Cuando Dios te da un don, también te da un látigo.
Truman Capote

Puede ser que no tuviera mucho que ver con el acontecimiento principal de esta recién pasada Semana de Pasión, pero la crisis de gobierno anunciada y ejecutada en su Via Crucis de manera tan rocambolesca nos ha dejado, entre los cambios, la elevación de la hasta entonces Secretaría General de Energía al rango de Secretaría de Estado, con el consecuente amejoramiento en la jerarquía de su actual titular Pedro Marín. Una noticia que merece varios análisis y alguna síntesis.

En primer lugar, es plenamente comprensible que un país como el nuestro, con una dependencia energética casi plena, en el que la intensidad energética de nuestra economía es muy elevada, tiene como consecuencias que la evolución de la energía y sus fuentes en los mercados y la configuración sectorial se perfilen como cuestiones estratégicas, que requieren capacitados profesionales y equipos al frente. De hecho, ya se había valorado en otros tiempos la posibilidad de que este área tuviese una merecida elevación de rango a Secretaría de Estado, incluso se llegó a especular con la existencia de un Ministerio de Energía (sobre todo, a la vista de tantas cosas que han merecido un Ministerio, «by de face» o por pura ideología). De hecho, ¡cuánto anheló esta medida el nunca bien ponderado anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto!

En segundo lugar, esta nueva posición también debe servir para equilibrar las relaciones entre este área del Ministerio de Industria y otros departamentos del Ejecutivo, sabiendo la importancia del rango y el escalafón que sigue la Administración Pública en la toma de decisiones, sobre todo en aquéllas en las que es preciso el concurso de otras instancias del Gobierno. De todos son bien conocidos los sucesivos rifirrafes con Economía, que se han traslucido, a cuenta de los avales públicos, para la cuenta pendiente del Estado con las empresas (el déficit tarifario irresoluto). Aunque hay que tener en cuenta que en el ámbito de la energía han opinado desde la Ministra de Medio Ambiente, Rural o Marino (caso de la nuclear) o ha intervenido la propia Oficina del Presidente (caso de la aproximación rusa a Repsol), por tanto hay que reconocer que esto no es un “terreno vedado” que digamos.

Por tanto, en una primera aproximación, hay que valorar esta medida como completamente razonable, aunque habrá que efectuar un seguimiento de los acontecimientos consecuentes a la misma. En primer lugar, habrá que plantearse que esta elevación de rango no debe ser gratuita o, lo que es lo mismo, que sólo se traduzca en el cambio de denominación y de los emolumentos de su actual titular. Debe implicar también el reforzamiento de los equipos y de la estructura necesaria (no olvidemos la cantidad de cuestiones aparcadas, demoradas o pendientes en este sector o cómo, incluso, se echa mano, como justificación, de la incapacidad para atender determinados procesos como la última convocatoria trimestral del registro de energía fotovoltaica). En la actualidad, es de dominio público lo exiguo del equipo de la hasta ahora Secretaría General de Energía, con una Dirección General de Energía y Minas, casi espejo, lo que evidencia un solapamiento de funciones y responsabilidades casi evidente entre sus responsables (o mejor dicho inevitable).

Segundo, como hecho exigible en un plazo razonable, la conformación de una política energética global, integral, coherente, completando el proceso de liberalización, que aglutine componentes económicos, de seguridad de suministro, de inversión incluyendo el futuro de la generación (sin ejercicios trileros sobre el debate nuclear) y de las redes de transporte y distribución. Una segunda línea la debería conformar la necesidad de una normalización en el ámbito legislativo: relación de equilibrio, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria con las empresas, funcionamiento razonable de los órganos reguladores y de los mecanismos de mercado, reordenación del funcionamiento de los operadores de red y de transporte (primero, en separación de bienes y, segundo, en su capacidad de condicionamiento de los reguladores). Y, en el ámbito de la coordinación e inserción en la actuación pública, un claro esquema de políticas, regulación y supervisión, sin cuestionamientos del mercado, coordinación con otras instancias de la Administración (especialmente medioambientales, evitando la kafkiana demora de los proyectos), la necesidad de una gestión puntual y con prontitud de los problemas evitando su demora o, lo que es peor, su judicialización en distintas instancias europeas o españolas. En suma, la definitiva eliminación de la chapuza y de los atajos regulatorios a los que hemos estado acostumbrados (desde hace varios años, hasta parecernos normal) y que vienen sistemáticamente acabando mal, en forma de déficits acumulados y soluciones que socavan la credibilidad económica de nuestro país. Todo un catálogo de comportamientos precedentes que hoy se hacen más exigentes en la medida que asumimos su importancia y su carácter estratégico.

Por eso, debería ser una buena noticia, aunque lo importante realmente es su quid pro quo. Ah, y como ven, ni una palabra de intervención, porque con todo lo anterior ya es bastante.

La aprobación por parte del gobierno de la denominada tarifa de último recurso (TUR) en el sector eléctrico ha revuelto, un poco más si cabe, el confuso momento que estamos viviendo en el ámbito energético, en el que, como preámbulo, podemos señalar, o más bien constatar, cómo el discurso liberalizador no ha sido especialmente bien entendido. Lo cual no quiere decir que esté completamente resuelto y que esta situación de imperfección no sea una de las causas de esas críticas, quizá la más importante. O tal vez, esas críticas deberían llamarse incomprensiones.

Debemos señalar que la implantación de esta tarifa todavía tiene pendiente la fijación del mecanismo de cálculo de estas tarifas de último recurso. La piedra Rosetta, vamos. Quiere decirse que ni las empresas comercializadoras, ni los consumidores, saben en este momento cuál es el precio final de la energía que va a quedar como resultante y referente de la tarifa de último recurso una vez se complete el proceso de liberalización.

Por tanto, no se sabe el nivel de “aditividad” (palabra que encierra la filosofía y meollo de la tarifa de último recurso) ni cuál es el margen real para que se puedan ofrecer mejores tarifas a los ciudadanos y consumidores, porque de hecho, no se sabe cuál va a ser esta metodología y qué capacidad va a tener el regulador para colocar precios políticos. Algo que, lógicamente, es una ambición intervencionista y una tentación en momentos de crisis económica, unido al desastre existente en la concepción de la electricidad como un servicio o suministro intervenido, o la idea de que el mercado es peligroso para los consumidores, acostumbrados a vivir en su adormidera tantos años. No obstante, se trata de una cuestión que no es baladí, seguramente, y puede situar parte del nudo gordiano del problema de la liberalización, pese a que la situación de los precios de la energía en el mercado mayorista, fruto de la caída de la demanda, permiten una adecuación más o menos suave que lo esperábamos hace un año.

De hecho, eso posibilita que exista una reclamación casi contradictoria en todo el proceso. Por un lado, se ha ido requiriendo que la tarifa de último recurso, se extienda al número mayor de consumidores que sea posible (solución que se ha instrumentado bajando la potencia contratada de los que se pueden acoger a esta tarifa) y así los argumentos que hemos podido conocer al respecto señalaban al mercado como causa de todos los costes y desórdenes. Venían a decir así “¡Cuántos usuarios abocados a las razzias del mercado, esto no puede ser!. Teóricamente la tarifa de último recurso debería ser una tarifa tope, a partir de la cual las tarifas de otros comercializadores deberían ser menores, una vez que se desarrolle mercado y competencia en esta actividad.

La segunda crítica intencional es el hecho de que hoy no exista (y no existe) una oferta diferenciada por parte de las distintas comercializadoras. Cuestión que tampoco debería sorprendernos en la medida que, sin contar con el mecanismo de cálculo de la propia tarifa de último recurso, probablemente no sea posible que las empresas realicen ofertas por debajo de la misma. Volvamos a tener en cuenta que la tarifa actual sigue siendo una tarifa política, que incorpora déficit tarifario y que es insuficiente para cubrir todos los costes asociados a la misma. Por tanto, probablemente, una vez despejadas técnicamente estas dudas, sea más razonable que los operadores tengan información, actúen con mayor racionalidad y compitan. De todas formas ya empiezan a aparecer ofertas, además de la actividad en materia de comercialización que las empresas han venido realizando hasta el momento.

Quedan dos cuestiones que también han suscitado polémica, como ha sido el desarrollo, dentro de la tarifa de último recurso, de la denominada tarifa social o bono social que además, según había trascendido en las negociaciones entre empresas y gobierno, estaría encima de la mesa. En Energía Diario hemos venido señalando como el acuerdo al respecto, que era inminente, se había ido retrasando y parece que en ese “impasse”, es de toda lógica que se aplace su regulación y que lógicamente se concrete su contenido y alcance, toda vez que serían las empresas quienes se harían cargo de la misma.

En último caso, otra cuestión abierta es el caso de las pequeñas distribuidoras que han iniciado procesos de integración para el desarrollo de la actividad de comercialización, en la medida que esta actividad ha sido concentrada en las comercializadoras de último recurso. Este proceso, uno de los elementos complementarios de la reforma, seguramente que precisa de una definición del período transitorio, así como de conocer la reestructuración que se opera en ese sector que todavía abastece a un número importante de clientes.

En todo caso, diagnóstico: pasos para la configuración de la tarifa de último recurso, con fases pendientes y desarrollo incompleto. Alguna parte, regulación de brocha gorda, que necesita afinamiento y, más allá, necesidad de desarrollo del sector en el nuevo escenario, que seguramente ni nos lo creemos y en el que todavía hay que meter los dedos en las llagas. Si no, esto se puede convertir en el último discurso, liberalizador-antiliberalizador o, más bien, federales contra confederados.

La procelosa situación de la crisis económica empieza a abocar al Gobierno, queriendo o sin querer, en la necesidad de meterse en los problemas y gestionarlos, si no quiere que cada una de las cuestiones almacenadas acabe en un pudridero. Probablemente, de tanto darle patadas al balón hacia delante, hemos alcanzado la propia meta, situación paroxística que concluye en que el partido acaba de comezar con varias eliminatorias y tarjetas almacenadas. Así que, ahora cada una de las decisiones postergadas, demoradas, evitadas en tiempos de bonanza política, de templanza económica se convierte en un recurso agónico. Sirvan estas reflexiones más o menos oscuras o turbias el día posterior a conocer la intervención del Banco de España en Caja Castilla la Mancha, para reconocer que, probablemente, vivimos en un mini Apocalipsis: el final de los tiempos en los que la política se creía capaz de todo (algo que debe concernir a gobierno, oposición y a todo tipo de instancias, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), tendrá que dejar de regirse por el cálculo mediático y el marketing y tendrá que actuar “en serio”. Por tanto, el mensaje es “esto se mueve”, yendo las cosas mucho más deprisa de las que el “tempo político” permite digerir. Los idus de marzo y el tiempo de las boutades se acabó con el bochorno de la retirada de Kosovo (en la que cuanto más tiempo, digamos que todo ha pasado y todo está bien, todo estará más presente).

En el caso de la energía, seguimos con un problema grave y de fondo almacenado, un cadáver dentro del armario, como es la negociación para la liquidación del déficit tarifario, la financiación de esta cuenta aplazada y la articulación de una transición a la competencia en la comercialización, fruto de la eliminación de las tarifas reguladas tal y como las entendemos hoy. Proceso largamente aplazado por falta de voluntad política y esa suave adormidera que era poder acudir al crédito sin demasiados problemas. El hecho es que la expectación sobre el acuerdo final y su materialización en un Real Decreto-escoba que aborde estas y otras cuestiones, junto a la estabilización del marco regulatorio, se ha convertido ya en una patata caliente a la vista también del efecto “dilación” sobre las empresas, la credibilidad del sector energético y sus inversiones futuras.

En esto, tanto el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como Pedro Solbes están actuando de Clint Eastwood en «El Sargento de Hierro», de cara al aval público y la asunción de parte de la deuda eléctrica por parte del estado, siendo como es este proceso la prueba de fuego más ardua para Miguel Sebastián: conseguir el nudo gordiano del déficit tarifario. Hay que reconocer que el Ministro ha conseguido grandes avances; de hecho, el imponer un “frame”, un marco en el que la “quita” a tercios de la factura acumulada, fuera aceptado por todos, es ya un verdadero logro. La pregunta es, ¿será bastante?

Pero el tema del déficit tarifario no es el único que hay sobre la mesa o debajo de la mesa. El tema de la necesidad de abordar el futuro de la opción nuclear también se está poniendo de manifiesto con mayor crudeza e insistencia. Cada vez que miembros del gobierno aducen que es un debate cerrado, cercenado (en una sociedad democrática, ¿puede haber un debate cerrado o cercenado? ¿No es muestra de vitalidad que éste se produzca?), o que olvídense ustedes de poner este tema encima de la mesa, aparecen con mayor fuerza y vigor, incluso desde los propios sindicatos. Consecuencia: la falta de convicción que se deriva de esta situación. En esto, el Gobierno ha seguido la estrategia del avestruz y del mirar para otro lado, con el riesgo que conlleva de que le pille a uno la realidad con la cabeza dentro de la tierra.

Del mismo modo, tenemos abierta la renovación inconclusa de la Comisión Nacional de Energía, desde varios puntos de vista. La revisión de su funcionamiento y de sus funciones (función 14), tanto tiempo anunciada y que está pasada de tiempo en más de un año. Seguido de su composición, con cuatro Consejeros también fuera de plazo en su caducidad. Pero lo que está más fuera todavía de la realidad, es la credibilidad del organismo en su conjunto, por lo que es necesario pedir cambios urgentes de forma, que se den pasos para contar con un regulador solvente, con un modelo respetado (las llamadas desde todas las instancias públicas empiezan a ser insistentes), que ofrezca un marco de regulación y de supervisión más inteligente que severo (algo que, en este estado, no es capaz de proporcionar al sector energético, a la economía y a la sociedad española). A las pruebas nos remitimos tras los sucesivos papelones que ha protagonizado este organismo.

Reflexión, por tanto, para anunciar que empieza a moverse pese a la inevitable tendencia al inmovilismo. Porque, probablemente, las cosas no pueden esperar más y las actuaciones que haya que realizar tienen que ofrecer seriedad y respuestas a un contexto de incertidumbres.

Lo dicho, la cosa va en serio y esto se mueve. El largo día acaba.

La mayor parte de los errores que le pueden suceder a uno cuando utiliza un programa en el ordenador, navega por internet, se descarga fotos de una cámara digital o se instala un MP3, conllevan como mensaje de advertencia un botoncito que dice “More info”. Más información.

El pasado martes el Consejo de Administración de la CNE decidió pedir más información a Endesa a la vista de la reducción de inversiones que la compañía ha hecho pública estos días, en el mismo momento en que se ha materializado la separación de la actividad de renovables de la “antigua Endesa” hacia Acciona, fruto de la liquidación de los acuerdos parasociales de Enel y Acciona dentro de la compañía y la salida de Entrecanales.

Desde Energía Diario ya hemos señalado en varias ocasiones que es muy importante que, cuando se produce una operación corporativa que ha llevado aparejada la fijación de condiciones por los órganos de regulación y competencia, estas instancias efectúen el seguimiento posterior del cumplimiento de las mismas y que, al mismo tiempo, extremen lo que son sus obligaciones en materia de supervisión del sector energético y sus compañías. Por tanto, parece completamente razonable que la CNE efectúe este petición y este seguimiento.

En el mismo caso, o parecido, señalamos la operación de adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural, operación que ha dejado fuertemente apalancada a la compañía resultante, de la que se ha anunciado un importante recorte de inversiones, además de existir advertencias de las consecuencias de esta operación para la competencia: tanto en el mercado de aprovisionamiento de gas, en el mercado eléctrico por la integración gas-electricidad que puede afectar al precio resultante de las casaciones y, finalmente, en la comercialización de gas y electricidad en determinadas zonas geográficas dónde hay solapamiento de redes. Por tanto, hay que reclamar también a la CNE un seguimiento muy continuado de esta operación.

Pero hemos podido conocer que la CNE ha pedido más información a las empresas gasistas sobre cuestiones como son sus contratos de aprovisionamiento, contratos de suministro para determinados grandes consumidores, entras otras. Algo que ha provocado no poca inquietud en las empresas. Por tanto, la Comisión Nacional de Energía parece que quiere entrar en cuestiones que son de índole interna y/o comercial de las propias empresas. Saber, conocer, tener datos. Tampoco se sabe el objetivo de esta solicitud de información: si es seguir la línea de “conocer” costes y precios, en la línea argumental de identificar «márgenes» y seguir alimentando la teoría del intervencionismo regulatorio. Sobre todo porque hay que imaginarse que las empresas de este sector pueden aprovisionarse de gas en muchos momentos, con compras a plazo y con precios diferentes en cada uno. O, si por el contrario, el objetivo de esta petición es hacer unas buenas estadísticas, bien bonitas con sus cuadros y todo.

Además, lejos de conocer si es importante o no la información requerida y su objetivo, parece paradójico este comportamiento, tras la forma en que se han abordado las operaciones corporativas recientes y después de la “chapuza” de obviar en la operación Gas Natural-Unión Fenosa la función 14 y hacer un ejercicio de mirar para otro lado en la función 15 (consecuencias para la competencia en el mercado gasista de aprovisionamiento, mercado eléctrico y distribución, como señalábamos anteriormente). El problema, en ese caso, es el cuestionamiento básico de la legitimidad que ha introducido debido al papel que ha realizado en el trámite de estas operaciones, por parte de un organismo que no hace la necesaria vigilancia preventiva de la competencia, con seriedad y rigor, como cosa básica del necesario decoro de las instituciones de regulación. Por tanto, es razonable que desde la CNE haya peticiones de información a las empresas (con sentido regulatorio claro), así como seguimiento de las inversiones y las empresas en el ámbito de los mercados energéticos y las actividades que realizan. Pero también, debe ejercer el papel en estas operaciones que le correponde en el momento en que sus consecuencias negativas se pueden evitar.

Porque puede ser que al final todos los errores acaben en un mensaje. More info.

La semana pasada el experto en asuntos internacionales del diario El País, Carlos Mendo, señalaba a propósito de Rusia la siguiente frase atribuida a Winston Churchill: «Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma», cuestión que es plenamente aplicable al sector energético español, cuya vida pasa por varios procesos larvados y superpuestos que se contraponen/superponen y que, probablemente, van añadiendo presión a la olla.

Empezando por sus protagonistas principales, está claro que uno de los acontecimientos recientes fue la Junta General de Iberdrola, tanto por lo que se dijo, como por lo que traslució y aconteció. La semana pasada el presidente de Ignacio Sánchez Galán aprovechó la Junta General para pedir estabilidad regulatoria, en un momento de máxima incertidumbre, alimentado también por el misterio que rodea la resolución del déficit tarifario. Cuestión muy esperada y necesaria para las empresas, cuya resolución también ha sido anunciada en varias ocasiones, pero en cuyos meandros se han imbricado multitud de interferencias, inclusive desde Moncloa, y la tortuosa relación con Economía, fruto de la necesidad de conseguir avales públicos para la financiación del déficit tarifario (como el nuevo plan Obama).

Por lo pronto, hoy se discute en el Consejo de Administración de la CNE la siguiente revisión de tarifas, correspondiente al próximo trimestre, que, a todas luces, se anticipa que será una no revisión de tarifas. El no cambio propuesto supone que, fruto del cierto “superávit” de la tarifas integrales (a la vista de la evolución de precios en el mercado mayorista, caída de la demanda e hidraulicidad, entre otros factores, incluyendo los bajos precios del petróleo), se pueda compensar parte del déficit oculto en las tarifas de acceso que, sin reconocerlo, había dejado Industria en la anterior revisión de tarifas en una especie de limbo, hábilmente colocado para la siguiente fase negociadora. Por lo que parece, habrá anuencia entre Ministerio y CNE en mantener las tarifas y no asistiremos a otro espectáculo en plan Kosovo (algo a lo que el Ministro de Industria, Miguel Sebastián no está dispuesto).

Hoy también se producen nuevas subastas de capacidad, las subastas de energía virtual, las famosas EPE’s con la sombra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Real Decreto que las regula, un elemento de inestabilidad regulatoria incorporado al plano del embarramiento en el terreno de juego jurídico. Seguramente que la solución final de varias cuestiones como estas (y alguna otra trapisonda del anterior equipo energético, como la detracción de derechos de emisión) debería despejarse en un desenlace regulatorio de “amplio espectro”.

Sigue también el proceso de renovación de consejeros del organismo que preside Maite Costa. Las elecciones vascas y, seguramente, el run run que se escucha en el ámbito político dan una nueva dimensión a esta renovación, también aplazada y de la que no sabemos, hasta el momento, cómo funciona el juego por debajo de la mesa. Si es que lo hay, que en algún momento pareció peligrar, como cuando el propio Ministro señaló/denunció la falta de interlocutores en el Partido Popular.

Lo que no está en el trasunto misterioso, tras la Junta General de Iberdrola, es la vuelta a la casilla 1 en la controversia por la presencia en el Consejo de Administración de Iberdrola de los representantes de ACS (Florentino Pérez). Tras el requerimiento notarial de ACS, la reunión “cordial” que mantuvieron en la sede de la eléctrica, las declaraciones de Sánchez Galán, con un tono especialmente claro y sin ambages, vuelven a dejar las cosas en un suspensivo suspenso: “no es momento para ACS”. El castigo en bolsa de la eléctrica, más pronunciado por la inseguridad regulatoria y la crisis de financiación y crédito para acometer estas operaciones, vuelve a dejar las espadas en alto y deja una baraja en la mesa para que alguien la corte.

La energía es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma.