El sector eléctrico pide que el Plan de Energía y Clima defina mecanismos para alcanzar la descarbonización

Europa Press.- El sector eléctrico reclama que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contemple los mecanismos adecuados para cumplir con esa hoja de ruta hacia la descarbonización. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió que se debería considerar que durante la transición muchas tecnologías tradicionales, como el carbón o los ciclos combinados de gas natural, necesarias para garantizar la seguridad de suministro, no entrarán en el mercado, por lo que consideró que habrá que compensarlas con mecanismos por capacidad.

«Los ciclos combinados van a caer como moscas ya que funcionan poco», indicó Bogas, quien valoró las oportunidades que abre la transición energética para el sector, aunque subrayó que la seguridad de suministro «será muy importante». El ejecutivo señaló que los objetivos a 2030 de renovables son «perfectamente alcanzables» y suponen «una oportunidad», con la instalación anual de entre 4.000-5.000 megavatios (MW) verdes anuales, aunque indicó que las renovables deben llegar con un «óptimo económico» para evitar repercutir los costes en el ciudadano. A este respecto afirmó que la transición energética debe producirse de manera natural, con el mercado definiendo el escenario, y subrayó que tecnologías como la eólica y la solar ya son «competitivas».

Por su parte, el director del Negocio Liberado de Iberdrola, Aitor Moso, señaló que habrá que estar atentos a la publicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y subrayó la importancia de que sean definidos esos mecanismos adecuados para transitar en ese camino a la descarbonización. Moso, que además consideró necesario estudiar una revisión del actual mercado eléctrico, insistió en que la transición energética abre una «oportunidad» de nuevas inversiones y debería acabar suponiendo un menor precio de la electricidad para los clientes. «Para España, la transición es una oportunidad económica, ya que cambiar a renovables será más económico para nuestros clientes«, auguró.

Mientras, el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, destacó que la transición energética debe tener como foco el consumidor y los costes y advirtió del riesgo y el reto que puede suponer la penetración «muy relevante» de generación distribuida y su impacto en la retribución. Por su parte, el director de Operaciones de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvison, puso el foco en la necesidad de seguir trabajando en las interconexiones ya que son «clave» para la transición.

El Tribunal de Cuentas analizará las multas que fijan CNMC y CNMV y las compensaciones de costes del sector eléctrico

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó entre las fiscalizaciones previstas para 2019 una revisión del sistema de multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las transferencias presupuestadas para compensar los costes del sector eléctrico.

En su programa de fiscalización para 2019, el organismo presidido por María José de la Fuente ha decidido unilateralmente realizar una fiscalización horizontal sobre la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, de los ejercicios 2016 a 2018. Este informe será publicado en 2020.

No será la única fiscalización sobre la CNMC, ya que el Tribunal de Cuentas tiene previsto publicar este año el análisis de la contratación ejecutada entre 2015 y 2017. Respecto a las compensaciones en el sector eléctrico, la fiscalización se centrará en el programa presupuestario 425A, sobre normativa y desarrollo energético, con especial referencia a las transferencias de capital para compensar los costes del sector eléctrico, referido al ejercicio 2018.

Ribera ve asumible para España lograr los objetivos a 2030 si en la transición ecológica existe «diálogo y participación»

Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve asumible alcanzar los objetivos climáticos a 2030 siempre que exista en la transición esa «capacidad de diálogo y participación» por parte de todos los actores ya que «estamos hablando de construir un futuro en común». Ribera aseguró que «no le cabe la menor duda» de que esos objetivos a 2030 se pueden cumplir, aunque indicó que todos los sectores económicos, así como el resto de agentes sociales, «tienen un papel que desempeñar».

Ribera subrayó que la disrupción del cambio climático «entiende poco de colores políticos» y consideró que no hay nadie que no apueste por una transición hacia una economía descarbonizada. Asimismo, señaló que el cambio climático es «una carrera contrarreloj» en la que hay que plantearse desde el futuro para atrás «cuáles son las sendas más razonables» para alcanzar los objetivos de descarbonización y advirtió que «es imposible pensar que podemos volver a un modelo de crecimiento como el del pasado«.

Además, Ribera aseguró que es necesario actuar y estar a la cabeza, a pesar de poder pagar el coste del aprendizaje, ya que afirmó ser de las que «piensan que las cosas no pasan nunca solas». Para ello, la ministra indicó que son necesarias señales regulatorias «estables pero flexibles», para que puedan ser ajustadas en el camino, y defendió el papel que deben jugar «la solidaridad y la transición justa».

Alcoa plantea parar la serie de electrolisis en A Coruña y Avilés para que esté operativa si hay un inversor

Europa Press.– Alcoa se ha mostrado dispuesta a apagar la serie de electrolisis en sus fábricas de A Coruña y Avilés, sobre las que pesa el anuncio de cierre, para que esta parte de actividad de las plantas pueda estar operativa si surge un inversor. Así actúa la empresa al demorar 6 meses el ERE presentado para ambas fábricas, como solicitó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

De la reunión mantenida con el Gobierno, representantes de las administraciones autonómicas de Galicia y Asturias y sindicatos, no han querido concretar nada sobre su posicionamiento. Únicamente han dicho que se trataron «numerosas ideas». Sí han insistido en que tanto la fábrica de Coruña como la de Avilés «están afectadas por problemas estructurales». «Organizativos, productivos y tecnológicos», han añadido, incidiendo en que esto supone «menor capacidad de producción y altos costes operativos». A ello, suman «una tecnología obsoleta, menos eficiente».

Con todo, han dicho que la multinacional está dispuesta «a apagar la serie de electrolisis, una de las partes de la actividad en las fábricas junto a la fundición, para que quede en condiciones óptimas durante un período de tiempo«. De esta forma, según han explicado, «si surge un inversor interesado», podrían volverse a poner en funcionamiento. No obstante, han indicado que, para ello, necesitarían la «cooperación» de los trabajadores.

Hasta el 30 de junio

Por su parte, el Gobierno arrancó a la empresa el compromiso de fijar un plazo de 6 meses para buscar una alternativa al cierre de las plantas. Esto implica la paralización del ERE puesto en marcha por la compañía estadounidense en ambos centros españoles y que se pueda trabajar con un escenario temporal más amplio para encontrar soluciones al problema.

«Hay soluciones y estamos evaluando proyectos», aseguró la titular de la cartera de Industria, al tiempo que resaltó la necesidad de una voluntad por parte de Alcoa para llegar a soluciones similares a las que se alcanzaron en los casos de Vestas y de Cemex. «Si hay voluntad por parte de la empresa, el Gobierno ya ha demostrado en los casos de Vestas y Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresa que se produzca en este país», añadió.

Por otro lado, fuentes de Industria explicaron que se ha abierto una línea de trabajo con la empresa tras el bloqueo mantenido en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. «Ahora se pasa a un escenario de prudencia en el que se han puesto sobre la mesa varias propuestas, entre las cuales está establecer 6 meses de plazo para analizar todo«, añadieron dichas fuentes.

El Gobierno eleva a 480 millones el programa de ayudas a pequeñas entidades locales para una economía baja en carbono

Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para aumentar hasta los 480 millones de euros el presupuesto destinado al programa operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a la promoción de una economía baja en carbono.

En concreto, este programa, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, regula la concesión de ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética, la movilidad sostenible o uso de energías renovables en entidades locales con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. La primera convocatoria de esta línea de apoyo se aprobó mediante el Decreto 616/2017 y, hasta la fecha, se habían presupuestado 336,053 millones de euros para ayudas de apoyo a la descarbonización cofinanciadas por FEDER. Sin embargo, dada la buena aceptación por parte de las entidades locales y su adecuada contribución al cumplimiento de los objetivos del programa, se amplía su dotación presupuestaria en 144,022 millones de euros, hasta llegar a esos 480,076 millones de euros.

Con menos de 20.000 habitantes

Asimismo, se simplifican algunos trámites y se amplía el plazo de vigencia de la convocatoria de ayudas hasta el 30 de junio de 2019. Pueden presentar proyectos los municipios y agrupaciones locales, pero también otras entidades locales (como Consejos/Cabildos insulares) o las comunidades autónomas, pero siempre para intervenciones en municipios con menos de 20.000 habitantes. También puede presentarlos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se pueden subvencionar, con una cofinanciación que oscila entre el 50% y el 85%, hasta 17 medias diferentes. Entre ellas, la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos; el fomento de la movilidad urbana sostenible, lo que incluye tanto medidas vinculadas al transporte como a la red viaria; y aumentar los usos de energías renovables para producir electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas.

Una de las líneas menos utilizadas hasta ahora es la de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, que podría verse ahora favorecido por el nuevo marco normativo aprobado en el Decreto-ley 15/2018. Según el programa, son subvencionables también las baterías asociadas a sistemas de autoconsumo fotovoltaico, indicó el Ministerio. Las ayudas son gestionadas por el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Atlantica Yield prevé invertir unos 1.000 millones de euros hasta 2022 y avanza operaciones en Estados Unidos, Chile y Perú

Europa Press.– Atlantica Yield ha revisado su estrategia y ha lanzado un plan para el periodo 2019-2022 que prevé unas inversiones de unos 1.000 millones de euros, según anunció el consejero delegado de la compañía, Santiago Seage, en el Investor Day celebrado en Nueva York (Estados Unidos).

En concreto, la empresa, que gestiona una amplia cartera diversificada de activos en los sectores de energía y agua, espera invertir entre 200 y 300 millones de dólares (entre unos 176 millones de euros y unos 264 millones de euros) anuales en los próximos 4 años, según indicó la compañía. Recientemente, Atlantica Yield ha anunciado adquisiciones por importe de 245 millones de dólares (unos 215,4 millones de euros). Estas inversiones incluyen la compra de varias líneas de transmisión y subestaciones eléctricas en Chile y Perú.

Además, durante la reunión el grupo anunció un proyecto para invertir junto con la canadiense Algonquin en una planta eólica de 200 megavatios (MW) en Illinois (Estados Unidos) por unos 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros). Algonquin se convirtió a finales del pasado mes de noviembre en el principal accionista de Atlantica Yield, tras completar la compra de la participación del 16,47% que mantenía Abengoa. El grupo canadiense elevaba así su participación en la yield al 41,47%.I

El consejero delegado de Algonquin, Ian Robertson, explicó a los inversores la alianza estratégica entre las dos compañías. Por su parte, el consejero delegado de Atlantica Yield, Santiago Seage, destacó que la compañía está posicionada en «sectores clave para la transición hacia un mix energético sostenible que se está produciendo en todo el mundo«. «Con estas perspectivas de crecimiento, tenemos una excelente oportunidad de crear valor para nuestros accionistas», añadió.

Cáritas urge a fijar un plan para salvar el planeta en la conferencia COP24 de la ONU sobre cambio climático

Europa Press.- Una delegación de Cáritas Internationalis participa en las conversaciones de la ONU sobre el cambio climático (COP24) para pedir que los Gobiernos adopten objetivos «más ambiciosos» y «reemplacen los combustibles fósiles con energía renovable» para 2050. La COP24 avanza en la puesta en marcha del Acuerdo de París contra el cambio climático, que se firmó en 2015, con el reto de elevar la ambición para poder alcanzar los objetivos establecidos.

Las conversaciones deberán culminar con la aprobación de un plan para frenar el cambio climático durante la próxima década y abordar sus efectos devastadores en la vida humana, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y del agua. Para la red internacional de Cáritas, presente en 165 países y más de 200 territorios del mundo, el coste que el calentamiento global está suponiendo en términos de aumento de desastres naturales y riesgos de sostenibilidad medioambiental «es ya inasumible para las comunidades más vulnerables acuciadas por la pobreza».

Los delegados que participan en la Conferencia anual de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) esperan consensuar el Libro de Normas sobre la implementación del Acuerdo de París. Para Cáritas, el Libro de Normas también debe proteger los derechos humanos y hacer que las políticas climáticas nacionales estén abiertas a la gente. Además, se espera consensuar un nuevo marco para la acción mundial sobre el cambio climático, uno de cuyos artículos clave establece el objetivo a largo plazo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, a menos de 1,5 grados.

«Todos los días, somos testigos de los efectos del cambio climático en las personas pobres y vulnerables de todo el mundo. La equidad, la igualdad y la justicia intergeneracional deben ser los criterios guía para las nuevas políticas climáticas», subraya la responsable de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en Cáritas Internationalis, Adriana Opromolla. A su juicio, «la transformación es posible, pero se necesita voluntad política para que esto ocurra». Los países desarrollados han prometido una aportación colectiva anual de 100.000 millones de dólares a partir de 2020 a través del Fondo Verde para el Clima.

Limitar el calentamiento del planeta

El pasado mes de noviembre, el Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicó un estudio que analiza las diferencias entre que la ambición mundial se centre en limitar el aumento de la temperatura global en 2 grados centígrados o bien, si se da un paso más y el objetivo es reducir el calentamiento a 1,5 grados.

El copresidente del Grupo de trabajo I del IPCC, Panmao Zhai, destacó durante la presentación de resultados que uno de los mensajes fundamentales «arrojado de forma contundente» por el informe es que ya se están viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 grado con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios.

El informe del IPCC advierte de que para limitar el calentamiento a 1,5ºC se necesitarán transiciones «rápidas y de gran alcance» en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades y que será necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) disminuyan un 45% en 2030 respecto a los niveles de 2010 y alcanzar un balance de cero emisiones en 2050. «Limitar el calentamiento a 1,5°C es posible según las leyes de la química y la física, pero para ello se necesitarían cambios sin precedentes», destacó el copresidente del grupo de trabajo III del IPCC, Jim Skea.

La directora de la oficina española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, señaló que el Gobierno considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a una transición justa y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno en octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea “aplicable de manera urgente” y que se pueda medir “lo lejos” que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Avanzar hacia una economía descarbonizada

Asimismo, añadió que en la COP24 hay que hablar de “ambición” para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. “Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía“, manifestó.

La directora subraya que a postura y la ambición de España en la COP es “clara” y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció “claramente” que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030. Ha admitido que estos objetivos repercutirán en “todos” los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan “credibilidad, certidumbre” y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo.

A la cumbre asisten además de las delegaciones de gobiernos de todo el mundo, representantes de instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la ONG SEO/BirdLife participa en calidad de observador en la COP24, donde exigirá la máxima ambición mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La ONG denuncia la creciente preocupación por los impactos del cambio climático y la falta de progreso en la reducción de emisiones a nivel mundial. «El mundo está todavía lejos de la senda correcta de descarbonización», ha advertido David Howell, de SEO/BirdLife.

La Comisión Europea ha hecho pública su propuesta por la que quiere eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, para lo que admite que se requerirán «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará «efectos positivos«. Howell ha recordado que ya se están sufriendo las consecuencias en todos los continentes, mares, culturas y países. «La Comisión Europea ha empezado a reconocer que los compromisos legales de nuestro continente ante este reto son insuficientes y desde SEO/BirdLife instamos a la Unión Europea y el Gobierno español a redoblar sus esfuerzos en las negociaciones y a prestar el máximo de apoyo a la Presidencia polaca en su difícil tarea», concluyó.

España destina como contribución voluntaria 450.000 euros a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria con un total de 450.000 a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático. Así, se ha acordado destinar 200.000 euros al Fondo de Actividades Suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), que es el principal instrumento internacional para atajar este problema global, así como al Acuerdo de París.

CMNUCC fue adoptada en 1992 (entró en vigor en 1994), y ha sido ratificada por 197 partes, incluida España, y su objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera. Además, el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, ha sido ratificado por 134 países hasta la fecha. Tras la cumbre de París se constituyó el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA), como órgano subsidiario adicional para el desarrollo de todos los elementos del Acuerdo.

Sus actividades se financian por las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus miembros a través de dos fondos, el Fondo de Actividades Suplementarias, destinado a numerosas actividades relacionadas con los resultados de la negociación. También a través del Fondo de Participación destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los Órganos Subsidiarios. El presupuesto para el bienio 2018-2020 incluye las necesidades financieras del fondo de actividades suplementarias y el importe de la contribución voluntaria para el ejercicio 2018 es de 200.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado la contribución voluntaria de 200.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y Caribe para las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCCC). Entre las actuaciones de cooperación de España en la lucha contra el cambio climático destacan las desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana de Oficina de Cambio Climático (RIOCC), en la que la OECC ejerce las labores de secretariado desde su creación en 2004 por mandato del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente.

En la misma línea, el Gobierno ha aprobado un acuerdo que autoriza la contribución voluntaria de 50.000 euros al Paternariado Internacional de Acción de Carbono. El Partenariado Internacional de Acción de Carbono (ICAP) es un foro internacional compuesto por gobiernos y autoridades públicas que han implementado, o prevén implementar, sistemas obligatorios de comercio de derechos de emisión para regular las emisiones efecto invernadero en el ámbito territorial que les compete.

ICAP funciona mediante programas de trabajo que se establecen para un periodo de dos años. Para cada actividad recogida en el programa de trabajo se estima un presupuesto asociado. Transcurrido un año desde el inicio de la aplicación del programa se valora la introducción de modificaciones. Los gastos de funcionamiento del secretariado de ICAP se han estimado en unos 650.000 euros/año. España destinará en 2018 un total de 50.000 euros.

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.

El Gobierno aprueba actuaciones especiales en infraestructura para el transporte de electricidad en Menorca como un nuevo cable con Mallorca

Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha declarado la utilidad pública del proyecto de nuevo cable de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca y concede la autorización administrativa a su construcción. Se trata de dos pasos necesarios para avanzar en la instalación del enlace entre ambas islas, después de que Menorca viera como se quedaba sin suministro eléctrico durante más de 50 horas debido al daño provocado en una de las dos líneas de transmisión eléctrica.

La decisión adoptada por el Ejecutivo viene precedida por la que tomó el Consejo de Ministros el 27 de julio, mediante la que se modificaron aspectos de la planificación para dar vía libre al nuevo cable entre ambas islas. Además, en julio se autorizó la construcción de un by-pass dentro del nuevo cable. Con todas estas actuaciones, y las autorizaciones y permisos necesarios, se ponen en marcha los trabajos de conexión, de gran complejidad técnica y procedimental. Red Eléctrica de España (REE) estima contar con la puesta en servicio del nuevo enlace a través de by-pass a mediados de 2020.

Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, este by-pass resolverá los problemas derivados de la rotura del cable submarino y permitirá un respaldo adicional ante sucesos imprevistos como el ocurrido el pasado octubre, en el que un fenómeno meteorológico extremo causó graves daños en la red de transporte y desconectó a casi la mitad de los consumidores de la isla de Menorca de la única central de generación, sin que existiera la posibilidad de atender a la demanda mediante una fuente alternativa como puede ser el enlace con Mallorca.

La interconexión por cable entre Mallorca y Menorca, conocido como Enlace 1, está fuera de servicio desde 2017, tras 42 años en activo. Se trataba de un cable tripolar, con un cuarto cable de repuesto. En noviembre de 2017 dejó de estar operativo después de varias averías tras las agresiones externas sufridas por el daño provocado por el ancla de un barco que fondeaba en zona prohibida. Se evaluaron distintas alternativas de reparación, que no resultaron viables técnicamente, y se concluyó que la única solución para restablecer la conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca era a través de un enlace recogido en la Planificación 2015-2020.

Estas nuevas actuaciones de conexión darán mayor fiabilidad al sistema, mejor garantía de suministro y más integración e intercambio de energía renovable, que podía pasar de un suministro en torno al 5,6% a un 15% para el conjunto de Islas Baleares con el nuevo cable, añadió el Ministerio. La Planificación Energética 2008-2016 ya incluía la instalación de un segundo enlace con entrada en servicio en el horizonte 2016 pero su tramitación quedó suspendida en 2012.

Asimismo, la Planificación Energética 2015-2020, aprobada en 2015, volvió a incluir este enlace. En 2017, el proyecto obtuvo la autorización administrativa previa. Hasta el pasado mes de julio, no se habían realizado los pasos preceptivos adicionales para poner en marcha la construcción. Estos trámites previos concluyen con las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. El último plazo estimado por el transportista para la entrada en funcionamiento del nuevo cable, en su configuración definitiva, está fijado a finales de 2020.

En este periodo se deberá culminar la tramitación administrativa autonómica, fabricarse e instalar el cable y actuar respetando los condicionantes recogidos en la DIA que obliga, entre otros aspectos, a evitar molestias a especies de aves, a no alterar las actividades pesqueras durante la construcción del tramo marino y a evitar las obras en los 2 kilómetros más próximos a las costa en temporada turística.

En paralelo, la central térmica de gas de Mahón debe adaptar sus turbinas a la Directiva de Emisiones Industriales, que entra en vigor en enero de 2020, garantizando el suministro. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tramitado una orden ministerial, en la que se otorga un régimen retributivo adicional a las inversiones necesarias para adecuar 138 megavatios (MW) de potencia en 3 turbinas de gas de esta central para asegurar la cobertura de la demanda para 2020, mientras la conexión definitiva entre Mallorca y Menorca es operativa.

Por otro lado, una segunda orden ministerial en tramitación hará posible que Baleares se opere como un único sistema eléctrico con ahorros estimados alrededor de 30 millones de euros anuales, a los que habría que sumar otros 50-80 millones anuales por la conexión con la península y 20 más cuando se establezca con un doble cable la conexión Mallorca Menorca. Esta orden también establece una nueva metodología para el cálculo del precio horario de adquisición de la demanda que se conocerá previamente y calculará a partir de variables conocidas para dar señales eficientes al mercado.