Una explosión registrada en la subestación eléctrica del barrio valenciano de Patraix, cuyas causas investigan la Policía y técnicos de REE e Iberdrola, dejó sin servicio al menos a 50.000 clientes y reavivó la polémica vecinal y política sobre la idoneidad de su ubicación, cercana a viviendas.

El accidente, que cortó el suministro entre 15 y 45 minutos, se produjo alrededor de las ocho de la mañana en una sala independiente cercana a uno de los transformadores de la subestación que está en pleno funcionamiento desde hace seis meses y que se ubica en el número 54 de la avenida de Gaspar Aguilar.

Según fuentes de Iberdrola, el accidente ha sucedido en un transformador que pertenece a Red Eléctrica de España y no a esta compañía, mientras que desde REE se asegura que el fallo se produjo justo en el punto de interconexión entre la red de alta tensión, propiedad de REE, y el transformador de Iberdrola.

El suceso concentró casi de inmediato en la zona a decenas de vecinos, así como a los candidatos a la presidencia a de la Generalitat y a la Alcaldía de Valencia del PSPV-PSOE, Compromís pel País Valencià y EU-l’Entesa, así como a varios concejales de los grupos municipales de la oposición.

La construcción de esta subestación ha provocado en los últimos años las protestas de los vecinos, quienes denuncian los peligros para la salud que representa este tipo de instalaciones y exigen su traslado fuera del caso urbano de la ciudad, a una zona en la que no haya viviendas cercanas.

El delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Antonio Egea, manifestó, tras visitar la subestación, que la investigación «no descarta ninguna posibilidad, tampoco la externa» y destacó que esta instalación cuenta con todos los permisos necesarios en regla y no ha sufrido daños de importancia. Asimismo, dijo a los periodistas que en el momento de la explosión no había ningún trabajador en el interior de las instalaciones y que no le constaba que ningún empleado de la empresa hubiese resultado afectado, mientras que varios testigos aseguraron haber visto salir a varios trabajadores corriendo tras el accidente.

Las asociaciones de vecinos de Patraix y Favara de Valencia coincidieron en mostrar su «indignación» ante la «sospecha» transmitida desde Iberdrola de que la explosión registrada en la subestación de esta compañía, que según aseguraron causó «heridos leves», pudo deberse a una «acción externa». Posteriormente, en un comunicado, la compañía consideró «esencial» la subestación de Patraix para garantizar el suministro eléctrico de la zona y aseguró que los sistemas de control y seguridad «han funcionado correctamente» y que la avería se ha producido «en el interior» sin ocasionar «afección al exterior».

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, decretó el precinto de la subestación para garantizar «de inmediato» la seguridad de los vecinos, en virtud del artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que autoriza a un alcalde a adoptar este tipo de decisiones.

Barberá destacó, en declaraciones durante un acto municipal en el barrio de Malilla, que es el Gobierno central quien gestiona esta subestación y anunció que se está redactando una carta en la que se urge al Ministerio de Industria para que redacte un plan de suministro eléctrico para Valencia con el consenso de los vecinos y las diferentes Administraciones Públicas.

Por su parte, los vecinos del barrio, quienes consideran que la explosión les da la razón en sus temores y reivindicaciones, han convocado una manifestación donde exigirán, de nuevo, que esa instalación sea trasladada fuera del casco urbano.

Además, el grupo municipal socialista ha pedido ya la celebración de un pleno extraordinario para exigir a Iberdrola el traslado de la instalación, mientras que los candidatos socialistas a la presidencia de la Generalitat y la alcaldía, Joan Ignasi Pla y Carmen Alborch, prometieron su traslado en caso de ganar las elecciones del próximo día 27.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto sobre el fomento de la cogeneración, llevando a cabo la transposición de la Directiva Europea 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración.

La cogeneración consiste en producir electricidad y calor en un solo proceso, lo que resulta mucho más eficiente que producirlo mediante procesos aislados, ya que en la práctica totalidad de las tecnologías se desperdicia el calor resultante de la producción de electricidad.

El fomento de la cogeneración de alta eficiencia –aquella que consigue un ahorro de energía primaria del 10% respecto a la que se hubiera consumido en generación separada de calor y electricidad, es una prioridad para la Unión Europea, debido a sus beneficios potenciales para el ahorro de energía, eliminación de pérdidas en la red y reducción de las emisiones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kyoto.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye tres puntos especialmente destacables:

– Se establece cuál debe ser el procedimiento de cálculo de la electricidad producida y de ahorro de energía primaria mediante este tipo de instalaciones, con el fin de que las estadísticas a escala europea sean homogéneas.

– Se regula la información que las empresas distribuidoras o comercializadoras deben indicar en las facturas a sus clientes sobre la contribución de cada fuente de energía primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por la empresa suministrada por la empresa comercializadora durante el año anterior, además de su impacto ambiental (emisiones de CO2 y residuos radiactivos).

– El nuevo texto encomienda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la elaboración de un análisis del potencial nacional de aplicación de la cogeneración de alta eficiencia, así como la realización de un informe sobre la evolución del sector y sobre la evaluación de los procedimientos de autorización de este tipo de instalaciones para conseguir su racionalización y simplificación.

Las cuatro grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y HC Energía) obtuvieron un beneficio neto conjunto en el primer trimestre del año de 1.480,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2006.

En los resultados ha influido el descenso del negocio energético en España, caracterizado por un crecimiento moderado de la demanda eléctrica y unos bajos precios en el mercado mayorista, aunque el factor determinante ha sido la ausencia de ingresos extraordinarios en Endesa, que ha lastrado el beneficio del conjunto del sector.

La primera eléctrica española ganó 633 millones de euros entre enero y marzo pasados, el 39,8 por ciento menos que en igual periodo de 2006, en el que contabilizó 484 millones extras procedentes de la venta del 5,01 por ciento de Auna a Deutsche Bank, el reconocimiento de los sobrecostes de la generación extrapeninsular en el periodo 2001-2005 y los efectos fiscales de la fusión de Elesur y Chilectra.

Iberdrola logró un beneficio de 458 millones, un 13,6 por ciento más, gracias a que la actividad internacional y de los negocios no energéticos compensó el descenso en España.

El resultado de Unión Fenosa creció el 58,7 por ciento, hasta los 326,2 millones, gracias a las plusvalías brutas de 150,3 millones obtenidas tras la integración de Soluziona en Indra.

Por último, HC Energía multiplicó su resultado por cinco, hasta alcanzar los 63,3 millones, por la mayor producción eléctrica, la caída de las emisiones de CO2 y el incremento de la retribución de la actividad de distribución.

La cifra de negocio conjunta ascendió a 10.017,8 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,14 por ciento, y el beneficio bruto de explotación o EBITDA (sin intereses, amortizaciones e impuestos) creció el 3,9 por ciento, hasta alcanzar los 3.757,9 millones.

Endesa logró un resultado de explotación de 2.000 millones, Iberdrola de 1.087,1 millones, Unión Fenosa de 528,7 millones y HC Energía de 142,1 millones.

La moderación de la demanda de electricidad hizo que la producción descendiera el 1,32 por ciento, al pasar de 88.694 gigavatios hora (GWh) a 87.519 GWh.

El Consejo de Administración de Scottish Power ya aprobado ya los nombramientos de Ignacio Sánchez Galán y de José Luis del Valle como presidente y consejero delegado, respectivamente, de la eléctrica escocesa. Los nombramientos fueron presentados ayer en Valencia a los 60 ejecutivos de ambas compañías reunidos por primera vez tras el cierre de la operación.

Según ha informado la firma en un comunicado, el presidente de Iberdrola sustituye a Charles Miller Smith, que ocupaba el cargo hasta esta semana en Scottish Power, mientras que José Luis del Valle reemplaza al australiano Philip Bowman tras su salida voluntaria, y compaginará su nueva función (CEO o consejero delegado) con su actual cargo en Iberdrola.

Próximamente está previsto que se cree un nuevo órgano en Scottish Power, un Consejo Asesor que estará mayoritariamente compuesto por personalidades del mundo económico y empresarial del Reino Unido, y que será presidido por Charles Miller Smith.

Los nuevos títulos de Iberdrola comenzaron a cotizar en la sesión de ayer, que culminó con un descenso de un 1%. El valor nominal de los nuevos títulos es de tres euros, con una prima de emisión de 29,75 euros. Representan el 21,4% del nuevo capital social de la compañía resultante de la ampliación, que se eleva por encima de los 1.140 millones de acciones.