Las celebraciones y actos sociales en el sector energético ya no son lo que eran. En ello pueden influir bastantes cosas, en primer lugar la actuación o acto reflejo de “cruzar los dedos” muy extendida en el sector a cuenta de la negociación del déficit tarifario. En segundo lugar, una sensación de ruptura con el pasado, en la que cualquier tiempo pasado fue anterior, si especialmente nos fijamos en la penúltima legislatura en el ámbito regulatorio. La tercera es la apertura del proceso de renovación de la Comisión Nacional de Energía que hace que cada evento tenga un cierto componente entre sus asistentes de ¿seré yo señor, seré yo?

El hecho, es que ayer el Salón de los Pasos Perdidos de la Bolsa de Madrid, junto a las pantallas y led de los Índices de la Bolsa se llenó a rebosar (curioso, es un lugar en el que se celebran una gran parte de eventos económicos, y a la hora de comienzo de los actos, parece semivacío y cinco minutos más tarde, se reaprieta de asistentes hasta llegar al lleno absoluto) para presentar una obra ingente y necesaria, el “Tratado de Regulación del Sector Eléctrico” , cuyo enfoque y lista de autores es directamente apabullante por su calidad y su orientación en lo más avanzado de la regulación y visión moderna del sector eléctrico y del mercado. Ni rastro de la ‘doctrina Fabra’ en el tratado.

Esta obra desvela por una parte un interés muy especial de la eléctrica de Sánchez Galán por difundir la regulación, la buena regulación, en los entornos académicos y profesionales. Interés, que más humildemente compartimos como medio de comunicación para hacerlo llegar a las personas interesadas por la economía, la empresa o por las dinámicas de los mercados, en un ejercicio comprensivo de la realidad más allá de los sectores económicos y de los lenguajes “crípticos” habituales. Lo que sí es cierto, es que de hace un tiempo a esta parte, se conocen problemas regulatorios del sector energético, como el déficit tarifario o la insuficiencia de la tarifa, entre capas cada vez más amplías y anchas de la sociedad. Una sociedad informada y crítica, es una sociedad más libre y menos propensa a la demagogia o a posiciones intervencionistas de hace cuarenta años.

El acto de ayer, comenzó con una intervención de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, brioso y enérgico y arropado por todo su equipo directivo. Abogó por una buena regulación, estable, predecible, que envíe señales fiables a los mercados y remarcó una característica esencial del sector eléctrico: es intensivo en inversión. Además repasó los principales temas que contenía el libro y sobre los que versaban las intervenciones de estos 80 autores. Con la misma vehemencia habló contra el déficit tarifario, en términos casi de imprecación o de maldición. Y, finalmente, elogió al ministro Miguel Sebastián por haberse atrevido a abordar el déficit tarifario. En esta alusión, también fue muy vehemente.

(Todo puede ser, en la medida en que siguen apareciendo noticias sobre las negociaciones entre el sector e Industria para acabar con la lacra del déficit tarifario, al mismo tiempo que se confirman los merodeos en la órbita de la Moncloa de algunos de los representantes más retropresivos del sector, segando la hierba de las negociaciones. Incluso, afirman se han detectado movimientos en esta línea en el catafalco del sector energético del anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto).

Posteriormente, Juan Luis Cebrián, Consejero Delegado de PRISA (que acudió acompañado de Ignacio Polanco, Presidente del grupo) hizo de enlace entre las palabras de Sánchez Galán y la intervención final de Prescott, el Premio Nóbel de Economía. Alabó la valentía de Sánchez Galán de editar un libro de esta naturaleza y la de convocar su presentación la misma tarde que Obama tomaba posesión como Presidente de los Estados Unidos (algo que en la cabeza de todos los analistas y dada la posición de Iberdrola en USA es valorado muy positivamente). Cebrián relató que uno de los artículos de Prescott trataba de cómo medidas parciales regulatorias y de intervención en un sector tendentes a conseguir un objetivo concreto, en el futuro se pueden convertir en contrarias al propio objetivo. Parecía que conocía la ejecutoria de la última legislatura en el sector energético y sus medidas parciales y transitorias, basada en el “intervencionismo” y “electrodos”. Ese es el caso de los habitantes en el salón los reguladores perdidos.

Finalmente, Edward. C. Prescott, estuvo optimista con la crisis económica y financiera actual, cuyas dimensiones aseguró ser menores que las que habitan en el imaginario colectivo e hizo varios guiños al Consejo de Administración de Iberdrola, seguramente desconocedor de la evolución de la empresa en bolsa por la incertidumbre regulatoria del año pasado hasta que se resuelva el tema del déficit tarifario.

Por su parte, Sánchez Galán cerró el acto animando a ser accionista de Iberdrola. Se confirma que Florentino Pérez no estaba en la sala.

El novelista recientemente desaparecido Nicolás Casavella publicó una novela excelente (además de muy divertida) titulada “Lo que sé de los vampiros”, que fue galardonada con el Premio Nadal en su penúltima edición. Un título muy sugerente y de alguna manera una novela picaresca que se proyecta hacia el presente y que desde aquí recomendamos su lectura y en la que se hace una reflexión sobre “personajes que construyen su identidad tras una máscara permanente hasta alcanzar claves muy peculiares sobre el engaño de la condición humana y el espejismo de la Historia”.

Aunque la novela no va de eso, probablemente, habría que hacer una mínima referencia a la costumbre de esos habitantes de las sombras –los vampiros- de no dejar tranquilo a nadie, de aparecer en la última escena de la película y de proferir el susto correspondiente, en el bien entendido que habrá nuevas posibilidades de que vuelva a aparecer en escena el monstruoso engendro y prosiga su sendero de pánico y terror.

Viene esto a cuento de la recopilación de cuestiones que “se ha encontrado” el actual equipo energético del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Situaciones bastante enjundiosas que son de difícil justificación y resolución dada la historia que tienen detrás acumulada y sus ramificaciones, más o menos arborescentes.

Haciendo una pequeña recopilación encontramos, en primer lugar, el problema de la regulación de la energía fotovoltaica, con una legislación de cupos y ley de punto final, que fue la primera prueba procedente de una legislación desorbitada y que medía mal los resultados futuros en términos de la respuesta de los agentes. La segunda cuestión que estaba abierta tres o cuatro meses antes del cambio de gobierno era la legislación de los biocombustibles. Y, por supuesto, uno de los engendros más enormes es el déficit tarifario, forjado por cada gobierno y cada Administración energética en “pequeñas o grandes diócesis”, con más o menos responsabilidad cada una hasta el diseño del déficit “ex ante”. Cuestión esta del déficit tarifario que, como todos Vds. saben, todavía promete, porque no estamos ni mucho menos a la mitad de la película.

En esta categoría, pero mezclando el personaje del vampiro con el asesino en serie, está la reforma de la ley del Sector Eléctrico, con la Ley 17/2008 y la conformación de Red Eléctrica de España como el único monopolio en el transporte de electricidad, es decir como transportista único. Engendro configurado de forma vergonzante y oculta en el trámite parlamentario, toda vez que era absolutamente innecesaria esta reforma para «incorporar» a nuestra ley las Directivas Europeas pendientes de transponer, tal y como señalaba la Exposición de Motivos. Fue allí el lugar donde se alimentó al monstruo desde las instancias del anterior Secretario General de Energía y, también fue allí el lugar donde también se le incorporó algún elemento para domesticarlo: determinadas excepciones que actuaban como el crucifijo puesto a los ojos del vampiro. Las excepciones se aplicarían a aquellos activos de distribución afectados por esta nueva legislación e incorporados en las fauces del transporte, que se identificasen por parte de la CNE y por las comunidades autónomas.

Hay que recordar que la retribución del transporte se realiza en función del número de elementos (de “activos” como se dice en el argot) que configuran la red necesaria para ejecutar esa actividad. Se supone que el número de activos, su valor y su retribución deben estar bien determinados por su necesidad, por sus costes y porque la retribución sea justa. Si no, el monopolista, operador de transporte y de red, juez y parte, podría tener una tendencia a aumentar sus activos para obtener su retribución. Por tanto, hay dos fuerzas que actúan como motrices para que REE amplíe sus horizontes y su actividad: la propia tendencia que tienen los monopolios a ocuparlo todo y la retribución adicional que percibirá de los nuevos activos que surjan de una definición mucho más extensa de su acción en el transporte irrumpiendo en la distribución (recordemos que REE es una empresa privada, con accionistas, con algunos fondos de inversión como accionistas y que goza de percepción pública de que es empresa pública).

Recientemente, hemos conocido cómo la Comisión Nacional de Energía elaboró, tras un trabajoso período de análisis interno y un proceloso proceso de consultas a la propia Red Eléctrica, unos parámetros que justificasen sus criterios para determinar los activos si son de transporte o de distribución y en ese sentido hacer sus Informes. El hecho es que, como se puede leer en los primeros informes emitidos por la CNE en esta cuestión, en los que se traslucían los criterios que iban a seguir, es que el objetivo del Consejo de Administración del organismo es preservar a toda costa el monopolio de transporte de REE (no “vaciar de contenido” el concepto de transportista único, en sus propias palabras). Con lo cual, los activos de transporte que pudieran tener consideración de distribución son sólo aquellos subterráneos, ubicados en ciudades de más de 1.000.000 de habitantes (Madrid, Barcelona) y de menos de 220 kV. En las islas, este límite si sitúa en 32 kV, lo que conlleva que la irrupción, con el BOE en la mano de Red Eléctrica de España en los archipiélagos, altere un modelo que funcionaba con una calidad de servicio muy alta, duplicando la relación entre los titulares de estas instalaciones y las empresas de distribución, sin aportar valor alguno (todo lo contrario, esta cuestión que incluso puede complicar notablemente la gestión de los mismos: ahí vemos los problemas por todos conocidos y existentes en las estaciones compartidas de las grandes ciudades). De hecho, técnicamente, la relación en una instalación de distribución se establece con REE y la relación de facturación se establece con la distribuidora.

Tal y como señala el consejero de la CNE, Luis Albentosa en varios votos particulares referidos a los Informes que ha emitido el organismo, “hay que tener claro que la diferencia entre la actividad de distribución y la actividad de transporte estriba en quien tiene la obligación de responsabilizarse de la atención y el suministro al cliente y consumidor. En esto, el transporte no tiene nada que ver con el suministro al llamado mercado final y, por ello, aquellos elementos que tengan consumidores conectados deben ser titularidad del distribuidor. En definitiva, el transporte tiene como función principal posibilitar la evacuación de la generación y llevar la energía eléctrica a los puntos que se establezcan como frontera con la red de distribución y esta debe atender la demanda de los consumidores finales, allí donde éstos se ubiquen.”

Por tanto, podemos decir que se trata de una norma disparatada y aplicada del mismo modo (no para que las cosas funcionen mejor, sino para preservar y configurar un monopolio), que ha abocado a la existencia de varios problemas implícitos. El primero, un año y medio para empezar a sentar las bases entre el Ministerio de Industria y la CNE. Mientras, todos quietos, “paraos”, impactando negativamente sobre las inversiones que realizan los agentes privados y sobre el servicio que reciben los ciudadanos. Segundo, la interpretación pro monopolio e intervencionista de la CNE lleva a que se dupliquen las relaciones de las empresas (propietarias de estos elementos de la red) con el transportista y la distribuidora de cada demarcación y que se pierdan las economías de coordinación de las empresas distribuidoras con el mercado local de sus consumidores (el transportista, por su lejanía a los consumidores, no tiene ni idea de eso). Tercero, que haya aparecido, cual vampiro, sin arte ni parte, la función del transporte que no tiene clientes, ni relación con el mercado final, supone una perversión de la función que debe realizar en el sistema eléctrico.

Según nuestras noticias, hoy un número de expedientes importante sigue sin resolver. Y esa patata caliente, hoy sigue en manos del Ministerio de Industria procedente de la CNE, con serias dificultades para distinguir entre lo que está bien y lo que conviene a un modelo monopolista y burocrático. Por ello, la ley 17/2008 seguirá ofreciendo sustos y sus autores materiales e intelectuales (el anterior equipo energético, con Clos y Nieto a la cabeza), como origen del mal, detrás de esta película de terror colectivo. Lo que sabemos de los vampiros, vamos. Pavoroso.

La semana pasada conocíamos como la Comisión Nacional de Energía decidía abordar un proceso de investigación sobre todas las plantas solares inscritas que no estaban abocando energía en el sistema el pasado 30 de septiembre. Un total de más de 4.189 plantas. Como hemos defendido desde este medio la actividad de inspección y de supervisión, bien dirigida, gestionada de forma razonable, no orientada a lo mediático, es una actividad necesaria en la ordenación de los sectores económicos. Y, de hecho, defendemos un modelo inspección y supervisión sólido, que no cuestione el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, cuando se critican los modelos de inspección hay que ser muy respetuosos con este función en el sistema, pero también hay que someterlos a los principios de racionalidad y eficiencia.

Pero el panorama de este macroproceso de inspección, esta Macrocruzada, ha causado estupor, y un torrente de reacciones, tanto en el seno del sector como en el propio diseño del mismo. Las asociaciones ya han solicitado que “los defraudadores”, de existir, en la cuantía que aparezcan, no cobren, llámese subvenciones o primas.

El objetivo era inspeccionar a todas las instalaciones que a 30 de septiembre de 2009 no estaban vertiendo energía al sistema, por cualquier razón, con su dispersión asegurada. Un total de 4.189 instalaciones que cumplen estos criterios de selección, y que una vez identificadas, se inspeccionan todas. Sorprende sobremanera, que no existan mecanismos tradicionales de cualquier administración inspectora, sometidas a procesos estadísticos razonables, como el muestreo o la inferencia estadística.

Imagínense, por ejemplo, que la Agencia Tributaria inspeccionase a todos los contribuyentes que cumpliesen un conjunto de requisitos (ser de una provincia, pertenecer a una profesión, etc…: a la inspección, a por ellos!). En el fondo, además de ser un proceso desmedido se trata de señalar a todos como “presuntos culpables”, proyectando una sombra de duda conjunta, para desplegar un proceso que la propia CNE no está preparada y, además cuyas consecuencias no están bien dimensionadas, sobre todo en el ámbito del conflicto con las Comunidades Autónomas que ya empiezan a replicar el estado de opinión creado desde el organismo que preside Maite Costa.

El propio informe de la CNE establece que precisará la concertación de una empresa externa, una entidad reconocida por la Administración General del Estado para realizar este tipo y programa de inspecciones. Así, se prevé que el plan sistemático de inspección de las instalaciones y huertos solares que tendrá un coste que, según se estima, excederá los 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas). Además, aunque se cuente con una empresa para realizar las verificaciones estás será preciso que se realicen con un “agente de la autoridad”, es decir de los inspectores del propio supervisor (como ocurre en cualquier esfera inspectora en aras de su seguridad jurídica). Para lo cual cuenta con una plantilla exclusivamente de 20 inspectores.

Lo que parece claro es que este plan de la CNE, excesivo en su formalización y anunciado a bombo y platillo también puede empezar a ser utilizado para la lucha partidista, en este caso, en el ámbito de las Comunidades Autónomas (de hecho, ya la Consejera de Industria de Castilla-La Mancha, Paula Fernández, ha señalado que en “las instalaciones solares” no hay fraude). Porque de la existencia de irregularidades, ubicadas en múltiples posibles instancias administrativas, puede derivarse una escena de difícil gestión para la CNE por sus resultados. Y, si esto es así, poco el “bluff” del macroplan de inspecciones puede ser, comparativamente con su utilización mediática y con sus costes para pensárselo.

Finalmente hay que contextualizar este movimiento pendular de la CNE fuertemente maniqueo, de todo o nada. Hay que plantearse que el conjunto de la energía solar en España, habiendo crecido notablemente en los últimos dos años (gracias al R.D. 661/2007 también excesivo, con una regulación de cupos y límites demoníaca, y cuyo cambio ha provocado que se fuercen y aceleren en determinados casos los mecanismos de inscripción, con un alcance que va mucho más allá de la criminalización de esta energía) probablemente no llegue a un 0,01 % del conjunto del parque de generación del país (las estimaciones lo sitúan entre 1.800 y 2.200 MW). Y, con este maproplan, para inspeccionar 4.189 instalaciones solares del total de las 45.000 existentes, nos quedamos sin función inspectora adicional del regulador en ninguna otra actividad del sistema, hasta que finalice esta operación, tan dudosa y, a la vez, tan mediática.

¿Por qué?

La semana pasada en su columna habitual en el diario Cinco Días, Miguel Ángel Aguilar, periodista de raza y maestro en la profesión, volvía a tratar uno de sus temas más recurrentes en ese rotativo: la presunta diferencia entre costes y precios en el mercado de generación de electricidad. Aguilar partía de Machado para señalar la necedad de confundir valor y precio, para incurrir en otra que es confundir precio con coste, de forma que lo que deben fijarse son precios correlacionados con los costes, surtidor inagotable de la grave carencia en materia de cultura económica que arrastra nuestro país y en el que arraigan argumentos de otra época, de otro momento y de otro lugar. Aguilar recibe “informaciones” con poco filtro y con poco equilibrio y eso se traslada a la construcción de su opinión, incluso con la forma de repetir los argumentos, que en algunos casos es hasta ciertamente mecánica y ajena a su propio lenguaje. Lo que seguramente conoce menos, son las consecuencias de lo contrario del modelo que tenemos actualmente, el mercado, dado que lo dibuja como modernez insoportable, siendo como es, un hombre progresista y que reconoce la evolución social de nuestro país. Y, han sido los mercados y la competencia los que han desarrollado una economía moderna.

La teoría es sencilla, en el mercado de la electricidad se fija un precio único del kilowatio, y ese kilowatio producido “produce” mayores diferencias dependiendo de la tecnología que lo produzca. Contra esas diferencias se muestra Aguilar y las señala como causantes del déficit tarifario, así como peso muerto para resolverlo. Al menos, después de un tiempo, hemos avanzado y se habla de déficit tarifario con conocimiento y con una cierta visión común de lo que es, aunque no de su causa o de la forma de resolverlo.

En todo ello, como sustrato ideológico, un informe que el Consejo de la CNE aprobó de forma irregular (el anterior director de Regulación incorporó el contenido de un informe elaborado por un consejero concreto, Jorge Fabra, con datos que obviaban hasta la propia contabilidad de las empresas) forzando hasta obtener grandes diferencias entre dos tecnologías: la nuclear y la hidráulica y cuestionar el propio mercado. Este mismo “informe” (que podría ser una Teoría sobre la Justicia Distributiva de las instalaciones de generación energética y de sus kilowatios, si nos ponemos), ha servido de ariete también contra las energías renovables. Se trataba de volver a modelos que tanto nos recuerdan al pasado franquista, en que se intervenía todo y existía un sentido de justicia falangista, que tanto ha hecho para que los españoles confundan socialismo con nacionalcatolicismo, y por supuesto, no reconozcan ni el funcionamiento de un mercado, ni en pintura. Dios, patria, pan, justicia y nobles próceres que fijen la retribución de los humanos dedicados a las actividades empresariales. Anhelo de empresa pública, chóferes, ordenanzas. Lo moderno no es el mercado, es por tanto, el extinto INI.

Evidentemente en todos los sectores, con sus distintas empresas, cada tecnología tiene costes diferentes (coincidan o no con los calculados mediante metodologías puramente académicas y torticeras). El eléctrico no es diferente. Y, lo que es más evidente es que nadie acude a un mercado a preguntar cuándo le venden un producto o un servicio en concreto, que cuánto le cuesta. Pruébenlo a ver si sale. Y, cuando ha pasado, se ha utilizado para que las empresas tendieran a aumentar sus costes para que les dieran una mayor retribución. El monopolio, siempre es más caro que el mercado para el consumidor. Es decir no había incentivo, ni a la inversión ni a la eficiencia. Eso sí que es “plusvalía”. Seguramente, Aguilar se quedaría sorprendido de lo que “cuesta” un SMS a una operadora de telefonía con respecto a su precio final, contra los que no mantiene paradójicamente una cruzada tan frontal. Es decir este debate es artificial y “provocado” desde instancias colindantes con las teorías retroprogresivas que alimentan el susodicho Informe.

Y también cada tecnología en la generación eléctrica tiene funciones diferentes, aunque parece en teoría comparable el precio de un kilowatio nuclear con uno hidráulico, o con uno obtenido en una central de carbón, lo cierto es que una central hidráulica se usa muchas menos horas al año porque es un tipo de tecnología que se utiliza para lo que son momentos “punta”. Y otras tecnologías son la base que mantiene el sistema eléctrico en términos de producción. Quiere decirse que, dado que todas las empresas tienen sus propios activos de generación, su resultado también es “medio” y que todas combinan sus distintos activos, por lo que los resultados deben ser conjuntos de las empresas y para nuestro mercado, el español.

Para ilustrar estos argumentos se señala que no se pueden construir nuevas centrales hidráulicas o nucleares, aunque otro fenómeno mediante el cual se suprimen esas barreras de entrada es la adquisición de empresas y activos, si están lo suficientemente bien valorados. Además, en un contexto como el Mercado Ibérico de la Electricidad, nuestro vecino luso está construyendo nuevas centrales hidráulicas a las que nuestras empresas aspiran. Por tanto, los argumentos simplistas y “justicialistas” a la forma de un peronismo energético, tienen poca sostenibilidad y poca resistencia para una discusión más o menos seria.

El segundo “argumento” blandido, esgrimido, en esta, eso sí, vehemente columna es que no se puede resolver el déficit tarifario desde los precios. Algo que es radicalmente falso. En paralelo, porque la causa real del déficit es la incapacidad política continuada para adecuar los precios de la energía a los ciudadanos y hacerles pensar que son venezolanos y que pueden gastar sin tasa. Por eso esa sorpresa con la labor didáctica que trata el Ministro de impulsar con el ahorro (cuestión cierta aunque insuficiente, son los precios los que moderan el consumo). Hay formas en el corto plazo y en el largo plazo: en el corto plazo, que las tarifas se ajusten al precio de mercado. En el largo plazo, que haya capacidad instalada excedente y tecnologías eficientes compitiendo entre sí. Pero claro, hay que competir. ¿Quién proporciona estos argumentos “tan sólidos” a los medios de comunicación, contribuyendo a boicotear las políticas de ahorro y eficiencia energética?

Un mensaje que no podría ir más allá de una cierta ‘boutade’ intelectual más o menos izquierdista/izquierdoide y más o menos, contraria al mercado, consecuencia de una aplicación de la teoría marxista de la plusvalía aunque sea por instalación, versión peculiar. Pero sucede que, obviamente, esta opinión no es inocente, en el momento en que se está negociando cómo acabar con el déficit tarifario, figura resultante de la diferencia entre la tarifa cobrada a los usuarios y la tarifa que realmente saldría de calcular todos los costes y precios que se deben incorporar, sin «ajuste político». Por eso, habrá que preguntarse quién y cómo está empeñado en aportar estos argumentos, sin su contraparte, sin su correlato en los efectos en el medio plazo de fomento de la inversión o de fomento de la competencia hacia empresas e instalaciones más eficientes. Así se han incorporado más de 23.000 GW en pocos años, gracias al mercado, saliendo de una situación de regulación basada en costes reconocidos.

La ortodoxia en garantizar en el sector eléctrico que estamos ante un mercado ha desatado una fuerte reacción entre los retroprogresivos (colectivo de ‘intelectuales’ defensores de la vuelta a una especie de Marco Legal Estable de precios regulados por tecnología y costes) contra el actual Ministro de Industria (cuyas ocurrencias en determinados momentos a la hora de tratar las cuestiones más serias le pueden pasar factura), y probablemente, contra la Unión Europea que promueve la liberalización de los mercados de la energía y, siguiendo ese camino, contra la caída del muro de Berlín y el resto de instituciones económicas internacionales. Y, contra el mundo, y contra Obama que, cree en los mercados y en la buena regulación, ahora que en tiempos de crisis, la necesidad de buena regulación se confunde con una rapiña intervencionista, más Estado como sea, que admite pocos matices a la hora de volver al gasto público (productivo o no), a las empresas públicas y denostar la iniciativa privada y el mercado per se, por la vía de volver a un modelo de sucursalismo político de las empresas y no de libertad, bien entendida, gestionada y bien regulada. No amaestrada.

Hoy en el mismo medio, se habla de lo que ha sido una constante en el sector en los ultimos años. El riesgo regulatorio. Continuará.

La irrupción de la compañía privada rusa Lukoil en el panorama empresarial energético español con su interés por entrar en Repsol mediante la compra de un importante paquete accionarial (el de Sacyr Vallermoso y un 9% de Criteria) no ha sido una sorpresa. En primer lugar, porque el ruido de campanas ya estaba entrenado desde que se empezó a especular recientemente con la posibilidad de que Gazprom (otra compañía rusa, esta vez pública) entrara en liza por participar en la, actualmente, petrolera hispano-argentina.

La reacción a la noticia ha sido contradictoria, al menos aparentemente. En primer lugar, han surgido los primeros demonios familiares consistentes en un modelo de resistencia del “españolismo” cosmopolita de Repsol. Una llamada quizá a un proteccionismo de baja intensidad en un sector estratégico. Pero, al mismo tiempo, y con la boca pequeña, la situación en este caso de Sacyr Vallermoso y la necesidad de buscar comprador a ese paquete accionarial que alivie la deuda y los avales de la constructora, han hecho más laxo, e incluso más hueco este discurso, que enseguida se ha suplantado con otro, el de libertad de mercado, combinado con que Lukoil es una compañía privada completamente, con lo cual nadie puede oponerse a las fuerzas del mercado. Como hemos podido leer en varios medios de comunicación, parece que el propio Ministro de Industria ha participado en las conversaciones con las empresas rusas y hay medios de comunicación que se atreven a más, llegándalo a calificarle de “broker”.

Por su parte, la oposición política, casi en pleno, considera que se trata de una operación estratégica y que la compañía española no debería entrar en la órbita de empresas que no pertenecieran a la Unión Europea y lanzan sospechas sobre el modelo de capitalismo emergente ruso. La red de disttribución y estaciones de servicio y la participación en Gas Natural (por su parte, incursa en la adquisición de Unión Fenosa) confirman el efecto dominó que puede tener la compra. Hay que tener en cuenta que las relaciones en el ámbito energético entre Rusia y la Unión Europea están en el trasfondo de la operación, lo que evidentemente, alimenta más la suspicacia que podría tener mayor resonancia si lo llevamos al terereno europeo.

Puede llegarse a interpretar que la opción Lukoil puede ser el Plan B de las autoridades rusas, dadas las reacciones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión Europea cuando se empezó a desvelar el interés de Gazprom por la petrolera. Sobre todo de cara a que debiera existir reciprocidad en la posibilidad de adquisición de compañías rusas. En todo caso, si que parece que la construcción actual del sector energético ruso despierte fuertes recelos en el ámbito europeo (motivos geoestratégicos no faltan) y que la operación no sea una “perita en dulce” políticamente hablando para nadie, pudiendo convertirse en un caramelo envenenado. De hecho, y de ahí el título folletinesco/detectivesco de este artículo, a la medida de las películas del agente 007, hasta los servicios secretos parece que han intervenido advirtiendo de los riesgos de la operación a Asuntos Exteriores, según se ha podido conocer hoy.

En el fondo de la cuestión, todavía queda por resolverse tanto en el seno de la Unión Europea, como en su perspectiva económica internacional cuáles deben ser sus relaciones empresariales y políticas, intra y extra comunitarias más allá de los sustos puntuales. Hemos asistido a operaciones e intentonas de operaciones en los que empresas públicas han intentado hacerse con empresas privadas (en el ámbito intraeuropeo), y a operaciones en las que las condiciones de participación y adquisición de empresas no era simétrica ni recíporca entre países. Por otra parte, es en el plano energético en el que las condiciones para la realización de operaciones encuentran más resistencia desde las autoridades comunitarias de competencia. Y, esta situación y contexto, es si cabe, aparece más amplificada en esta operación, dónde además se contemplan los intereses geoestratégicos con su mayor crudeza. El modelo de proteccionismo súbito de los sectores empresariales (es decir, el que aparece cuando hay una operación en ciernes) es tan perjudicial como el modelo de libre mercado (súbito y sin simetrías).

Imaginemos que esta operación en lugar de lanzarse desde Rusia, fuese desde una petrolera norteamericana quien la detonará. ¿Tendría todas estas reacciones?

Y, mientras, la CNE y su función 14 con estos pelos.