El precio del mercado eléctrico sube un 7,6% en la primera quincena de febrero por el temporal de frío

Europa Press.- El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío. En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como pool, se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE. En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante, las importaciones, que se están incrementando un 60% respecto al 2017, han permitido «equilibrar fuerzas y moderar el precio». Así, el mix energético se mantiene similar al de los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento. Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado con la importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación.

La isla de El Hierro cubre su demanda eléctrica con energía 100% renovable durante 18 días con Gorona del Viento

Europa Press.- La isla de El Hierro ha sido capaz de cubrir su demanda de electricidad con energía 100% renovable durante 18 días consecutivos, en el periodo entre el 25 de enero y el 12 de febrero, según indicó Red Eléctrica de España (REE). En este sentido, la demanda eléctrica de la isla de El Hierro se ha cubierto durante 1.974 horas con energía 100% renovable desde el 9 de agosto de 2015, momento en el que lo consiguió por primera vez.

En lo que va de 2018, el viento ha permitido que no sea necesaria la intervención de tecnologías contaminantes en la cobertura de la demanda durante 560 horas. La central hidroeólica de Gorona del Viento, operada por Red Eléctrica, se ha convertido así en una pieza clave. De esta manera, la generación eléctrica renovable en la isla de El Hierro proveniente de esta central se situó en 2017 en los 20.234 megavatios hora (MWh), cubriendo el 46,5% de la demanda, lo que supone un incremento de 5,8 puntos porcentuales respecto al año anterior y, por tanto, un nuevo máximo histórico.

Gorona del Viento comenzó a funcionar a pleno rendimiento en julio del 2015 y se ha convertido en una pieza fundamental para la integración de generación renovable en el sistema eléctrico de El Hierro. Aunque en el 2015 la central solo estuvo totalmente operativa la segunda mitad del año, la participación de las renovables en la cobertura de la demanda anual fue del 19,2%, mientras que en el 2016, su primer año completo de funcionamiento, alcanzaron el 40,7% de la cobertura de la demanda. En el 2014, la energía renovable significó el 2,3% de la demanda eléctrica de la isla.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

APPA pide mantener la retribución prevista para la minihidráulica ante la actual situación de crisis del sector por la sequía

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) advierte de que la minihidráulica se enfrenta a «su peor crisis» tras un 2017 marcado por «la grave sequía» y «los cambios regulatorios», por lo que ha pedido mantener la retribución prevista.

La asociación señala que «al grave efecto» de la disminución de ingresos debido a la falta de producción eléctrica en un 2017 en el que la sequía ha reducido la generación hidráulica en un 47,5% con respecto al año anterior, se suma «la posible e injusta pérdida de la retribución regulada». Para APPA, el actual modelo retributivo no está diseñado para la tecnología minihidráulica, «que sufre importantes variaciones de producción anual». Así, considera que el modelo actual elimina toda la retribución regulada si no se alcanza una producción mínima, «alejando a las instalaciones de la rentabilidad razonable reconocida por ley«.

De esta manera, la principal organización renovable señala que la aplicación a las pequeñas centrales del actual modelo retributivo supondrá pérdidas en la retribución regulada del sector del orden del 25%, por lo que pide «comprensión y mantener la retribución prevista». «Simplemente pedimos que se entienda el problema que afecta a esta tecnología. No pedimos incrementar los costes del sistema, pero sí que se retribuya al sector hidráulico con la partida prevista sin que exista penalización adicional por la sequía que sufrimos», afirmó el presidente de APPA Hidráulica, Oriol Xalabarder.

Hidraqua y la Universidad de Valencia desarrollan un estudio para mejorar la sostenibilidad ambiental en el tratamiento de aguas residuales

Europa Press.- Hidraqua y la Universidad de Valencia (UV) desarrollan un estudio que tiene el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental en el tratamiento de aguas residuales. Esta iniciativa incluye, además, parámetros de eficiencia energética y económica y estará centrada en las depuradoras que la empresa del ciclo integral del agua gestiona en Riba- Roja y Torrent.

De este modo, Hidraqua y el Grupo de Economía Aplicada de la Universidad han firmado un convenio de colaboración con el fin de llevar a cabo un estudio que, de una manera integral, aborde el desarrollo e implementación de tecnologías novedosas para el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, incluyendo su modelización y análisis de eficiencia y sostenibilidad económico-ambiental.

El director territorial de Hidraqua en la provincia de Valencia, Jordi Azorín, y el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y director del Máster en Gestión de Recursos Hídricos, Francesc Hernandez, serán los encargados de liderar este proyecto por parte de las dos entidades. «Las actividades de investigación a realizar girarán en torno a las tecnologías consideradas como más novedosas y con mayores expectativas de futuro de cara a conseguir un tratamiento del agua más eficiente y sostenible» según ha declarado Azorín durante el acto de firma.

Asimismo, las propuestas tecnológicas a estudiar permitirán promover un avance significativo sobre todo en la minimización de los costes energéticos por mejora en la concepción y explotación. Por ello, se analizará su sostenibilidad económico-ambiental para poder disponer de un abanico de posibilidades y limitaciones que permitan evaluar qué tecnología es la más adecuada para cada escenario. El plan de trabajo se ha estructurado en varios bloques de tareas, que abarcan desde la definición de los objetivos, el desarrollo de indicadores, el análisis de la eficiencia y los estudios de sostenibilidad.

La principal innovación del proyecto consiste en el uso de Modelos Data Envelopment Analysis (DEA) para el estudio de la eficiencia técnica y económica en cada una de las fases del proceso de tratamiento de aguas residuales. A su vez, se llevará a cabo un estudio de sostenibilidad económico-ambiental para evaluar propuestas tecnológicas innovadoras. La obtención de un efluente de calidad bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental supone un importante reto tecnológico que, a su vez, representa una oportunidad para la innovación en el campo de las aguas residuales.

«Además de su evidente interés para las aplicaciones a escala nacional, es importante destacar el mercado potencial que se está abriendo en otros países, especialmente del ámbito mediterráneo y latinoamericano. Sin duda, las empresas necesitan disponer del conocimiento necesario en referencia a las mejores tecnologías disponibles para abordar de manera óptima el tratamiento de las aguas residuales tanto urbanas como industriales» ha añadido Hernandez. Así, se requiere emplear nuevos procesos más eficientes en el uso de la energía, con menor uso de aditivos químicos y que hagan un mejor uso de subproductos como el biogás.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.

El Congreso, sin el PP, urge al Gobierno a «reformar en profundidad» el mercado eléctrico y auditar los costes

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa por la cual se insta al Gobierno a realizar una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico con el fin, entre otras cuestiones, de impulsar un nuevo sistema de fijación de precios, acorde al coste de generación de cada tecnología, y realizar una auditoría de los costes. La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, encontró la oposición del PP, PNV y UPN, que han votado en contra.

El texto aprobado por el Congreso insta al Gobierno a «reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible», con el fin de «compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética» con «un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento». En este punto, el Congreso pide al Gobierno reducir «la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», en referencia a los cambios de las retribuciones a las renovables, y «avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por renovables».

Nuevo sistema para fijar precios

En este sentido, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a adoptar «las medidas necesarias para evitar la sobreremuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real». Como ejemplo, el Congreso propone «un gravamen para terminar con los beneficios caídos del cielo o excluirlos del mercado como en otros países». Precisamente, la iniciativa también insta al Gobierno a modificar el sistema de fijación del precio de la electricidad, «y del mercado específicamente», para que «refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables».

Así, el Congreso quiere que el sistema «tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas, la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica«.

Asimismo, reclama la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico «incluyendo un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país«. También llama a «reformar la parte regulada de la tarifa», con el fin de reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, «incentivando la eficiencia y el ahorro energético». Por último, el Congreso pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen «no sea utilizada con fines especulativos». Inicialmente, el texto propuesto por Unidos Podemos abogaba por recuperar la gestión pública de estas centrales.

La sequía dispara las emisiones de CO2 de la electricidad un 28,13% por el mayor peso de carbón y gas

Europa Press.- Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la generación eléctrica han aumentado un 28,13% en 2017 respecto al mismo periodo de 2016, ya que a consecuencia de la sequía la energía hidráulica cayó casi a la mitad hasta el 30 de septiembre, según indicó Red Eléctrica de España.

En concreto, la energía hidráulica disminuyó un 49,5% desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre y cayó un 29,1% durante septiembre por la falta de agua, por lo que la demanda eléctrica en España se ha compensado con energía de carbón y de ciclo combinado de gas, que son más caras y también más emisoras de CO2.

Así, en lo que va de año (de enero a septiembre) se han emitido en el conjunto de España 52.990.411 toneladas de CO2 relacionadas con la producción de electricidad, de las que 30.318.938 toneladas de CO2 se debieron a la generación por carbón y 10.069.124 toneladas de CO2 al gas (ciclo combinado). Estas cifras, suponen un 28,13% más que en el mismo periodo del 2016 (41.354.702 toneladas). El año pasado el carbón en el mismo periodo emitió 21.960.124 toneladas de CO2, es decir, un 27,52% menos, y el ciclo combinado, 8.614.516 toneladas de CO2, un 14,45% menos que este año.

Según datos de Red Eléctrica de España, la energía generada con carbón ha crecido un 39,5% en este año y, en la misma línea ascendente, se sitúa el ciclo combinado (gas), que ha aumentado un 42,6% en este año, al mismo tiempo que la energía eólica disminuyó un 9,8% en lo que va de año, aunque repuntó un 4,7% en el mes de septiembre. En total, desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017, la hidráulica ha generado un 42,6% menos de electricidad y la eólica ha perdido también un 12% en el mismo periodo. Además, en la actualidad se genera un 25% más de energía con carbón que hace un año y un 44% más de ciclo combinado (gas).

Los datos apuntan que en el último mes disminuyó un 5,9% la generación renovable para suplir la demanda eléctrica pero, si se compara con los datos de hace un año, la electricidad procedente de renovables se redujo en un 22,9%. Así, las emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica alcanzaron 7.089.179 toneladas en julio; 6.038.501 toneladas en agosto y 5.720.637 toneladas de CO2 durante el mes de septiembre a nivel nacional. De estas, el carbón supuso más de la mitad de las emisiones de CO2 en julio, 4.098.000 toneladas de CO2; entorno a la mitad en agosto, 3.079.792 toneladas y 2.919.485 toneladas de CO2 por carbón correspondieron a septiembre.

Según fuentes de Red Eléctrica, la falta de energía hidráulica por la sequía y de eólica, que disminuyó por la falta de viento, se está compensando con carbón y gas, mientras la nuclear permanece constante. En los datos, según subraya, tiene importancia Canarias, que fundamentalmente depende de combustibles fósiles, al no tener interconexión eléctrica. Así, en septiembre, las centrales nucleares, que no emiten CO2, aportaron el 24,9% de la generación y se convirtió en la fuente de energía con mayor peso en la producción eléctrica.

En segundo y tercer puesto se situaron el ciclo combinado, con el 17,2%, y el carbón, con el 14,9% respectivamente. En su conjunto, las renovables contribuyeron a la demanda eléctrica con un 29,8% del total y debido a la disminución de la generación hidráulica junto con el aumento del ciclo combinado volvió a producirse un descenso renovable de 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Si bien, del total de la energía generada, el 54,4% en septiembre fue libre de CO2 (renovables + nuclear). En la actualidad, a finales del mes de septiembre las reservas hidráulicas se situaron en un 29,2%, casi 17 puntos por debajo que en septiembre de 2016 y 3,4 puntos menos que en el mes de agosto. En cuanto a la producción eólica peninsular, en septiembre llegó a 2.793 gigawatios hora, lo que supone un 4,7% más frente al mismo mes de hace un año. El máximo de generación eólica peninsular se produjo el 9 septiembre, lo que supuso un 34,1% de la generación ese día.

Finalmente, el precio final de la demanda peninsular en septiembre fue de 56,36 euros por megavatio hora, lo que significa un aumento del 3% respecto al mes anterior y un 10,3% más frente a septiembre de 2016. Sin embargo, la demanda fue un 3% menor en este mes. Este dato también tendría relación con la sequía y el viento en calma, ya que la demanda se está supliendo con carbón y gas que España adquiere en el exterior, lo que provoca un aumento del precio.

La sequía dispara las emisiones de CO2 procedentes de la generación de electricidad en 2017 un 28,13% respecto a 2016

Europa Press.- Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la generación eléctrica entre enero y septiembre de 2017 aumentaron un 28,13% respecto al mismo periodo de 2016, ya que la sequía ha provocado que la energía hidráulica cayera casi a la mitad hasta el 30 de septiembre, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

Concretamente, la energía hidráulica disminuyó un 49,5% hasta septiembre y cayó un 29,1% durante el noveno mes de 2017 por la falta de agua, por lo que la demanda eléctrica en España se ha compensado con energía generada a partir del carbón y de los ciclos combinados de gas, que son energías más caras y también más emisoras de CO2.

Así, en lo que va de año se han emitido en el conjunto de España 52.990.411 toneladas de CO2 debidas a la electricidad, de las que 30.318.938 toneladas de CO2 se debieron a la generación por carbón y 10.069.124 toneladas de CO2 al gas (ciclo combinado). Estas cifras, suponen un 28,13% más que en el mismo periodo del año pasado (41.354.702 toneladas). El año pasado el carbón en el mismo periodo emitió 21.960.124 toneladas de CO2, es decir, un 27,52% menos, y el ciclo combinado, 8.614.516 toneladas de CO2, un 14,45% menos que este año.

Según datos de Red Eléctrica de España, por el contrario, la energía generada con carbón ha crecido un 39,5% en este año y, en la misma línea ascendente se sitúa el ciclo combinado, que ha aumentado un 42,6%, al mismo tiempo que la energía eólica disminuyó un 9,8% en lo que va de año, aunque repuntó un 4,7% en el mes de septiembre. En total, desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017, la hidráulica ha generado un 42,6% menos de electricidad y la eólica ha perdido también un 12% en el mismo periodo. Asimismo, se genera un 25% más de energía con carbón que hace un año y un 44% más de ciclo combinado.

Importante descenso de las renovables

Los datos apuntan que en el último mes disminuyó un 5,9% la generación renovable para suplir la demanda eléctrica, pero si se compara con los datos de hace un año, la electricidad procedente de energías renovables se redujo en un 22,9%. Así, las emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica alcanzaron 7.089.179 toneladas en julio; 6.038.501 toneladas en agosto y 5.720.637 toneladas de CO2 durante septiembre a nivel nacional. De estas, el carbón supuso más de la mitad de las emisiones de CO2 en julio, 4.098.000 toneladas de CO2; entorno a la mitad en agosto, 3.079.792 toneladas y 2.919.485 toneladas de CO2 por carbón correspondieron al mes de septiembre.

Según fuentes de Red Eléctrica, la falta de energía hidráulica por la sequía y de eólica, que disminuyó por la falta de viento, se está compensando con carbón y gas, mientras la nuclear permanece constante. En los datos, según subraya, tiene importancia Canarias, que fundamentalmente depende de combustibles fósiles, al no tener interconexión eléctrica. Así, en septiembre, las centrales nucleares, que no emiten CO2, aportaron el 24,9% de la generación y se convirtió en la fuente de energía con mayor peso en la producción eléctrica.

En segundo y tercer puesto se situaron el ciclo combinado, con el 17,2%, y el carbón, con el 14,9% respectivamente. En su conjunto, las renovables contribuyeron a la demanda eléctrica con un 29,8% del total y, debido a la disminución de la generación hidráulica junto con el aumento del ciclo combinado, volvieron a producir un descenso de la energía renovable del 0,5% respecto al 2016.

Si bien, del total de la energía generada, el 54,4% en septiembre fue libre de CO2 (renovables + nuclear). En la actualidad, a finales del mes de septiembre las reservas hidráulicas se situaron en un 29,2%, casi 17 puntos por debajo que en septiembre de 2016 y 3,4 puntos menos que en el mes de agosto. Según admite Red Eléctrica, en términos hidroeléctricos, el mes de septiembre fue seco respecto a la media histórica de este mes. En cuanto a la producción eólica peninsular en septiembre, llegó a 2.793 gigavatios hora, lo que supone un 4,7% más frente al mismo mes de hace un año.

Finalmente, el precio final de la demanda en la Península en septiembre fue de 56,36 euros por megavatio hora, lo que significa un aumento del 3% respecto al mes anterior y un 10,3% más frente a septiembre de 2016. Sin embargo, la demanda fue un 3% menor en este mes. Este dato también tendría relación con la sequía y la eólica, ya que la demanda se está abasteciendo con carbón y gas que España adquiere en el exterior, lo que provoca un aumento del precio.

APPA pide al Gobierno que considere la fuerte sequía y no aplique penalizaciones a las minihidráulicas

Europa Press.- Aparte de que el presidente de APPA Marina, Francisco García Lorenzo, ha sido nombrado miembro de la junta directiva de Ocean Energy Europe (OEE), la asociación europea de energías oceánicas, desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) han denunciado la «gravísima» situación que están sufriendo las instalaciones minihidráulicas debido a la actual sequía y ha pedido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que no aplique la penalización de retirar la retribución específica de estas centrales.

En este sentido, la asociación señala que la sequía ha paralizado el funcionamiento de estas instalaciones y la actual regulación establece penalizaciones por baja producción, «algo que constituye una doble injusticia» para APPA. Así, considera que las centrales han estado disponibles para su funcionamiento, pero la falta de recurso hídrico, debido a la sequía, ha provocado que no se alcanzase el número mínimo de horas.

De esta manera, APPA pide que, al igual que la sequía provoca reacciones del Gobierno para ayudar a determinados sectores como la ganadería o la agricultura, no se aplique la norma «en su literalidad y se contemple la sequía como culpable real de que no se haya podido alcanzar la producción mínima«. Además, recuerda que estas centrales han sufrido «severos recortes» en los últimos años debido a un impuesto del 2,2% específico para hidráulica, adicional al 7% de generación eléctrica.

Directiva de Ocean Energy Europe

Por otro lado, APPA indicó que la integración de Francisco García en la junta directiva de Ocean Energy Europe obedece a una estrategia para mejorar el posicionamiento internacional del sector español, potenciar la participación en la toma de decisiones y dinamizar la comunicación con las instituciones europeas. García destacó que las energías oceánicas tienen el potencial para suministrar el 20% del consumo eléctrico en España y subrayó que la industria española «ha demostrado capacidad tecnológica para que esto sea una realidad». Por ello, pidió una estrategia energética/tecnológica «clara y decidida liderada por el Gobierno de España y los principales agentes del sector de la innovación».