Las patronales de gasolineras CEEES y AEVECAR y los sindicatos FIA-UGT y FITEQA-CCOO se reunirán el próximo martes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo que evite nuevas jornadas de huelga.

Las posibilidades de lograr un compromiso son escasas, ya que las patronales consideran «inaceptable» en su redacción actual la propuesta presentada el pasado martes por los mediadores del SIMA, que ha sido aceptada por los sindicatos. Según fuentes empresariales, uno de los puntos más conflictivos es el incremento de los pluses por festivos contemplado en la propuesta de los mediadores.

La reunión en el SIMA estaba prevista para el pasado viernes, pero se decidió aplazarla hasta el martes a petición de las patronales, que han reclamado más tiempo para estudiar la propuesta y consultar a sus órganos de dirección.

FIA-UGT y FITEQA-CCOO han convocado nuevas jornadas de huelga para los días 30 y 31 de enero, 19, 20 y 21 de febrero, y 12, 13, 14 y 15 de marzo, aunque no descartan llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo antes de esas fechas.

La propuesta de los mediadores contempla subidas salariales del IPC más el 0,60 por ciento entre 2006 y 2008, frente al IPC más el 0,75 por ciento para los tres años que solicitaban los sindicatos.
Las patronales ofrecen una subida del IPC más el 0,60 por ciento en 2006, y del IPC más el 0,50 por ciento, en 2007 y 2008.

La propuesta de los mediadores contempla un plus para los días festivos de 35 euros en 2006; de 40 euros en 2007, y de 45 euros en 2008, inferior a los 60 euros pedidos por los sindicatos para los tres ejercicios. El convenio colectivo que negocian las dos partes afecta a 41.500 trabajadores de 8.700 gasolineras. Al igual que las que tuvieron lugar el 7 y el 8 de noviembre, las nuevas jornadas de huelga convocadas afectarían a las gasolineras de toda España, excepto a las de Vizcaya y Guipúzcoa y a algunas de la Comunidad de Valencia.

Las empresas europeas de fertilizantes pidieron hoy «más inversiones» en países terceros para poder abastecerse de un gas natural más barato y reducir la dependencia energética que la UE tiene de Rusia.

La Asociación Europea de Fabricantes de Fertilizantes (EFMA, siglas en inglés) destacó la necesidad de medidas «concretas» y un incremento para que el mercado del gas sea «más competitivo», en reacción a las propuestas presentadas por la Comisión Europea (CE) para aumentar la eficiencia del consumo de energía.

El director general de EFMA, Esa Harmala, explicó en rueda de prensa que el gas natural representa generalmente más del 50% de los costes de producción de los fertilizantes nitrogenados y que, a su vez, de estos productos dependen el 50% de los rendimientos agrícolas.

Insistió en que para el sector de abonos es importante que la UE fomente la instalación de conductos de gas natural con otros países terceros, como los del norte de África o el mar Caspio, y reducir así la dependencia de Rusia.

En este sentido, citó que los recortes, por parte de Rusia, de suministros de gas natural a la UE, el pasado invierno, pusieron a las industrias del sector en una «situación crítica» y provocaron el cierre de fábricas. Dentro de las propuestas presentadas por la CE, la EFMA valoró la idea de incrementar un 20% la producción de energías renovables en 2020.

Asimismo, la CE propone fijar un porcentaje mínimo obligatorio en el uso de bio-carburantes, de manera que en 2020 representen el 10% del consumo de petróleo y derivados. En este sentido, la EFMA subrayó que los abonos son «vitales» para la obtención de energía ecológica, ya que incrementan los rendimientos de la biomasa y generan entre cuatro y seis veces más energía, en comparación con la que se consume durante la producción, el transporte y la aplicación del abono.

La EFMA tiene entre sus socios a la empresa española Fertiberia y a la Asociación Nacional española de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE).

Si, al igual que se evalúa la eficiencia de un alumno a la hora de adquirir conocimientos, se evaluara la eficiencia de un consumidor a la hora de emplear la energía que consume, la nota no sería un aprobado por los pelos, pero sí mediocre. Algo más de un 6 -sobre 10-. Y tirar parte de la energía que consumimos sale caro. Al año gastamos 700 euros en energía. Es curioso que uno de los argumentos de los defensores de la subida de la tarifa eléctrica sea que, con unos precios más altos, el consumidor no derrocharía energía: sin escatimar en necesidades, gastaría sólo lo verdaderamente necesario.

Estos argumentos son totalmente ciertos. El consumidor derrocha energía, o dicho de otra forma, gasta de forma ineficiente. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el índice de enficiencia energética de España se sitúa en un 6,12 sobre 10, siendo la comunidad autónoma de Madrid la más eficiente de España, con un 6,34.

Siendo objetivos, es muy difícil, o casi imposible, alcanzar un 10 sobre 10. Pero sí se puede estrechar esa diferencia hasta determinados niveles. Conseguir mejorar esa tasa no es una cuestión trivial si tenemos en cuenta los datos del IDAE, según los cuales los hogares españoles gastan una media de 700 euros anuales en energía, el 10% de todos sus gastos.

Casi la mitad de ese coste anual se destina a calefacción, un 46% (322 euros), mientras que el uso de agua caliente genera un gasto energético del 20% de la factura anual (140 euros), y los electrodomésticos se llevan un 16% (112 euros). Cuantificado el gasto, resulta interesante pensar que es posible pagar facturas más bajas sin tener que renunciar a prestaciones que ya disfrutamos.

Métodos

¿Cómo? Los avances tecnológicos nos brindan muchas posibilidades. En primer lugar, los fabricantes de electrodomésticos están obligados a cumplir con una serie de requisitos que afectan, entre otras cuestiones, a la eficiencia energética de los aparatos que ponen a la venta en el mercado. Las tablas de eficiencia energética muestran qué aparatos usan mejor y peor la electricidad. Uno de los ejemplos más populares son las bombillas de bajo consumo: una bombilla de nueva generación de 17W proporciona la misma cantidad de luz que una tradicional de 100W, mientras que sólo gasta una sexta parte.

Sin embargo, la iluminación es uno de los conceptos que menos energía requieren en la vivienda. Hemos visto que los electrodomésticos consumen un 16%, el agua caliente un 20% y la calefacción un 46%. Si se puede reducir estos gastos de forma considerable, estamos hablando de ahorros económicos interesantes para una familia media.

La calefacción y el agua caliente sanitaria (66% del total) requieren un calentamiento de cantidades importantes de agua, lo que explica el alto porcentaje del gasto total en energía. Soluciones como las placas solares térmicas (no producen electricidad, sino que calientan un circuito de agua) son capaces de proporcionar entre el 50 y el 70% de las necesidades, y permiten ahorros de hasta el 75% (eso quiere decir que si, de los 700 euros anuales, el agua caliente y la calefacción nos cuestan 462 euros, con sistemas óptimos de producción sería posible gastar unos 140 euros anuales).

La tecnología juega un papel muy importante en el ahorro energético, pero no lo hace todo. El consumidor de energía también tiene una responsabilidad: la primera, con su bolsillo; la segunda, con la conservación del medio ambiente.

Los expertos en la materia aconsejan adoptar hábitos de consumo que limiten los gastos innecesarios en calefacción y agua caliente, así como aislar adecuadamente estancias mediante puertas y ventanas que disminuyan las infiltraciones de aire.

Repercusiones

Evitar las pérdidas de energía no es sólo una cuestión de economía para el consumidor. España es, dentro de una Europa que importa más de la mitad de la energía que consume, una verdadera isla energética. En nuestro país sólo somos capaces de producir el 15% de toda la energía que consumimos, es decir, el 85% viene de fuera.

Si bien el consumo energético de los hogares es pequeño en comparación con la industria, no es despreciable, y contribuye a la dependencia energética del exterior. Una dependencia que nos hace muy vulnerables a situaciones como la que se ha vivido estos días en Bielorrusia con el cierre del oleoducto que suministra petróleo a varios países europeos.

España es uno de los Estados miembros donde más ciudadanos (56%) están concienciados sobre la necesidad de reducir el consumo energético, por encima de la media de la UE-25 (54%), según datos del Eurobarómetro (encuesta ciudadana) que sobre el sector publicó hoy la Comisión Europea (CE).

Chipre, Malta e Irlanda son los países donde un mayor porcentaje de ciudadanos (74%, 67% y 65% respectivamente) creen «muy importante» reducir el consumo, debido, según la CE, a su «total dependencia» de la importación. Un 60% de los encuestados en toda la UE consideran que la energía debe ser un asunto de «alta prioridad», dato que en el caso de España se situó en el 52%. Durante la rueda de prensa de presentación de los resultados, el responsable de Investigación Energética de la CE, Ángel Pérez Sainz, consideró «muy positivo» el respaldo de los ciudadanos de la UE a una mayor inversión en el desarrollo de tecnología para el sector.

Sólo un 14% de los encuestados en España (33% en la UE) vinculan inicialmente los asuntos de energía a los precios y costes de los principales recursos (petróleo, electricidad, gas y carbón) en la UE, donde el desempleo figura como la mayor preocupación para los consultados (64%). Tras el desempleo, la delincuencia (36%), los sistemas de salud (33%), la situación económica (30%), la inmigración (29%) y las pensiones(28%) figuran como los temas que más preocupan, mientras que la energía sólo fue citada por un 14% de los encuestados.

Uno de los expertos de la CE, Martin Huemer, apuntó el hecho de que los ciudadanos de la UE «subestiman» la parte del consumo energético total de la que es responsable el transporte, y apuntó que este sector es uno de los que puede permitir un mayor ahorro.

Los ciudadanos europeos creen que en los próximos treinta años «caerá drásticamente» el uso de combustibles fósiles, en especial el crudo, el gas y la energía nuclear, en beneficio de las energías renovables.

En el caso de España, los ciudadanos creen que las tres fuentes de energía más utilizadas dentro de treinta años serán la energía solar (37% de los encuestados), la eólica (27%) y el petróleo (20%).

De cara a los próximos tres años, un 20% de los consultados en España cree «muy probable» que el precio de la energía se multiplique por dos o incluso más (33% en la UE), mientras que un 24% opina que es «algo probable» que se produzca algún problema en el suministro de gas (37% en la UE). Un 19% de españoles creen «algo probable» que se produzca un atentado contra infraestructuras de la energía (31% en la UE).

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) está trabajando en la creación de un ente, que podría adoptar la forma de central de compras, para negociar de forma conjunta la adquisición de energía que demandan sus asociados a las compañías eléctricas.

Aunque la figura jurídica de la nueva entidad todavía está por definir, la AEGE ya ha concluido la redacción del documento en el que solicita a las eléctricas que le hagan ofertas y tiene previsto enviárselo antes del próximo fin de semana, según explicó el vicepresidente de la asociación, Javier Penacho, que señaló que la propuesta de los grandes consumidores se dirigirá tanto a las eléctricas que operan en España como a Electricité de France (EDF) y Energías de Portugal (EDP) y tiene como condiciones esenciales la obtención de contratos a largo plazo estables, al menos 15 años, que reconozcan la labor de gestión de la demanda que realiza la gran industria. Asimismo, puntualizó que la labor de la futura central de compras excluirá cualquier forma de uso especulativo de la energía que se contrate, ya que su misión será lograr la materia prima para sus asociados al mejor precio posible. La iniciativa se encuentra en una fase incipiente y, en función de la respuesta que reciba, se avanzará en la redacción de las cláusulas y condiciones detalladas de los contratos de suministro. Esta idea ya se ha llevado a la práctica en otros países de nuestro entorno, como Francia.

Las grandes consumidores de energía vienen demandando en los últimos meses contratos de larga duración acordes con los plazos de amortización de las inversiones que realizan los diferentes sectores industriales, que reconozcan las labores de apoyo que realizan al sistema (interrumpibilidad del suministro, consumo en horas valle, fines de semana o durante las 24 horas del día). Un informe elaborado por Intermoney para la AEGE cifró en 1.000 millones anuales el ahorro que supone la gestión de la demanda que hacen sus asociados.

La AEGE, en la que se integran empresas como Alcoa, Ferroatlántica, Lafarge, Lemona, Arcelor o Tubacex, representa el 15 por ciento del consumo total de electricidad en España, unos 32 teravatios (TW) anuales.
Por otro lado, la AEGE denunció hoy que el incremento de la tarifa para las grandes industrias previsto en el Real Decreto elaborado por el Ministerio de Industria supone una «discriminación» respecto al resto consumidores y desinicentiva la gestión de demanda que hacen, explicó Penacho. Según sus cálculos, con la redacción actual del Real Decreto, que fue analizado hoy en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la subida del próximo enero se elevará a una media del 20 por ciento en dos años, contados desde diciembre de 2005. Industria anunció la pasada semana que la subida en 2006 sería del 6,5 por ciento.

La nueva estructura tarifaria desincentiva la gestión de la demanda que hacen los grandes consumidores industriales acogidos a la tarifa, puesto que el precio del término de energía en hora valle sube el 14 por ciento, frente a una subida del 7 por ciento en las horas punta. Penacho afirmó que la sensación entre los grandes consumidores por la nuevas tarifas es de «indignación» y aseguró que el nivel actual de las tarifas se encuentra «en el límite máximo para no perder competitividad».

El vicepresidente de la AEGE valoró la idea de Industria de emprender una «miniregulación» a la vez que se modificaban las tarifas y su estructura, pero se mostró sorprendido por la subidas «discriminatorias» estipuladas para los grandes consumidores acordadas antes de que se pongan en marcha el resto de medidas (contratos bilaterales, subastas virtuales) y empiecen a dar frutos.