Los CEO’s de las principales distribuidoras gasistas defienden en Bruselas el papel clave del gas natural para descarbonizar el transporte

Europa Press.- La directora ejecutiva de Nedgia, Nuria Rodríguez, junto con los consejeros delegados de GRDF (Francia), Edouard Sauvage; de Distrigaz Sud Retele (Rumania), Dan Pantilie; de Italgas (Italia), Pablo Gallo, y el de Galp Gás Natural Distribuição (Portugal), Gabriel Sousa, se reunieron con la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Violeta Bulc, para presentar las ventajas del gas natural y el gas renovable para la descarbonización del transporte en Europa.

Estas compañías presentaron a la comisaria Violeta Bulc diferentes casos de éxito de ciudades que optaron por soluciones a gas para la movilidad urbana y evidenciar que esta opción representa una solución real para reducir emisiones en el ámbito del transporte, según indicó Nedgia. En el encuentro, los consejeros delegados de las empresas solicitaron a la comisaria tener en cuenta el potencial del gas natural y el gas renovable para acelerar la descarbonización del transporte y permitir a la Unión Europea lograr sus objetivos climáticos.

Ciclo de vida del combustible

Asimismo, pidieron la aplicación de neutralidad tecnológica en todas las políticas para garantizar una descarbonización eficaz del sector del transporte, además de un análisis de emisiones que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del combustible, en vez de un enfoque basado en las emisiones del tubo de escape. Además, reclamaron un enfoque coherente entre las legislaciones europeas sobre energía y movilidad para el segmento de los vehículos ligeros. La Coalición GD4S está formada por cinco de las principales distribuidoras de gas de Francia, Italia, España, Rumania y Portugal. En estos países circulan más del 86% de los vehículos a gas en Europa y estas compañías hacen llegar el gas a más de 25 millones de consumidores en Europa.

El gas licuado por canalización sube un 13% en su parte variable

Europa Press.– El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 13%, según una resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 82,0297 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 72,6209 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel sube un 16,2%, desde los 58,40421 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 67,4509 céntimos.

La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Repsol ampliará capital hasta los 45,77 millones para pagar el dividendo flexible y vende sus activos en Papúa Nueva Guinea

EFE.- Repsol ha acordado vender sus activos de exploración de gas en Papúa Nueva Guinea a la firma china Balang International, operación que se completará en el cuarto trimestre del año, una vez se cumplan las condiciones previas a que está sujeta esta transacción, según la petrolera. Asimismo, la compañía aumentará capital por un máximo de 45,77 millones de euros para atender su programa de dividendo flexible, que permite al accionista optar por recibir la retribución en efectivo o en acciones.

La ampliación de capital tiene como fin aplicar el programa de dividendo flexible con la intención de sustituir el que hubiese sido el tradicional pago del dividendo complementario del 2017. Repsol, que puso en práctica por primera vez el dividendo flexible en 2012, otorgará un derecho de asignación gratuita por cada acción de la compañía de que se sea titular hasta el 15 de junio.

El accionista, al final del periodo de negociación de esos derechos, podrá decidir si los canjea por las acciones nuevas que se van a emitir, si los transmite a la sociedad que se compromete a comprarlos a 0,485 euros por derecho o venderlos en el mercado durante el periodo de negociación, que comenzará el 16 de junio y finalizará el 6 de julio. Los accionistas podrán combinar estas opciones, que tienen un tratamiento fiscal diferente.

El número de derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva es de 34 y el número máximo de acciones nuevas que se emitirán en el aumento de capital se ha fijado en 45.778.381 con un valor nominal de un euro, lo que situaría el valor máximo en euros de la ampliación de capital en esa misma cifra. No obstante, el número de acciones que se emitirán finalmente dependerá del número de accionistas que soliciten recibir su retribución en efectivo. Además, Repsol renunciará a los derechos de asignación gratuita que adquiera en virtud de su compromiso de compra, por lo que se emitirán las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita no adquiridos.

El aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, que en diciembre de 2017 ascendían a 9.910,1 millones de euros. El precio fijo garantizado al accionista que quiera recibir su remuneración en efectivo es de 0,485 euros brutos por derecho, en virtud del compromiso de compra adquirido por Repsol. El próximo 29 de junio finalizará el plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra adquirido por Repsol

El 6 de julio acabará el del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Ese mismo día Repsol adquirirá los derechos de los accionistas que hayan solicitado su compra por Repsol y el 10 de julio la compañía renunciará a ellos. En esa misma fecha se cerrará el aumento de capital, se comunicará el resultado final de la operación y se pagará a los accionistas que hayan vendido sus derechos a Repsol. Entre el 11 y el 20 de julio se producirá la admisión a cotización de las nuevas acciones en las bolsas.

Venta en Papúa Nueva Guinea

Repsol ha acordado vender sus activos de exploración de gas en Papúa Nueva Guinea a la firma china Balang International, que forma parte del grupo China Changcheng Natural Gas Power, que tiene inversiones en los sectores de gas natural y energía en la región de Asia-Pacífico, incluida China. El negocio vendido por Repsol continuará siendo operado por esta compañía hasta que se complete la transacción.

El presidente de Balang, Dai Ying Xiang, ha indicado que su compañía está comprometida con el desarrollo de los recursos descubiertos en los activos que ahora adquiere y con el próximo proyecto de gas natural licuado de Papúa Nueva Guinea, que será realidad en un futuro cercano. Repsol está presente en Papúa Nueva Guinea desde 2015 a través de su negocio de exploración y producción, y a 31 de diciembre de 2017 tenía derechos mineros sobre 9 bloques (4 de exploración, con una superficie neta de 7.418 kilómetros cuadrados, y 5 de desarrollo, con una superficie de 1.303 kilómetros cuadrados).

La CNMC pide reducir la retribución por transporte a Red Eléctrica, que trabaja para absorber la nueva eólica en Canarias

EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha anunciado que concluirá este año las ochos actuaciones anunciadas en Canarias que permitirán verter a la red los 403 megavatios del nuevo cupo eólico. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica, que en España lleva a cabo REE, para adecuarla al coste de los recursos del transportista, que han evolucionado a la baja.

El organismo de competencia ha hecho público el informe de análisis económico-financiero durante el periodo 2013-2016 de la actividad del transporte de energía eléctrica, que ejerce Red Eléctrica como transportista único del sector eléctrico. La CNMC ha recomendado que se revise la tasa de retribución financiera del transporte eléctrico para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.

Además, pide que no se modifique ni el valor ni la vida útil de los activos anteriores a 1998 de cara al siguiente periodo regulatorio para cumplir con los principios retributivos establecidos en la Ley del Sector Eléctrico y el decreto de 2013 de realizar la actividad de transporte eléctrico al menor coste para el sistema y el de permitir una retribución adecuada para una actividad de bajo riesgo. La retribución de REE representa el 98,3% de su actividad, 1.710 millones de euros anuales, según la CNMC, que señala que la retribución del transporte representa aproximadamente el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anunció hace unos meses su intención introducir ajustes en la retribución de actividades en el sector energético para dar cumplimiento a varias recomendaciones de la CNMC y que el grupo popular presentaría una proposición de ley en ese sentido. Según el análisis que la CNMC ha dado a conocer, la rentabilidad económica del transportista se mantuvo en valores estables durante el periodo 2013-2016, por encima del 9% en los cuatro ejercicios analizados, alcanzando el valor más alto en el último año, en que ascendió a un 9,7%. La rentabilidad financiera se situó en valores cercanos al 30% y alcanzó el 31,1% en 2016.

Competencia también recomienda que se fijen límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y en su análisis expone que REE presentó un elevado apalancamiento en el periodo analizado, que alcanzó el 78% a cierre de 2016. Sin embargo, el ratio deuda neta/ebitda (4,67 veces) y el de cobertura de la carga financiera, ebitda/gastos financieros (8,36 veces), presentaron valores razonables.

El periodo analizado, el 2013-2016, permite ya observar el impacto de los cambios que se introdujeron en el marco de la retribución de la actividad en 2013. En ese periodo, el importe neto de la cifra de negocios de REE se incrementó un 6% y pasó de 1.701 millones de euros a 1.803 millones, debido principalmente al incremento de los ingresos regulados del transporte eléctrico.

Asimismo, se incrementaron los gastos de personal de REE un 11,5%, mientras que los financieros se redujeron un 21%. El beneficio neto de la empresa, en la que el Estado tiene una participación del 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), aumentó desde los 463,3 millones de euros en 2013 a 586 millones en 2016, un 26,5% más que en 2013.

Absorber la eólica en Canarias

Por otro lado, la directora general de Transportes de REE, Eva Pagán, señaló que las actuaciones a realizar en Canarias suponen una inversión de 401 millones de euros y se complementarán con la interconexión por cable submarino de los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura, presupuestada en 32,1 millones de euros.  Del total de esta inversión, 434 millones de euros, generará en Canarias 3.400 puestos de trabajo, una renta de 172 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto, así como unos ingresos fiscales de 55 millones de euros, según destacó el director de Infraestructuras en las islas, Daniel Pérez.

Pagán, que subrayó el compromiso de REE por contribuir a lograr un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente en el archipiélago, ha indicado que con la incorporación de estas nuevas infraestructuras se podrá duplicar la oferta de energía eléctrica renovable en las islas, que pasará del 8% al 18%. Las instalaciones proyectadas para cumplir con el plan eólico por REE, 6 nuevas subestaciones y otras 2 más que se ampliarán, entrarán en servicio a medida que se vayan concluyendo, si bien todas ellas estarán finalizadas en diciembre de 2018.

En cuanto a las obras previstas, en Gran Canaria, con una inversión de 32,7 millones de euros, se ha ampliado la subestación de Aldea Blanca, de 66 kilovoltios (kv) y se están construyendo las de Arinaga y Agüimes, también de 66 kv, así como las líneas de conexión asociadas. En Tenerife, se invertirán 80,5 millones de euros en la ampliación de la subestación de Tagoro, de 66 kv, y en la construcción de las subestaciones El Porís y Abona, de 220 y 66 kv, respectivamente.

En Lanzarote, con una inversión de 71,1 millones de euros, se ha construido la subestación Callejones, de 66 kv, y se han proyectado la línea Tías-Playa Blanca, de 132 kv, y las subestaciones de Tías y Blaya Blanca, de 132 kv y 66kv. En Fuerteventura, en la que REE prevé la mayor inversión, 217,7 millones de euros, se construirán la subestación Jares, de 132 kv, y su línea de conexión, que se deberá apoyar con otros desarrollos de la red.

Sobre el sistema de Fuerteventura, subrayó que es importante que se complete el eje norte-sur proyectado en la isla para que la capacidad de su tendido eléctrico pase de 66 kv a 132 kv, por lo que ha reiterado la disposición de REE para encontrar una salida junto al Cabildo y la Consejería de Industria del Gobierno canario, ante la suspensión cautelar del nuevo trazado comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Pagán explicó que sin ese trazado concluido no podrá circular la energía que se produzca en los parques eólicos del sur de la isla hacia el norte.

Cogen Europe pide a la Unión Europea que cuente con la cogeneración en la lucha contra el cambio climático

EFE.- La patronal europea de cogeneración, Cogen Europe, ha pedido a los ministros de Energía de la Unión Europea que se apoye a la cogeneración como un medio clave para alcanzar los objetivos nacionales y los de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático.

Cogen Europe, de la que forman parte la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) y la Asociación Española para la promoción de la Cogeneración (Cogen España), ha enviado una carta a los ministros de Energía de los países miembros, entre ellos al español Álvaro Nadal. En la misiva, la patronal europea de cogeneración pide aprovechar los ahorros de energía que ofrece la cogeneración en conversión, transmisión y distribución, pues sería una forma clave para garantizar la flexibilidad para los estados miembros sin comprometer los objetivos. También pide que se priorice la cogeneración de alta eficiencia para el uso de biomasa, al menos para instalaciones de más de 20 megavatios térmicos (MWth).

Asimismo, recuerda que la cogeneración produce el 11% de la electricidad y el 15% del calor en Europa, y ahorra más de 200 millones de toneladas de CO2 anuales. La patronal española de cogeneración, Acogen, ha recordado que, con el paquete legislativo sobre energía en curso de la Unión Europea, la contribución de la cogeneración podría alcanzar el 20% de la electricidad de Europa y el 25% del calor, ahorrando hasta 350 millones de toneladas. A juicio de Acogen, la cogeneración es una tecnología que sale reforzada en el contexto regulatorio de la Unión Europea y también en España, donde recuerda que la comisión de expertos expresó en su informe «un rotundo sí al impulso a la cogeneración» en España.

Las distribuidoras de gas natural lanzan una aplicación móvil para facilitar la lectura del contador

Europa Press / EFE.- Nedgia (Gas Natural Fenosa), Redexis Gas, Madrileña Red de Gas y Nortegas, las principales distribuidoras de gas en España, han lanzado una aplicación móvil para facilitar a sus usuarios el proceso de lectura del contador del gas, sea cual sea su comercializadora. Concretamente, la aplicación, denominada YoLeoGas Multidistribuidora, permite facilitar su lectura a través del móvil o tableta. El usuario sólo tiene que registrar el número del CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro) en la aplicación y hacer una foto al equipo de medida.

La aplicación avisa al cliente si la foto es correcta y la envía a los sistemas informáticos de la distribuidora correspondiente, que la procesa automáticamente. Las compañías, cada vez más comprometidas con una mayor eficiencia en los procesos, destacaron que la iniciativa refleja el «impulso firme» hacia la digitalización de las distribuidoras gasistas, que buscan juntas hacer «fácil y dotar de mayor transparencia los diferentes trámites que están asociados a la facturación del servicio energético», poniendo a disposición de los usuarios una misma aplicación para facilitar la lectura del gas.

Esta herramienta, ya disponible, puede ser utilizada por todos los usuarios de gas canalizado de España de las distribuidoras promotoras de la aplicación, así como por todas las comercializadoras existentes, que podrán así recibir de forma en internet la información de consumo de cada punto de suministro. Con esta aplicación, las compañías pretenden ir más allá del mero cumplimiento normativo que requiere poner a disposición de los consumidores y comercializadoras un sistema para la comunicación de la lectura del contador.

Las empresas distribuidoras en España son las responsables del desarrollo, la operación y el mantenimiento de la red de distribución de gas en España, a la que están conectados más de 7,8 millones de usuarios, según datos de Sedigas a cierre de 2017. Por su parte, las compañías comercializadoras que operan en España suministran al consumidor final el gas que reciben a través de las instalaciones de las distribuidoras. No obstante, es responsabilidad de las distribuidoras el proceso de lectura del contador, paso previo necesario para la facturación del consumo.

Condenada por falsificar varias firmas

Iniciativas como esta app pueden mejorar el conocimiento de los usuarios sobre el sector energético, y evitar noticias como la condena por parte de la Audiencia de Cantabria, a 6 meses de prisión y a pagar una multa de 900 euros, a una comercial de una empresa de luz y gas que falsificó la firma de 3 particulares para cambiarles de compañía suministradora. El tribunal ha desestimado así el recurso que presentó la comercial contra una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander que le impuso esa condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La mujer trabajaba a comisión para una empresa que a su vez había sido contratada por una suministradora de gas y electricidad para captar clientes. Según recoge la sentencia, entre noviembre y diciembre de 2014 visitó varios domicilios de Santander y consiguió hacerse con datos personales que utilizó para cambiar de compañía suministradora a 3 particulares, falsificando sus firmas. En uno de los casos hizo el cambio sin el consentimiento del cliente y en otro sí lo tenía, pero simuló la firma del marido. En el tercer caso también contó con el consentimiento del cliente para el cambio de compañía, pero presentó un documento con su firma falsificada en el que no se recogían las condiciones que le había ofrecido.

La suministradora penalizó a la empresa para la que trabajaba la comercial con el pago de 1.566 euros, al comprobar el carácter fraudulento de varios de los contratos concertados por la comercializadora. En su recurso, la acusada alegó que el juzgado de instancia no practicó «prueba de cargo suficiente que desvirtúe el principio de presunción de inocencia» e insistió en que la prueba pericial caligráfica de las firmas que obran en los contratos no concluye que ella fuese su autora.

La Audiencia de Cantabria recuerda en su sentencia que los 3 clientes acreditaron en el juicio que la acusada fue la persona que se presentó en sus domicilios y les ofreció cambiar de compañía, y también que le facilitaron sus documentos de identidad. Cuando les enseñaron los contratos, añade, afirmaron que no eran sus firmas, un extremo corroborado por la prueba pericial caligráfica que, a juicio del tribunal, es «concluyente».

Así, para la Sala, si las firmas no eran de los clientes, y por tanto eran falsas, y la interesada en que cambiaran de compañía era la acusada, que había sido contratada para ese fin y tras la visita a los domicilios entregaba a la empresa la documentación, «la conclusión no puede ser otra que la acusada falsificó las firmas para cobrar la oportuna comisión«.

El sistema gasista acabará con su déficit acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según la consultora PwC

Europa Press / EFE.- El sistema gasista español alcanzará este año el superávit y, con la evolución prevista de la demanda, absorberá todo el déficit de tarifa que tiene acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según indica el informe Retos y oportunidades del sector gasista en el contexto de la transición energética de la consultora PwC.

Según el estudio, tras la reforma regulatoria de 2014 el sistema gasista se encuentra ya en equilibrio, a pesar de los pequeños desajustes que existieron en 2015 y 2016 debido al efecto sobre la demanda doméstica por el hecho de que ambos años fueron cálidos. Así, en 2018 se generará ya superávit. Esto será debido, principalmente, al comportamiento positivo de la demanda, que creció un 6,5% en el primer trimestre del año, a lo que se une que el sistema está ahora pagando unos costes menores ya que hay 90 millones menos de coste al año después de que el Tribunal Constitucional anulara varios puntos del decreto para pagar la indemnización por el almacén Castor, que se cargaba al sistema.

Según PwC, la sostenibilidad económica del sistema gasista ha permitido al regulador congelar los peajes de acceso desde 2014, o lo que es lo mismo, reducir los peajes un 2% en términos reales si consideramos la inflación. De esta manera, en 2023, con la generación de un superávit anual del entorno de 300 millones de euros una vez se haya repagado la deuda histórica pendiente, se podrían reducir los peajes hasta un 10% o mejorar la retribución de las actividades reguladas como se ha producido en otros países de nuestro entorno, según considera el informe.

La firma considera también que en una próxima revisión de peajes se debería contemplar una rebaja de los costes para el cliente doméstico, ya que la proporción que soporta frente a la media europea es muy superior. Además, defiende un mayor porcentaje de peajes fijos frente a los variables, pues en España los fijos son inferiores a la media europea, donde tienen gran importancia en caso de una coyuntura de demanda adversa, ya que generan mayor estabilidad en los ingresos.

A este respecto, el documento destaca que la reforma del sector gasista y la consiguiente contención de costes aparejó consigo que las retribuciones de las actividades de redes sean de las más bajas de Europa. Así, señala que, tanto en transporte como en distribución, la retribución media por punto de suministro en España se sitúa sensiblemente por debajo de la media europea, siendo un 11% y 20% inferior, respectivamente. Aún así, el informe también destaca que el gas natural ha sido capaz de atraer recursos de fondos de inversión de primer nivel, como prueba que en los últimos 15 años se han invertido 15.400 millones, entre otras cuestiones por haber gozado de bastante estabilidad regulatoria.

Además, el documento identifica al gas natural como un vector «indispensable» para abordar de forma eficiente el necesario cambio de modelo energético en España, ya que contribuye a los objetivos medioambientales de reducción de gases de efecto invernadero, a la vez que puede ser una vía para reducir la factura energética. «Nos enfrentamos al reto de transformar nuestro modelo energético para cumplir los objetivos medioambientales sin comprometer el crecimiento económico y la garantía de suministro. En este contexto, el gas natural se presenta como la alternativa más madura para atajar el problema de la contaminación, ya que puede sustituir a otras fuentes más contaminantes sin desarrollar infraestructuras adicionales», indicó el socio líder del sector energético en PwC, Carlos Fernández Landa.

A este respecto, el documento señala que el último informe sobre transición energética de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno espera para el gas natural el mayor crecimiento en consumo de energía final, duplicándose desde los 150 teravatios hora (TWh) en 2015 a más de 300 TWh en 2030 y pasando a ser el principal consumo de 2030, por delante de la electricidad y de los productos derivados del petróleo. Según el estudio de PwC, las compañías del sector invierten unos 600 millones de euros al año en infraestructuras, lo cual ha permitido disponer de capacidad suficiente para absorber incrementos de demanda futuros.

El crecimiento se dará en todos los segmentos de consumo, aunque prevé que en la transición energética el rol de los ciclos combinados va a ser estable, suponiendo en torno al 17% o el 18% de la producción eléctrica entre 2020 y 2030. No obstante, la firma discrepa con la relevancia que en el informe de la comisión de expertos se da al gas en el transporte, apenas 13 TWh concentrados en el sector marítimo.

PwC considera que el gas es una solución con capacidad inmediata para tener penetración en el sector del transporte, que representa el 27% de las emisiones de CO2, sobre todo por su coste, y cree que su rol será importante en el segmento de transporte profesional y de pasajeros. En España en la actualidad sólo hay 6.000 vehículos, con un consumo de 2 TWh, frente a un potencial de 200 TWh que contempla la consultora.

De esta manera, el estudio valora que en España el gas natural cuenta aún con recorrido en el segmento doméstico, debido a su gran competitividad frente a otros productos petrolíferos, especialmente en zonas frías, ya que su penetración se sitúa en el 30%, muy por debajo de países con climatología comparable como Italia (88%) o Francia (39%). En lo que respecta a la industria, el gas natural es también insustituible, ya que nutre el 30% de la demanda energética de los segmentos industriales más intensivos en consumo energético, que representan un 6% del PIB nacional.

PwC es optimista con respecto al futuro del gas, entre otras cuestiones porque la factura, de una media de 98 euros por megavatio hora (MWh) en España, está por debajo de la de Alemania, Italia o Francia. Una ventaja competitiva que el informe recuerda que es aún mayor en el caso del segmento industrial, con un precio de 33 euros/MWh, si bien para un 15% de la demanda industrial, constituida por las grandes industrias consumidoras, es superior. Además, apunta que esta ventaja competitiva “no ocurre con otros productos energéticos como la electricidad o los hidrocarburos”.

Industria asegura que aumentan los pedidos de buques que usan GNL o para transportarlo

EFE. – La secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto, ha destacado la importancia de la incorporación del gas natural licuado (GNL) al transporte marítimo, que se está traduciendo en más encargos a los astilleros de buques propulsados por ese combustible o para transportarlo.

Cristeto intervino en la apertura del sexto congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, Gasnam, en el que ha recordado que «los combustibles alternativos están llamados a tener un papel fundamental en el transporte» por la obligada descarbonización progresiva y reducción de emisiones contaminantes en las ciudades.

Sin embargo, Begoña Cristeto indicó que desde su departamento se apoya el uso de energías alternativas en el transporte sobre todo porque consideran que supone una oportunidad industrial y económica para España de cara a seguir liderando el sector de la automoción también en los vehículos movidos por energías diferentes al petróleo.

Al mismo tiempola Secretaría General de Industria y Pyme ha recordado que trabaja e impulsa la creación de consorcios empresariales para conseguir el despliegue de infraestructura de suministro para el transporte con energías alternativas.

En este sentido, la secretaria ha asegurado que hasta 2020 se instalarán 21 puntos de repostaje de GNL y gas comprimido en los corredores mediterráneo y atlántico. Además afirmó que la estructura de suministro de GNL ha crecido con 280 camiones cisternas que permiten abastecer de este combustible en todos los puertos.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados para financiar el cierre de Castor

Europa Press / EFE.- El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, “más los daños causados”, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, controlada por ACS, según han indicado fuentes jurídicas.

La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto-ley, establecida el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar «ninguna pérdida» a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las 3 entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones, de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente, en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, aprobó el decreto-ley con el que extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la factura del gas.

En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron los más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS por la paralización del almacén. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista. Por aquellas fechas, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», apuntó.

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación «ciertamente anómala», advierten los bancos. La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley.

El Gobierno estudia la reclamación

Por su parte, el Ministerio de Energía indicó que no procederá a valorar, hasta que lleve a cabo su estudio, la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por el Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que solicitan la devolución de los 1.350 millones de euros aportados, ya que, según fuentes del Ministerio, el gabinete «aún no ha podido estudiar la reclamación» presentada por las entidades financieras. Así, indicaron que Energía «no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación. Reclamación que, hasta que no se estudie, no podrá proceder a su valoración».

Goldman Sachs sale de Redexis Gas, que queda en manos de los fondos europeos ATP, USS y 2 fondos chinos

EFE.- Los fondos de pensiones europeos ATP y USS han acordado elevar su participación en Redexis Gas, en la que, además, entrarán los fondos chinos GT Fund y Cnic, según indicó la compañía, que no ha detallado el importe de las distintas transacciones y de la que saldrá Goldman Sachs (50,1%).

Redexis, cuyo valor rondará al cierre de la operación los 3.000 millones (deuda incluida), según fuentes del mercado, pasará a estar participada en un 33,3% por cada fondo de pensiones y en otro 33,3% por los dos fondos chinos de forma conjunta. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) y Universities Superannuation Scheme (USS), especializados en inversiones a largo plazo en infraestructuras, entraron en 2010 en Redexis Gas como inversores indirectos y desde 2017 controlaban directamente el 49,9% del capital de la compañía de redes gasistas. Por su parte, Guoxin Guotong Fund LLP (GT Fund) y CNIC Corporation Limited (CNIC) son inversores financieros a largo plazo especializados en activos de infraestructuras de primer nivel.

Según indicó Redexis, ATP, USS y GT Fund conjuntamente con CNIC acordaron comprar el 50,1% de la compañía a fondos gestionados por Goldman Sachs, una participación cuyo valor rondaría, según fuentes del mercado consultadas, los 1.500 millones de euros.          Los dos fondos chinos controlarán un 33,3% de Redexis a través de una sociedad de la que GT Fund controla el 51% y CNIC el 49%.

Hastings Funds Management (UK) apoyará a GT Fund y CNIC, gestionando su participación en Redexis Gas, que señala que el cierre de la operación, previsto para el segundo trimestre del año, está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia de España y Dinamarca «Nos complace que ATP y USS incrementen su participación en Redexis, reiterando su apoyo a la estrategia de crecimiento a largo plazo y a su significativo plan de inversiones. Agradecemos el compromiso mostrado por GT Fund y CNIC, que ayudará a fortalecer nuestro plan de crecimiento y a aprovechar nuevas oportunidades«, ha señalado el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa.

Según la misma fuente, la compañía cerró 2017 con unos ingresos de 232 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 162 millones. Entre 2010 y 2017, ha invertido más de 1.100 millones en el desarrollo de sus redes de transporte y distribución de gas en España, donde se posiciona como el segundo operador de transporte gasista y el tercer operador de distribución de gas natural y GLP (gas licuado del petróleo). El año pasado, consiguió 41.000 nuevos contratos, el 24% más que en 2016, y cerró con 650.000 puntos de suministro y más de 300 empleados.