Nadal pide a las compañías energéticas dejar de recurrir la legislación con el “afán legítimo de rascar hasta el último euro”

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector rebajar la «conflictividad» judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. «Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria«, espetó.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: «Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro». «Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae», ha continuado Nadal.

Ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: «Estamos en un toma y daca que no tiene sentido«. El ministro ha realizado esta intervención ante diversos directivos del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén. El sector energético ha expresado recurrentemente su disconformidad con la pretensión del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las compañías por distribuir la luz y el gas a lo largo del país.

El ministro habla de “monopolistas”

«No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios», ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y, por ello, los precios deben estar regulados. En este sentido, sostiene que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: «Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja».

El ministro busca realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones. En este sentido, Nadal se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%. «Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobreretribución«, indicó. Según Nadal, «antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda corregir un desequilibrio en el sistema».

Unesa asegura que modificar la retribución “de manera inesperada” pone en cuestión la estabilidad jurídica y perjudica a las empresas

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas, Unesa, que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, junto a otras patronales de distribución como ASEME y CIDE, han recordado que la remuneración de la distribución eléctrica fue establecida por la Ley de 2013 y critican que los ajustes que el Gobierno pretende aplicar se producen «de manera inesperada» al estar fuera de los periodos regulatorios, «lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica» y perjudica a las empresas.

Asimismo, señalan que los cambios se quieren introducir cuando aún está pendiente de tramitación la Ley del Cambio Climático y Transición Energética y cuando la comisión de expertos creada por el Gobierno para asesorar sobre estos asuntos aún no entregó sus conclusiones. Para las patronales, la transición energética «exige mantener y ampliar» las redes de distribución y la incertidumbre generada por los cambios regulatorios «no favorece la inversión», que supera los 1.100 millones de euros.

Además, consideran que el papel de las redes «es crítico» para poder integrar de manera efectiva las energías renovables, conseguir que el consumidor sea más activo y responsable en una red digitalizada y para poder ampliar los usos de la electricidad, «por lo que alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución de estos objetivos«. En su comparecencia en el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Parlamento respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

Ajustes a distribución y transporte

El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. “Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero”, indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las principales compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros. Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que Red Eléctrica ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.

No obstante, el Gobierno finalmente no ha incluido en el paquete de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley contra la sequía ninguna propuesta de cambio encaminada a reducir la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica. Así, en la batería de enmiendas se incluyen únicamente propuestas de modificación en la Ley del Sector Eléctrico referentes a peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad y a regadíos, adaptándose a la normativa europea.

En el Congreso, Nadal consideró que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las eléctricas proceden de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de REE. Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Unesa pide una metodología «objetiva» para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica del período regulatorio post-2020

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas (Unesa) demanda una metodología «objetiva» para llevar a cabo la revisión de la tasa de retribución financiera de la actividad de distribución eléctrica de cara a su siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020.

Unesa asegura compartir el criterio expresado por la CNMC de que «llegado el momento de la revisión de la tasa de retribución financiera, se debería adecuar ésta al coste de los recursos propios y ajenos de las empresas distribuidoras». Para la patronal, la CNMC constata «el enorme esfuerzo» realizado por las empresas para mejorar «su eficiencia, rentabilidad y calidad de servicios a los consumidores». Así, considera que todas las variables analizadas por el organismo reflejan «la mejora de gestión empresarial» de las empresas distribuidoras que conforman Unesa, por ejemplo «a través de un parámetro tan representativo como el descenso significativo de los gastos de explotación«.

Además, añade que este esfuerzo empresarial también es extrapolable al área de las inversiones, que la propia CNMC cuantifica en más de 1.000 millones de euros anuales, «lo que ha redundado en una mejora continuada de los estándares de calidad y de servicio (el tiempo medio de interrupción se redujo en un 32% en 2013-2016)». Finalmente, Unesa recuerda que España dispone de «una de las redes eléctricas más eficientes en coste y calidad de suministro del mundo y pionera en la implantación de contadores inteligentes».

La CNMC publicó su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico, en el que considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará en 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos. Además, la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. La rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.

Unidos Podemos exige una reforma eléctrica para prohibir la concentración de actividades del sector en grandes grupos empresariales

Europa Press.- En Comú Podem quiere prohibir por ley la concentración de actividades empresariales en el sector eléctrico, de manera que se garantice «la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados» en este sector. Así figura en la proposición no de ley que la formación catalana, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz energético Josep Vendrell.

Con ella, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas que permitan esta separación de actividad con el fin de que «se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». La formación catalana recuerda las diferentes directivas comunitarias en las que se impone «la separación efectiva de las empresas integradas», que realizan actividades como la generación, el transporte, la distribución y comercialización.

«Tener una posición dominante en una actividad puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades», argumenta Vendrell. Así, señala que el control de actividades relacionadas con las redes, que suponen «monopolios naturales», supone «información privilegiada» para el resto de actividades, como conocer en qué puntos de conexión existe capacidad para conectar nuevas instalaciones, proporcionando la capacidad de ejecutar altas y cambios de comercializadoras.

En España, asegura que las instalaciones de generación de las empresas de grupos integrados «tienden a ubicarse en zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución». «Los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadoras que no forme parte del mismo grupo empresarial», apostilla. En este sentido, recuerda que la propia Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia «viene advirtiendo reiteradamente» esta situación en sus informes sobre cambio de empresa comercializadoras.

El 63% de los directivos de las compañías energéticas teme ciberataques que colapsen la red eléctrica, según Accenture

Europa Press.- El 63% de los directivos de utilities cree que su país podría sufrir una interrupción del suministro eléctrico debido a un ciberataque en los próximos 5 años, según un informe elaborado por Accenture Security, que recoge que el 88% de los encuestados coinciden en que la ciberseguridad es un aspecto clave en el despliegue de redes inteligentes.

El informe Outsmarting Grid Security Threats desvela que las interrupciones en el suministro energético causadas por los ciberataques y las amenazas físicas a la red de distribución son la mayor preocupación para el 57% de los encuestados. La encuesta, realizada a más de 100 directivos del sector utilities en más de 20 países, entre ellos España, también señala que el 53% de los directivos refieren la seguridad de empleados y clientes como su mayor inquietud, mientras que el 43% citan la destrucción de activos físicos.

«A la vez que se desarrollan malwares altamente sofisticados, el riesgo para las empresas de suministro de que éstos sean usados por ciberdelincuentes con fines maliciosos se incrementa» alerta el director gerente de Accenture Resources España, Portugal e Israel, Bruno Chao. En este sentido, ha subrayado que los ataques contra los sistemas de control industrial podrían interrumpir la fiabilidad y seguridad de la red, así como el bienestar de los empleados y clientes, por lo que no estar preparado para ello «puede acabar con la marca y convertirse en una amenaza real para el país».

El informe remarca que el aumento de conectividad en los sistemas de control industriales gracias a la red de suministro inteligente traerá consigo importantes beneficios en términos de seguridad, productividad y mejor calidad de servicio, así como mayor eficiencia operacional. Eso sí, las utilities están cada vez más expuestas debido al incremento de dispositivos domésticos conectados al Intenet de las Cosas (IoT), lo que supone un nuevo riesgo para las compañías de suministro difícil de cuantificar. Por ello, el 77% de los directivos de utilities ven al IoT como una potencial amenaza para la ciberseguridad.

Por otro lado, Accenture remarca que un número importante de utilities tienen mucho que avanzar si quieren desarrollar un sistema de respuesta cibernética robusto, ya que más de 4 de cada 10 encuestados afirman que los riesgos de ciberseguridad no están total o parcialmente integrados en sus procesos de gestión del riesgo. «Las utilities deben invertir en la resiliencia de su red inteligente, así como en capacidades eficaces de recuperación», agrega. Solo el 6% de las compañías se sienten completamente bien preparadas y el 48% bien preparadas para afrontar la restauración de la normalidad en las operaciones tras un ciberataque.

Desestimado un recurso de Unión Fenosa en Castilla y León contra la regulación sobre las líneas nuevas de alta tensión

EFE / Servimedia.- Al tiempo que Gas Natural Fenosa cerraba un acuerdo de colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que tiene por objetivo facilitar la realización de prácticas extracurriculares de los estudiantes de grado y máster, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso de Unión Fenosa Distribución contra un decreto del Gobierno autonómico que, entre otros aspectos, regulaba la ubicación de nuevas líneas de alta tensión.

En concreto, la compañía pretendía con su recurso dejar sin efecto un artículo del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que regula la distancia a la que tienen que ubicarse las nuevas líneas de alta tensión que se tracen en el futuro y que fue modificado por la Junta para adaptar el reglamento a la Ley de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana. El artículo que ha motivado el desacuerdo de la eléctrica se refiere a que las nuevas instalaciones deberán respetar una distancia respecto a las construcciones habitadas de 0,5 metros por cada kilovoltio de tensión, medidos en línea recta desde la proyección del eje de los cables a la superficie, con un mínimo de 5 metros.

La Sala de lo Contencioso Administrativo recuerda a Unión Fenosa que, antes de su aprobación, el decreto se sometió al trámite de información pública durante 2 meses, un momento que podía haber aprovechado para alegar lo que considerase oportuno. Añaden además que la compañía no acreditó que con esta norma se impida el ejercicio de su actividad eléctrica, sino que «lo único que resulta de la prueba practicada es que la prestación de esa actividad se pueda encarecer«. Los magistrados consideran que esta normativa está de acuerdo con la legislación que permite que las políticas públicas de urbanismo puedan adoptar medidas de prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas.

Convenio para facilitar las prácticas

Por otro lado, según indicó la compañía, la oferta de prácticas en Gas Natural Fenosa será conocida por todas las universidades que forman parte de la CRUE y, por tanto, será accesible para un mayor número de estudiantes. Adicionalmente, se simplifican las gestiones actuales de publicación de la oferta de prácticas de la compañía que, hasta la fecha, se hacía de forma individual con cada centro universitario. Con la firma de este convenio, Gas Natural se convierte en la primera empresa del Ibex-35 en rubricar un convenio de este tipo con la CRUE, en lo que supone un evidente apoyo de la energética en la formación de los universitarios españoles.

Endesa invierte más de 200.000 euros en mejorar la calidad del suministro eléctrico en Radazul (Tenerife) y en Binéfar (Huesca)

EFE.- Endesa ha realizado una inversión de 100.000 euros para la instalación de nuevos sistemas de protección, control y telemando en la red eléctrica de distribución que suministra energía a la localidad oscense de Binéfar. Asimismo, la compañía invertirá casi 120.000 euros para mejorar el suministro eléctrico de Radazul, en El Rosario (Tenerife), en una actuación que consiste en habilitar una segunda vía de conexión para 8 centros transformadores que quedarán conectados en configuración de anillo.

Además se reformará uno de ellos para equiparlo con nuevos dispositivos dotados de prestaciones tecnológicas de última generación, según Endesa. Con este enlace se modifica el trazado de la línea, que se configurará en lo que en el argot eléctrico se denomina anillo. La conexión entre los centros de transformación se realizará mediante una nueva línea de media tensión subterránea, de una longitud de 1.408 metros con cable de 12/20 KV (kilovoltios). Gracias a este nuevo tramo mejorará la rapidez de actuación ante potenciales averías.

En los últimos años, la población de El Rosario aumentó principalmente en la zona costera del municipio, concentrando casi la mitad de sus habitantes en Radazul y Tabaiba. En este contexto de dinamización local, Endesa pone en marcha una obra para reforzar el suministro de un área en expansión que requiere un servicio eléctrico de calidad para afianzar su crecimiento.

Invierte 100.000 euros en Binéfar

Por su parte, la actuación en Binéfar servirá para mejorar la calidad de suministro de 1.100 clientes, según estimó la compañía eléctrica. La instalación de los nuevos equipos y sistemas, que se ha llevado a cabo en las líneas de 25 kilovoltios Binéfar-Altorricón y Binéfar-San Esteban, servirá para mejorar la fiabilidad y para facilitar la reposición del suministro en caso de que se produzca alguna incidencia en la red de media tensión de la zona. La inversión realizada forma parte del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por Endesa en su ámbito de distribución con el objeto de renovar la red eléctrica de media tensión.

Iberdrola supera los 10 millones de contadores inteligentes instalados en España

Servimedia / EFE.- Iberdrola Distribución ha superado la cifra de 10 millones de contadores digitales instalados y la infraestructura que los soporta adaptada a red inteligente, lo que supone que la compañía ya ha modernizado el 95% de su parque de contadores en España. Además, en el marco del Proyecto STAR (Sistema de Telegestión y Automatización de la Red), Iberdrola ha adaptado alrededor de 67.000 centros de transformación distribuidos por España, a los que ha incorporado capacidades de telegestión, supervisión y automatización.

Dicho proyecto es una iniciativa de la compañía que complementa la obligación legal del cambio de contadores con una extensiva modernización y digitalización de la red eléctrica, que prepara esta infraestructura crítica para los servicios que requieran los clientes en el futuro. La adaptación a red inteligente posibilita a Iberdrola monitorizar y actuar a distancia y de forma automática sobre la red eléctrica, con lo que puede adelantarse a posibles incidentes y mejorar la calidad de servicio a los clientes. La información disponible permite operar la red eléctrica de distribución de forma eficiente, reduciendo pérdidas y de manera más segura.

«La digitalización de la red facilita la integración de la energía renovable distribuida, la gestión de una red que cada vez va a ser más activa y la futura integración masiva de los vehículos eléctricos», indicó Iberdrola. Adicionalmente, la información recibida desde los contadores inteligentes sobre el estado de funcionamiento de la red permite optimizar las inversiones necesarias, mejorar las labores de mantenimiento y, en definitiva, contribuir a ganar eficiencias.

El proyecto STAR, que supondrá una inversión global por parte de la compañía en España superior a los 2.000 millones de euros, finalizará oficialmente en 2018 e implicará la sustitución por parte de Iberdrola de más de 10,6 millones de contadores y la adaptación de unos 80.000 centros de transformación. Iberdrola está desarrollando proyectos similares en los países donde lleva a cabo su actividad, siempre que se den las condiciones regulatorias apropiadas, lo que permite a las empresas que colaboran en el proyecto STAR acceder a oportunidades de negocio importantes.