El Gobierno ofrecerá ayudas a la rehabilitación en materia de eficiencia energética con hasta 12.000 euros por vivienda

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Europa Press.– La rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, será el otro gran pilar del nuevo plan vivienda 2018-2021, con el fin de reactivar este subsector para el que Hacienda y Fomento diseñan además incentivos fiscales. También se prevé dar ayudas para que los mayores de 65 años paguen las facturas de la luz y el agua.

Por el momento, el Plan ampliará el número de ayudas a la rehabilitación, dado que se rebaja de 1981 a 1996 la antigüedad máxima de un piso para solicitarlas e incluye las viviendas unifamiliares. En cuanto a su cuantía, las correspondientes a eficiencia pueden ascender a hasta 12.000 euros por vivienda. Se trata de las líneas básicas del borrador del Plan Vivienda que Fomento ha diseñado con las comunidades. Fomento volverá ahora a someter a consulta este borrador entre las regiones, la FEMP y el sector, con el fin de tramitar su aprobación y que entre en vigor en 2018.

Otra de las novedades del plan es la línea de ayudas a los mayores de 65 años, siempre que cumplan un requisito de renta anual de cobrar menos de 22.365,42 euros al año y no tener piso en propiedad. En ese caso, los más mayores pondrán recibir una ayuda para pagar hasta 200 euros al mes, para pagar los suministros de su vivienda, esto es, las facturas de agua, luz, gas o de la comunidad.

Endesa defiende que la mejor medida contra la pobreza energética es eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que «la medida que más puede contribuir» a la solución del problema de la pobreza energética es “eliminar de la tarifa eléctrica todos los costes ajenos al suministro de la energía eléctrica«. Así se expresó Bogas en la junta de accionistas de la compañía, en la que recordó que dichos costes proceden de decisiones de política energética.

Bogas considera que una tarifa eléctrica más baja además de reducir el problema de la pobreza energética incrementaría la competitividad y supondría un empuje a la descarbonización del sistema energético. Además, defendió que Endesa «está firmemente comprometida en la lucha contra la pobreza energética» y destacó que es la eléctrica que ratificó más convenios con autonomías y ayuntamientos para afrontarla, un total de 220. Como consecuencia, aseguró que «todos los clientes vulnerables conectados a nuestra red se encuentran protegidos y no se les corta el suministro«. Por último, afirmó que «nuestra disposición a colaborar en la solución del problema está fuera de toda duda y la vamos a mantener con el fin de encontrar nuevas medidas justas, asumibles y eficaces».

Dotar de estabilidad al Parlamento

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, ve “preciso” dotar de estabilidad al actual Parlamento, en el que ya no hay mayorías absolutas, y ha dicho que la nueva situación parlamentaria «exige nuevas formas de hacer política». Prado considera que esas nuevas maneras de hacer política, «si son gestionadas con inteligencia y con altura de miras, pueden dar lugar a una etapa fructífera y de progreso«, como demuestran desde hace décadas «muchos» Gobiernos de los países del entorno.

Ha señalado que «lo complicado» va a ser el tránsito «desde la mayoría absoluta hacia los necesarios equilibrios parlamentarios», pues «pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo, ni para quienes dispusieron de esa posición dominante ni para quienes estuvieron en el lado contrario». No obstante, cree que ahora es momento para que los que lideran la actividad política demuestren «su visión de Estado«.

Respecto al actual Gobierno, ha dicho que su altura de miras y su capacidad de gestión «permitirán a España mantener el rumbo de la recuperación económica que, con el sacrificado esfuerzo de tantos», se inició en la pasada legislatura. También ha dicho que confía en el «saber hacer e inteligencia» de los que integran la oposición política y ha dicho que su responsabilidad será «determinante».

En cuanto a la economía, destacó que «aunque quedan rémoras indeseables tras una larga y profunda crisis, también estamos en el camino de superarlas». «Hay un buen puñado de síntomas para considerarlo así», apostilló. Entre ellos, se refirió a que España está liderando el crecimiento en la Unión Europea y a que redujo el desempleo en casi 400.000 personas el año pasado. «Aunque es una cifra aún insuficiente, señala que hay salida al mayor problema al que nos enfrentamos», concluyó.

Todo el beneficio en dividendos

La junta de accionistas de Endesa, en la que estuvo representado un 85,6% del capital, ha aprobado el pago de un dividendo de 1,33 euros por acción con cargo a los resultados de 2016, que supondrá la distribución de 1.411 millones de euros.Este dividendo implica el reparto del 100% del beneficio neto generado en 2016, un 30% más que en 2015, cumpliendo con el compromiso que la compañía adquirió en la oferta pública de venta (OPV) de 2014.Además, Endesa anunció en la actualización de su plan industrial que su objetivo era aplicar entre 2017-2019 una política de dividendos consistente en el reparto con cargo a estos ejercicios del 100% del beneficio ordinario neto.

En concreto, para 2017 el dividendo ordinario será como mínimo de 1,32 euros brutos por acción y hasta 2019 espera repartir 6.000 millones de euros. Del dividendo de 2016, de 1,33 euros, Endesa ya pagó a cuenta 70 céntimos brutos por acción el pasado 2 de enero y el próximo 3 de julio abonará un dividendo complementario de 63 céntimos.

Además, la junta de accionistas otorgó su visto bueno a la reelección de Miquel Roca, padre de la Constitución, y de Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset, como consejeros independientes. También aprobó el plan de retribución variable a largo plazo Plan de Fidelización Programa 2017-2019, que incluye entre sus beneficiarios a los consejeros ejecutivos de Endesa, y el informe anual de remuneraciones de los consejeros, además de reelegir a Ernst&Young como auditor de la compañía. Por su parte, el consejo de administración de Endesa acordó nombrar vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo, que dimitió.

El consumo eléctrico de grandes y medianas empresas creció un 2,4% en marzo

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Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en marzo en España creció un 2,4% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE) de Red Eléctrica de España. Desglosado por sectores, el consumo industrial aumentó un 4% y el de los servicios descendió un 0,7%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

El índice IRE toma medidas en más de 23.400 puntos de unas 13.900 grandes y medianas empresas, que representan el 47% de la demanda eléctrica total. Según el IRE, en los últimos 12 meses el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 0,4%, respecto al mismo periodo del año pasado, una vez corregidos los efectos de las temperaturas y la estacionalidad laboral. Por sectores, el consumo de la industria se ha mantenido y el de los servicios disminuyó un 1%. Todas las principales industrias electrointensivas aumentaron su consumo eléctrico en marzo.

Crecimiento de todos los sectores

Comparado con marzo del 2016, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia aumentó un 3,1%, la industria química un 2,1%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 9,6%, la industria de la alimentación un 8,2% y la industria del papel un 2,7%. Mientras, las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en marzo fueron la metalurgia, con un aumento del 3,1%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos (9,6%), la industria de la alimentación (8,2%), la fabricación de productos de caucho y plásticos (6,6%), y la fabricación de material y equipo eléctrico (20,3%).

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

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Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

La primavera seca y cálida vaticina una continuidad en los precios altos de la luz, según Grupo ASE

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Europa Press.- La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la electricidad se mantendrá alto, según el último informe elaborado por Grupo ASE, en el que se aprecia que el pool eléctrico del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un año por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde Francia, el descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear evitaron una mayor presión en el precio durante el pasado mes de marzo. En todo caso, para los próximos meses «lo más probable» es que se mantengan los precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por debajo de las existentes en 2016, así como las previsiones climatológicas, que anuncian una primavera seca y con temperaturas más cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso acontecido en las cotizaciones del Brent, gas y carbón ha contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo, en los últimos días de marzo se revertió la situación. El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18 euros por megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que marcaba hace un año.

En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un 41,9% más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la coyuntura de los últimos meses y que incide en el mix de generación, marcado por una fuerte reducción de la oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos combinados de gas. Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento en los mercados de materias primas.

La Barcelona de Ada Colau constituye la mayor empresa municipal comercializadora de electricidad de España

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EFE.- El pleno del ayuntamiento de Barcelona ha aprobado crear su propia comercializadora municipal de electricidad, que se llamará Barcelona Energía y que entrará en funcionamiento en el verano de 2018, con los votos favorables de todos los grupos municipales, excepto el PP, que se ha abstenido. Las previsiones del gobierno municipal de Ada Colau son que esta empresa pública de electricidad le suponga un ahorro de 500.000 euros en concepto de compra de electricidad y que suministre a 20.000 hogares.

El concejal de Agua y Energía, Eloi Badia, ha destacado que el pleno dota al ayuntamiento de herramientas para volver a fomentar a la generación de energías renovables y el autoconsumo en la ciudad. La comercializadora aprobada por el pleno podrá convertirse en agente de mercado de los excedentes de energía que se produzcan en las instalaciones municipales de autoconsumo, por lo que tendrá que establecer acuerdos bilaterales para asegurar la compra de la energía excedentaria a un precio razonable.

Así, el Ayuntamiento de Barcelona asumirá el papel de gestor energético para facilitar la generación de energía por parte de la ciudadanía, gestionar la producción y garantizar el suministro necesario a todas las personas con dificultades o en situación de vulnerabilidad. El ayuntamiento quiere ofrecer tres tipos de tarifas: para ayuntamientos, para pequeño terciario (cliente generador o cliente consumidor) y tarifa ciudadana, que además de los dos tipos de clientes anteriores incluiría el cliente vulnerable.

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.