Red Eléctrica invierte 2 millones en la subestación de Soto de Ribera mientras Andalucía reclama un eje energético oriental

EFE.- Red Eléctrica de España ha invertido 2 millones de euros en la instalación de una nueva reactancia en la subestación de Soto de Ribera para mantener dentro de los parámetros adecuados la estabilidad de la tensión de la red de transporte.

Según explicaron, la pieza ha llegado al puerto gijonés de El Musel procedente de Turquía. Con un peso de 103 toneladas, este nuevo elemento para el control de tensión, que tiene una potencia nominal de 150 megavoltamperios reactivos, se ha trasladado en un vehículo de transporte de 31,6 metros desde el muelle del puerto hasta la subestación, situada en el término municipal de Ribera de Arriba. La instalación de esta nueva reactancia es una de las actuaciones contempladas en la Planificación de Infraestructuras Eléctricas 2015-2020, aprobada por el Gobierno central.

Eje energético de Andalucía Oriental

Por su parte, el consejero andaluz de Empleo, Javier Carnero, «ruega» al Gobierno que «haga el favor» de incluir la línea eléctrica de Andalucía Oriental, el eje conocido como Caparacena-Baza-La Ribina, como prioritaria en su planificación energética. Para ello, ha mantenido reuniones con Red Eléctrica para defender un eje que es «vital» para esa zona de la comunidad por la inversión que puede generar. «No es de recibo, no hay derecho», considera Carnero, que espera que se le pueda dar a la provincia de Granada un potencial económico del que ahora mismo se la priva.

Red Eléctrica de España coloca una emisión de bonos de 600 millones a 9 años y un interés del 1,25%

EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha colocado una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 600 millones de euros, con vencimiento a 9 años y un cupón anual (interés) del 1,25%, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos se han colocado a un precio de emisión del 99,443% de valor nominal, lo que representa una rentabilidad de 1,316%, ha explicado Red Eléctrica Corporación, que ha realizado la emisión a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones. La emisión de bonos ha sido colocada en su totalidad y se ha cerrado con sobredemanda. El desembolso de la emisión, que cuenta con la garantía de Red Eléctrica Corporación y Red Eléctrica de España, está previsto que se haga el próximo 13 de marzo.

El BNG celebra que sigue abierta la investigación en Europa sobre la línea de alta tensión entre Arbo y Portugal

EFE.– La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, celebra que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya decidido mantener abierta la investigación sobre la línea de alta tensión entre Arbo (Pontevedra) y la frontera portuguesa. Esta decisión, según expone el BNG, se produce tras la intervención de vecinos afectados que denuncian «la falta de información» sobre el proyecto y la ausencia de declaración de impacto ambiental.

Miranda presentó la denuncia junto a la diputada del Bloco de Esquerda Portugués, Marisa Matías, en 2014. La eurodiputada ha avanzado que esta cuestión será «una de las prioridades» que tratará mientras ocupe su escaño en la Eurocámara. Este proyecto de línea de alta tensión presentado en 2011, explica el BNG, se encuentra en fase de análisis técnico del expediente desde 2014, pero, casi cuatro años después, aún está pendiente la declaración de impacto ambiental.

Para los vecinos afectados se trata de «una situación muy preocupante», aduce el BNG, ya que las torretas de entre 80 y 90 metros de altura «pasan muy cerca» de las viviendas y, en caso de caída, producirían el arrastre de las demás y la caída de los cables sobre los hogares. Por este motivo solicitaron la mediación de la Unión Europea. Piden que se inste a la modificación del decreto de 2008 que aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.

La Eurocámara da luz verde a la financiación para las interconexiones entre España y Francia pese al recelo de Podemos

EFE.- La comisión de Industria del Parlamento Europeo aprobó la lista de 171 Proyectos de Interés Común (PIC), que incluye un proyecto de interconexión entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya en el que la Unión Europea invertirá 578 millones de euros, el 37% de los 1.750 millones de euros del total. La comisión parlamentaria validó también otros 1,7 millones de euros de financiación para el MidCat, una tubería gasística de 235 kilómetros a través de la frontera franco-catalana.

De los 171 proyectos de la lista 53 son de gas, hidrocarburo que la Comisión Europea considera clave en la transición energética hacia una economía baja en carbono, lo que inquieta a los grupos ecologistas. Por ello, una docena de eurodiputados de Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal presentaron ante la comisión parlamentaria una objeción a la lista, al considerar que se otorga demasiada financiación a proyectos gasísticos y que el uso de ese combustible fósil compromete los objetivos del Acuerdo Climático de París. La comisión, que sólo podía aprobar o rechazar la lista en su totalidad sin introducir enmiendas, desestimó la iniciativa por 15 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones.

Los eurodiputados que presentaron la objeción intentarán ahora reunir las firmas de 38 escaños para someter la lista a votación en el pleno de la Eurocámara, donde el veto tiene pocas opciones de prosperar ya que necesita reunir una mayoría real de 376 sobre 751 europarlamentarios. Entre quienes votaron en contra de la lista se cuenta el eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, que criticó que la Comisión haya elaborado la lista «sin ningún tipo de consulta con el Parlamento». Benito arremetió contra el MidCat al considerar que ha registrado «una gran oposición local por falta de transparencia» y cuestionó la necesidad de construir nuevas infraestructuras gasísticas en la Unión Europea cuando las existentes están «infrautilizadas».

El proyecto del Golfo de Vizcaya, que operará en 2025, aumentará la capacidad de interconexión entre España y Francia hasta los 5.000 megavatios (MW) y elevará del 2,8% al 5% la tasa de interconexión entre ambos países, que a su vez llegará al 8% con otras dos conexiones por Aragón y Navarra, aunque aún se quedará lejos del objetivo del 15% de interconexiones planteado por la Comisión Europea para 2030.

Red Eléctrica (REE) gana 669,8 millones de euros en 2017, un 5,2% más, y elevará un 7% el dividendo

Europa Press.- Red Eléctrica Corporación obtuvo un beneficio neto de 669,8 millones de euros en 2017, cifra un 5,2% superior a la de 2016, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado bruto de explotación (Ebitda) del gestor eléctrico totalizó 1.519,5 millones de euros el año pasado, un 2,3% más que en el ejercicio precedente, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 1.031,4 millones de euros, con un crecimiento del 2,8% sobre 2016.

El dividendo con cargo al resultado de 2017 ascenderá a 0,9188 euros por acción, un 7% por encima de lo pagado el año anterior y en línea con lo anunciado en el plan estratégico del grupo. En concreto, el próximo 2 de julio abonará un dividendo complementario de 0,6639 euros por acción que se sumará al dividendo a cuenta de 0,2549 euros pagado el pasado 5 de enero. En 2017, Red Eléctrica Corporación realizó inversiones por valor de 510,2 millones de euros, de los que 411,8 millones de euros se destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional, un 3,3% más que en 2016.

Operador del sistema: 56 millones

El importe neto de la cifra de negocio ascendió a 1.941,2 millones de euros frente a los 1.932,3 millones de euros del ejercicio anterior. Esta cifra recoge la retribución de la actividad de Transporte en España, que incluye las puestas en servicio del 2016. Asimismo, incluye los ingresos regulados relativos a la operación del sistema, por 56 millones de euros, así como los ingresos derivados de la actividad de transporte en el exterior, que alcanzaron los 19,6 millones de euros.

Por otro lado, el patrimonio neto del grupo alcanzó los 3.093,4 millones de euros, un 5,9% superior al del ejercicio 2016, impulsado principalmente por los resultados del periodo aminorados por la correspondiente distribución de dividendos. Por último, el consejo de administración de la compañía mantuvo congelada su retribución en 2017 por sexto año consecutivo al percibir 3,28 millones de euros.

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

Nadal pide a las compañías energéticas dejar de recurrir la legislación con el “afán legítimo de rascar hasta el último euro”

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector rebajar la «conflictividad» judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. «Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria«, espetó.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: «Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro». «Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae», ha continuado Nadal.

Ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: «Estamos en un toma y daca que no tiene sentido«. El ministro ha realizado esta intervención ante diversos directivos del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén. El sector energético ha expresado recurrentemente su disconformidad con la pretensión del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las compañías por distribuir la luz y el gas a lo largo del país.

El ministro habla de “monopolistas”

«No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios», ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y, por ello, los precios deben estar regulados. En este sentido, sostiene que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: «Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja».

El ministro busca realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones. En este sentido, Nadal se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%. «Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobreretribución«, indicó. Según Nadal, «antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda corregir un desequilibrio en el sistema».

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

La Unión Europea invertirá 578 millones en la interconexión eléctrica submarina entre Francia y España por el Golfo de Vizcaya

Europa Press.- El Gobierno ha destacado que el respaldo dado por la Unión Europea a la nueva interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya entre España y Francia supone «un importante paso adelante» para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica respecto del mercado europeo de la energía. Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea comprometa 578 millones de euros en la interconexión eléctrica que elevará la capacidad de intercambio entre ambos países hasta los 5.000 megavatios (MW).

En concreto, los países del bloque comunitario cerraron un acuerdo sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario de invertir 873 millones de euros en proyectos europeos de infraestructuras energéticas «esenciales». Por ello, Bruselas destaca que la inversión de 578 millones de euros en la interconexión entre España y Francia «resultará decisiva» y es «la más elevada concedida hasta ahora por el Mecanismo Conectar Europa«. Esta conexión eléctrica «permitirá una mayor integración de la Península Ibérica en el mercado interior de la electricidad», subraya la Comisión Europea.

El proyecto cuenta con un tramo submarino de 280 kilómetros de longitud e incorpora «soluciones tecnológicas innovadoras» en relación con la configuración de la ruta a lo largo de la fosa de Capbreton y el tramo terrestre francés, que se encuentra bajo tierra. El enlace duplicará la interconexión entre Francia y España, que pasará de 2.800 MW a 5.000 MW, y acercará a España al objetivo de interconexión del 10%, alcanzando un nivel del 5%.

«La construcción de la interconexión entre Francia y España por el Golfo de Vizcaya supone un importante paso adelante para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica respecto del resto del mercado europeo de la energía. La plena interconexión del mercado es indispensable para aumentar la seguridad del suministro en Europa, reducir la dependencia de los proveedores únicos y ofrecer a los consumidores más posibilidades de elección», ha destacado el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

«Disponer de infraestructuras energéticas adecuadas para la finalidad que se persigue resulta también esencial para que las fuentes de energía renovables se desarrollen y podamos cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático», añadió Cañete. La interconexión del Golfo de Vizcaya es uno de los 8 proyectos del sector de la electricidad que recibirán fondos (680 millones entre todos), a los que se suman 9 proyectos del sector del gas (193 millones). 4 de ellos corresponden a obras de construcción y 13 a estudios.

El Ministerio celebra la inversión

Por su parte, Energía resaltó que «siempre» reivindicó las interconexiones energéticas para poder cumplir en igualdad de condiciones que el resto de los Estados miembros con los objetivos en materia de energía y clima de la Unión Europea. En estos momentos hay una interconexión eléctrica entre Francia y España del 2,8%. Con el proyecto por el Golfo de Vizcaya el porcentaje de interconexión alcanzará el 5% y con otros dos proyectos por los Pirineos, uno por Aragón y otro por Navarra, se llegará al 8%.

El proyecto se trata de una interconexión entre el País Vasco y Aquitania de 370 kilómetros de longitud (110 kilómetros en España y 260 kilómetros en Francia). El cable entrará en funcionamiento en 2025. El coste del proyecto es de 1.750 millones de euros. Los reguladores nacionales habían acordado un reparto del 50% de los costes entre ambos países. Con esta aportación financiera de la Unión Europea, España financiará únicamente el 37% del proyecto, aproximadamente.

Por ello, el Gobierno valoró «muy positivamente» el respaldo de los fondos europeos obtenidos, que acredita la solidez técnica y económica del proyecto. «El apoyo de la Unión Europea demuestra la importancia del mercado interior de la electricidad y sus infraestructuras para la construcción del proyecto europeo, avalando las posiciones que España ha mantenido históricamente», añadió el Ministerio de Energía.

España valora «positivamente» los avances en interconexiones y autoconsumo conseguidos en las negociaciones con los países de la Unión Europea

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha valorado «positivamente» los resultados obtenidos por España en las negociaciones entre los ministros de Energía de la Unión Europea del llamado Paquete de Invierno, logrando avances en interconexiones eléctricas y autoconsumo de energía.

En concreto, España ha defendido un objetivo ambicioso en materia de energías renovables, pero insiste en que para ello necesita que se introduzcan las herramientas necesarias como las interconexiones. En este sentido, la Unión Europea ha reforzado la consideración de las interconexiones energéticas en la normativa energética comunitaria. Así, el Ministerio destaca que se han recogido plenamente las propuestas españolas en esta materia, incluyéndose avances «muy importantes» de cara a otorgar carta de naturaleza a los compromisos europeos de alcanzar el 10% en 2020 y del 15% en el año 2030 como una de las dimensiones de la gobernanza energética.

En particular, la normativa comunitaria otorgará al objetivo de interconexiones una importancia similar a los objetivos de renovables y eficiencia energética. De esta manera, los Estados deberán marcar en sus planes nacionales de Energía y Clima una estrategia elaborada en cooperación con los Estados vecinos para progresar en las interconexiones y alcanzar en 2030 el objetivo del 15%. Además, la Comisión Europea evaluará periódicamente los progresos de los diferentes países de cara al logro de los objetivos de interconexión, lo cual será un elemento esencial para España y que, de detectarse por la Comisión avances insuficientes, la Comisión y los Estados deban cooperar para alcanzar soluciones a los problemas identificados.

Asimismo, se incluirán las interconexiones a la hora de valorar los costes que asumen los países para contribuir a los objetivos de cambio climático, reconociendo que el logro de un nivel de interconexión del 15% es clave para incrementar la penetración de renovables de forma técnica y económicamente viable. El Consejo de Energía también ha reconocido la importancia de un despliegue eficiente y efectivo de renovables que suponga el menor coste para el consumidor, lo que avala la política desarrollada por el Gobierno español mediante las subastas celebradas durante el año 2017 y que permitirán incorporar más de 8 gigavatios (GW) de nueva potencia renovable sin primas, señala el Ministerio.

Respecto al autoconsumo, el Gobierno considera «muy positivo» el tratamiento que se le ha dado en el Consejo, con una propuesta que «refleja claramente» que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no, subraya el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. En lo que se refiere a los precios regulados para consumidores eléctricos, se reconoce la posibilidad de los Estados miembros de contar con sistemas como el español, de precios voluntarios para el pequeño consumidor, que es dinámico y fluctúa de acuerdo con el precio del mercado.

El Consejo ratificó su objetivo de alcanzar al menos un 27% de energía renovable en el consumo final en el año 2030 y establecer importantes mecanismos de control y coordinación de las políticas de los Estados miembros, en el marco de la gobernanza de la Unión Energética, con vistas a asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. España valora «muy positivamente» el marco que se ha propuesto en estas orientaciones generales, que incluye avances importantes en la simplificación de los trámites administrativos para las instalaciones renovables, nuevos compromisos en materia de penetración de renovables en el transporte y la fijación de criterios objetivos para la evaluación del avance de los distintos Estados miembros, entre otras cuestiones.