Cuatro entidades empresariales denuncian ante la Unión Europea la indemnización del Castor

Europa Press / EFE.- Cecot, Consejo Intertextil Español, Fepime y Centre Metalúrgico presentaron ante la Comisión Europea una denuncia contra la indemnización del Gobierno español a la concesionaria del almacén submarino de gas Castor en concepto de Ayuda de Estado. Alegan que puede ir «contra la libre competencia y la competitividad empresarial«, ya que los 1.350 millones de euros fijados por el Gobierno como compensación por paralizarse el proyecto recaerán sobre el recibo del gas durante 30 años desde el 1 de enero de 2016, según explicaron varios representantes de las entidades.

La abogada Asun Cirera indicó que el objetivo de esta denuncia administrativa es que la Comisión Europea abra una investigación para confirmar si la indemnización a la concesionaria Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS, es una Ayuda de Estado, como argumentan las entidades denunciantes, y que la prohíba si así lo ratifica. Además justificó el interés legítimo de los denunciantes porque las empresas se verán afectadas por el coste que tendrá esta medida en los consumidores de gas, y esperan acuse de recibo de la denuncia en 2 semanas, seguidos de 2 meses para comunicar si se admite como prioritaria, y 12 meses de investigación.

Los denunciantes también informaron por escrito al ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la presentación de la denuncia y sus argumentos, según expuso el presidente de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad. Consideran que se primó favorecer a una empresa privada, para que recuperara su inversión por encima del interés general, y que el Gobierno no estaba obligado a compensar a la concesionaria, porque la infraestructura no llegó a estar operativa, ya que Escal renunció al contrato antes de poner en marcha el almacén de gas debido a la proliferación de movimientos sísmicos en la zona durante su construcción.

También inciden en que el riesgo sísmico se sabía antes de forma general en depósitos subterráneos, y que también estaba documentado con estudios y denuncias concretamente en esa zona, ante la costa de Tarragona y Castellón. La denuncia ve «clara intención de construir la infraestructura sin tener en cuenta su viabilidad» y que no se exigió el informe de riesgo sísmico, lo que supone falta de buenas prácticas administrativas. Expone que tampoco hubo control sobre los costes económicos, ya que se triplicó el presupuesto inicial, y que el proyecto Castor recibió financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sin tener en cuenta el impacto medioambiental.

Además, la denuncia señala que la indemnización es una medida «selectiva» porque otras concesiones de este tipo en España (almacenamientos Yela y Gaviota) no garantizan recuperar la inversión en los mismos términos que Castor, y anexa la solicitud del Parlamento Europeo aprobada el 30 de abril que pide a la Comisión Europea y al BEI que tomen medidas para que los ciudadanos no deban asumir el coste de la indemnización.

Abad asegura que la denuncia tiene un «fundamento jurídico sólido» contra una medida que ve «discriminatoria» para el tejido productivo, además de para los ciudadanos, recordando que el sector industrial consume el 60% del gas en España. Además, incidió en que los denunciantes representan a todo el tejido empresarial no financiero de Cataluña, además de empresas del resto de España, comunidad que concentra el 21% del consumo de gas en España; también lamentó que dos gobiernos centrales de diverso signo posibilitaron esta indemnización, que, por su reparto en 30 años, supondrá a los consumidores un coste total de 4.500 millones.

El presidente del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain, recordó que el consumo de gas natural representa de media el 28% de la energía que necesita la industria, el 43% en el caso de la química, y la mayoría en algunos subsectores textiles, entre otros, y que no consigue ninguna mejora en el servicio pese a tener que asumir el pago de la indemnización en la factura. El presidente del Centro Metalúrgico, Carles Garriga, lamenta que la Administración no cumple su papel de facilitar la actividad empresarial, sino que agrega costes con esta indemnización, con un encarecimiento del 4,5% del recibo para ciudadanos y empresas desde 2016, además de otros impedimentos, como la burocracia y los retrasos en pagos a proveedores.

Soria recuerda que la interrumpibilidad no sirve para gestionar el empleo sino la demanda eléctrica

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recordó que el sistema de interrumpibilidad, por el que se paga a determinadas industrias por estar dispuestas a desconectarse del sistema cuando este lo necesita, no es una herramienta más para gestionar el empleo, sino para gestionar la demanda eléctrica, aunque no ha aclarado si tiene intención de convocar una nueva subasta en las próximas semanas ni en qué condiciones.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la diputada socialista Mariví Monteserín preguntó a Soria si piensa que la subasta de interrumpibilidad es la mejor fórmula para mantener el empleo en las empresas electrointensivas y le reprochó el «sufrimiento» que su falta de respuesta a la situación de estas empresas causa a los trabajadores de las comarcas asturianas y gallegas donde están instaladas empresas como Alcoa. «Sus políticas cortoplacistas producen estrés social a consecuencia de la incertidumbre, la inseguridad y la falta de soluciones a medio plazo, imprescindibles para evitar cierres y deslocalizaciones silenciosas o explícitas», insistió la diputada, que considera que el sistema de subastas anuales de la interrumpibilidad está generando un «gravísimo problema«.

Además, Monteserín criticó que tanto el Ministerio como Red Eléctrica de España (REE) estén «aferrados y enrocados en su error» y mantengan el sistema, anunciando «supuestamente» una nueva subasta para las «próximas semanas«. Y es que, según la diputada, los costes eléctricos en algunas empresas intensivas en consumo pueden llegar a suponer «siete veces el coste laboral», lo que hace «imposible competir en el mercado mundial con este lastre«. «Usted es ministro de Industria, no sólo de Turismo, pero en más de tres años nunca se ha acercado a conocer nuestra realidad. Solucionar este problema depende de su voluntad, desgraciadamente hasta ahora para nosotros», concluyó.

Sin embargo, José Manuel Soria recordó a la portavoz socialista que la política de interrumpibilidad es «una herramienta para la gestión de la demanda eléctrica» y no para la gestión del empleo, que requiere de «políticas económicas para corregir los desequilibrios, tales como la consolidación fiscal, y de reformas estructurales, entre ellas la energética«. En este sentido, defendió que la Ley del Sector Eléctrico de 2013 permitió convertir el déficit energético en superávit, estabilizar y bajar posteriormente los precios de la energía, congelar los peajes que financian las actividades reguladas del sistema y que no dejaban de subir, o bonificar el 85% del Impuesto de la Electricidad a las empresas electrointensivas, sean grandes o pequeñas.

Además de estos avances, la industria también cuentan con el sistema de interrumpibilidad, que el año pasado pasó de un procedimiento administrativo a una subasta «a petición del propio sector», que temía que sucediera como en Italia, a la que la Unión Europea multó con 300 millones de euros por un sistema similar que fue considerado ayudas de Estado. «Por eso se hizo el sistema de subastas, que gestiona el operador del sistema bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que tiene la enorme bondad de ser un mecanismo competitivo al que se pueden presentar todas las empresas electrointensivas», concluyó Soria, sin aclarar si convocará una subasta próximamente ni en qué condiciones.

Los pagos por interrumpibilidad antes se asignaban «administrativamente», como ha explicado Soria, pero desde el pasado año se conceden mediante una subasta, por la que los distintos lotes van a parar a las industrias que realizan pujas más competitivas. Esto generó cierta polémica porque algunas grandes industrias que tradicionalmente habían disfrutado de esta retribución no lograron entrar en la primera fase de la puja, por lo que amenazaron con cerrar sus plantas. Finalmente, se realizó una segunda fase para asignar los lotes que no se habían adjudicado e Industria planteó que la subasta para el próximo año se realizaría con más tiempo, antes del verano.

Cataluña buscará reducir un 9,5% el consumo energético industrial hasta 2020

EFE.- La Generalitat de Cataluña presentó un plan de eficiencia energética de la industria en Cataluña que plantea la reducción de un 9,5% del consumo de energía en los próximos cinco años con el objetivo primordial de mejorar la competitividad de las empresas. El ahorro que propone la comunidad para el horizonte de 2020 equivale al consumo de energía anual de todo el sector del cemento en Cataluña o a la suma de los sectores papelero y de la madera.

En concreto, el plan prevé reducir el 4,7% de la intensidad energética de la industria catalana, equivalente a una reducción del consumo del 9,5%, lo que se plantea como un reto para los más de 24.000 establecimientos industriales registrados en Cataluña que deberían producir más consumiendo menos. La industria es el segundo sector consumidor de energía final de Cataluña, con un 27% del total, sólo por detrás del transporte, y los costes energéticos condicionan la competitividad industrial en muchas ocasiones, ya que pueden llegar a suponer hasta el 40% de los costes operativos en sectores como el cemento, la metalúrgica básica o la química básica.

El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, aseguró que la reforma energética emprendida por el Gobierno del PP no responde a las necesidades de las empresas catalanas, sino que, por el contrario, «ha dificultado su competitividad«, por lo que defendió una «contrarreforma» que haga posible una política energética «moderna y avanzada». El plan de acción contempla algunas medidas para ayudar a las empresas a avanzar hacia este objetivo de reducción energética, como la puesta en marcha de un plan para renovar equipos industriales como calderas, motores, equipos de frío o sistemas de aire comprimido.

Además, la Generalitat elaborará un plan de incentivos económicos para las inversiones en eficiencia energética y facilitará asesoramiento y formación en gestión energética, además de difundir en qué estado se encuentra la innovación tecnológica en este ámbito. El departamento que dirige Felip Puig trabajará también en el fomento de la cogeneración, de la aplicación de la biomasa y la energía solar térmica en la industria.

El plan de eficiencia energética, que estará pilotado por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN), no cuenta todavía con partidas económicas asociadas, a la espera de que se concreten las medidas que se adoptarán tras el proceso de participación que se abre ahora y que se cerrará a principios de julio. La eficiencia energética supone un reto especial para las pymes catalanas, que representan la práctica totalidad el tejido empresarial de Cataluña. Asimismo, el sector químico catalán concentra el 25% del consumo energético de la industria, y la alimentación, bebidas y tabaco suponen el 16,2%.

El presidente de Dow Chemical defiende ante el Rey unas tarifas eléctricas bajas en España para competir

Europa Press.- El presidente y consejero delegado de Dow Chemical, Andrew N. Liveris, realizó una visita de dos días a España en la que tuvo ocasión de reunirse con Felipe VI, a quien trasladó la necesidad de que el país disponga de tarifas eléctricas más bajas para mejorar su competitividad.

Para el directivo, es necesario que España «avance en materia de competitividad de las tarifas energéticas para poder estar en igualdad de condiciones con otros países a la hora de atraer nuevas inversiones«, indicó la compañía, al describir el contenido del encuentro con el Rey.

En la audiencia privada ofrecida por Felipe VI, el consejero delegado de Dow Chemical ha acudido acompañado por el vicepresidente ejecutivo y presidente de Dow Europa, Oriente Medio, África e India de la compañía, Heinz Haller, así como por el presidente de Dow para España y Portugal, Anton Valero.

Liveris ha expresado al Rey su satisfacción con la mejora de la situación económica de España y con la evolución de Dow Chemical en el país, al tiempo que ha agradecido el apoyo del Gobierno a empresas como la suya.

También ha aprovechado para poner énfasis sobre la necesidad de seguir apostando por políticas industriales competitivas, que refuercen el peso de la industria en el PIB nacional.

El consumo eléctrico de las grandes empresas creció un 2,4% en abril

Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en España registró un avance del 2,4% en abril respecto al mismo mes del año anterior, según los datos hechos públicos por Red Eléctrica. Por sectores, el consumo industrial creció un 3,1% y el de los servicios cayó un 1,2%. Además, en el cálculo de estos datos se tuvieron en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

En términos brutos, el consumo eléctrico de las grandes empresas aumentó un 1,6% en abril respecto al mismo mes de 2014, encadenando 19 meses consecutivos al alza. El crecimiento estuvo apoyado en un repunte del crecimiento de la demanda industrial del 2,7%, mientras que el consumo del sector servicios bajó el 3,2%. El índice Red Eléctrica facilita información sobre la evolución del consumo eléctrico de quién tiene contratada una potencia superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 40% de la demanda total.

En los últimos doce meses el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, aumentó un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Por sectores, el consumo de la industria avanzó un 3,9% y el de los servicios descendió un 1,4%. En el acumulado de los últimos doce meses, la demanda eléctrica de las grandes empresas en términos brutos subió el 2,4%, con un incremento del 3,9% del consumo industrial y un retroceso del 1,3% en los servicios.

Comparado con abril de 2014, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia creció un 2,6%, la industria química descendió un 1,2%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos aumentó un 4,8%, la industria de la alimentación un 0,6% y la del papel disminuyó un 2,6%. Asimismo, las actividades que más aportaron al crecimiento fueron la metalurgia; la fabricación de otros productos minerales no metálicos; fabricación de productos de caucho y plástico (4,9%); la captación, depuración y distribución de agua (7,6%), y la fabricación de vehículos de motor (6,7%).

La industria consumidora de gas crea GasIndustrial para buscar una mayor competitividad

EFE / Europa Press.- Más de cincuenta empresas consumidoras de gas natural han unido fuerzas con la constitución de GasIndustrial (Asociación para un Gas Industrial Competitivo) con el objetivo de conseguir, desde «una voz única y unitaria», un suministro fiable y al precio más competitivo posible. GasIndustrial busca convertirse en el interlocutor que habla en nombre de los consumidores de gas en «todas las decisiones que van a afectar a su precio y sus condiciones de operación«.

Durante la presentación de la asociación, el portavoz Pedro Riaza, a su vez secretario general de la patronal cerámica Ascer, explicó que el principal objetivo de GasIndustrial es lograr un gas más competitivo y ser una única voz de los consumidores industriales. En este sentido, señaló que los integrantes de la asociación se reunieron con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, antes de su propio nacimiento con motivo de la creación de un mercado mayorista del gas o hub. Un encuentro en el que expusieron a Nadal «los motivos centrales de la iniciativa».

«La asociación ha nacido doblemente puntual. En el reloj, dentro de los plazos fijados, y con el momento, ya que el gas, la competitividad y la industria están en el centro de muchas miradas», indicó Riaza. En concreto, la asociación nace a raíz de la iniciativa surgida a principios de año de un grupo de asociaciones industriales preocupadas por los elevados costes energéticos y la importancia del gas como factor de competitividad. «Sí que está claro que las empresas y los sectores que nos hemos involucrado en esta iniciativa estamos en ella porque el gas natural es una parte importante de nuestra factura», añadió Riaza.

El objetivo de la asociación es hacer más competitivo el gas y «rebajar los costes» ya que las diferencias con respecto al mercado estadounidense, donde el precio es casi la mitad, y el resto de Europa «son claras», aseguró Carlos Casanovas, vicepresidente de la asociación. Riaza descartó concretar las iniciativas que la nueva organización pondrá en marcha ya que todavía «estamos en el inicio de una andadura que se promete muy fructífera», aunque negó que se vaya a formar una central de compras. Asimismo, auguró que la actividad de la asociación «va a redundar en una mejor situación económica» para las industrias, aunque evitó cuantificar cuánto podría suponer el ahorro.

A este respecto, desde GasIndustrial muestran su confianza en la creación del mercado secundario del gas (hub), que podría estar operativo en octubre una vez se apruebe la Ley de Hidrocarburos, que ya superó el trámite del Senado. «He leído cifras que llegan hasta el 20% de diferencial de funcionamiento de un mercado de hub a uno sin hub; me parece mucho pero simplemente el hecho de que haya transparencia y exista una señal clara de los precios va a suponer una señal de respaldo a los que lo estén haciendo mejor y una de alarma a los que lo están haciendo peor», dijo Riaza.

La asociación está presidida por el representante de Vilaseca, Juan Vila, y tendrá como vicepresidente al de Sales Monzón, Carlos Casanova. Los vocales serán Estefanía Iglesias (Corporación Alimentaria Peñasanta), Antonio Pérez Palacio (Saica), José Manuel Collados (Torraspapel), Ignasi Nieto (Miquel y Costas), Pedro Albizu (Smurfit Kappa), Esteve Genescà (Nestlé España), Antonio Ros Pau (Seat), Manuel Prieto (Coosur), Felipe Camacho (Nuevos Productos Cerámicos), José Bosch (Azuliber), Alfredo Martínez (Ceranor), Francisco Javier Barrientos (Solvay) y Mikel Elizalde (Gerdau Aceros Especiales). También forman parte de la asociación empresas como Europac, Iberpapel, Keraben, Mahou San Miguel, Minersa, Roca Sanitarios o Vicrila, entre otras firmas.

El Supremo obliga a resarcir a la eólica de Castilla y León por no incluir Industria un recargo en la tarifa de luz

Europa Press.- La sala tercera del Tribunal Supremo estimó en parte la petición de resarcimiento solicitada por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no incluyese en los peajes eléctricos de la tarifa de luz de 2013 un sobrecoste relacionado con los recargos autonómicos.

La decisión del Supremo redunda en la posición del mismo tribunal ya expresada en una sentencia de mediados de 2014 en la que reconocía, en respuesta a una denuncia de Gas Natural Fenosa, que los tributos autonómicos deben incluirse en los peajes eléctricos para su posterior pago por parte de los consumidores de las regiones en las que se apliquen. Estos recargos correspondientes a tributos autonómicos ascendían a unos 200 millones de euros, según aparecía en un borrador de la orden de peajes eléctricos de 2013 que posteriormente modificó Industria. En la versión final de aquella orden ministerial no se hacía mención a este coste.

En su nueva sentencia, el Supremo declara que el artículo 9.1 de la orden de peajes de 2013 no es conforme a derecho al no incluir en los costes los suplementos territoriales a los que se refiere el artículo 17 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, según la redacción por decreto de 2012. El Supremo considera que Industria debió incluir en la orden de peajes de 2013 los suplementos territoriales correspondientes a cada una de las comunidades autónomas que tuviesen implantados aquellos tributos, «de modo que los consumidores ubicados en ellas sufragasen los costes derivados de las decisiones de sus propios órganos administrativos«.

De hecho, la norma actual establece que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos especiales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial«. Este suplemento, dice la regulación, «cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo» y «deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma». En la anterior sentencia acerca de la denuncia de Gas Natural Fenosa, el Supremo no cuantificó el sobrecoste que la medida supuso pero la compañía energética lo cifró en 30 millones.

50 empresas consumidoras de gas crean la asociación GasIndustrial

EFE.- Medio centenar de empresas de varios sectores y tamaños ha creado GasIndustrial, una asociación de industrias consumidoras de gas natural para defender los intereses de los consumidores industriales a la hora de obtener un suministro «fiable y competitivo» ya que, según indican, el gas es un componente de gran peso en sus costes de producción y actualmente «concurren factores que van a incidir en sus precios».

Entre los miembros de la nueva asociación, que celebrará su asamblea constituyente el 20 de mayo, están Aceites del Sur Coosur, Azuliber, Atlantic Copper, Ceranor, Corporación Alimentaria Peñasanta, Europac o Gerdau Aceros Especiales Europa. También la componen Mahou San Miguel, Miquel y Costas, Nestlé España, Nuevos Productos Cerámicos, Saica, SCA, Sales Monzón, Seat, Smurfit Kappa, Solvay Ibérica, Textil Mora, Torraspapel, Vilaseca, entre otras, y hasta medio centenar de compañías de diversa magnitud.