Los detalles conocidos a través de los medios de comunicación sobre la investigación realizada por la Comisión Nacional de Competencia que ha dejado casi listo para sentencia, según las informaciones conocidas, la publicación en el día de hoy del informe de este organismo. En determinados medios se ha criticado el celo que está llevando el organismo (es, legítimamente y legalmente, su papel), así como las posiciones de las empresas competidoras (concernidas por el resultado de la operación) que han hecho duras alegaciones a la CNC (lo cual, también, es legítimamente su papel). Del mismo modo, Gas Natural ha defendido una propuesta de desinversiones muy escasa (es, por su parte, legítimamente su posición) y poco creíble a la luz de lo riguroso que ha sido el análisis de la CNC (y de las evidencias apreciadas casi palmariamente en materia de competencia en el mercado de aprovisionamiento de gas, en el posible impacto en el mercado mayorista de electricidad y en la reducción de competencia en aquellas zonas de comercialización de gas y electricidad en que exista solapamiento de redes).

Probablemente tendríamos que encontrar esta resistencia a un análisis de estas características, es decir, sobre la competencia, cuando todavía en determinados ámbitos existen cuestionamientos a la existencia de mercados en el sector energético. Es mejor defender un modelo de plusvalía regulada y de acción discrecional de la Administración en cada momento, que no definir unos mercados eficientes. El problema es que todas estas actuaciones tienen efectos en el largo plazo para los consumidores y sus consecuencias finales son nuevas medidas arbitristas. Y así vuelta a empezar cada cierto tiempo, en un país poco familiarizado con los mecanismos de economía de mercado y que se ha anclado en discusiones sobre el sector energético propias de los años 60 (siglo pasado).

Hay que tener en cuenta que es en el sector energético en el que la mayor parte de las operaciones planteadas en los últimos años en el ámbito europeo se han visto expuestas a fuertes prohibiciones o duras condiciones, en plena lógica con una concepción de los mercados abierta (aunque bien es cierto que no simétrica). Y no parece razonable que no se haga un análisis concienzudo y minucioso de la operación y se establezcan condiciones coherentes con el impacto de la misma por dos razones: la primera, para evitar que los consumidores sufran por un comportamiento inadecuado de los reguladores y del Gobierno y, la segunda, para que no se retroceda en lo avanzado en la liberalización de los mercados gasistas. Todo ello más allá de la fachada política que se le quiera trasladar, lo cual siempre es una simplificación interesada de la realidad o una apelación constante a la teoría conspirativa. Lo razonable es estudiar la operación con rigor y respeto a la competencia, los mercados y los consumidores (una manera de no sufrir mañana las consecuencias de las decisiones de hoy).

En tanto en cuanto, se han conocido los problemas en distintos mercados: desde el aprovisionamiento de gas al mercado mayorista de electricidad, el de resolución de restricciones técnicas (desvíos) o la comercialización al mercado doméstico. Dicho en román paladino, hay estimaciones que calculan una banda de subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista del 4 a 6% (por el efecto de control de los ciclos combinados que son tecnologías que fijan el precio de la electricidad para todas las tecnologías del ‘pool’), la posibilidad de que la nueva empresa tenga incentivos para desviar buques metaneros a Asia (con el consiguiente efecto subida de precios del gas en el mercado interior en un momento en que existe un cierto excedente) o la dificultad para poder generar competencia real si el distribuidor de gas y electricidad, mañana comercializador, es el mismo ente y actúa en la misma zona (dicho sea de paso, en el momento más incipiente de la liberalización del gas y la electricidad para los consumidores domésticos).

Finalmente, por debajo, están dos cuestiones que parten de las condiciones contractuales de la operación. Por un lado, el precio pagado, la evolución seguida en bolsa por Gas Natural y, consecuentemente, el endeudamiento resultante. En eso, y siguiendo con las posiciones de cada uno, es legítima la posición de ACS de maximizar el beneficio y la plusvalía de la operación. En segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, el coste que podría suponer para Gas Natural la adquisición de las filiales Unión Fenosa en propiedad compartida con las energéticas italianas. Algo que incluso al final podría servir para hacer caja.

Por tanto, lo lógico es que cada uno esté en su papel. ACS, consiguiendo precios altos por su participación en Unión Fenosa. Gas Natural buscando reducir las desinversiones y, si es posible, renegociar precio para reducir deuda y apalancamiento. La CNC haciendo un análisis de los mercados que impida que estos efectos se propaguen a estos mercados, a los consumidores y a la competencia. Los competidores haciendo un análisis duro desde sus posiciones e intereses y exponiendo sus disconformidades y los problemas que pueden devenir de la operación. Todos menos la CNE que elaboró un informe suave (¿“pintoresco”?), esquinando las posiciones críticas en una estrategia de muy corto alcance y visión.

Permanezcan atentos. El fin está cerca y estamos más próximos a la posición final de competencia para que el gobierno se pronuncie sobre la operación. Esperemos que cada uno esté en su lugar.

La presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, dio ayer un recital de escapismo, propio del gran ilusionista y mago Houdini. A las muchas preguntas que se le realizaron en el debate posterior a su ponencia, Costa respondió con ambigüedades, es decir, a su manera.

La ponencia, algo floja en su contenido, no aportó muchas novedades al respetable, cansado ya de escuchar que estamos ante una crisis que aumentará el endeudamiento del sector, que hay que avanzar en medidas de eficiencia y ahorro energético como una de las soluciones a este panorama, o que las energías renovables pueden ofrecer nuevas oportunidades a la política energética de la Unión Europea. En fin, nada nuevo bajo el sol. Vamos, que aquello recordaba al que mucho habla, sin decir nada y deja las puertas abiertas de par en par para no pillarse los dedos.

Ante la que está cayendo en el sector, y la que se avecina en el propio órgano regulador (recordemos que tiene una renovación completa prevista para el próximo mes de abril), Costa se mostró tranquila, toreando todas aquellas cuestiones incómodas y que la podían comprometer. Claro, que si su puesto está en el aire, estará pensando que para qué meterse en más charcos antes del definitivo adiós.

El caso es que ante el interés de la audiencia en saber su opinión de la moratoria nuclear, la presidenta de la CNE quiso pasar de puntillas sobre el asunto y manifestó que ese asunto «no se puede plantear más allá del debate» y aunque, pareció que se iba a postular a favor de eliminarla (puso como ejemplo el caso de Italia), concluyó que ella sólo puede seguir “los mandatos del legislador”.

Preguntada sobre su parecer ante la posibilidad de que ACS realice una petición para ejercer sus derechos políticos en Iberdrola, Costa eludió la cuestión y ante esta hipótesis manifestó que «no puedo adelantar ni siquiera mi opinión», mientras que a la pregunta sobre cuál sería su mix energético ideal, dijo que «no es una pregunta conveniente».

Sobre la espinosa renovación de los consejeros cuyo cargo ya venció hace bastantes meses y, por ende, su posible salida del organismo, así como el lavado de cara del organismo, Maite Costa aseguró sentirse «muy a gusto con el actual consejo» y echó balones fuera al asegurar que esa cuestión «no es a mí a quien debe preocuparme». ¿Será que ya tiene asegurado el próximo asiento, si sale definitivamente de la CNE?

Incluso abogó porque hubiera más mujeres dentro del consejo, puesto que en la actualidad sólo hay dos, Carmen Fernández Rozado y ella y espetó que “las mujeres debemos estar en órganos de máxima responsabilidad».

En cuanto a los chascarrillos, Luis Atienza, presidente de REE, fue el elegido por el Forum Europeo del Foro de Nueva Economía para presentar a la presidenta Costa e ironizó sobre la paradoja de que un presidente de una empresa regulada diera paso a la presidenta del órgano regulador. Incluso se permitió hacerle la rosca al asegurar que “tanto la CNE, como su presidenta tienen una tarea apasionante” para defender los intereses de los consumidores y encargarse de dar la estabilidad regulatoria necesaria al sector energético. Al mismo tiempo, aseguró que Maite Costa “reúne muchas cualidades” para desarrollar su responsabilidad ante esta “situación tan endémica en la que nos encontramos”.

Entre el público se pudo ver a Carmen Martínez Ten, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear; Álvaro Mazarrasa, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos; Rodolfo Martín Villa, presidente honorífico de Endesa; Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural, así como diferentes representantes políticos y de asociaciones de consumidores.

Aquello parecía puramente una zarzuela, algo así como Agua, azucarillos y aguardiente , pero en la época actual. Imagínense a los aguadores y aguadoras, a las cigarreras, a los chulapos y chulapas, los barquilleros, las castañeras, el olor a churros calientes y la limonada, mientras las niñas juegan al corro de la patata y sus niñeras coquetean con los soldados. Pues algo parecido al Madrid castizo del chotis, el pasodoble y el organillo se ha convertido nuestro sector energético. Échenle imaginación y elijan al actor o actriz que va a representar cada papel en la obra. Puede resultar muy divertido.

Las celebraciones y actos sociales en el sector energético ya no son lo que eran. En ello pueden influir bastantes cosas, en primer lugar la actuación o acto reflejo de “cruzar los dedos” muy extendida en el sector a cuenta de la negociación del déficit tarifario. En segundo lugar, una sensación de ruptura con el pasado, en la que cualquier tiempo pasado fue anterior, si especialmente nos fijamos en la penúltima legislatura en el ámbito regulatorio. La tercera es la apertura del proceso de renovación de la Comisión Nacional de Energía que hace que cada evento tenga un cierto componente entre sus asistentes de ¿seré yo señor, seré yo?

El hecho, es que ayer el Salón de los Pasos Perdidos de la Bolsa de Madrid, junto a las pantallas y led de los Índices de la Bolsa se llenó a rebosar (curioso, es un lugar en el que se celebran una gran parte de eventos económicos, y a la hora de comienzo de los actos, parece semivacío y cinco minutos más tarde, se reaprieta de asistentes hasta llegar al lleno absoluto) para presentar una obra ingente y necesaria, el “Tratado de Regulación del Sector Eléctrico” , cuyo enfoque y lista de autores es directamente apabullante por su calidad y su orientación en lo más avanzado de la regulación y visión moderna del sector eléctrico y del mercado. Ni rastro de la ‘doctrina Fabra’ en el tratado.

Esta obra desvela por una parte un interés muy especial de la eléctrica de Sánchez Galán por difundir la regulación, la buena regulación, en los entornos académicos y profesionales. Interés, que más humildemente compartimos como medio de comunicación para hacerlo llegar a las personas interesadas por la economía, la empresa o por las dinámicas de los mercados, en un ejercicio comprensivo de la realidad más allá de los sectores económicos y de los lenguajes “crípticos” habituales. Lo que sí es cierto, es que de hace un tiempo a esta parte, se conocen problemas regulatorios del sector energético, como el déficit tarifario o la insuficiencia de la tarifa, entre capas cada vez más amplías y anchas de la sociedad. Una sociedad informada y crítica, es una sociedad más libre y menos propensa a la demagogia o a posiciones intervencionistas de hace cuarenta años.

El acto de ayer, comenzó con una intervención de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, brioso y enérgico y arropado por todo su equipo directivo. Abogó por una buena regulación, estable, predecible, que envíe señales fiables a los mercados y remarcó una característica esencial del sector eléctrico: es intensivo en inversión. Además repasó los principales temas que contenía el libro y sobre los que versaban las intervenciones de estos 80 autores. Con la misma vehemencia habló contra el déficit tarifario, en términos casi de imprecación o de maldición. Y, finalmente, elogió al ministro Miguel Sebastián por haberse atrevido a abordar el déficit tarifario. En esta alusión, también fue muy vehemente.

(Todo puede ser, en la medida en que siguen apareciendo noticias sobre las negociaciones entre el sector e Industria para acabar con la lacra del déficit tarifario, al mismo tiempo que se confirman los merodeos en la órbita de la Moncloa de algunos de los representantes más retropresivos del sector, segando la hierba de las negociaciones. Incluso, afirman se han detectado movimientos en esta línea en el catafalco del sector energético del anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto).

Posteriormente, Juan Luis Cebrián, Consejero Delegado de PRISA (que acudió acompañado de Ignacio Polanco, Presidente del grupo) hizo de enlace entre las palabras de Sánchez Galán y la intervención final de Prescott, el Premio Nóbel de Economía. Alabó la valentía de Sánchez Galán de editar un libro de esta naturaleza y la de convocar su presentación la misma tarde que Obama tomaba posesión como Presidente de los Estados Unidos (algo que en la cabeza de todos los analistas y dada la posición de Iberdrola en USA es valorado muy positivamente). Cebrián relató que uno de los artículos de Prescott trataba de cómo medidas parciales regulatorias y de intervención en un sector tendentes a conseguir un objetivo concreto, en el futuro se pueden convertir en contrarias al propio objetivo. Parecía que conocía la ejecutoria de la última legislatura en el sector energético y sus medidas parciales y transitorias, basada en el “intervencionismo” y “electrodos”. Ese es el caso de los habitantes en el salón los reguladores perdidos.

Finalmente, Edward. C. Prescott, estuvo optimista con la crisis económica y financiera actual, cuyas dimensiones aseguró ser menores que las que habitan en el imaginario colectivo e hizo varios guiños al Consejo de Administración de Iberdrola, seguramente desconocedor de la evolución de la empresa en bolsa por la incertidumbre regulatoria del año pasado hasta que se resuelva el tema del déficit tarifario.

Por su parte, Sánchez Galán cerró el acto animando a ser accionista de Iberdrola. Se confirma que Florentino Pérez no estaba en la sala.

El novelista recientemente desaparecido Nicolás Casavella publicó una novela excelente (además de muy divertida) titulada “Lo que sé de los vampiros”, que fue galardonada con el Premio Nadal en su penúltima edición. Un título muy sugerente y de alguna manera una novela picaresca que se proyecta hacia el presente y que desde aquí recomendamos su lectura y en la que se hace una reflexión sobre “personajes que construyen su identidad tras una máscara permanente hasta alcanzar claves muy peculiares sobre el engaño de la condición humana y el espejismo de la Historia”.

Aunque la novela no va de eso, probablemente, habría que hacer una mínima referencia a la costumbre de esos habitantes de las sombras –los vampiros- de no dejar tranquilo a nadie, de aparecer en la última escena de la película y de proferir el susto correspondiente, en el bien entendido que habrá nuevas posibilidades de que vuelva a aparecer en escena el monstruoso engendro y prosiga su sendero de pánico y terror.

Viene esto a cuento de la recopilación de cuestiones que “se ha encontrado” el actual equipo energético del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Situaciones bastante enjundiosas que son de difícil justificación y resolución dada la historia que tienen detrás acumulada y sus ramificaciones, más o menos arborescentes.

Haciendo una pequeña recopilación encontramos, en primer lugar, el problema de la regulación de la energía fotovoltaica, con una legislación de cupos y ley de punto final, que fue la primera prueba procedente de una legislación desorbitada y que medía mal los resultados futuros en términos de la respuesta de los agentes. La segunda cuestión que estaba abierta tres o cuatro meses antes del cambio de gobierno era la legislación de los biocombustibles. Y, por supuesto, uno de los engendros más enormes es el déficit tarifario, forjado por cada gobierno y cada Administración energética en “pequeñas o grandes diócesis”, con más o menos responsabilidad cada una hasta el diseño del déficit “ex ante”. Cuestión esta del déficit tarifario que, como todos Vds. saben, todavía promete, porque no estamos ni mucho menos a la mitad de la película.

En esta categoría, pero mezclando el personaje del vampiro con el asesino en serie, está la reforma de la ley del Sector Eléctrico, con la Ley 17/2008 y la conformación de Red Eléctrica de España como el único monopolio en el transporte de electricidad, es decir como transportista único. Engendro configurado de forma vergonzante y oculta en el trámite parlamentario, toda vez que era absolutamente innecesaria esta reforma para «incorporar» a nuestra ley las Directivas Europeas pendientes de transponer, tal y como señalaba la Exposición de Motivos. Fue allí el lugar donde se alimentó al monstruo desde las instancias del anterior Secretario General de Energía y, también fue allí el lugar donde también se le incorporó algún elemento para domesticarlo: determinadas excepciones que actuaban como el crucifijo puesto a los ojos del vampiro. Las excepciones se aplicarían a aquellos activos de distribución afectados por esta nueva legislación e incorporados en las fauces del transporte, que se identificasen por parte de la CNE y por las comunidades autónomas.

Hay que recordar que la retribución del transporte se realiza en función del número de elementos (de “activos” como se dice en el argot) que configuran la red necesaria para ejecutar esa actividad. Se supone que el número de activos, su valor y su retribución deben estar bien determinados por su necesidad, por sus costes y porque la retribución sea justa. Si no, el monopolista, operador de transporte y de red, juez y parte, podría tener una tendencia a aumentar sus activos para obtener su retribución. Por tanto, hay dos fuerzas que actúan como motrices para que REE amplíe sus horizontes y su actividad: la propia tendencia que tienen los monopolios a ocuparlo todo y la retribución adicional que percibirá de los nuevos activos que surjan de una definición mucho más extensa de su acción en el transporte irrumpiendo en la distribución (recordemos que REE es una empresa privada, con accionistas, con algunos fondos de inversión como accionistas y que goza de percepción pública de que es empresa pública).

Recientemente, hemos conocido cómo la Comisión Nacional de Energía elaboró, tras un trabajoso período de análisis interno y un proceloso proceso de consultas a la propia Red Eléctrica, unos parámetros que justificasen sus criterios para determinar los activos si son de transporte o de distribución y en ese sentido hacer sus Informes. El hecho es que, como se puede leer en los primeros informes emitidos por la CNE en esta cuestión, en los que se traslucían los criterios que iban a seguir, es que el objetivo del Consejo de Administración del organismo es preservar a toda costa el monopolio de transporte de REE (no “vaciar de contenido” el concepto de transportista único, en sus propias palabras). Con lo cual, los activos de transporte que pudieran tener consideración de distribución son sólo aquellos subterráneos, ubicados en ciudades de más de 1.000.000 de habitantes (Madrid, Barcelona) y de menos de 220 kV. En las islas, este límite si sitúa en 32 kV, lo que conlleva que la irrupción, con el BOE en la mano de Red Eléctrica de España en los archipiélagos, altere un modelo que funcionaba con una calidad de servicio muy alta, duplicando la relación entre los titulares de estas instalaciones y las empresas de distribución, sin aportar valor alguno (todo lo contrario, esta cuestión que incluso puede complicar notablemente la gestión de los mismos: ahí vemos los problemas por todos conocidos y existentes en las estaciones compartidas de las grandes ciudades). De hecho, técnicamente, la relación en una instalación de distribución se establece con REE y la relación de facturación se establece con la distribuidora.

Tal y como señala el consejero de la CNE, Luis Albentosa en varios votos particulares referidos a los Informes que ha emitido el organismo, “hay que tener claro que la diferencia entre la actividad de distribución y la actividad de transporte estriba en quien tiene la obligación de responsabilizarse de la atención y el suministro al cliente y consumidor. En esto, el transporte no tiene nada que ver con el suministro al llamado mercado final y, por ello, aquellos elementos que tengan consumidores conectados deben ser titularidad del distribuidor. En definitiva, el transporte tiene como función principal posibilitar la evacuación de la generación y llevar la energía eléctrica a los puntos que se establezcan como frontera con la red de distribución y esta debe atender la demanda de los consumidores finales, allí donde éstos se ubiquen.”

Por tanto, podemos decir que se trata de una norma disparatada y aplicada del mismo modo (no para que las cosas funcionen mejor, sino para preservar y configurar un monopolio), que ha abocado a la existencia de varios problemas implícitos. El primero, un año y medio para empezar a sentar las bases entre el Ministerio de Industria y la CNE. Mientras, todos quietos, “paraos”, impactando negativamente sobre las inversiones que realizan los agentes privados y sobre el servicio que reciben los ciudadanos. Segundo, la interpretación pro monopolio e intervencionista de la CNE lleva a que se dupliquen las relaciones de las empresas (propietarias de estos elementos de la red) con el transportista y la distribuidora de cada demarcación y que se pierdan las economías de coordinación de las empresas distribuidoras con el mercado local de sus consumidores (el transportista, por su lejanía a los consumidores, no tiene ni idea de eso). Tercero, que haya aparecido, cual vampiro, sin arte ni parte, la función del transporte que no tiene clientes, ni relación con el mercado final, supone una perversión de la función que debe realizar en el sistema eléctrico.

Según nuestras noticias, hoy un número de expedientes importante sigue sin resolver. Y esa patata caliente, hoy sigue en manos del Ministerio de Industria procedente de la CNE, con serias dificultades para distinguir entre lo que está bien y lo que conviene a un modelo monopolista y burocrático. Por ello, la ley 17/2008 seguirá ofreciendo sustos y sus autores materiales e intelectuales (el anterior equipo energético, con Clos y Nieto a la cabeza), como origen del mal, detrás de esta película de terror colectivo. Lo que sabemos de los vampiros, vamos. Pavoroso.

La semana pasada conocíamos como la Comisión Nacional de Energía decidía abordar un proceso de investigación sobre todas las plantas solares inscritas que no estaban abocando energía en el sistema el pasado 30 de septiembre. Un total de más de 4.189 plantas. Como hemos defendido desde este medio la actividad de inspección y de supervisión, bien dirigida, gestionada de forma razonable, no orientada a lo mediático, es una actividad necesaria en la ordenación de los sectores económicos. Y, de hecho, defendemos un modelo inspección y supervisión sólido, que no cuestione el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, cuando se critican los modelos de inspección hay que ser muy respetuosos con este función en el sistema, pero también hay que someterlos a los principios de racionalidad y eficiencia.

Pero el panorama de este macroproceso de inspección, esta Macrocruzada, ha causado estupor, y un torrente de reacciones, tanto en el seno del sector como en el propio diseño del mismo. Las asociaciones ya han solicitado que “los defraudadores”, de existir, en la cuantía que aparezcan, no cobren, llámese subvenciones o primas.

El objetivo era inspeccionar a todas las instalaciones que a 30 de septiembre de 2009 no estaban vertiendo energía al sistema, por cualquier razón, con su dispersión asegurada. Un total de 4.189 instalaciones que cumplen estos criterios de selección, y que una vez identificadas, se inspeccionan todas. Sorprende sobremanera, que no existan mecanismos tradicionales de cualquier administración inspectora, sometidas a procesos estadísticos razonables, como el muestreo o la inferencia estadística.

Imagínense, por ejemplo, que la Agencia Tributaria inspeccionase a todos los contribuyentes que cumpliesen un conjunto de requisitos (ser de una provincia, pertenecer a una profesión, etc…: a la inspección, a por ellos!). En el fondo, además de ser un proceso desmedido se trata de señalar a todos como “presuntos culpables”, proyectando una sombra de duda conjunta, para desplegar un proceso que la propia CNE no está preparada y, además cuyas consecuencias no están bien dimensionadas, sobre todo en el ámbito del conflicto con las Comunidades Autónomas que ya empiezan a replicar el estado de opinión creado desde el organismo que preside Maite Costa.

El propio informe de la CNE establece que precisará la concertación de una empresa externa, una entidad reconocida por la Administración General del Estado para realizar este tipo y programa de inspecciones. Así, se prevé que el plan sistemático de inspección de las instalaciones y huertos solares que tendrá un coste que, según se estima, excederá los 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas). Además, aunque se cuente con una empresa para realizar las verificaciones estás será preciso que se realicen con un “agente de la autoridad”, es decir de los inspectores del propio supervisor (como ocurre en cualquier esfera inspectora en aras de su seguridad jurídica). Para lo cual cuenta con una plantilla exclusivamente de 20 inspectores.

Lo que parece claro es que este plan de la CNE, excesivo en su formalización y anunciado a bombo y platillo también puede empezar a ser utilizado para la lucha partidista, en este caso, en el ámbito de las Comunidades Autónomas (de hecho, ya la Consejera de Industria de Castilla-La Mancha, Paula Fernández, ha señalado que en “las instalaciones solares” no hay fraude). Porque de la existencia de irregularidades, ubicadas en múltiples posibles instancias administrativas, puede derivarse una escena de difícil gestión para la CNE por sus resultados. Y, si esto es así, poco el “bluff” del macroplan de inspecciones puede ser, comparativamente con su utilización mediática y con sus costes para pensárselo.

Finalmente hay que contextualizar este movimiento pendular de la CNE fuertemente maniqueo, de todo o nada. Hay que plantearse que el conjunto de la energía solar en España, habiendo crecido notablemente en los últimos dos años (gracias al R.D. 661/2007 también excesivo, con una regulación de cupos y límites demoníaca, y cuyo cambio ha provocado que se fuercen y aceleren en determinados casos los mecanismos de inscripción, con un alcance que va mucho más allá de la criminalización de esta energía) probablemente no llegue a un 0,01 % del conjunto del parque de generación del país (las estimaciones lo sitúan entre 1.800 y 2.200 MW). Y, con este maproplan, para inspeccionar 4.189 instalaciones solares del total de las 45.000 existentes, nos quedamos sin función inspectora adicional del regulador en ninguna otra actividad del sistema, hasta que finalice esta operación, tan dudosa y, a la vez, tan mediática.

¿Por qué?