Europa Press.- La jueza que instruye la causa penal abierta por vertidos de biodiésel detectados en Carboneras (Almería) ordenó a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta que gire una «visita de inspección» a las instalaciones de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel investigada para que tome muestras, haga análisis y fotografías con las que emitir un informe pericial.

La providencia del Juzgado de Instrucción 1 de Vera acuerda, asimismo, que se inspeccione la desaladora de Carboneras, cuya denuncia dio lugar a la apertura del procedimiento por supuesto delito medioambiental ya que el pasado abril el gerente de la empresa Acuamed informó a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación «emanaba un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se personaron comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les informó de que, «probablemente, provenía de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora».

La jueza Mónica Villena, que descarta acordar medidas cautelares a instancias del Ministerio Fiscal ya que estima que no procede hasta que no conste «debidamente» acreditado el fluido que se está vertiendo, pide a la Delegación de Medio Ambiente diversa documentación. En concreto, libra oficio para que remita copia compulsada de las «autorizaciones concedidas» a la mercantil FJ Sánchez Sucesores SAU para la implantación y ejercicio de la actividad de refinado de aceites vegetales y de producción de biodiésel en Carboneras y, en particular, de los «condicionados para el desarrollo de las actividades que se refieran a efluentes y vertidos». Interesa, asimismo, copia de los expedientes sancionadores que se hayan podido incoar con motivo de «incumplimientos» en materia de vertidos.

Por otro lado, la jueza precisa que la pericial que resulte de las inspecciones debe determinar si los efluentes que aparecieron en el talud de la parcela donde se ubica la desaladora proceden de la refinería investigada, si se han extendido «subterráneamente» a otros terrenos o en dirección al mar, y la «composición» de los efluentes y «sus efectos medioambientales».

Quiere saber, en esta línea, el grado de cumplimiento de la mercantil propietaria de la fábrica «de las normas y condiciones» de aplicación «para evitar y corregir» los vertidos; y también las medidas a adoptar «para reparar los daños», por lo que solicita copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de posibles vertidos.

Por otro lado, se ha incorporado a la causa penal el atestado que elaboró la Guardia Civil en octubre a raíz de otro presunto vertido, en este caso al mar, en el entorno del puerto. Cabe recordar que la Junta de Andalucía ya impuso a la mercantil F.J. Sánchez Sucesores S.A. una multa por un vertido en 2017, si bien entonces la compañía «no llevó a cabo la limpieza» a la que quedó obligada según la resolución del Gobierno andaluz y mantiene abierto un segundo expediente sancionador por los vertidos de abril de 2018 que se investigan en vía penal.

Por otro lado, el departamento que dirige el delegado Raúl Enríquez tramitaba aún este año la solicitud para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta a consecuencia del cambio normativo en el que la fábrica quedaba incluida como una instalación química para la fabricación de productos químicos orgánicos. Dichas instalaciones habían sido revisadas dentro del plan de inspección medioambiental correspondiente al 2011, sin que consten revisiones posteriores.

La declaración en calidad de investigado del representante legal de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel de Carboneras ante el Juzgado de Instrucción 1 de Vera por un presunto delito medioambiental estaba señalada para octubre aunque fue aplazada a mayo de 2019 para que se realice a través de videoconferencia tal y como solicitó su defensa. La jueza Mónica Villena ha citado a A.M.S.M. y ha acordado la práctica de dicha declaración por videoconferencia, para lo que ha librado exhorto al Juzgado de Instrucción Decano de Cabra (Córdoba).