Este sí sería uno de los ejemplos en que el lema de la campaña presidencial de Obama es aplicable plenamente. Ese, «Yes, we can», que hace referencia a dos cuestiones: afrontar los problemas económicos, unido a la vuelta al rigor y la seriedad como elementos que cimienten el futuro de la economía. Quede claro que, pese a las lecturas torticeras, Obama no viene en todo caso a intervenir la economía, ni a cuestionar el libre mercado. En este sentido, la aprobación del Real Decreto para la eliminación del déficit tarifario, con todas sus luces y sus sombras, ofrece distintas lecturas al respecto, así como consecuencias y aprendizajes para el futuro en términos positivos.

La primera, lógicamente, en términos de lo que los expertos en negociación señalan como “comportamientos tractales”, se refiere al contenido objetivo de la negociación: por un lado, el aval del Estado al déficit de forma que pueda ser financiado (en una fórmula muy parecida a la que se instrumentó con la moratoria nuclear), junto a una clarificación de los contenidos de la tarifa: atención por parte de los Presupuestos Generales del Estado al coste del suministro extrapeninsular.

A cambio, parece que el coste se centra en el bono social, las subvenciones al carbón y la atención a los gastos de los residuos nucleares. La primera, una cifra nada desdeñable en la medida que ya el colectivo de consumidores con una potencia inferior a 3,3 kV es alto, más de cinco millones de hogares, más aquellos otros consumidores que puedan añadirse por cumplir los requisitos que establece el Real Decreto, junto con un período de aplicación también amplío. Lo que sí es evidente es que el tiempo transcurrido ya exigía una resolución y, de hecho, parte de esa situación de nerviosismo parece que se trasmitió en los instantes finales de la negociación, cuando su acuerdo final era “despistado” (gracias a la intervención intervencionista) en el último momento y en sucesivas ocasiones, pese a las alineaciones de Industria y Economía y la resolución de los inconvenientes existentes en otras instancias ministeriales y de la Administración.

Por ello, se puede decir que los mecanismos de negociación han funcionado y que todos se han dejado pelos en la gatera, expresión que señala que en una negociación todos ceden algo (o mucho). El hecho es que la situación se había vuelto insostenible: el déficit se había instalado en los balances de las empresas por la incapacidad para gestionar su financiación (motivos políticos, más coyuntura económica) y las empresas eléctricas españolas estaban fuertemente penalizadas en la Bolsa por la inseguridad jurídica y regulatoria de esta situación embalsada.

Lo primero y más importante de todo esto es que se consiga avanzar en el proceso de liberalización y que, como está sucediendo en el caso del gas, puedan existir subidas y bajadas de precios que puedan percibir los consumidores junto con la competencia en la comercialización.

Lo segundo, es que esta actuación permita resolver la deuda pendiente, mediante mecanismos razonables y sin las alternativas que se alentaban desde los sectores más retroprogresivos (partidarios del “pío, pío que yo no he sido”) en referencia a las decisiones pasadas de no elevar las tarifas, acudiendo al mecanismo de la financiación. Llegado el momento, su posición era incluso olvidarse de esa deuda, lo cual diría poco de la confianza en este sector y en nuestra economía. Pero, a nuestro pesar y por extraño que pueda resultar, partidarios de eso existen, que quede claro. Finalmente, se ha optado por una solución excepcional pero mucho más ortodoxa.

Una tercera cuestión es el post acuerdo: la necesidad de mantener estabilidad regulatoria y seguridad jurídica en el sector energético, superando el reciente ominoso del anterior equipo del Ministerio de Industria de mal recuerdo y que tanto está costando desde el punto de vista para solucionar los problemas generados. A la par, la importante transformación en la propiedad de las empresas energéticas españolas va a impedir la facilidad con la que se habían producido las trapisondas regulatorias del pasado reciente, lo cual también debe resultar una garantía de futuro.

Por tanto, y a la vista de las condiciones del mercado eléctrico, de los acuerdos conseguidos, podemos decir que sí es posible desbloquear la liberalización pendiente e interrumpida, introducir mecanismos de competencia en el sector energético y proporcionar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en el sector energético. Se ha comprobado.

«Yes, we can».

Parece que, ahora sí, estamos en la fase final del proceso de negociación para resolver el problema del déficit tarifario, figura anómala, absurdamente tolerada, auspiciada e insuflada por políticas tarifarias alegres en momento de bonanza económica, en la concepción de que la energía para un país que no tiene fuentes propias debe ser el último reducto de la intervención del Estado y que la subida de los precios internacionales y de las materias primas, trasladada de forma eficiente a nuestro mercado, no va con nosotros. Ilógica económica, oportunidad política o procedimiento del avestruz, ese es el pasado del problema y en este problema han ido conchabados un número importante de Administraciones y reguladores “independientes” hasta el momento, de forma que la patata caliente ha caído en el actual Ministerio de Industria, por mor de que ya no eran posibles tampoco nuevas estrategias de escapismo. Estamos por ello ante un hito que merece mucha atención.

Llegados a un punto en que su cifra y su financiación era imposible e insostenible por muchos motivos, las consecuencias para las empresas y para el sector eran inimaginables en cualquier sociedad democrática avanzada, se hacía necesario el resolver esta cuestión y no se podía hacer, como era la pretensión del sector más retroprogresivo de la energía, por la vía de la expropiación, por mucha demagogia y buenismo político expresado en: las empresas son malas malísimas, pobres ciudadanos que consumen electricidad y sube, menor eficiencia energética por una política de precios energéticos falaz, etc…

Hay que reconocer que este pacto (que se anuncia para un período de 3-4 años) era muy costoso de conseguir, en la medida en que los flecos eran muy importantes, la transición de determinados usuarios hacia tarifas y contratos libres; pero también el momento en términos de precios energéticos y caída de precios de las materias primas era para no desaprovecharla. Parece que, al final, ha sido posible la alineación pese a las presiones y “hoolingans” contrarios a este acuerdo, teniendo en cuenta que se han empleado a fondo para evitarlo.

Hagamos un análisis por piezas, actores y argumento. En primer lugar, el proscenio: en el macroescenario, fuertes presiones para cuestionar el marco legal actual y la liberalización del sector (aunque es el modelo que propulsa con claridad la Unión Europea), una cierta nostalgia y revisionismo de algunos sectores hacia el marco legal estable y el cuestionamiento del mercado eléctrico, en definitiva, debates paralelos lanzados en paralelo. Por otra parte, dificultad de financiación de esta deuda sin el aval del Estado, medidas recientes en el ámbito regulatorio que habían “embarrado” el terreno de juego, judicializado el sector, desordenado el marco regulatorio, reducido la seguridad jurídica, empeorado las cuentas y los balances de las empresas, puesto en peligro la inversión futura, producido la pérdida de credibilidad del sector energético y de las calificaciones de solvencia por las entidades de rating y riesgo, etc….

De este acuerdo todavía no se conoce la expresión concreta en términos de cifras y montante económico y la materialización de las distintas partidas y conceptos (pasados y futuros). Sobre todo porque, como se ha podido saber, no se ha dispuesto de ningún documento al respecto que recogiera las propuestas. Será necesario, en todo caso, conocer de forma más concreta el alcance del mismo, aunque en todo momento la rebaja que el Estado ha conseguido ha sido muy importante, así como también la asunción de partidas de los costes asociados por parte del sector (bono social, gestión de residuos nucleares, subvenciones del carbón).

Los hooligans han estado empeñados en sabotear el acuerdo sobre la base de filtraciones e influencia en determinados círculos de Moncloa, donde estaban apostados. Cada vez que se limaban los problemas en la negociación o con el Ministerio de Economía a efectos de los avales para su financiación, se producía una filtración que dinamitaba su travesía a buen puerto. Ayer mismo, pudimos comprobar probablemente uno de los últimos intentos: cómo la cuestión de los derechos de emisión de las eléctricas volvía a reverberar, presentándose como moneda de cambio y como que son “ingresos extras”, cuando su naturaleza en el pasado ha sido de entrega gratuita a las empresas, pese a que en el futuro parece que se subastarán (para todos los sectores incluidos en el Plan Nacional de Asignaciones estos últimos años). Hoy, por ejemplo, se filtran dos cartas remitidas a la CNE por Iberdrola y Endesa, enviadas por las empresas durante el proceso de negociación y sus respectivos fracasos.

También es necesario tener en cuenta el postacuerdo: tiene que consistir en un movimiento conducente a aumentar la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y normalización del sector eléctrico y sus subsectores, evitando prácticas regulatorias recientes que no son sanas ni para la economía española, ni para el sector y ni siquiera, con la concepción más paternalista o intervencionista que se precie, para los consumidores.

Por eso, parece que ahora la cosa va en serio. La noticia, a falta de su concreción, es buena y se puede calificar de histórica. Y está pasando. Lo estás viendo.

Cuando Dios te da un don, también te da un látigo.
Truman Capote

Puede ser que no tuviera mucho que ver con el acontecimiento principal de esta recién pasada Semana de Pasión, pero la crisis de gobierno anunciada y ejecutada en su Via Crucis de manera tan rocambolesca nos ha dejado, entre los cambios, la elevación de la hasta entonces Secretaría General de Energía al rango de Secretaría de Estado, con el consecuente amejoramiento en la jerarquía de su actual titular Pedro Marín. Una noticia que merece varios análisis y alguna síntesis.

En primer lugar, es plenamente comprensible que un país como el nuestro, con una dependencia energética casi plena, en el que la intensidad energética de nuestra economía es muy elevada, tiene como consecuencias que la evolución de la energía y sus fuentes en los mercados y la configuración sectorial se perfilen como cuestiones estratégicas, que requieren capacitados profesionales y equipos al frente. De hecho, ya se había valorado en otros tiempos la posibilidad de que este área tuviese una merecida elevación de rango a Secretaría de Estado, incluso se llegó a especular con la existencia de un Ministerio de Energía (sobre todo, a la vista de tantas cosas que han merecido un Ministerio, «by de face» o por pura ideología). De hecho, ¡cuánto anheló esta medida el nunca bien ponderado anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto!

En segundo lugar, esta nueva posición también debe servir para equilibrar las relaciones entre este área del Ministerio de Industria y otros departamentos del Ejecutivo, sabiendo la importancia del rango y el escalafón que sigue la Administración Pública en la toma de decisiones, sobre todo en aquéllas en las que es preciso el concurso de otras instancias del Gobierno. De todos son bien conocidos los sucesivos rifirrafes con Economía, que se han traslucido, a cuenta de los avales públicos, para la cuenta pendiente del Estado con las empresas (el déficit tarifario irresoluto). Aunque hay que tener en cuenta que en el ámbito de la energía han opinado desde la Ministra de Medio Ambiente, Rural o Marino (caso de la nuclear) o ha intervenido la propia Oficina del Presidente (caso de la aproximación rusa a Repsol), por tanto hay que reconocer que esto no es un “terreno vedado” que digamos.

Por tanto, en una primera aproximación, hay que valorar esta medida como completamente razonable, aunque habrá que efectuar un seguimiento de los acontecimientos consecuentes a la misma. En primer lugar, habrá que plantearse que esta elevación de rango no debe ser gratuita o, lo que es lo mismo, que sólo se traduzca en el cambio de denominación y de los emolumentos de su actual titular. Debe implicar también el reforzamiento de los equipos y de la estructura necesaria (no olvidemos la cantidad de cuestiones aparcadas, demoradas o pendientes en este sector o cómo, incluso, se echa mano, como justificación, de la incapacidad para atender determinados procesos como la última convocatoria trimestral del registro de energía fotovoltaica). En la actualidad, es de dominio público lo exiguo del equipo de la hasta ahora Secretaría General de Energía, con una Dirección General de Energía y Minas, casi espejo, lo que evidencia un solapamiento de funciones y responsabilidades casi evidente entre sus responsables (o mejor dicho inevitable).

Segundo, como hecho exigible en un plazo razonable, la conformación de una política energética global, integral, coherente, completando el proceso de liberalización, que aglutine componentes económicos, de seguridad de suministro, de inversión incluyendo el futuro de la generación (sin ejercicios trileros sobre el debate nuclear) y de las redes de transporte y distribución. Una segunda línea la debería conformar la necesidad de una normalización en el ámbito legislativo: relación de equilibrio, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria con las empresas, funcionamiento razonable de los órganos reguladores y de los mecanismos de mercado, reordenación del funcionamiento de los operadores de red y de transporte (primero, en separación de bienes y, segundo, en su capacidad de condicionamiento de los reguladores). Y, en el ámbito de la coordinación e inserción en la actuación pública, un claro esquema de políticas, regulación y supervisión, sin cuestionamientos del mercado, coordinación con otras instancias de la Administración (especialmente medioambientales, evitando la kafkiana demora de los proyectos), la necesidad de una gestión puntual y con prontitud de los problemas evitando su demora o, lo que es peor, su judicialización en distintas instancias europeas o españolas. En suma, la definitiva eliminación de la chapuza y de los atajos regulatorios a los que hemos estado acostumbrados (desde hace varios años, hasta parecernos normal) y que vienen sistemáticamente acabando mal, en forma de déficits acumulados y soluciones que socavan la credibilidad económica de nuestro país. Todo un catálogo de comportamientos precedentes que hoy se hacen más exigentes en la medida que asumimos su importancia y su carácter estratégico.

Por eso, debería ser una buena noticia, aunque lo importante realmente es su quid pro quo. Ah, y como ven, ni una palabra de intervención, porque con todo lo anterior ya es bastante.

La aprobación por parte del gobierno de la denominada tarifa de último recurso (TUR) en el sector eléctrico ha revuelto, un poco más si cabe, el confuso momento que estamos viviendo en el ámbito energético, en el que, como preámbulo, podemos señalar, o más bien constatar, cómo el discurso liberalizador no ha sido especialmente bien entendido. Lo cual no quiere decir que esté completamente resuelto y que esta situación de imperfección no sea una de las causas de esas críticas, quizá la más importante. O tal vez, esas críticas deberían llamarse incomprensiones.

Debemos señalar que la implantación de esta tarifa todavía tiene pendiente la fijación del mecanismo de cálculo de estas tarifas de último recurso. La piedra Rosetta, vamos. Quiere decirse que ni las empresas comercializadoras, ni los consumidores, saben en este momento cuál es el precio final de la energía que va a quedar como resultante y referente de la tarifa de último recurso una vez se complete el proceso de liberalización.

Por tanto, no se sabe el nivel de “aditividad” (palabra que encierra la filosofía y meollo de la tarifa de último recurso) ni cuál es el margen real para que se puedan ofrecer mejores tarifas a los ciudadanos y consumidores, porque de hecho, no se sabe cuál va a ser esta metodología y qué capacidad va a tener el regulador para colocar precios políticos. Algo que, lógicamente, es una ambición intervencionista y una tentación en momentos de crisis económica, unido al desastre existente en la concepción de la electricidad como un servicio o suministro intervenido, o la idea de que el mercado es peligroso para los consumidores, acostumbrados a vivir en su adormidera tantos años. No obstante, se trata de una cuestión que no es baladí, seguramente, y puede situar parte del nudo gordiano del problema de la liberalización, pese a que la situación de los precios de la energía en el mercado mayorista, fruto de la caída de la demanda, permiten una adecuación más o menos suave que lo esperábamos hace un año.

De hecho, eso posibilita que exista una reclamación casi contradictoria en todo el proceso. Por un lado, se ha ido requiriendo que la tarifa de último recurso, se extienda al número mayor de consumidores que sea posible (solución que se ha instrumentado bajando la potencia contratada de los que se pueden acoger a esta tarifa) y así los argumentos que hemos podido conocer al respecto señalaban al mercado como causa de todos los costes y desórdenes. Venían a decir así “¡Cuántos usuarios abocados a las razzias del mercado, esto no puede ser!. Teóricamente la tarifa de último recurso debería ser una tarifa tope, a partir de la cual las tarifas de otros comercializadores deberían ser menores, una vez que se desarrolle mercado y competencia en esta actividad.

La segunda crítica intencional es el hecho de que hoy no exista (y no existe) una oferta diferenciada por parte de las distintas comercializadoras. Cuestión que tampoco debería sorprendernos en la medida que, sin contar con el mecanismo de cálculo de la propia tarifa de último recurso, probablemente no sea posible que las empresas realicen ofertas por debajo de la misma. Volvamos a tener en cuenta que la tarifa actual sigue siendo una tarifa política, que incorpora déficit tarifario y que es insuficiente para cubrir todos los costes asociados a la misma. Por tanto, probablemente, una vez despejadas técnicamente estas dudas, sea más razonable que los operadores tengan información, actúen con mayor racionalidad y compitan. De todas formas ya empiezan a aparecer ofertas, además de la actividad en materia de comercialización que las empresas han venido realizando hasta el momento.

Quedan dos cuestiones que también han suscitado polémica, como ha sido el desarrollo, dentro de la tarifa de último recurso, de la denominada tarifa social o bono social que además, según había trascendido en las negociaciones entre empresas y gobierno, estaría encima de la mesa. En Energía Diario hemos venido señalando como el acuerdo al respecto, que era inminente, se había ido retrasando y parece que en ese “impasse”, es de toda lógica que se aplace su regulación y que lógicamente se concrete su contenido y alcance, toda vez que serían las empresas quienes se harían cargo de la misma.

En último caso, otra cuestión abierta es el caso de las pequeñas distribuidoras que han iniciado procesos de integración para el desarrollo de la actividad de comercialización, en la medida que esta actividad ha sido concentrada en las comercializadoras de último recurso. Este proceso, uno de los elementos complementarios de la reforma, seguramente que precisa de una definición del período transitorio, así como de conocer la reestructuración que se opera en ese sector que todavía abastece a un número importante de clientes.

En todo caso, diagnóstico: pasos para la configuración de la tarifa de último recurso, con fases pendientes y desarrollo incompleto. Alguna parte, regulación de brocha gorda, que necesita afinamiento y, más allá, necesidad de desarrollo del sector en el nuevo escenario, que seguramente ni nos lo creemos y en el que todavía hay que meter los dedos en las llagas. Si no, esto se puede convertir en el último discurso, liberalizador-antiliberalizador o, más bien, federales contra confederados.

La procelosa situación de la crisis económica empieza a abocar al Gobierno, queriendo o sin querer, en la necesidad de meterse en los problemas y gestionarlos, si no quiere que cada una de las cuestiones almacenadas acabe en un pudridero. Probablemente, de tanto darle patadas al balón hacia delante, hemos alcanzado la propia meta, situación paroxística que concluye en que el partido acaba de comezar con varias eliminatorias y tarjetas almacenadas. Así que, ahora cada una de las decisiones postergadas, demoradas, evitadas en tiempos de bonanza política, de templanza económica se convierte en un recurso agónico. Sirvan estas reflexiones más o menos oscuras o turbias el día posterior a conocer la intervención del Banco de España en Caja Castilla la Mancha, para reconocer que, probablemente, vivimos en un mini Apocalipsis: el final de los tiempos en los que la política se creía capaz de todo (algo que debe concernir a gobierno, oposición y a todo tipo de instancias, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), tendrá que dejar de regirse por el cálculo mediático y el marketing y tendrá que actuar “en serio”. Por tanto, el mensaje es “esto se mueve”, yendo las cosas mucho más deprisa de las que el “tempo político” permite digerir. Los idus de marzo y el tiempo de las boutades se acabó con el bochorno de la retirada de Kosovo (en la que cuanto más tiempo, digamos que todo ha pasado y todo está bien, todo estará más presente).

En el caso de la energía, seguimos con un problema grave y de fondo almacenado, un cadáver dentro del armario, como es la negociación para la liquidación del déficit tarifario, la financiación de esta cuenta aplazada y la articulación de una transición a la competencia en la comercialización, fruto de la eliminación de las tarifas reguladas tal y como las entendemos hoy. Proceso largamente aplazado por falta de voluntad política y esa suave adormidera que era poder acudir al crédito sin demasiados problemas. El hecho es que la expectación sobre el acuerdo final y su materialización en un Real Decreto-escoba que aborde estas y otras cuestiones, junto a la estabilización del marco regulatorio, se ha convertido ya en una patata caliente a la vista también del efecto “dilación” sobre las empresas, la credibilidad del sector energético y sus inversiones futuras.

En esto, tanto el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como Pedro Solbes están actuando de Clint Eastwood en «El Sargento de Hierro», de cara al aval público y la asunción de parte de la deuda eléctrica por parte del estado, siendo como es este proceso la prueba de fuego más ardua para Miguel Sebastián: conseguir el nudo gordiano del déficit tarifario. Hay que reconocer que el Ministro ha conseguido grandes avances; de hecho, el imponer un “frame”, un marco en el que la “quita” a tercios de la factura acumulada, fuera aceptado por todos, es ya un verdadero logro. La pregunta es, ¿será bastante?

Pero el tema del déficit tarifario no es el único que hay sobre la mesa o debajo de la mesa. El tema de la necesidad de abordar el futuro de la opción nuclear también se está poniendo de manifiesto con mayor crudeza e insistencia. Cada vez que miembros del gobierno aducen que es un debate cerrado, cercenado (en una sociedad democrática, ¿puede haber un debate cerrado o cercenado? ¿No es muestra de vitalidad que éste se produzca?), o que olvídense ustedes de poner este tema encima de la mesa, aparecen con mayor fuerza y vigor, incluso desde los propios sindicatos. Consecuencia: la falta de convicción que se deriva de esta situación. En esto, el Gobierno ha seguido la estrategia del avestruz y del mirar para otro lado, con el riesgo que conlleva de que le pille a uno la realidad con la cabeza dentro de la tierra.

Del mismo modo, tenemos abierta la renovación inconclusa de la Comisión Nacional de Energía, desde varios puntos de vista. La revisión de su funcionamiento y de sus funciones (función 14), tanto tiempo anunciada y que está pasada de tiempo en más de un año. Seguido de su composición, con cuatro Consejeros también fuera de plazo en su caducidad. Pero lo que está más fuera todavía de la realidad, es la credibilidad del organismo en su conjunto, por lo que es necesario pedir cambios urgentes de forma, que se den pasos para contar con un regulador solvente, con un modelo respetado (las llamadas desde todas las instancias públicas empiezan a ser insistentes), que ofrezca un marco de regulación y de supervisión más inteligente que severo (algo que, en este estado, no es capaz de proporcionar al sector energético, a la economía y a la sociedad española). A las pruebas nos remitimos tras los sucesivos papelones que ha protagonizado este organismo.

Reflexión, por tanto, para anunciar que empieza a moverse pese a la inevitable tendencia al inmovilismo. Porque, probablemente, las cosas no pueden esperar más y las actuaciones que haya que realizar tienen que ofrecer seriedad y respuestas a un contexto de incertidumbres.

Lo dicho, la cosa va en serio y esto se mueve. El largo día acaba.