La semana pasada en su columna habitual en el diario Cinco Días, Miguel Ángel Aguilar, periodista de raza y maestro en la profesión, volvía a tratar uno de sus temas más recurrentes en ese rotativo: la presunta diferencia entre costes y precios en el mercado de generación de electricidad. Aguilar partía de Machado para señalar la necedad de confundir valor y precio, para incurrir en otra que es confundir precio con coste, de forma que lo que deben fijarse son precios correlacionados con los costes, surtidor inagotable de la grave carencia en materia de cultura económica que arrastra nuestro país y en el que arraigan argumentos de otra época, de otro momento y de otro lugar. Aguilar recibe “informaciones” con poco filtro y con poco equilibrio y eso se traslada a la construcción de su opinión, incluso con la forma de repetir los argumentos, que en algunos casos es hasta ciertamente mecánica y ajena a su propio lenguaje. Lo que seguramente conoce menos, son las consecuencias de lo contrario del modelo que tenemos actualmente, el mercado, dado que lo dibuja como modernez insoportable, siendo como es, un hombre progresista y que reconoce la evolución social de nuestro país. Y, han sido los mercados y la competencia los que han desarrollado una economía moderna.

La teoría es sencilla, en el mercado de la electricidad se fija un precio único del kilowatio, y ese kilowatio producido “produce” mayores diferencias dependiendo de la tecnología que lo produzca. Contra esas diferencias se muestra Aguilar y las señala como causantes del déficit tarifario, así como peso muerto para resolverlo. Al menos, después de un tiempo, hemos avanzado y se habla de déficit tarifario con conocimiento y con una cierta visión común de lo que es, aunque no de su causa o de la forma de resolverlo.

En todo ello, como sustrato ideológico, un informe que el Consejo de la CNE aprobó de forma irregular (el anterior director de Regulación incorporó el contenido de un informe elaborado por un consejero concreto, Jorge Fabra, con datos que obviaban hasta la propia contabilidad de las empresas) forzando hasta obtener grandes diferencias entre dos tecnologías: la nuclear y la hidráulica y cuestionar el propio mercado. Este mismo “informe” (que podría ser una Teoría sobre la Justicia Distributiva de las instalaciones de generación energética y de sus kilowatios, si nos ponemos), ha servido de ariete también contra las energías renovables. Se trataba de volver a modelos que tanto nos recuerdan al pasado franquista, en que se intervenía todo y existía un sentido de justicia falangista, que tanto ha hecho para que los españoles confundan socialismo con nacionalcatolicismo, y por supuesto, no reconozcan ni el funcionamiento de un mercado, ni en pintura. Dios, patria, pan, justicia y nobles próceres que fijen la retribución de los humanos dedicados a las actividades empresariales. Anhelo de empresa pública, chóferes, ordenanzas. Lo moderno no es el mercado, es por tanto, el extinto INI.

Evidentemente en todos los sectores, con sus distintas empresas, cada tecnología tiene costes diferentes (coincidan o no con los calculados mediante metodologías puramente académicas y torticeras). El eléctrico no es diferente. Y, lo que es más evidente es que nadie acude a un mercado a preguntar cuándo le venden un producto o un servicio en concreto, que cuánto le cuesta. Pruébenlo a ver si sale. Y, cuando ha pasado, se ha utilizado para que las empresas tendieran a aumentar sus costes para que les dieran una mayor retribución. El monopolio, siempre es más caro que el mercado para el consumidor. Es decir no había incentivo, ni a la inversión ni a la eficiencia. Eso sí que es “plusvalía”. Seguramente, Aguilar se quedaría sorprendido de lo que “cuesta” un SMS a una operadora de telefonía con respecto a su precio final, contra los que no mantiene paradójicamente una cruzada tan frontal. Es decir este debate es artificial y “provocado” desde instancias colindantes con las teorías retroprogresivas que alimentan el susodicho Informe.

Y también cada tecnología en la generación eléctrica tiene funciones diferentes, aunque parece en teoría comparable el precio de un kilowatio nuclear con uno hidráulico, o con uno obtenido en una central de carbón, lo cierto es que una central hidráulica se usa muchas menos horas al año porque es un tipo de tecnología que se utiliza para lo que son momentos “punta”. Y otras tecnologías son la base que mantiene el sistema eléctrico en términos de producción. Quiere decirse que, dado que todas las empresas tienen sus propios activos de generación, su resultado también es “medio” y que todas combinan sus distintos activos, por lo que los resultados deben ser conjuntos de las empresas y para nuestro mercado, el español.

Para ilustrar estos argumentos se señala que no se pueden construir nuevas centrales hidráulicas o nucleares, aunque otro fenómeno mediante el cual se suprimen esas barreras de entrada es la adquisición de empresas y activos, si están lo suficientemente bien valorados. Además, en un contexto como el Mercado Ibérico de la Electricidad, nuestro vecino luso está construyendo nuevas centrales hidráulicas a las que nuestras empresas aspiran. Por tanto, los argumentos simplistas y “justicialistas” a la forma de un peronismo energético, tienen poca sostenibilidad y poca resistencia para una discusión más o menos seria.

El segundo “argumento” blandido, esgrimido, en esta, eso sí, vehemente columna es que no se puede resolver el déficit tarifario desde los precios. Algo que es radicalmente falso. En paralelo, porque la causa real del déficit es la incapacidad política continuada para adecuar los precios de la energía a los ciudadanos y hacerles pensar que son venezolanos y que pueden gastar sin tasa. Por eso esa sorpresa con la labor didáctica que trata el Ministro de impulsar con el ahorro (cuestión cierta aunque insuficiente, son los precios los que moderan el consumo). Hay formas en el corto plazo y en el largo plazo: en el corto plazo, que las tarifas se ajusten al precio de mercado. En el largo plazo, que haya capacidad instalada excedente y tecnologías eficientes compitiendo entre sí. Pero claro, hay que competir. ¿Quién proporciona estos argumentos “tan sólidos” a los medios de comunicación, contribuyendo a boicotear las políticas de ahorro y eficiencia energética?

Un mensaje que no podría ir más allá de una cierta ‘boutade’ intelectual más o menos izquierdista/izquierdoide y más o menos, contraria al mercado, consecuencia de una aplicación de la teoría marxista de la plusvalía aunque sea por instalación, versión peculiar. Pero sucede que, obviamente, esta opinión no es inocente, en el momento en que se está negociando cómo acabar con el déficit tarifario, figura resultante de la diferencia entre la tarifa cobrada a los usuarios y la tarifa que realmente saldría de calcular todos los costes y precios que se deben incorporar, sin «ajuste político». Por eso, habrá que preguntarse quién y cómo está empeñado en aportar estos argumentos, sin su contraparte, sin su correlato en los efectos en el medio plazo de fomento de la inversión o de fomento de la competencia hacia empresas e instalaciones más eficientes. Así se han incorporado más de 23.000 GW en pocos años, gracias al mercado, saliendo de una situación de regulación basada en costes reconocidos.

La ortodoxia en garantizar en el sector eléctrico que estamos ante un mercado ha desatado una fuerte reacción entre los retroprogresivos (colectivo de ‘intelectuales’ defensores de la vuelta a una especie de Marco Legal Estable de precios regulados por tecnología y costes) contra el actual Ministro de Industria (cuyas ocurrencias en determinados momentos a la hora de tratar las cuestiones más serias le pueden pasar factura), y probablemente, contra la Unión Europea que promueve la liberalización de los mercados de la energía y, siguiendo ese camino, contra la caída del muro de Berlín y el resto de instituciones económicas internacionales. Y, contra el mundo, y contra Obama que, cree en los mercados y en la buena regulación, ahora que en tiempos de crisis, la necesidad de buena regulación se confunde con una rapiña intervencionista, más Estado como sea, que admite pocos matices a la hora de volver al gasto público (productivo o no), a las empresas públicas y denostar la iniciativa privada y el mercado per se, por la vía de volver a un modelo de sucursalismo político de las empresas y no de libertad, bien entendida, gestionada y bien regulada. No amaestrada.

Hoy en el mismo medio, se habla de lo que ha sido una constante en el sector en los ultimos años. El riesgo regulatorio. Continuará.

La irrupción de la compañía privada rusa Lukoil en el panorama empresarial energético español con su interés por entrar en Repsol mediante la compra de un importante paquete accionarial (el de Sacyr Vallermoso y un 9% de Criteria) no ha sido una sorpresa. En primer lugar, porque el ruido de campanas ya estaba entrenado desde que se empezó a especular recientemente con la posibilidad de que Gazprom (otra compañía rusa, esta vez pública) entrara en liza por participar en la, actualmente, petrolera hispano-argentina.

La reacción a la noticia ha sido contradictoria, al menos aparentemente. En primer lugar, han surgido los primeros demonios familiares consistentes en un modelo de resistencia del “españolismo” cosmopolita de Repsol. Una llamada quizá a un proteccionismo de baja intensidad en un sector estratégico. Pero, al mismo tiempo, y con la boca pequeña, la situación en este caso de Sacyr Vallermoso y la necesidad de buscar comprador a ese paquete accionarial que alivie la deuda y los avales de la constructora, han hecho más laxo, e incluso más hueco este discurso, que enseguida se ha suplantado con otro, el de libertad de mercado, combinado con que Lukoil es una compañía privada completamente, con lo cual nadie puede oponerse a las fuerzas del mercado. Como hemos podido leer en varios medios de comunicación, parece que el propio Ministro de Industria ha participado en las conversaciones con las empresas rusas y hay medios de comunicación que se atreven a más, llegándalo a calificarle de “broker”.

Por su parte, la oposición política, casi en pleno, considera que se trata de una operación estratégica y que la compañía española no debería entrar en la órbita de empresas que no pertenecieran a la Unión Europea y lanzan sospechas sobre el modelo de capitalismo emergente ruso. La red de disttribución y estaciones de servicio y la participación en Gas Natural (por su parte, incursa en la adquisición de Unión Fenosa) confirman el efecto dominó que puede tener la compra. Hay que tener en cuenta que las relaciones en el ámbito energético entre Rusia y la Unión Europea están en el trasfondo de la operación, lo que evidentemente, alimenta más la suspicacia que podría tener mayor resonancia si lo llevamos al terereno europeo.

Puede llegarse a interpretar que la opción Lukoil puede ser el Plan B de las autoridades rusas, dadas las reacciones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión Europea cuando se empezó a desvelar el interés de Gazprom por la petrolera. Sobre todo de cara a que debiera existir reciprocidad en la posibilidad de adquisición de compañías rusas. En todo caso, si que parece que la construcción actual del sector energético ruso despierte fuertes recelos en el ámbito europeo (motivos geoestratégicos no faltan) y que la operación no sea una “perita en dulce” políticamente hablando para nadie, pudiendo convertirse en un caramelo envenenado. De hecho, y de ahí el título folletinesco/detectivesco de este artículo, a la medida de las películas del agente 007, hasta los servicios secretos parece que han intervenido advirtiendo de los riesgos de la operación a Asuntos Exteriores, según se ha podido conocer hoy.

En el fondo de la cuestión, todavía queda por resolverse tanto en el seno de la Unión Europea, como en su perspectiva económica internacional cuáles deben ser sus relaciones empresariales y políticas, intra y extra comunitarias más allá de los sustos puntuales. Hemos asistido a operaciones e intentonas de operaciones en los que empresas públicas han intentado hacerse con empresas privadas (en el ámbito intraeuropeo), y a operaciones en las que las condiciones de participación y adquisición de empresas no era simétrica ni recíporca entre países. Por otra parte, es en el plano energético en el que las condiciones para la realización de operaciones encuentran más resistencia desde las autoridades comunitarias de competencia. Y, esta situación y contexto, es si cabe, aparece más amplificada en esta operación, dónde además se contemplan los intereses geoestratégicos con su mayor crudeza. El modelo de proteccionismo súbito de los sectores empresariales (es decir, el que aparece cuando hay una operación en ciernes) es tan perjudicial como el modelo de libre mercado (súbito y sin simetrías).

Imaginemos que esta operación en lugar de lanzarse desde Rusia, fuese desde una petrolera norteamericana quien la detonará. ¿Tendría todas estas reacciones?

Y, mientras, la CNE y su función 14 con estos pelos.

El título de este artículo está sacado de una novela del escritor italiano Antonio Tabucchi, “Se está haciendo cada vez más tarde”, con extraordinaria finura, es una novela epistolar, un libro donde un protagonista esencial es el tiempo, incluso dónde los tiempos se vuelven del revés y las personas se extravían.

Una situación de estas característias es la que estamos viviendo en el caso de las “negociaciones” (o lo que sea) entre Industria y el sector eléctrico para resolver el déficit tarifario y completar el proceso de liberalización, por otra parte, una patata caliente, abrasiva, dejada y abandonada a su suerte por las anteriores Administraciones energéticas (que además vivieron los tiempos de bonanza económica pero con poco sentido común).

En este ámbito, los sucesivos aplazamientos que están teniendo lugar en la ronda de reuniones que el Ministro de Industria iba a tener con los altos directivos de las empresas eléctricas y con UNESA, no es una buena noticia, dado que el proceso de liberalización de las tarifas eléctricas se precipita por motivos ya sólo de calendario (por un sucesivo proceso de dejación política que recae sobre el sector eléctrico). Y es que la ausencia de acciones y de un plan completo que aborde los cambios que precisa el sector es un elemento que introduce fuertes incertidumbres, y ha pasado de ser prudente a ser temario. No transmite una visión o un modelo y sobre todo porque se puede acabar abrazando el recurso fácil de la demagogia o la incapacidad gestora.

Hay que tener en cuenta que aquí. el tiempo está jugando en este escenario. El tiempo (y los cambios que operan cuando se dejan pudrir las cosas) es lo que ha provocado por ejemplo que hoy se tenga que colocar en el mercado la deuda tarifaria de ayer y sea imposible, por motivos de los mercado financieros y de una actuación verdaderamente lamentable y desastrosa en el proceso de colocación. El tiempo es quien ha llevado al borde del precipio un proceso manejado con criterios de política de baja estofa: la que no quiere resolver problemas, la que no quiere reformas, la que no los quiere abordar seriamente (sin rigor) y la que los evita hasta que no se puede hacer otra cosa.

Por otra parte, ayer conociamos a través del diario Expansión la intención de Industria de reclamar a las eléctricas miles de millones derivados de los CTC, en un intento de rescate de una figura extinta jurídicamente, pero a la que se trata de insuflar oxigeno por el procedimiento de la respiración artificial, y por eso, casi se narra su vuelta en términos pugilísticos y épicos. Se trata de exhibir un espantajo legal a efectos de esa negociación, apremiada por la inminencia del proceso liberalizatorio y la situación incendiaria de la imposibilidad de colocar el déficit en los mercados financieros (lo que ha convertido a las empresas en prestamistas, dejando en el balance esta morosidad).

Y ahí viene otro de los problemas, la tentación del atajo, de la solución fácil, del decretazo. Las últimas administraciones han estado encaramadas a la chapuza permanente en el sector eléctrico, buscando soluciones oportunistas y atrabiliarias para reducir la factura energética: confirmando el uso político de la tarifa (algo que nadie duda, con la electricidad más barata de Europa y subvencionada, como si fueramos venezolanos). La detracción de derechos de emisión sobrevenida (y por procedimientos más que dudosos) o el chalaneo con la retribución de determinadas actividades, son ejemplos a los que hemos asistido con evidente falta de pudor, además del riesgo de judicialización de los mismos.

En este estado, los retroprogresivos, apostados, están en línea de salida para hacerse con soluciones “imaginativas”. Volver al pasado, marco legal estable y tentetieso. Costes reconocidos, no al mercado, ineficiencia en el sistema. Soluciones de marcado carácter expropiatorio como la vuelta de los CTC’s. Son los que más han aplaudido el fracaso político y del Estado en la figura demoníaca del déficit tarifario. Todo ello, menos asumir que la energía tiene un coste, menos diseñar y negociar una transición digerible, razonable, gestionar la colocación de los activos del déficit tarifario, refinanciar la deuda. Es decir gestión, gestión, gestión y oficio. Es la hora de la seriedad.

Todo ello, provoca que haya una situación semejante a la parábola del hijo pródigo (decidimos en el pasado ser manirrotos, no asumir los precios de la energía, o que unos se los subvencionen a los otros y, hoy, vía votocracia y boletín oficial del Estado, podemos desdecirnos ¿alguien puede estar tranquilo?) y no sería tan grave (que ya lo es), si no fuera porque además lo que se está jugando es la seriedad de nuestra economía, la seguridad jurídica, el respeto a los marcos legales, la inversión futura y riesgos observados de forma oportunista por los ciclos cuatrianuales o menores.

Y es que además, desde la Comisión Europea, nos están mirando, el espectáculo para evitar hacer lo que se debe hacer se puede ofrecer nuevamente (y ya tenemos bastantes reprobaciones en el ámbito energético). No valen las bombillas, las ideas felices o los proyectos al 2050 para resolver el problema que nos quema en las manos y que ha llegado a un estado de excepcionalidad jurídica. Nos están viendo y se está haciendo cada vez más tarde.

La presencia en los medios de comunicación de noticias referidas al efecto de la elevación de los precios de la electricidad por el tránsito a un escenario liberalizado sobre determinadas industrias han vuelto a cobrar actualidad. Son noticias que tienen un denominador común. El de una empresa que pertenece a lo que se podría llamar industria pesada siderurgia o cementera, multinacional, que está afincada en España y que estaba sometida a un tipo de tarifa de alta tensión que entrañaba precios de la energía por debajo de los precios reales y por debajo también de la tarifa que se aplicaba a los consumidores residenciales. Y que en el escenario actual, expresa su malestar por los nuevos precios de la energía.

Lo que si parece demostrado es que esa transferencia de los precios que soportaban los consumidores residenciales a los grandes consumidores, es cierta, sólo que se justificaba en motivos de “fuerza mayor”, es decir, por el bien común nacional. El mensaje, añadido e incorporado, era una amenaza más o menos velada de deslocalización industrial, de razonable preocupación en momentos de crisis.

Segundo, un escenario redivivo, un cierto deja vú, percibible en el hecho de que el año pasado cuando se trató la forma de retribuir los denominados servicios de “gestión de la demanda”, fórmula instrumentada para retribuir determinados servicios a las empresas que ponen a disposición del sistema eléctrico determinadas facilidades como la interrumpibilidad o la energía reactiva. Por estos servicios las empresas perciben una retribución específica, que se articula como mecanismo de reducción de su factura eléctrica, y al mismo tiempo se puede intervenir en el sistema ante problemas de indisponiblidad o de cuellos de botella.

Situación que por otra parte, cada vez se ha venido reduciendo en su incidencia, fruto de la disposición de mayor capacidad de generación en nuestro país (ciclos combinados y renovabales incorporadas en los últimos años). La última vez que sucedió un apagón de las empresas interrumpibles, sucedió, en octubre de 2007 por motivos extremos. En 2006 y anteriores, estuvo decreciendo la utilización de este “Código Rojo”, hasta que lo habitual es que se utilice nunca o casi nunca.

Por tanto, ahora nos hemos adentrado en el terreno de que vuelve a cobrar vigencia, a la vista está la desaparición definitiva de la tarifa de alta tensión, elemento que falta por ser eliminado en el proceso de liberalización (cuestión que ha sido demorada “in extremis” hasta que los reglamentos comunitarios nos impelen).

En ese contexto, y ante la retirada del escenario protector de la tarifa regulada, las dos vías que se abrían para este tipo de consumidores eran las de los contratos bilaterales entre las industrias y las eléctricas y la de la constución de una central de compras de electricidad que operase de forma semejante, pero concentrando esta demanda. En este caso, se constituyó Fortia como entidad que pudiera, o bien acudir a realizar esos contratos bilaterales evidenciando su poder de compra por volumen o acudir al mercado diaria y directamente (algo que siempre sería más oneroso por no obtener ninguna mejora en los precios). Así por lo menos, se hizo patente en su presentación conjunta hace unos meses.

Por otra parte, esta industria viene reclamando contratos a muy largo plazo (quince años), una especie de hipoteca eléctrica, para suscribir estos contratos y condiciones económicas próximas al escenario pretérito de precios regulados. La no obtención de estas condiciones es lo que ha sido causa a su juicio de verse obligados a acudir al «mercado eléctrico».

El hecho es que actualmente Fortia acude al mercado, así como a las subastas virtuales de capacidad, en lugar de haber suscritos contratos bilaterales. Algo que implica que las mejoras en los precios de la electricidad, que han ido consiguiendo aquellas empresas que han hecho contratos bilaterales, no las están percibiendo. Una unidad de acción rota, en la medida, que según el propio Ministerio de Industria, un gran número de este tipo de industria se ha bilateralizado.

En consecuencia, parece que toca el ejercicio de segunda vuelta, volver a los clásicos. Acudir a la instancia reglamentaria, al Ministerio de Industria a solicitar el aumento de la retribución por determinados servicios (los anterioes y alguno nuevo), instrumentando una presión mediática a tal efecto. En paralelo, el mecanismo de la central de compras en su caso, más o menos se queda a su suerte y a la del mercado, aceptando precios inimaginables hace solamente un año. Estos son los términos de esta denominada y anómala negociación.

(Todo ello, sin que entremos a plantearnos, que hacemos produciendo determinado tipo de bien, intensivo en energía, cuando ni contamos con materia prima, ni contamos con energía propia y en el que se plantea un ejercicio de presunta competitividad sobre el hecho de que unos consumidores subvencionen a otros.)

El debate recientemente revisitado en Estados Unidos a cuenta de las visiones sobre el origen del universo y las especies, el denominado creacionismo como fuerza motriz de la evolución de nuestro planeta, al margen de la propia interacción entre las fuerzas y los agentes, es una metáfora sobre el funcionamiento de los mercados y de la interacción ente las fuerzas que operan en los mismos. Sobre todo después de las soflamas antimercado que se profieren desde los órganos de regulación españoles, en un espectáculo tan extravagante como bochornoso, impropio de nuestro proceso de liberalización y modernización del país, de nuestro papel (hasta el momento en la Unión Europea, con grandes esfuerzos para echarlo a perder).

En primer lugar, se puede afirmar que actuar mediante un modelo intervencionista es negar la existencia de los mercados como lugar en donde se producen las relaciones entre los agentes y las transacciones. Y, sobre todo, pensar que interviniendo en los mercados los agentes no cambian su forma de comportarse, es ya el colmo de un perfil prometeico del regulador (o del consejero, o del responsable de turno que sea) que así piense. Porque ese tipo de actuaciones trae consecuencias más graves, entre otras para la inversión y la credibilidad de nuestra economía, de nuestras instituciones y nuestras empresas. Y más, en una situación como la que vivimos de crisis de financiación internacional, en que semejantes bandazos son interpretados como lo que son: muestras de insuficiente desarrollo de la sociedad económica democrática y libre.

¿Quién superará todo ésto?: quien mejor haya echo los deberes hasta el momento, los más ortodoxos en el funcionamiento de los mercados y en el conocimiento de los procesos de financiación, no los más intervencionistas. Eso en ningún caso. Uncirse al carro de la crisis financiera para intervenir más, no es sólo muestra de pobreza intelectual, sino de cinismo moral. Ya lo indicaba recientemente José Luis Feito en un artículo reciente publicado en el diario El País cuando habla de la responsabilidad de los reguladores en “el haz de incentivos que dirige el interés propio de los individuos hacia comportamientos agregados que terminan siendo perjudiciales para su bienestar”.

En este caso, ¿por qué en España tenemos “creacionistas” en el sector energético? Creacionistas entendidos como defensores de la intervención del Estado en los mercados hasta el final, es decir, hasta anular las reglas de mercado e introducir precios, fomentadores de sistemas de reconocimiento de costes o de determinación directa de la retribución de determinadas tecnologías. En primer lugar, se justifica su presencia, por su procedencia del pasado del sector, nostalgia pretérita, sin capacidad de “reciclarse” a un entorno de mercados y agentes abiertos. Cualquier tiempo pasado fue mejor (en realidad, fue anterior). Un tiempo basado en el reconocimiento de costes y en el arbitrismo (capacidad de decidir para cada tecnología cual sería su retribución), lo que ya de por sí eleva el ego del que tiene en su mano la decisión.

El estado como ordenador, alfa y omega. Embalsador de costes y que las empresas sean meros brazos ejecutores de la política e ideología económica o energética al uso. La política concebida como suplantadora de la sociedad civil. Una mezcla ideológica, poco evolucionada, de socialismo prosoviético con la autarquía franquista. Lo que era el nacionalcatolicismo y el falangismo ideológico. Dios, patria y pan e historias del abuelo Cebolleta.

Creacionistas, retroprogresivos, como administradores de una “justicia divina” sobre los resultados de cada una de las tecnologías productoras de energía, sin valorar el funcionamiento general de los mercados, de cualquier mercado, que no distingue de tecnologías y que por ello, fomenta la competencia y eficiencia entre las mismas.

El argumento deísta utilizado en términos de “justicia distributiva” (si es que la justicia distributiva es aplicabe a las tecnologías) es: ¿cómo resulta que unas tecnologías (renovables, hidráulica, nuclear) tienen más márgenes que otras tenclogías en función de sus costes? (cosa que se produce en cualquier mercado). La respuesta no está en considerar que fruto de ello, hay tecnologías (como centrales de fuel o de ciclo combinado) que no son “rentables” y que, realmente, la rentabilidad sectorial o empresarial es media, en virtud de los diversos mixes de generación de las empresas, que como agentes inteligentes buscan su propia diversificación en su toma de decisiones estratégicas. En cambio, los creacionistas consideran que la clave es negar la naturaleza intrínseca de cada mercado, porque muerto el perro se acaba la rabia. Para eso hace falta una “deidad” decisora y administradora.

Porque claro, la exhibición obscena (e incluso intencionalmente manipulada de los resultados, excluyendo amortizaciones, gastos de mantenimiento, tributos, inversiones, etc…), delectación en comparativas deliberadas, parciales y demagógicas, persigue justificar unas tesis, forzar los argumentos, en pos de un modelo expropiatorio y confiscatorio y deteriorar los modelos de mercado. Y nos encontramos ante una paradoja, cuando el resultado debería ser más mercado y mejor supervisión (modelo de mercados financieros y Banco de España), en el sector energético se mantiene un debate inverosímil que se resume en: dudas sobre el modelo, mercado ya veremos, reguladores como burócratas y la supervisión es un residuo en el que no se cree.

Cuando se anulan las reglas del mercado los agentes también cambian y modulan sus respuestas a las actuaciones del sempiterno y omnímodo poder regulador. Responden. En este caso, los agentes económicos adecuan sus actuaciones (de inversión) y de relación al marco que les dibuja el “protectorado público”. En el caso del reconocimiento de costes, al gestor está tentado a aumentar sus propios costes, incluyendo elementos suntuarios: que es una colección de figuritas de la dinastía Ming o poner una piscina llena de peces caros para una empresa eléctrica. Estos son ejemplos de cómo si aumentamos la base de costes, al multiplicador de la rentabilidad presunta o presumible, adjetivizada como adecuada. Por tanto, lo interesante es ser ineficiente, no eficiente. En un segundo caso, si se establece un modelo “fijo”, lo que harán los agentes, será no invertir y reducir sus costes operativos. El problema además es identificar las necesidades de inversión y generación futura, porque gracias al mercado, y con precios de la energía semejantes a los europeos en entornos competitivos se ha logrado aumentar nuestra capacidad de generación en 23.000 MW y salir del atolladero y de los posibles apagones.

Lo curioso es que el creacionismo, como teoría, como ideología o incluso como teología, o como vindicación legítima desde el punto de vista racional e incluso intelectual, es que inútil completamente, para algo más que para ejercer de control sobre la sociedad y los agente económicos. Los agentes siguen interactuando entre sí, cambian su comportamiento, generan reacciones mucho más peligrosas: como acabar con la inversión y generar nuevos argumentos a los invervencionistas, ávidos de corregir sus propios errores con más medidas y más Estado. El Gran Hermano.