Ayer podíamos conocer cómo la caída de la demanda asociada a la crisis obligaba a parar los parques eólicos. Se trata de una cuestión que ya anticipamos en Energía Diario y que definimos como cambio de marco, de “frame” en el sector energético español, dada la magnitud que este fenómeno está alcanzando. Los últimos datos, confirman una caída al mes de abril del 13,4% y una reducción de la demanda en horas valle (nocturnas) de 23.000 a 20.000 MW.

Caída de demanda que está asociada a unos precios muy bajos en el mercado de generación (en muchos momentos cuestionado, pero que, en la medida que refleja en la formación de precios los aspectos de oferta, demanda y costes, se confirma como mecanismo eficaz y eficiente de asignación de recursos).

En sentido figurado, podemos denominar a este fenómeno, con todas sus manifestaciones y consecuencias, con una denominación de estrategia futbolística que el que fuera ex entrenador del Barça, César Luis Menotti (ahora que están de moda), señalaba como achique de espacios. Esta estrategia consistía en la utilización de las líneas defensivas muy por delante (subían mucho, en el argot, hasta estar muy próximas de la línea medular del terreno de juego), para provocar fueras de juego. Empezamos a ver la existencia de “fueras de juego” en la generación eléctrica.

Lo primero que tenemos que señalar es que parece que esta caída de la demanda ha llegado para quedarse. Las estimaciones más optimistas señalan que la recuperación de la demanda de electricidad no se producirá, como pronto, al menos en dos años. Por tanto, no nos encontramos solamente ante una cuestión que podríamos denominar “coyuntural”. Si esto fuera poco, estábamos acostumbrados a unos fuertes incrementos de la demanda que permitían aprovechar fuertemente la capacidad instalada, sea cual sea la tecnología de generación y sus costes. Por tanto, nos encontramos ante unas perspectivas y planificaciones construidas con una economía creciendo por encima del tres por ciento del PIB y con una demanda energética por encima del 2,5. Lo que demuestra que cualquier tiempo pasado fue anterior y que, como figura en los prospectos de los productos financieros, rentabilidades presentes no aseguran rentabilidades futuras.

Segunda consecuencia: la bajada de precios del mercado de generación (y de las materias primas) cambia los “precios relativos” entre las tecnologías. En consecuencia, en este período se van a producir reacciones lógicas y comportamientos a la vista de este escenario desde los distintos agentes económicos, incluyendo empresas, consumidores y administración. ¿Qué va a pasar con las tecnologías más caras ante un exceso de capacidad? ¿Por qué no se concluye la regulación de la retribución gestión de la disponibilidad? La respuesta es sencilla: porque hay exceso de capacidad.

En términos de inversión, seguramente que asistimos a la paralización de los procesos de inversión y la necesidad de rentabilizar el mix de generación. Por tanto, la batalla de las tecnologías por cubrir la demanda (decreciente) está servida y, detrás, seguramente otros intereses vinculados a los precios y suministro de las materias primas, empleo, financiación etc. ¿Cómo construir un nuevo escenario de primas para las renovables y de aumento de capacidad por tecnologías si la tarta se reduce? ¿Cómo conciliar la necesidad de asegurar la incorporación de la producción del régimen especial en el sistema, garantizando a la vez el funcionamiento de las centrales de carga base, térmicas y nucleares, cuya desconexión es muy compleja por cuestiones logísticas y de seguridad, en un escenario de demanda insuficiente?

Se trata de preguntas que no se pueden resolver acudiendo al pensamiento mágico: a los planes de futuro (de plazo incierto), a cambios de modelo que surtirán efecto en el medio y largo plazo, la regulación de oferta y demanda a través de la recarga nocturna de vehículos eléctricos, la extensión de los contadores inteligentes (casi en fase de prototipo), etc… Soluciones, en teoría más a corto plazo, serían las relacionadas con mejorar la capacidad de exportación de electricidad a través de las interconexiones, pero de eso (algo no tan viable como parece) hablaremos otro día.

El hecho es que empiezan a “pitarse” fueras de juego a los excesos de capacidad y habrá que cambiar el estilo de juego.

La Ministra de Economía, Elena Salgado, y la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, escenificaron hace unos días una rueda de prensa “a pachas”, modelo plató, en la que exhibieron su confianza en la aparición de los primeros síntomas de recuperación de la economía española. Salgado los definió como “brotes verdes”, en esta bien entrada primavera metereológica y parece ser que el propio Presidente del Gobierno los ve también y, además, acusa a los demás de agoreros y gafes por no convencidos o críticos por no verlos. Son los primeros destellos de la precampaña electoral a las Elecciones Europeas. Los esfuerzos fútiles de gasto público practicados por el gobierno hasta el momento de manera sistemática y poco selectiva (keynesianismo más allá del keynesianismo, keynesianismo “a la pata la llana” o a go go) deberían dar los primeros resultados y que así se domesticara esta tendencia al precipicio.

La osadía, además de llenar las páginas de los periódicos y las opiniones de los columnistas, ha sonrojado a muchos cercanos al propio gobierno y al mundo económico en particular. En privado, en el propio PSOE se reconoce un nivel muy alto de crítica hacia el actual equipo económico y hacia su líder actual, atemperado por la situación del principal partido de la oposición. Días más tarde, la Comisión Europea hacia público un informe muy duro con toda Europa, en general; más duro con algunos países en concreto como Irlanda, y en el que España, en particular, salía bastante peor parada que la media europea. De esa personalización banal de la culpabilización de la realidad, el Comisario Joaquín Almunia, casi vetado en los entornos presidenciales, volvía a reverdecer.

Pero centrémonos en el caso de la energía, porque esta crisis todavía no arroja “brotes verdes”, sino todo lo contrario. Sobre todo porque el consumo energético es el indicador más relevante de lo que ocurre en la actividad económica. La caída de la demanda de energía es de las más importantes que se recuerda y, probablemente, va a definir un “nuevo frame”, un nuevo marco para el sector durante mucho tiempo. Caídas del 13,46 % del consumo de electricidad internanual al mes de abril, caídas de la demanda gasista y caídas en el consumo de los consumidores industriales del 20 % pueden dar idea de la magnitud de la crisis que nos estamos encontrando. Las cifras son de escalofrío, de forma que, según se anticipa, para alcanzar la demanda a la que se llegó el año pasado tendremos que esperar unos cuatro años. Por lo tanto, también es hora de un ajuste en el sector energético.

Según se ha podido saber, Red Eléctrica de España ya lo ha incorporado en su planificación y empezamos a conocer cómo el Ministerio de Industria podría reducir las inversiones de los dos operadores de transporte gasista y eléctrico, REE y Enagás, en coherencia con estas nuevas previsiones. ¿Qué puede ocurrir con todas esas inversiones energéticas pensadas en tiempo de bonanza, de crecimiento al 3 % de la economía española y del 2,6 % de crecimiento de la demanda eléctrica? ¿Tenemos en cuenta que estas inversiones encarecerán los precios de la electricidad (no olvidemos que las infraestructuras de los transportistas se remuneran, se usen o no, y se pagan en la tarifa sean necesarias o no)? ¿Qué puede pasar con esa capacidad excedentaria de estas instalaciones? ¿Cuál puede ser el futuro de esa promesa política que es El Musel, junto con más gaseoductos e interconexiones, que la harían doblemente inútil? ¿Cómo puede ser que los operadores de transporte señalen, como anticipó Antonio Llardén en una rueda de prensa, que la ejecución de sus inversiones pueden contribuir a salir de la crisis, si no hay demanda que lo pague? ¿No se verán afectadas por lo que está pasando? ¿Quién paga todo eso? ¿Qué puede ocurrir si se cumple que saldremos más tarde y peor de esta crisis que el resto de países europeos?

Más efectos y configuración de este marco para el sector energético: caída de precios de la energía y las materias primas, resultado directo como consecuencia de esta crisis de demanda. De hecho, hoy encontramos precios muy bajos en los mercados mayoristas, donde la competencia en el mercado de generación se ampliará y la capacidad sobrante es creciente (de hecho, hoy sigue sin regularse la remuneración de la disponibilidad, por algo será). Y también, en consecuencia, esto se traduce en una reducción de la actividad de las empresas y de sus resultados. Del mismo modo, podemos atisbar cómo de cara a la planificación de la generación futura se encarnizará la lucha entre las distintas tecnologías del mix español. Más asuntos: volverá el debate de las primas a las energías renovables, como ya ha insinuado o filtrado algún medio de comunicación (veremos con qué alcance o efectos).

En tanto, el Ministro de Industria, experto en macroeconomía, hombre que proviene del mundo financiero y que conoce en mayor medida que el resto del Ejecutivo actual los mecanismos económicos de esta crisis, seguramente que no pronunciará en mucho tiempo una frase que contenga “brotes verdes”, con independencia de que lo fácil sería, en una pirueta política, en un guiño al jefe, unirlo al desarrollo de las energías renovables con la futura ley del ramo en la mano, lista para su presentación pública. Seguramente que se guardará mucho de proferir estos dos vocablos, sustantivo y adjetivo.

Brotes verdes.

La promulgación del R.D.-Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, junto con la aprobación del R.D. 485/2009 en el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso, configuran dos normas que permiten, en el primer caso, resolver problemas generados en el pasado más reciente (y no sólo el déficit tarifario, como veremos más adelante) y abordar un escenario de avance en la liberalización del sector, en el segundo.

Cuando decimos que estas dos normas no sólo resuelven, en un modelo latino (es decir con gradualidad, transitoriedad y plazos) la cuestión del déficit tarifario, podemos señalar también cómo aborda, quizás, otra cosa de enorme gravedad: la situación de precariedad regulatoria heredada de la etapa Clos-Nieto, caracterizada por una regulación muy arriesgada, improvisada, atrabiliaria y espasmódica, conformadora de medidas que han generado una fuerte inseguridad jurídica, una falta de estabilidad regulatoria, el olvido de las condiciones empresariales y financieras del sector, incluyendo la tendencia a cuestionar el funcionamiento del mercado y del propio modelo de liberalización. Si bien, todo lo roto no se ha arreglado, sí que se han enviado señales muy claras de cambio de rumbo.

En todo caso, se había llegado a una situación impropia de un sector que necesita fuertes inversiones para que cumpla su misión de suministro de electricidad a ciudadanos y empresas. Por tanto, las soluciones y medidas recogidas en estas normas podríamos decir que hubieran sido impensables hace año y medio, con independencia de que fueran sus creadores políticos los propios responsables de su solución. El hecho es que el déficit tarifario como criatura prometeica estaba concebido en ese momento y por determinados apoyos “intelectuales retroprogresivos” como algo solucionable con un “golpe de Estado” regulatorio, al que estábamos acostumbrados de manera inexplicable. Por tanto, no era en sí un problema que tuviera el recurso de la arbitrariedad. Por eso, el de qué venimos es importante, porque no solamente había creado el problema, sino que era parte del problema.

En ese proceso, hay que señalar que se habían producido fuertes regresiones en el proceso de liberalización del sector, medidas como las emisiones primarias de energía con poco sentido incluso desde su finalidad presunta o, directamente, movimientos expropiatorios de dudosa estofa y menos garantía jurídica como la detracción de derechos de emisión (que acabarían mal en la esfera judicial). El caso, es que el rosario de procesos judiciales embalsado y con no muy buenas perspectivas para el regulador tenía toda la pinta de que empezaba su deshielo y las sentencias negativas inspiradas en las posiciones más intervencionistas del sector (el intervencionismo es la negación del estado de derecho). Industria, en este caso, ha optado por la solución menos heterodoxa, no por la solución más ortodoxa, ya que la ortodoxia pura existe, pero no es posible o no es razonable. Por tanto, este Real Decreto-Ley con la derogación del famoso R.D. 11/2007 acaba con los atisbos y las insinuaciones de persistencia en una medida disparatada judicialmente.

En segundo lugar y cuando decimos que el escenario permite abordar un avance en la liberalización real del sector, quiere decirse que con estas medidas se configura una caja de herramientas más o menos suficientes y, al mismo tiempo, susceptible de mejora y de buen uso, cosa que se confirmará con los próximos pasos de Industria. Por ejemplo, es necesario resolver la capacidad de que las actuales distribuidoras puedan ejercer de comercializadores de último recurso, que vayan subiendo tarifas de acceso y peajes, de forma que se reconozcan los precios reales y al mismo tiempo que la tarifa de último recurso sea completa (aditiva) para que puedan existir ofertas y competencia para los clientes. Quizá habría que señalar que el escenario de avance en la liberalización no es tan intenso, ambicioso o rápido como cabía prever, pero supone cierta inflexión en la tendencia que mostraba el anterior equipo contra el modelo de liberalización que prevé la directiva europea y sus continuos esfuerzos por zafarse de ello.

Por ese motivo, la semana que viene analizaremos y recogeremos las reacciones a este Real Decreto, pero podemos señalar que, en general, es una medida que conduce a normalizar una situación artificialmente anómala, inflada por las malas prácticas regulatorias precedentes. También analizaremos otras cuestiones como los registros de preasignación o el bono social, que son cuestiones también abiertas con esta normativa encima de la mesa.

Hasta ahí es una buena noticia, la conformación que se haga de la tarifa de último recurso, el impulso a la comercialización y de la competencia dictarán el avance liberalizador y su plazo que, en todo caso, no parece que sea corto. Por ello, hay que valorar positivamente este avance y el que las posiciones intervencionistas finalmente hayan sido soslayadas. Lo que viene ahora es gestión y la tendencia hacia esa normalización apuntada ahora. Paciencia y barajar.

Este sí sería uno de los ejemplos en que el lema de la campaña presidencial de Obama es aplicable plenamente. Ese, «Yes, we can», que hace referencia a dos cuestiones: afrontar los problemas económicos, unido a la vuelta al rigor y la seriedad como elementos que cimienten el futuro de la economía. Quede claro que, pese a las lecturas torticeras, Obama no viene en todo caso a intervenir la economía, ni a cuestionar el libre mercado. En este sentido, la aprobación del Real Decreto para la eliminación del déficit tarifario, con todas sus luces y sus sombras, ofrece distintas lecturas al respecto, así como consecuencias y aprendizajes para el futuro en términos positivos.

La primera, lógicamente, en términos de lo que los expertos en negociación señalan como “comportamientos tractales”, se refiere al contenido objetivo de la negociación: por un lado, el aval del Estado al déficit de forma que pueda ser financiado (en una fórmula muy parecida a la que se instrumentó con la moratoria nuclear), junto a una clarificación de los contenidos de la tarifa: atención por parte de los Presupuestos Generales del Estado al coste del suministro extrapeninsular.

A cambio, parece que el coste se centra en el bono social, las subvenciones al carbón y la atención a los gastos de los residuos nucleares. La primera, una cifra nada desdeñable en la medida que ya el colectivo de consumidores con una potencia inferior a 3,3 kV es alto, más de cinco millones de hogares, más aquellos otros consumidores que puedan añadirse por cumplir los requisitos que establece el Real Decreto, junto con un período de aplicación también amplío. Lo que sí es evidente es que el tiempo transcurrido ya exigía una resolución y, de hecho, parte de esa situación de nerviosismo parece que se trasmitió en los instantes finales de la negociación, cuando su acuerdo final era “despistado” (gracias a la intervención intervencionista) en el último momento y en sucesivas ocasiones, pese a las alineaciones de Industria y Economía y la resolución de los inconvenientes existentes en otras instancias ministeriales y de la Administración.

Por ello, se puede decir que los mecanismos de negociación han funcionado y que todos se han dejado pelos en la gatera, expresión que señala que en una negociación todos ceden algo (o mucho). El hecho es que la situación se había vuelto insostenible: el déficit se había instalado en los balances de las empresas por la incapacidad para gestionar su financiación (motivos políticos, más coyuntura económica) y las empresas eléctricas españolas estaban fuertemente penalizadas en la Bolsa por la inseguridad jurídica y regulatoria de esta situación embalsada.

Lo primero y más importante de todo esto es que se consiga avanzar en el proceso de liberalización y que, como está sucediendo en el caso del gas, puedan existir subidas y bajadas de precios que puedan percibir los consumidores junto con la competencia en la comercialización.

Lo segundo, es que esta actuación permita resolver la deuda pendiente, mediante mecanismos razonables y sin las alternativas que se alentaban desde los sectores más retroprogresivos (partidarios del “pío, pío que yo no he sido”) en referencia a las decisiones pasadas de no elevar las tarifas, acudiendo al mecanismo de la financiación. Llegado el momento, su posición era incluso olvidarse de esa deuda, lo cual diría poco de la confianza en este sector y en nuestra economía. Pero, a nuestro pesar y por extraño que pueda resultar, partidarios de eso existen, que quede claro. Finalmente, se ha optado por una solución excepcional pero mucho más ortodoxa.

Una tercera cuestión es el post acuerdo: la necesidad de mantener estabilidad regulatoria y seguridad jurídica en el sector energético, superando el reciente ominoso del anterior equipo del Ministerio de Industria de mal recuerdo y que tanto está costando desde el punto de vista para solucionar los problemas generados. A la par, la importante transformación en la propiedad de las empresas energéticas españolas va a impedir la facilidad con la que se habían producido las trapisondas regulatorias del pasado reciente, lo cual también debe resultar una garantía de futuro.

Por tanto, y a la vista de las condiciones del mercado eléctrico, de los acuerdos conseguidos, podemos decir que sí es posible desbloquear la liberalización pendiente e interrumpida, introducir mecanismos de competencia en el sector energético y proporcionar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en el sector energético. Se ha comprobado.

«Yes, we can».

Parece que, ahora sí, estamos en la fase final del proceso de negociación para resolver el problema del déficit tarifario, figura anómala, absurdamente tolerada, auspiciada e insuflada por políticas tarifarias alegres en momento de bonanza económica, en la concepción de que la energía para un país que no tiene fuentes propias debe ser el último reducto de la intervención del Estado y que la subida de los precios internacionales y de las materias primas, trasladada de forma eficiente a nuestro mercado, no va con nosotros. Ilógica económica, oportunidad política o procedimiento del avestruz, ese es el pasado del problema y en este problema han ido conchabados un número importante de Administraciones y reguladores “independientes” hasta el momento, de forma que la patata caliente ha caído en el actual Ministerio de Industria, por mor de que ya no eran posibles tampoco nuevas estrategias de escapismo. Estamos por ello ante un hito que merece mucha atención.

Llegados a un punto en que su cifra y su financiación era imposible e insostenible por muchos motivos, las consecuencias para las empresas y para el sector eran inimaginables en cualquier sociedad democrática avanzada, se hacía necesario el resolver esta cuestión y no se podía hacer, como era la pretensión del sector más retroprogresivo de la energía, por la vía de la expropiación, por mucha demagogia y buenismo político expresado en: las empresas son malas malísimas, pobres ciudadanos que consumen electricidad y sube, menor eficiencia energética por una política de precios energéticos falaz, etc…

Hay que reconocer que este pacto (que se anuncia para un período de 3-4 años) era muy costoso de conseguir, en la medida en que los flecos eran muy importantes, la transición de determinados usuarios hacia tarifas y contratos libres; pero también el momento en términos de precios energéticos y caída de precios de las materias primas era para no desaprovecharla. Parece que, al final, ha sido posible la alineación pese a las presiones y “hoolingans” contrarios a este acuerdo, teniendo en cuenta que se han empleado a fondo para evitarlo.

Hagamos un análisis por piezas, actores y argumento. En primer lugar, el proscenio: en el macroescenario, fuertes presiones para cuestionar el marco legal actual y la liberalización del sector (aunque es el modelo que propulsa con claridad la Unión Europea), una cierta nostalgia y revisionismo de algunos sectores hacia el marco legal estable y el cuestionamiento del mercado eléctrico, en definitiva, debates paralelos lanzados en paralelo. Por otra parte, dificultad de financiación de esta deuda sin el aval del Estado, medidas recientes en el ámbito regulatorio que habían “embarrado” el terreno de juego, judicializado el sector, desordenado el marco regulatorio, reducido la seguridad jurídica, empeorado las cuentas y los balances de las empresas, puesto en peligro la inversión futura, producido la pérdida de credibilidad del sector energético y de las calificaciones de solvencia por las entidades de rating y riesgo, etc….

De este acuerdo todavía no se conoce la expresión concreta en términos de cifras y montante económico y la materialización de las distintas partidas y conceptos (pasados y futuros). Sobre todo porque, como se ha podido saber, no se ha dispuesto de ningún documento al respecto que recogiera las propuestas. Será necesario, en todo caso, conocer de forma más concreta el alcance del mismo, aunque en todo momento la rebaja que el Estado ha conseguido ha sido muy importante, así como también la asunción de partidas de los costes asociados por parte del sector (bono social, gestión de residuos nucleares, subvenciones del carbón).

Los hooligans han estado empeñados en sabotear el acuerdo sobre la base de filtraciones e influencia en determinados círculos de Moncloa, donde estaban apostados. Cada vez que se limaban los problemas en la negociación o con el Ministerio de Economía a efectos de los avales para su financiación, se producía una filtración que dinamitaba su travesía a buen puerto. Ayer mismo, pudimos comprobar probablemente uno de los últimos intentos: cómo la cuestión de los derechos de emisión de las eléctricas volvía a reverberar, presentándose como moneda de cambio y como que son “ingresos extras”, cuando su naturaleza en el pasado ha sido de entrega gratuita a las empresas, pese a que en el futuro parece que se subastarán (para todos los sectores incluidos en el Plan Nacional de Asignaciones estos últimos años). Hoy, por ejemplo, se filtran dos cartas remitidas a la CNE por Iberdrola y Endesa, enviadas por las empresas durante el proceso de negociación y sus respectivos fracasos.

También es necesario tener en cuenta el postacuerdo: tiene que consistir en un movimiento conducente a aumentar la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y normalización del sector eléctrico y sus subsectores, evitando prácticas regulatorias recientes que no son sanas ni para la economía española, ni para el sector y ni siquiera, con la concepción más paternalista o intervencionista que se precie, para los consumidores.

Por eso, parece que ahora la cosa va en serio. La noticia, a falta de su concreción, es buena y se puede calificar de histórica. Y está pasando. Lo estás viendo.