País Vasco espera que la central de Garoña no se reabra pero dice que «hay que estar vigilantes y atentos»

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Europa Press.- El consejero vasco de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha afirmado que quiere «pensar que no» se reabrirá la central de Santa María de Garoña, si bien ha considerado que «hay que estar vigilantes y atentos«. De este modo se pronunció el consejero socialista en relación al debate suscitado en torno a la posibilidad de que la central burgalesa, próxima al territorio alavés, pueda volver a abrirse.

Por otra parte, ha considerado que no tiene «ningún sentido» poner en marcha de nuevo una central «obsoleta» que ha llegado «al final de su vida útil». Tras recordar las manifestaciones pasadas de los propios propietarios de la central nuclear en relación a las inversiones que sería necesario acometer, ha indicado que «quiere pensar que no» se reabrirá, pero «hay que estar vigilantes y atentos». Arriola ha afirmado que, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «nos quiere escuchar, encantados de decirle lo que pensamos» sobre la posible reapertura de Garoña, si bien «ya sabe lo que le vamos a decir». En cualquier caso, sentenció que, «si no nos quiere escuchar, también se lo diremos».

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente ha asegurado que «no se contempla para nada que la técnica del fracking pueda desarrollarse» en el País Vasco. «El fracking en Euskadi no tiene cabida», ha insistido Arriola, que ha recordado que existe «una manifestación muy clara desde el punto de vista político del Parlamento vasco y el propio Gobierno vasco», que «en absoluto contempla que se pueda dar esta técnica de búsqueda y producción gasística».

Por tanto, ha afirmado que desconoce si «habrá interés» por parte de alguna empresa por hacer prospecciones, pero «lo que no hay es caso en este asunto». A juicio del consejero, Euskadi debería hacer «una apuesta» por la energía eólica, una energía «limpia», aunque «puede haber dificultades desde el punto de vista paisajístico». En este sentido, consideró que sobre ésta «habría que buscar consensos no sólo políticos, sino también sociales«.

Todos los grupos del Parlamento de Baleares piden al Congreso una ley que declare al Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Parlamento balear presentaron una proposición de ley que se llevará al Congreso de los Diputados en la que se reclama la protección del mar Mediterráneo de los daños que pueda producir la explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. La iniciativa pide la aprobación de una ley específica que sea de aplicación en aquellas solicitudes de explotación de hidrocarburos o adquisiciones sísmicas contempladas en dicha normativa y que no hayan sido resueltas.

La proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios PSOE, PP, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Mixto con Ciudadanos y Gent per Formentera, detalla que la Constitución establece que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Ante ello, en la iniciativa se apunta a que la ley «tendrá que proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española del posible deterioro que pueda producir al medio marino las actividades de explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

La diputada del Gent per Formentera, Silvia Tur, ha recordado que, hasta ahora, ha habido «victorias parciales», fruto de la protesta ciudadana y de agrupaciones como es la Alianza Mar Blava. «Sabemos que este trabajo es fruto de reivindicaciones que se vienen haciendo de muchos años atrás, sobre todo de dos o tres años, y que no han acabado de dar frutos, porque en realidad los frutos se darán el día que el Estado acabe una ley que impida, de una vez por todas, el fracking, las prospecciones petroleras y cualquier tipo de proyecto de adquisiciones sísmicas«, ha aseverado Tur.

El Tribunal de Contratos Públicos paraliza el concurso municipal de suministro eléctrico de Barcelona, recurrido por Endesa y Gas Natural

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EFE.- El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público acordó suspender cautelarmente el concurso municipal para el suministro eléctrico convocado por el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes de Endesa, titular hasta ahora de ese contrato, explicaron que este tribunal ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la compañía, que entendía que la cláusula sobre pobreza energética incluida en el pliego de condiciones podría introducir discriminación entre compañías.

Así pues, este tribunal paraliza ahora este concurso, valorado en 65,2 millones y al que no se habían presentado ni Endesa ni Gas Natural Fenosa, hasta que resuelva los recursos presentados por ambas compañías. Según las fuentes consultadas, este tribunal, que es independiente aunque está adscrito a la Generalitat, tiene ahora tres meses para comunicar su resolución definitiva. Tanto Endesa como Gas Natural Fenosa renunciaron a presentarse al nuevo contrato municipal de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona por discrepar con una cláusula del mismo relacionada con la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Barcelona incluyó en el contrato una cláusula que obligaba a las eléctricas a firmar, en un plazo de 6 meses, un convenio de “corresponsabilidad” en materia de pobreza energética que permitiría sancionarlas en caso de incumplir la ley catalana sobre la materia. Por su parte, estas compañías decidieron no presentarse al concurso por desconocer las implicaciones exactas de dicha cláusula, porque ello supondría suscribir un compromiso “a ciegas”. Por este motivo llevaron el caso al Tribunal de Contratos Públicos para que verifique la adecuación a la ley de las condiciones del concurso.

Este caso pone de manifiesto las diferencias entre las grandes eléctricas y el Ayuntamiento de Barcelona respecto a la interpretación de la ley catalana de pobreza energética. Endesa alega que resulta discriminatorio obligar a asumir a algunas compañías determinados compromisos respecto a los clientes en situación de vulnerabilidad cuando las pequeñas comercializadoras de electricidad que se han presentado al concurso, al operar en el mercado libre, no tienen estas exigencias. Asimismo, fuentes de Endesa subrayan que sus argumentos deben ser «razonables» si este tribunal ha optado por paralizar el concurso.

El concurso del Ayuntamiento, para el alumbrado de las calles y para el suministro eléctrico de los edificios municipales, está repartido entre tres lotes, aunque las compañías aspirantes solo podían aspirar a llevarse dos de ellos. El nuevo contrato debía entrar en vigor el 25 de marzo, tiene una duración de un año, prorrogable a otro, y es el último que se adjudica a una comercializadora privada, ya que el Ayuntamiento aspira a crear una comercializadora de energía pública. Hasta ahora acudieron al contrato comercializadoras de pequeño o mediano tamaño.

Ciudadanos pide reducir un 25% el consumo de energía en la Comunidad de Madrid para 2020

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EFE.- Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a poner en marcha una estrategia energética para reducir un 25% el consumo de energía en la Comunidad de Madrid de aquí a 2020. En la iniciativa, Ciudadanos solicita «una reducción significativa y un control del consumo energético proveniente de combustibles fósiles», fomentando el ahorro, la eficiencia energética y los edificios de cero emisiones.

El diputado Enrique Veloso, autor de la proposición, lamenta que desde 2012 la Comunidad de Madrid no tenga un plan de energía y «tan sólo cuente con planes renove«. Además, ha apuntado que la Comunidad de Madrid gasta 70 millones de euros al día en combustibles fósiles, algo que cree que «hay que intentar cambiar», para lo que ha abogado por aumentar el uso de energías renovables hasta el 25%. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció el pasado septiembre su intención de aprobar un plan energético para el periodo 2015-2020 que busca reducir el consumo de energía un 10% en 2020 y aumentar el uso de energías renovables un 35%.

Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

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Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Cañete reitera que Bruselas valida ampliar la vida de las nucleares si hay condiciones de seguridad pero Urkullu ve “riesgos”

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Europa Press / EFE.- Mientras el lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha asegurado que Garoña «está más que amortizada» y ha advertido de que constituye «un riesgo cierto» y «evitable», el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, ha indicado que la política de la Comisión Europea acerca de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares pasa por dejar la decisión en manos de los Estados, que deberán garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para la continuidad de la instalación.

Tendrá que notificarse a Bruselas

«Si la prorrogan», afirmó Cañete en alusión a la eventual decisión de un Estado de ampliar la vida útil de una central, la política de la Comisión es “que se pongan en marcha inversiones necesarias para garantizar la seguridad en el funcionamiento al máximo nivel» y que se disponga del visto bueno de «las autoridades regulatorias nacionales«. Por tanto, sin aludir de forma expresa a la central nuclear de Santa María de Garoña, sí señaló que la prórroga de una central requerirá su notificación para que la Comisión Europea «se exprese«, en virtud del artículo 41 de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

«En la Unión Europea tenemos 129 reactores nucleares en funcionamiento con una edad media que supera los 30 años, muchos de ellos al final de su vida útil», señaló el comisario, antes de indicar que los Estados deben tomar la decisión sobre si prorrogarán su funcionamiento. «Estamos en una fase en la que muchos países tienen que tomar decisiones sobre prorrogación de la vida útil dado que la edad media es de 30 años», añadió. Por tanto, el caso de la central burgalesa no es único en Europa, insistió Cañete.

Urkullu: “riesgo cierto y evitable»

Por su parte, el lehandakari Urkullu ha recordado que la sociedad alavesa y la vasca, además de las instituciones de Euskadi, y todos los partidos políticos, «también el PP del País Vasco» se han manifestado de manera unánime en contra de la reapertura de la central nuclear. Por ello, ha afirmado que «resulta incomprensible» que no se pudiera sacar adelante una declaración institucional conjunta en la Cámara vasca, «quizás porque ante la decisión del CSN parece que la responsabilidad recae ya en el Gobierno español» y se opusieron los populares.

Subrayó que hay «una interpretación, quizás», de la decisión del CSN en sentido de que la decisión relativa a Garoña «pudiera sentar un precedente» con respecto a otras centrales nucleares en el Estado. «La central de Garoña ha cubierto su función, desde el 1971 ya está más que amortizada, con unas instalaciones obsoletas, con unas empresas que participan de la central nuclear y que dicen que no es rentable las inversiones que se pudieran acometer», explicó. Urkullu apuntó que en la central «hay riesgos ciertos que hay que abordar» pero también «riesgos evitables». «Garoña es un riesgo cierto, pero evitable después de 40 años», sentenció.

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

La sostenibilidad energética, a estudio por 7 regiones de la Unión Europea en León

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EFE.- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente reunió en León a representantes de siete regiones europeas, incluida Castilla y León, para analizar proyectos de sostenibilidad energética contenidos en el Proyecto Intesss-PA, dentro del programa HORIZON 2020, cuyo objetivo es potenciar la capacidad de las administraciones públicas para diseñar políticas sostenibles sobre el uso de la energía e integrarlas en el marco de la planificación urbanística territorial.

Castilla y León colabora con Pomurge (Eslovenia), Calabria (Italia), Middelfart (Dinamarca), Groninga (Países Bajos), Zemgalia (Letonia) y Thesalia (Grecia). En este sentido, se dieron a conocer los proyectos y experiencias de cada uno de los socios implicados en el programa con el fin de lograr un conocimiento global sobre estos aspectos ligados a la planificación energética que sirvan posteriormente para definir actuaciones que puedan ser aceptadas por todos los miembros.

La primera jornada divulgó los modelos energéticos del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), Centro Tecnológico CARTIF, el Colegio de Arquitectos de León, Somacyl y el Ayuntamiento de León. La Junta de Castilla y León seleccionó para su debate el proyecto Barrios Entrevías en el que se suman dos factores: la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de León y la propuesta conjunta de Somacyl y este Ayuntamiento de implantar una red de calor de distrito en esta zona norte de la ciudad.

El proyecto europeo Intesss-PA, enmarcado en el Programa HORIZON 2020, pretende ayudar a las administraciones públicas a integrar la energía y sus problemas en el planeamiento urbanístico y en la ordenación del territorio. Dispone de un presupuesto de 1,5 millones de euros y estará vigente hasta agosto de 2018. Colaboran siete regiones europeas e instituciones como la Universidad de Valladolid.

La central nuclear de Almaraz ya prepara documentos para pedir la renovación del permiso de explotación, que vence en 2020

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EFE / Europa Press.- La dirección de la central nuclear de Almaraz ya trabaja en la preparación de la documentación necesaria para la renovación del permiso de explotación, que finaliza en junio de 2020, según indicaron fuentes de esta instalación energética. De hecho, Almaraz tiene de plazo hasta el próximo 8 de junio para entregar la documentación preceptiva, tal como marcan los plazos establecidos.

Dicha documentación incluye un Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento, y una propuesta de suplemento del Estudio de Seguridad que incluya estudios y análisis que justifiquen la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de Almaraz en periodo de operación a largo plazo. Asimismo, deberá recoger una propuesta de revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento incluyendo los cambios necesarios para mantener las condiciones seguras de operación durante la operación a largo plazo, y una propuesta de revisión del plan de gestión de residuos correspondiente a la operación a largo plazo.

«Almaraz está preparada para operar más allá de los 40 años», han asegurado las mismas fuentes, después de más de 600 millones de euros invertidos en los últimos años en materia de seguridad, modificaciones y actualizaciones tecnológicas. Una vez presentada la documentación, las dos unidades de la central nuclear de Almaraz serán auditadas e inspeccionadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá emitir un informe. Si es negativo, tendrá carácter preceptivo y vinculante, y de ser positivo, la última palabra la tendrá el Ministerio. Además, antes del 31 de marzo de 2019, el titular de la central nuclear deberá completar la documentación de acompañamiento de la solicitud de nueva autorización con más informes.

A raíz de esta iniciativa de la central, Podemos se ha mostrado en contra de alargar la actividad de Almaraz, «una central que cumplirá 40 años» en 2020, fecha «para la que está programada y concebida». Con la construcción del ATI, según indicó la diputada autonómica Jara Romero, la dirección de Almaraz «busca la prolongación de vida de la central«.

Sobre el incidente en Flamanville, según indicó Romero debería concienciar a la población «del peligro que supone alargar la vida útil de la central cacereña». Como alternativa a la energía nuclear, la diputada cree que Extremadura cuenta «con la posibilidad de tener un plan de transición energética y apostar por energías renovables y limpias» y con ello «acabar con la vida» de Almaraz. «Si en una potencia nuclear como Francia con una muy exigente ASN se producen estos sucesos, las centrales españolas entrañan aún un mayor riesgo, dada la excesiva permisividad de nuestro CSN», aseveraron fuentes de Ecologistas En Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear.

“Garoña ha abierto la senda”

Por su parte, Compromís cree que el informe favorable emitido por el CSN sobre la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) ha abierto la senda de «larga vida» para otras plantas como Cofrentes (Valencia), cuyo permiso de funcionamiento vence en 2021, y Almaraz. En este sentido, la formación pide al Gobierno de Rajoy que no «prolongue hasta la agonía el funcionamiento de las centrales nucleares» y que emprenda un proceso de transición energética hacia modelos renovables. Del mismo modo, rechaza la construcción de ATIs ya que, a su juicio, «no son más que un parche en la gestión de la basura radiactiva» y permite que, en la práctica, el Gobierno prorrogue el funcionamiento de la plantas.

Según Compromís, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ya sacó a concurso el suministro de contenedores, después de que Iberdrola, compañía que opera la central, iniciara en noviembre los trámites administrativos para construir el almacén que debe estar listo en 2019. El pliego indica que los contenedores tienen un doble propósito: tanto el almacenamiento como el transporte de los residuos a un futuro almacén ATC, actualmente en punto muerto.

El Constitucional declara nulos varios preceptos de la ley gallega que regulaba el cobro de las eléctricas a los consumidores

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Europa Press.- El Tribunal Constitucional ha declarado «inconstitucionales y nulos» varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas aprobada por la Xunta de Galicia a finales de 2015, en los que se entraba a regular, entre otras cuestiones, la obligación de facturación de las eléctricas con base en consumos reales.

El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional 3 de los artículos de esta normativa, al entender que vulneraban sus competencias. En concreto, se trata del artículo 32 (que aspiraba a garantizar una potencia eléctrica mínima suficiente en los polígonos industriales), del 33 (en el que se afrontaban los cobros indebidos por sustitución y equipos de medida) y el 34, que aludía a la facturación por consumos reales. Según el fallo, el Constitucional estima parcialmente el recurso del Gobierno y anula el segundo párrafo del artículo 32, en el que se establecía, precisamente, que «la ratio de electrificación mínima de referencia» con carácter general es «de 25W/m2 de parcela neto”.

También se declara inconstitucional el artículo 33, que dictaba que «no podrían incluirse en la factura cobros por equipos de medida con capacidad para la telemedida y la telegestión, ni en concepto de alquiler ni de compra, hasta que el equipo esté efectivamente integrado con el correspondiente sistema y plenamente operativo». «Hasta ese momento, solo procederá el cobro que correspondería en relación con el equipo de medida que hubiese previamente instalado», recogía también el artículo declarado nulo, en el que se definían además las infracciones.

Del artículo 34 de la ley autonómica, se salva solo el primer párrafo en el que se recoge que «la facturación será efectuada por el comercializador de referencia con base en lecturas reales, en consonancia con lo establecido en los reales decretos 1718/2012, de 28 de diciembre, y 216/2014, de 28 de marzo». Anula, sin embargo, los párrafos restantes. En ellos la Xunta advertía de que no podrían realizarse facturaciones en función de estimaciones salvo «acuerdo expreso con el consumidor». Añadía que el incumplimiento de lo dispuesto podría constituir una infracción grave y ser sancionable.

En los distintos preceptos que anula la sentencia, que se publicará en el BOE, se incide en que contravienen la normativa básica estatal. «La norma autonómica solo permite la estimación del consumo si expresamente la consiente el consumidor con lo que, para idéntico supuesto de hecho, se cambia la forma de medición del consumo eléctrico prevista en la normativa básica estatal, con evidentes consecuencias económicas para las empresas comercializadoras, que no podrían facturar esos consumos si no cuentan con la aprobación del usuario para una lectura estimada«, alega el Constitucional.