, según los cuales se debe tener en cuenta el «posible impacto transfronterizo» de cualquier instalación o infraestructuras y, en particular de almacenamientos nucleares que se construyan en Europa. Por ello, advierte de que si el recurso de alzada no fuera atendido por el Ministerio, las organizaciones ecologistas recurrirían a los tribunales ordinarios y presentarían un recurso contencioso administrativo.

Estos tratados instan a informar a los países terceros afectados y a tener en cuenta las alegaciones cuando se solicite. Además, ha añadido que varias directivas de la Unión Europea «insisten en lo mismo», que es preciso tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un ATI.

En este contexto, recuerda que Portugal se ha dirigido «al menos dos veces» al Gobierno de España para interesarse y pedir información sobre el ATI de Almaraz en septiembre y octubre porque podría tener afecciones transfronterizas. Sin embargo, lamenta que a pesar de que el Ejecutivo luso cumplió de sobra con el trámite de mostrarse como parte interesada, España no remitió la información preceptiva a Portugal ni se dirigió a él para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al ATI no hizo referencia alguna a las hipotéticas respuestas y contactos con el Ejecutivo portugués, mientras sí se detallan las respuestas que se enviaron a las organizaciones e instituciones que alegaron. Las ONG denuncian que el ATI supone «una serie de afecciones ambientales» que violan varios artículos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por eso, el Movimiento Ibérico Antinuclear presentó recurso de alzada ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital contra la autorización final y contra la DIA, aduciendo que el procedimiento está “viciado de origen” y solicitando que se paralice el proceso.

«Ignorar a las autoridades portuguesas que, a su vez, habrían extendido la documentación a la ciudadanía y a las organizaciones portuguesas interesadas para que pudieran alegar es un hecho lo suficiente grave como para invalidar el proceso. Asimismo, muestra el talante prepotente de los propietarios de Almaraz, que ya dan por segura la continuidad de la central», comentó Francisco Castejón.

Podemos exige cerrar en 2020

Por su parte, Podemos Extremadura ha exigido el cierre de Almaraz en 2020 y confía en que el Gobierno impulse un plan económico y laboral alternativo para la comarca de Campo Arañuelo. Su diputada autonómica Jara Romero ha tendido la mano a Portugal para «continuar exigiendo el cierre de Almaraz y apostar conjuntamente por el desarrollo de energías renovables a ambos lados de La Raya» tras participar en Portugal en las Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Parlamentario los Verdes del país luso. En ellas se abordaron «la amenaza y los riesgos derivados de la central nuclear de Almaraz», así como «el impacto que supondría para ambos lados la construcción del ATI en la central».

En concreto, tuvo lugar una mesa redonda con representantes políticos de España y Portugal, para contribuir a realizar aportaciones «ante la preocupación común existente en relación al posible alargamiento de vida de la central nuclear de Almaraz». Del mismo modo, se habló de la situación actual del ATI y de la petición de la declaración de impacto medioambiental transfronteriza elevada por el Gobierno portugués a Bruselas, así como otras iniciativas «para ejercer presión ante la instalación prevista de este ATI».

La parlamentaria extremeña ha trasladado el rechazo de Podemos a las políticas energéticas del Gobierno y que se haya previsto la construcción del ATI «sin tener en cuenta a Portugal y sin tramitar la declaración de impacto medioambiental transfronteriza», según recoge Podemos. Ha recordado las iniciativas parlamentarias y los actos secundados por Podemos Extremadura en relación a la central nuclear y el ATI, al tiempo que ha lamentado que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear no compareciese en la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de los «incidentes» registrados en Almaraz, como solicitaron. Podemos exige un calendario para el cierre de Almaraz, «petición a la que se niega el Gobierno de España«, indicó Jara.

Este almacén ATI causa «preocupación» en Podemos Extremadura y el Grupo Los Verdes de Portugal, al igual que entre colectivos antinucleares de ambas zonas, al no incluirse en el proyecto de construcción el compromiso de cierre de la central para 2020. Esta iniciativa portuguesa supone «otro paso más en las actuaciones acordadas a nivel transfronterizo para reclamar el cierre de Almaraz, una central obsoleta y cuya vida podría quedar prolongada tras la construcción del ATI».

En este sentido, Podemos estará presente este fin de semana en el encuentro antinuclear, organizado por el Movimiento Ibérico Antinuclear en Lisboa, con la presencia de movimientos ecologistas y organizaciones políticas de Portugal. A la audiencia pública de estas jornadas asistieron diferentes representantes de la sociedad civil, desde alcaldes de la comarca, hasta bomberos, protección civil, sanitarios, educadores, así como movimientos antinucleares y plataformas ecologistas.

Extremadura pide neutralidad al Gobierno en la subasta de energías renovables para que la fotovoltaica no se vea perjudicada

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EFE.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reclamó neutralidad del Gobierno en las subastas de energías renovables, previstas para este primer trimestre del año, para que los proyectos extremeños, especialmente en fotovoltaica, puedan competir en igualdad de condiciones. Vara realizó estas consideraciones tras reunirse con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en quien ha visto cierta flexibilidad para hablar y discutir algunas de las aportaciones de Extremadura al decreto de autoconsumo de energía.

De hecho, ha reafirmado el compromiso de la Junta con el sector de las energías renovables, fundamental para Extremadura en cuanto a creación de empleo. «Como tenemos buenos proyectos, proyectos competitivos, lo único que hemos pedido es que se pueda tener una idea o principio de neutralidad, es decir, que sean los proyectos buenos y el precio al que compitan lo que defina su viabilidad«, ha detallado Fernández Vara, quien ha confiado en que se puedan acoger a esta subasta el mayor número de iniciativas.

Fernández Vara indicó que ha visto «flexibilidad» en Nadal respecto a lo que ahora contiene la norma que regula al autoconsumo. También dialogaron respecto a la posibilidad de que haya nuevos proyectos energéticos participados por el ICO, con la colaboración del plan Juncker. Para Vara, ese tipo de actuaciones podría ayudar a tirar del sector de la construcción que «no acaba de arrancar», vinculado a reformas y rehabilitación relacionadas con proyectos de eficiencia energética. «Es una muy buena oportunidad de cara al futuro», ha considerado.

Otro de los asuntos que ha sido tratado ha sido el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz y las discrepancias surgidas con Portugal, que ahora se tendrán que solventar en la Unión Europea tras la queja de las autoridades lusas. Sobre la relación con Portugal al respecto ha apuntado que todo se puede hablar porque no es bueno que se enturbie la excelente relación que España, y en particular Extremadura, tiene con el país vecino. Vara ha explicado que es preciso hablar del futuro sin miedo y sentarse y planificar para que el futuro no sorprenda.

Así, considera que es preciso abordar retos como el energético, el demográfico y el cambio climático. «Hemos planteado la necesidad de que se aborde el futuro energético en nuestro país con una cierta proyección y visión de futuro», aseveró Fernández Vara, quien ha abogado por no simplificar y por analizar lo que va a ser el consumo energético en España en los próximos años, las fuentes con las que se quiere resolver y los precios.

Ha manifestado que se tendrá que abordar el hecho de que la región sea una comunidad en la que se produce mucha energía de todo tipo y, sin embargo, impositivamente no quede nada en ella. «Esto hay que discutirlo. Allí donde se produce energía tiene que dejar algo en Extremadura, porque si no estamos jugando con cartas marcadas«, ha advertido.