El Tribunal de Primera Instancia de la UE anuló hoy las medidas de ayuda aprobadas en España en 2000 para paliar el impacto del alza del gasóleo, por permitir, con el visto bueno de Bruselas, que las cooperativas agrarias puedan vender carburante a terceros no socios.

Los jueces se pronunciaron a favor de las asociaciones de estaciones de servicio de Madrid y Cataluña, que impugnaron el Decreto español que permitió a las cooperativas agrícolas vender combustible a no asociados, con un trato fiscal «ventajoso», según la sentencia. En concreto, las asociaciones de gasolineras madrileñas y catalanas denunciaron una decisión de la Comisión Europea (CE) de 2002, que afirmaba que una parte de las ayudas españolas por el alza de los carburantes era compatible con la UE, entre ellas las ventajas a las cooperativas.

El dictamen de la Comisión supuso que las cooperativas agrarias pudieran distribuir carburante agrícola, sin perder la condición de estas sociedades y sin tener que constituir una entidad con personalidad jurídica propia.

Las estaciones de servicio demandantes pidieron al Tribunal que anulara ese permiso y sostuvieron que el sistema fiscal de las cooperativas era ventajoso, en comparación con el que se aplican a otras empresas, por lo que las medidas del Gobierno español eran «selectivas» y discriminatorias. Según el Tribunal de Primera Instancia, las gasolineras resultan «directa e individualmente afectadas» por la decisión de la CE, en lo que se refiere a ayudas estatales.

La Justicia comunitaria afirma que la Comisión no ha indicado de manera clara las razones por las que el régimen fiscal aplicable a las cooperativas agrarias «no constituye una ventaja en materia de ayudas de Estado». El Tribunal argumentó que la CE no ha mencionado elementos que permitan comprender el razonamiento seguido «para llegar a la conclusión de que las medidas controvertidas no son selectivas».

Tras la sentencia de hoy, la Comisión puede actuar de diferentes formas: por un lado, es posible interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE en un plazo de dos meses, explicaron fuentes judiciales. Otra opción sería que la Comisión presentara una propuesta en la que justificara por qué autorizó la venta de gasóleo de las cooperativas agrarias a terceros.

Existe una tercera alternativa, consistente en que la CE prepare una decisión en la que declare tales ventajas incompatibles con las reglas de la UE, según las fuentes.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de un Juzgado de Miranda de Ebro (Burgos) por la que se condenó a Gas Natural Castilla y León S.A. a devolver a medio millar de consumidores determinadas cantidades cobradas en concepto de derechos de alta por estimar que se trataba de una cláusula abusiva.

Las cantidades, siempre inferiores a las quince mil pesetas (unos noventa euros), se cobraron en concepto de «derechos de alta que corresponden a los costes generados por gastos administrativos derivados de la contratación y a los de la revisión de instalaciones interiores previa a la conexión del servicio».

En la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Supremo se recuerda que «el suministro de gas combustible mediante redes de distribución por tuberías, en una población, núcleo urbano o extensión territorial, constituye un servicio público susceptible de ser encomendado, mediante concesión administrativa, a entidades públicas o privadas».

Añade que los contratos que celebren las entidades suministradoras con los usuarios «han de responder, exactamente, al modelo reglamentariamente determinado», que no comprende los «derechos de alta» correspondientes a los conceptos antes citados.

De hecho, el Supremo afirma que los gastos administrativos derivados de la contratación del suministro de gas, como la documentación necesaria y su tramitación, «son un presumible resultado de ésta».
Del mismo modo los gastos de la revisión inicial de las instalaciones interiores son «consecuencia lógica» de la obligación de la empresa, establecida en la normativa legal, de «comprobar, antes de iniciar el suministro a un usuario, en caso de nuevos abonados, que la instalación, en sus partes visibles, cumple las ‘normas básicas'».

Además el Tribunal Supremo considera que también se infringió el derecho a la información de los consumidores «al figurar una cantidad única por los dos conceptos, sin especificar el importe de cada uno y, por ello, sin la debida claridad y separación».

Por todo ello la sentencia declara nula la cláusula contractual que impuso el cobro de esos gastos, «como consecuencia de resultar abusiva y lesionar el derecho de información de los consumidores». El caso fue denunciado por la Asociación de Amas de Casa Altamira Allende de Miranda de Ebro en nombre de 489 de sus asociados

Un centenar de empresarios han reclamado hoy, en la primera sesión del Congreso de la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), una «definitiva» regularización del sector energético en España para evitar la pérdida de competitividad de las empresas de la automoción.

En el transcurso de la primera jornada del congreso, que se celebrará hasta mañana en la sede de Fomento del Trabajo en Barcelona, los empresarios de la automoción han pedido una «urgente» reducción de los costes energéticos, tras subrayar que los incrementos tarifarios aplicados durante el presente ejercicio han repercutido en un aumento del 2% de los costes de producción.

Presidido por Rafael Boronat, el congreso de la STA ha insistido en la «necesidad» de que la Administración adopte las medidas que el sector «reclama desde hace tiempo» para regularizar el sector energético, con «unas nuevas reglas de juego» que tengan en cuenta las demandas empresariales.

Cataluña, que concentra el 38% de todas las empresas auxiliares del sector de la automoción de España, genera el 20% de las exportaciones nacionales y representa el 34% de toda la producción de la industria del automóvil estatal, cuya actividad representa el 8% del PIB español.

El precio antes de impuestos de la gasolina sin plomo y del gasóleo en términos interanuales (agosto, septiembre y octubre de este año respecto a igual periodo de 2005) descendió tanto en España como en los países de la Unión Europea (UE), pero la caída de los precios fue más acusada en la UE.

Tanto en España como en la UE los precios de los dos carburantes disminuyeron menos que las cotizaciones internacionales de los productos, lo que supuso un incremento de los márgenes de comercialización.

Según datos difundidos hoy por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el precio sin impuestos de la gasolina sin plomo bajó un 3,23 por ciento en España, frente a un descenso en la Europa comunitaria del 4,04 por ciento.

La disminución de la cotización internacional del producto fue muy superior, el 11,21 por ciento, y por encima de la del crudo en el periodo de referencia (0,58 por ciento). Por ello, los márgenes de comercialización aumentaron 2,71 céntimos por litro en España y 2,32 céntimos por litro en la UE.

En cuanto al gasóleo de automoción, el precio antes de impuestos descendió el 0,26 por ciento en España y el 1,83 por ciento en la UE, frente a una disminución del 6,17 por ciento en la cotización internacional de este producto. Al igual que en el caso de la gasolina sin plomo, los márgenes de comercialización del gasóleo crecieron tanto en España (2,46 céntimos por litro) como en la UE (1,64 céntimos por litro).

La cotización del barril del crudo Brent en octubre fue de 57,79 dólares por barril, 3,92 dólares menos que en septiembre, lo que representa una caída del 6,34 por ciento. Trasladado a la moneda única, el descenso es de 2,65 euros y el 5,47 por ciento.

Por otro lado, la demanda mundial de productos petroleros fue de 55,3 millones de toneladas entre enero y septiembre pasados, el 1,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2005, según el último Boletín Estadístico de Hidrocarburos. En septiembre, el consumo de productos petroleros aumentó el 2,7 por ciento.

La demanda de queroseno creció el 6,1 por ciento (499 millones de toneladas), gasóleo el 5,2 por ciento (2.847 millones de toneladas) y fuelóleos el 2,5 por ciento (1.055 millones de toneladas).

El consumo de gasolinas descendió el 2,9 por ciento, hasta 583 millones de toneladas.

La demanda de gases licuados del petróleo (GLP) descendió el 11,7 por ciento, hasta 115 millones de toneladas, y la de gas natural creció el 7,8 por ciento, hasta 30.873 gigavatios/hora.