Bruselas se reafirma en la ilegalidad de las condiciones de la Comisión Nacional de la Energía pese a los cambios introducidos por el Gobierno

La Comisión Europea (CE) dictaminó hoy que las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno español a la opa de E.ON sobre Endesa siguen sin respetar la legislación comunitaria y dio al Ejecutivo hasta el próximo 13 de diciembre para responder a esta decisión.

Tras conocer la decisión, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró que España no aceptará un trato diferente al de Alemania y avanzó que algunas de las cláusulas que Bruselas considera ilegales, «seguramente» se resolverán en el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, afirmó que el Gobierno entiende que la respuesta de Industria es «adecuada» y las nuevas condiciones son «razonables y se enmarcan al respeto escrupuloso a la normativa europea», y avanzó que se responderá al requerimiento de Bruselas en los próximos días. En su «evaluación preliminar» sobre la resolución del Ministerio de Industria que el pasado 3 de noviembre modificó los requisitos sobre desinversiones de activos, impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión señala que las nuevas medidas violan los principios de libre movimiento de capitales y mercancías y libertad de establecimiento.

El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó que la negativa de Bruselas afecta, entre otras, a las condiciones relativas a la obligación de mantener la marca Endesa, la de no vender activos de Endesa en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el deber de utilizar carbón nacional y no desviar gas desde España a otros mercados.

No obstante, Bruselas ha optado por no avanzar más en el procedimiento de infracción abierto a España y, en vez de enviar un «dictamen motivado» (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE), ha otorgado un nuevo plazo para explicar sus argumentos. La Comisión subraya que la decisión de septiembre pasado que declaró ilegales las condiciones de la CNE «sigue siendo válida» porque los cambios introducidos «no han modificado -o sólo lo han hecho ligeramente-» la decisión original del regulador energético. Bruselas recalcó que la «evaluación preliminar» remitida hoy a Madrid sólo se refiere exclusivamente a la compatibilidad con la normativa europea de las condiciones «diferentes o adicionales» adoptadas por Industria el pasado 3 de noviembre.

Respecto al procedimiento de infracción que la Comisión abrió a España por la decisión de la CNE el 18 de octubre, Bruselas indica que todavía evalúa si España «ha acatado» la petición que les hizo el 26 de septiembre de retirar 18 de las 19 condiciones por considerarlas ilegales. El titular de Industria aseguró que el Gobierno español «ya sabía que había alguna parte del dictamen del Ministerio que no era compartida» por la Comisión, en referencia al requisito que obliga a vender forzosamente la eléctrica española si un tercero adquiere más del 50 por ciento de E.ON.

Clos recordó que la CE «está intentando que Alemania corrija» una cláusula similar impuesta por el Gobierno alemán en 2002 a la fusión E.ON-Ruhrgas. «Nosotros queremos tener el mismo trato que el resto de países y no podemos aceptar un trato diferenciado», apostilló.

David Vegara no quiso anticipar acontecimientos, pero recordó que «no sería el primero ni el último caso» en que el Gobierno de España haya tenido que sustanciar las diferencias con la UE ante los tribunales de justicia, y recordó el caso de la ‘acción de oro’ en las empresas privatizadas.

El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, afirmó hoy que el anuncio hecho hoy por la CE supone «el enésimo revolcón» que recibe el Gobierno durante la opa.

Tanto E.ON, que ha aceptado las condiciones de Industria, como Endesa rehusaron hacer comentarios sobre la decisión del Ejecutivo comunitario.

El 3 de noviembre pasado el Ministerio de Industria eliminó las obligaciones de desinversión o cesión de activos de Endesa impuestas a E.ON por la CNE, pero mantuvo la condición relativa a la venta forzosa de la eléctrica si un tercero adquiere más del 50 por ciento de la compañía alemana.