El hecho de que haya una separación entre la actividad de los gestores técnicos de los sistemas gasista y eléctrico y la de los transportistas de gas y electricidad, hoy integrados dentro de Enagás y Red Eléctrica de España es, en primer lugar, una buena noticia que apunta en la buena dirección de la separación de las distintas actividades energéticas de forma eficiente y en la necesidad de apuntalar la neutralidad de la operación de los sistemas eléctrico y gasista. En este sentido y en el de asentar el modelo de organización del sector energético, la medida es claramente positiva y no altera la naturaleza jurídica (en el sentido público o privado) de las redes gasistas y eléctricas.

En segundo lugar, además de las explicaciones que ayer proporcionó el Ministerio de Industria en la Comisión Parlamentaria sobre la necesidad de contar con mayor músculo financiero para las inversiones que necesita nuestro país en redes, este modelo es coincidente con los trabajos que se han venido llevando en el seno de la Unión Europea en torno al denominado Tercer Paquete de medidas regulatorias para avanzar hacia el Mercado Interior de la Energía, así como en el análisis que Euroelectric viene desarrollando. Estos desarrollos se basan en avanzar en lo que se denomina “unbundlling”, es decir, la separación completa de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de energía. Para ello es importante contar con que la operación del sistema sea independiente y neutral para todos los agentes. También en ese sentido es otra buena noticia.

Ejemplos recientes en nuestro país de los problemas de la falta de neutralidad del gestor técnico del sistema son evidentes y abundantes: la connivencia entre el operador de transporte y la operación que ha sido una constante en el caso de los procedimientos relacionados con las energías renovables y su acceso e integración en el sistema eléctrico, algo que se ha venido produciendo mediante el mecanismo de la ducha escocesa (con un discurso medioambientalista y de “pensamiento mágico” sobre las bondades de las energías renovables de cara a las memorias y los medios de comunicación y, por el contrario, con procedimientos de obstaculización sistemáticos en la brega diaria y el trade para dirimir las cuestiones relativas al acceso de estas tecnologías en las redes de transporte de electricidad). Otro ejemplo curioso y peculiar ocurrió durante el famoso apagón de Barcelona, donde fue el Director de Operación de REE, Alberto Carbajo, quien interactuaba con varias instancias que dirigían la investigación o la existencia de “cuellos de botella” en la red de transporte en determinadas zonas de España, tanto para evacuar la generación como para llegar a la red de distribución por la falta de inversión.

Tanto es así que, sobre todo en el caso de Red Eléctrica de España, en muchos momentos se ha señalado como una empresa más dentro del sector eléctrico, incluso más que un transportista o más que un monopolista de transporte. Se le ha señalado como un «regulador in pectore», en la sombra, el octavo pasajero en el orbe energético, un contrapoder. De hecho, en etapas de mayor sometimiento de la política energética a los designios de este transportista, la propia Red Eléctrica de España ha condicionado la regulación, incluso consiguió que el Ministerio de Industria defendiese un papel de transportista monopolista único en las redes o ha buscado fijarse ella su retribución por sus activos (cuestión que cerró con el anterior Secrectario General de Energía). Todas estas cuestiones hay que recordarlas en momentos como este.

En tercer lugar, hay que significar que Red Eléctrica de España (REE) y Enagás son ya empresas privadas, con sus accionistas y todo (de muy diverso origen en todo caso y que son quienes se llevan sus dividendos actualmente), donde la participación pública a través de la SEPI es residual y, por ello, lo que realmente se “desgaja” es el operador de sistema, cuyas funciones en la planificación y ordenación del sistema son diferentes que las de transporte (cuyo objetivo debe ser construir, mantener y gestionar a través de las grandes infraestructuras o corredores de transporte de energía, con resultados bastante modestos en el caso de las redes de transporte). De hecho, la bipolaridad y ambigüedad público-privada que utiliza Red Eléctrica de España es muy particular en la medida en que el argumento interesado de lo “público” frente a su realidad inconfundible e incontestable de empresa privada, el cuestionamiento de que un operador, gestor técnico del sistema, no devorado por el transportista iba a ser la causa de que volviesen las siete plagas (el argumento amenazador siempre subyacente), la capacidad de hacer ‘opables’ a los transportistas al desaparecer limitaciones derivadas de su condición de operador técnico sea nefanda o, también, insinuar la ‘mano negra’ de las eléctricas en esta medida.

Por eso, es poco entendible el mensaje crítico distribuido que señala que esto añade “inseguridad regulatoria” a estas dos empresas y de hecho, además, lo que parece que se producirá es que los dos operadores de sistema, gasístico y eléctrico, pasarán a formar parte de un Ente Público único dedicado a esta función, con naturaleza diferente a la actividad privada de la gestión y tendido de las redes de transporte.

Porque, lo que es peor es que los argumentos que se utilizan contra esta medida, como herramienta de refutación de la misma, la confirman plenamente en su necesidad. Es decir, si la operación del sistema da inseguridad jurídica a la actividad de transporte que ahora realizan, quiere decirse que ahora no se hace de forma neutral. Que la separación funcional como establece la ley, sólo se cumple de facto. Si esto es así, sería confirmar que influye la actividad de operación del sistema en la del transporte. O que la retribución de activos eléctricos de transporte es una ‘bicoca’. ¿Por qué, si no, hablan de que es una buena tajada la venta por parte de la SEPI del porcentaje que le queda, si además lo que se ingrese por esta adquisición servirá para mejorar la maltrecha inversión en redes eléctricas?

En definitiva, es, por tanto, una medida positiva y más todavía si se entiende de forma razonable en el marco de un modelo general de ordenación del sector energético y en la necesidad de avanzar en construir más redes de transporte y resolver cuellos de botella que todos conocemos.

Ayer martes, Carlos Rodríguez Braun en el programa Herrera en la Onda (Onda Cero), dentro de su repaso a la revista de prensa económica del día recaló en el titular de la noticia del diario Cinco Días “Las eléctricas piden que el déficit de tarifa sea trasvasado al ICO”. Fernández Braun hizo un mohín ante la misma, en la medida que pudo apreciar bajo su óptica liberal otro ejemplo de sector económico que afronta la coyuntura actual acudiendo a papá Estado, el ICO asediado por los intereses sectoriales y desde alguna rama del gobierno (por otra parte, una tentación muy de nuestros tiempos a la vista de la falta de referentes económicos, de conciencia de las implicaciones sobre la economía de mercado y de cultura económica en general, lo que es pasto de la demagogia).

Rodríguez Braun, además de ser inteligente, divertido, ocurrente en sus comentarios, es un liberal a carta cabal, por lo que, en referencia a este comentario, podemos afirmar que, seguramente, pudo sufrir el efecto combinado de dos cuestiones. Una noticia dispuesta como una “trampa saducea” y, segundo, la falta de información de lo que verdaderamente está pasando en el sector eléctrico. Porque lo primero que hay que aclarar es que el sector eléctrico no está pidiendo nada al Gobierno o al Estado. Es a la inversa. Es el Estado el que le pide al sector eléctrico que renuncie a unos ingresos fijados de forma reglamentaria y que haga una “quita” sobre la deuda que el Estado mantiene con las eléctricas, ocasionada por las políticas intervencionistas seguidas hasta el momento en materia de precios eléctricos. Vamos a explicarlo.

– Déficit tarifario: la diferencia entre precio intervenido de la energía y el coste real que el Estado adeuda a las empresas

El déficit tarifario resulta de que el coste de la electricidad que se les cobra a los consumidores en la tarifa que fija el Ministerio de Industria es insuficiente porque se fija un precio “intervenido”, “público”: la tarifa eléctrica. Es un precio por un suministro que no está, hasta el momento, liberalizado, como todo el mundo sabe. Esta liberalización es un proceso que ha sido demorado porque existía una incapacidad política de trasladar los precios de la energía a los consumidores por mor de ejercicios de populismo mal entendidos (hasta hace poco el petróleo estaba por las nubes, como todo el mundo recuerda). Consecuencia: los consumidores que no tienen consciencia de los precios reales de la energía consumen más de lo que deben (no hacen ejercicio de eficiencia en consumo, generan más contaminación, etc, etc…).

– ¿Quién paga la parte subvencionada de la energía?

Se trata, por tanto, de una energía subvencionada. ¿Y quién la subvenciona?. Los consumidores futuros que subsidian a los consumidores presentes y pagan su consumo y la letra vencida. En estos últimos años, la diferencia entre esos precios resultantes y el cobrado por la tarifa es el denominado déficit tarifario, que actualmente está pendiente de pago desde el año 2007 a las eléctricas. En estos momentos, se cifra alrededor de los 16.000 millones de euros y el Ministerio de Industria busca una solución de quita a partes iguales por tercios: Administración, empresas y consumidores.

– El fracaso de la financiación de este déficit por vía pública: la CNE y la deuda se acumula

Hasta el momento, este déficit era financiado por el sistema financiero y amortizado en 14 años: eran las propias eléctricas las que titulizaban esta deuda. Entra la CNE en el proceso de subasta de esta financiación, junto con la crisis financiera internacional y esta construcción se echa a perder y no hay manera de que se financie nada. Las subastas de financiación del mismo fracasan y nos quedamos “sin pagar la dolorosa”.

Por tanto, es lógico, que en todo este proceso de negociación surja el planteamiento de que esa deuda, generada con motivo de decisiones políticas, requiera un aval público para que pueda ser financiada, y, de ahí, las propuestas de financiación que hemos ido conociendo por parte del ICO o conversión en deuda pública.

En todo caso, hay que tener en cuenta que el objetivo del artículo que ha confundido a Rodríguez Braun era afear la conducta de las eléctricas de reclamar sus ingresos, obtenidos en un mercado de generación liberalizado, y a partir del resto de actividades (transporte y distribución) con precios regulados. En el artículo, aparecen perlas y cuestionamientos que recogen argumentos de los sectores más intervencionistas del sector energético. Una muestra de ello es la expresión “un mercado de generación que controlan”, cuando, por ejemplo, hoy los precios que se fijan diariamente en el mercado eléctrico (OMEL) fluctúan conforme a la oferta y demanda y estamos casi a veinte euros/MW por debajo del año pasado (ha habido una fuerte caída de demanda este año además de la bajada de los precios de las materias primas).

Por ello, se buscan soluciones claramente intervencionistas, como la expropiación a las eléctricas de la factura de los derechos de emisión de carbono (por cierto, gratuitos por la normativa general de la Unión Europea), que se fijen precios regulados para la energía hidráulica o nuclear o que la fijación de una tarifa social o la de los grandes consumidores estén subsidiadas por las propias eléctricas. Por esto, tiene toda la lógica que las eléctricas pidan estabilidad regulatoria y que no haya medidas intervencionistas como las que proponen los sectores más intervencionistas y estalinistas del sector energético, que, además, cuestionan la existencia de mercados y de empresas en este sector (y cuyos argumentos se recogen claramente en ese artículo).

En todo caso, el sector energético se hace competitivo si entran nuevos operadores (la competencia y el grado de concentración merced a la liberalización de 1998 han aumentado enormemente, configurando probablemente el mercado más competitivo de Europa), si no se generan monopolios (véase lo recientemente ocurrido con el aprovisionamiento del gas en el caso de la compra de Gas Natural por Unión Fenosa, donde hemos retrocedido y de manera silente). Ahí, es donde hay que garantizar todas las medidas, la regulación y el papel del Estado para asegurar una competencia creciente y transparente. Y, segundo, si queremos en el medio plazo energía barata y limpia, hay que buscar un ‘mix’ de generación que así lo permita (en roman paladino, abrir debates como el de la energía nuclear). Si lo que se busca es intervenir en el mercado de generación y, también, a posteriori, en los precios de la energía, ¿qué es esto?.

Por eso, este proceso demoníaco de la subvención encubierta persigue todo menos que funcionen los mecanismos de mercado y que cada uno (políticos, empresas y consumidores) sea responsable de sus decisiones sobre la base de información completa y decisiones racionales. El déficit tarifario ha sido una figura muy perversa, algo muy peligroso, porque se trata de un elemento que ha corroído muchos principios económicos en un momento en que estamos necesitados de ortodoxia en lo que es la “libertad de mercado”. Algo que ha dañado a las empresas (están sufriendo en Bolsa por esta incertidumbre regulatoria más que la media del IBEX). Por eso, su formulación, negociación y consecuencias, han logrado confundir a un liberal de verdad, llevándole al extremo contrario.

En todo caso, escuchen este repaso económico diario matutino del licenciado Rodríguez Braun y las adivinanzas que éste formula al conductor del programa, Carlos Herrera. No tienen desperdicio.

Recientemente el Tribunal Supremo ha adoptado dos sentencias contra las denominadas subastas de energía primaria, las EPES o VPP. Un procedimiento que se contenía en el Libro Blanco de la Reforma del Sector Eléctrico y cuya “adaptación” finalmente corrió a cargo del anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, cuya producción normativa es casi paralela al número de litigios pendientes en distintas instancias judiciales españolas y europeas (también recientemente, se han conocido las sentencias del Tribunal Supremo que consideraban nulo el mecanismo de financiación de los planes de eficiencia energética con cargo a la tarifa eléctrica y estableciendo que las centrales nucleares tienen derecho a percibir la retribución por la garantía de potencia). Y lo que parece es que van a empezar a vencer las letras judiciales de la hipoteca de la mala regulación (o como se denominó en aquel tiempo: regulación por hormonas).

En un primer momento, las subastas de capacidad tenían la virtualidad mediática y propagandística de presentarse como una herramienta para “favorecer la competencia en el sector eléctrico”. Incluso desde algún medio se ha tildado a esta iniciativa regulatoria de “medida estrella” en la liberalización del sector eléctrico. Pero la primera pregunta es si alguien con dos dedos de frente podía creerse que, con una larga cadena de decisiones intervencionistas a sus espaldas (monopolio en redes de transporte, intervencionismo en precios, etc…), el anterior equipo al frente de la energía en el Ministerio de Industria creía real y fervientemente en la liberalización del sector energético. Porque la verdadera liberalización, tras la Ley del Sector Eléctrico, hubiera sido la eliminación de la tarifa regulada, cuestión que, sí o sí, toca ahora sin que pueda dilatarse más.

Desde el punto de vista regulatorio, las subastas de capacidad, la energía virtual (el sexo de los ángeles) consisten en obligar a los operadores dominantes a ceder parte de su capacidad de generación. El objetivo era “mitigar” el “poder de mercado” de los grandes operadores. El problema es que la medida incluida en el sobrevalorado (y sobreseído) Libro Blanco se diseña y se formula con información de composición del mercado eléctrico español de unos años antes de la presentación de este documento. Lo cual, acumulado al desfase de su puesta en funcionamiento, nos lleva a que el “poder de mercado” de los dos operadores principales esté ya por debajo del 45 % (y que continúa reduciéndose, fruto de la entrada de los nuevos operadores, la incorporación de las energías renovables, la puesta en marcha de nuevos ciclos combinados, etc…).

Por otra parte, hay que contar parte de la intrahistoria de estas subastas de capacidad dado que, una vez llegados a una posición común inicial entre la Secretaría General de Energía y los operadores para poner en marcha este mecanismo, Industria (con Nieto a la cabeza en ese momento), pasó a mayores, desveló su voracidad a través de su regulación final por dos vías: aumentando las cantidades a subastar e interviniendo los precios (a través del precio de reserva) para fijarlos por debajo del mercado. Por tanto, se trató de un modelo de “trampa” regulatoria, de atajo que no ha traído más que problemas. Una subasta con trampa.

Primera cuestión, por tanto: hace falta saber cuál es el modelo de funcionamiento de mercado “deseado” de cara a poner en marcha estas subastas de capacidad, es decir si hay algún modelo de “cuotas” tendencial preferido por la “superioridad” (como se decía antes: ¿adónde vamos a llegar a parar?, si es que alguien lo sabe o lo sabía). Y hay que ver si verdaderamente este instrumento de expropiación a los operadores de capacidad sirve para los fines para los que se pensó (en un mundo teórico de ecuaciones y porcentajes, frente a las dinámicas de mercado) y si efectivamente este mecanismo introduce más competencia en el mercado eléctrico. O, por el contrario, esa relación causa-efecto no es tal. Hay que tener en cuenta que en otros países estas subastas virtuales se han introducido como condiciones a operaciones concretas de concentración empresarial, no como mecanismo genérico de redistribución del mercado. Otra excepción española.

Del mismo modo, de manera efectiva, como ya ha sido comentado en Energía Diario por expertos y protagonistas del sector energético y del propio sector de la comercialización, las subastas de capacidad se habían convertido, en combinación con las subastas CESUR, en un producto financiero de cobertura. El hecho es que las subastas también han tenido su “contexto mediático” en el que se ha procurado que todos los gatos sean pardos: una polémica por los precios y los costes con el consabido y absurdo debate de las tecnologías de generación (¿en qué mercado se determinan los precios por esa vía?), con el añadido del caldo gordo en que se está cociendo la subida de precios de la electricidad fruto de su desajuste con su coste real. Algo en lo que el esfuerzo de explicación institucional está siendo casi nulo, de forma que se alimentan polémicas interesadas contra las empresas, que proceden de decisiones económicas y políticas necesarias.

En todo caso, en realidad, los expertos en competencia son partidarios de identificar si existen abusos de poder de mercado, estudiando bien su funcionamiento, sus resultados y el comportamiento de los agentes. Medidas como esta, fijadas a ciegas y ejecutadas de forma sádica, no pueden llevar sino a su cuestionamiento y remoción en el plano legal con los consiguientes efectos que tiene para la seguridad jurídica del sector. El resto es ideología, propaganda y arbitrismo.