Anpier estudia recurrir en Bruselas la sentencia del Tribunal Supremo que avala que las renovables sufraguen el déficit tarifario

Así lo señaló el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, en el marco de la VI Asamblea General de la asociación, en las que explicó que la sentencia supone «una piedra más en el camino» y «un engaño más» al hacerles responsables de contribuir y soportar en parte el déficit de tarifa «generado por la sobre retribución que reciben nucleares e hidráulicas«.

Martínez-Aroca calificó la sentencia de «jarro de agua fría» para las 62.000 familias productoras fotovoltaicas y criticó que «jamás» se les avisara de que iban a sufrir «siete cambios normativos retroactivos» y que tendrían que soportar el déficit cuando el Estado instó años atrás a invertir en renovables.

En este sentido, denunció el «engaño» del Estado con «todos estos cambios a posteriori que han ido apareciendo en el camino con el fin de expulsarles del sistema eléctrico para que siga monopolizado por tres grandes compañías eléctricas». A su juicio, se trata de «la mayor estafa que un Estado ha podido cometer contra los ciudadanos«.

Durante su intervención en la asamblea, Martínez-Aroca advirtió de que el recorte a la retribución de las renovables podría incrementarse y alcanzar del 50% al 70%, ante la bajada del bono del Tesoro, fijado en torno al 1,3% actualmente.

Además, Martínez-Aroca explicó que desde Anpier han encargado informes periciales a expertos económicos que concluyen que todos los proyectos e inversiones se encuentran en default ya que «ni siquiera podemos pagar el servicio a la deuda que tenemos contraída frente al banco«.

En esta línea, dijo ser «falso» que se disponga de una rentabilidad del 7% como afirman desde el Ministerio de Industria, sino que se están llegando a alargar los préstamos bancarios para «ganar oxígeno» con el fin de terminar la fase judicial de interposición de recursos e intentar que «se reponga la seguridad jurídica».

De hecho, desde Anpier denunciaron que el sector fotovoltaico español es «pasto de especuladores» que buscan «quedarse con estas instalaciones a precio de saldo dado que el pequeño consumidor no puede asumir la cuota de crédito bancario una vez que el Estado incumple sus compromisos de pago».

Por último, recordó que todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, se han comprometido a derogar la «salvajada jurídica» contra las renovables si acceden al Gobierno.