Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) celebra la derogación del impuesto al sol porque supondrá «un impuso» a la competitividad del sector agrario, que podrá reducir sus costes energéticos mediante la autoproducción de energía sin peajes ni cargos, Greenpeace ha celebrado también el fin del impuesto al sol y el resto de barreras al autoconsumo energético pero insta al Gobierno a avanzar en una reforma de la fiscalidad energética bajo la premisa de que quien contamina paga.
Para la ONG es necesario que el Ejecutivo habilite en la legislación española la modalidad del autoconsumo compartido virtual o de proximidad para que las administraciones locales puedan usarlo en la lucha contra la pobreza energética. Por ello, reclama «a la mayor brevedad posible» una reforma fiscal energética ambiental que incorpore el principio de quien contamina paga y avance en la separación horizontal «total y efectiva» entre las actividades liberalizadas y las reguladas del sector eléctrico, de forma que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales.
Además, pide objetivos renovables «más ambiciosos» y un plan de cierre del carbón y de las centrales nucleares con fecha anterior a 2025 y añade que tanto el Plan Integrado de Clima y Energía como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética también deberán ir en línea con la consecución de un sistema energético «eficiente, inteligente democrático y 100% renovable antes de 2050″. En todo caso, tras la aprobación del Real Decreto, la ONG celebra que se ha dado un «paso imprescindible» para acabar con el impuesto al sol, al que define como un «engendro inventado por las eléctricas» y «todas» las trabas al autoconsumo que «nunca tuvieron sentido».
El responsable de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha manifestado que es «hora de que se reconozca este derecho. Ahora la pelota está en el tejado del Congreso de los Diputados». Además, valora las propuestas en favor del autoabastecimiento y «especialmente» que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad «sin ningún tipo de cargo», equiparando por fin el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Asimismo, ve positivo que se habilite también la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación porque es «imprescindible» para que este modo energético se pueda desarrollar en el ámbito urbano doméstico.
En el lado negativo, Greenpeace observa que otras medidas como la suspensión del Impuesto del 7% a la generación eléctrica y la del céntimo verde para la generación de electricidad, como únicas medidas fiscales, genera «serias dudas» ya que responden solo al objetivo de bajar la factura de la luz y no al de impulsar cambios estructurales que resuelvan los motivos de base de unos precios de la luz crecientes. Acerca de las medidas fiscales emprendidas, la ONG advierte de que esta medida, si no se produce en el marco de una reforma fiscal ambiental más amplia, acabará favoreciendo a las centrales más contaminantes como las centrales térmicas de combustibles fósiles y a las nucleares.
La competitividad del sector agrario
Por su parte, el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, considera que eliminar el impuesto al sol es «bienvenido, pero hay que seguir dando pasos con más medidas de calado». Del Campo considera que eliminar el impuesto al sol muestra la «voluntad política» de ponerse del lado de los consumidores, que se ven obligados a pagar con costes fijos el agujero económico que se deriva de una estrategia errónea en materia energética. De hecho, los consumidores estacionales, como los regantes, han visto cómo el aumento medio de la factura para el regadío haya sido superior al 110% en este periodo.
Por eso, según señala Del Campo muchos regadíos modernizados que ahorran más agua pero demandan más energía no son económicamente viables. Ahora con esta modificación se podrá mitigar siempre que los regantes dispongan de medios económicos y recursos naturales para poder generar autoconsumo, ya sin penalización. También celebra que la medida contribuirá a que España alcance los objetivos de autoproducción de Bruselas, máxime teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias).
Finalmente, el presidente de Fenacore insiste en la necesidad de un desarrollo del reglamento para aplicar la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía, de marzo, que contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos. Esta medida, asegura, les evitará pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el coste.
