Admitida la demanda de arbitraje de Repsol por la expropiación de YPF por el Gobierno de Argentina

La demanda fue interpuesta por Repsol el pasado 3 de diciembre, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que notificara a Argentina la existencia de una controversia y su intención de llevar el caso ante un arbitraje internacional en caso de no ser compensada por lo que considera un «expolio».

La petrolera española entiende que, entre otras cuestiones, Argentina ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.

Tras la admisión de la demanda, se formará un tribunal integrado por tres árbitros: uno nombrado por Repsol, otro por Argentina y otro de común acuerdo. Si no hay consenso entre las partes, el tercer árbitro sería nombrado por el CIADI. Una vez conformado el tribunal, Repsol y el Gobierno argentino podrán presentar sus respectivas alegaciones.

Los procedimientos ante el CIADI comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior y suelen tener una duración media de entre tres y seis años desde la constitución del tribunal.

En dichas alegaciones, Repsol concretará las reparaciones y compensaciones por los daños causados por la expropiación, según fuentes de la petrolera, que apuntaron que el hecho de haber ido a un arbitraje no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino.

Repsol consideró «ilícita» y «discriminatoria» la expropiación del 51% de YPF –ya que sólo afectó a las acciones de Repsol-, y que la operación vulneró los estatutos de la firma argentina, que establecen que en estos casos hay que lanzar una OPA y compensar al expropiado.

La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene por ello a restaurar la situación y a indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta la «nacionalización», llevada a cabo en abril, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valoró en unos 8.000 millones de euros.

Repsol tiene también abiertos frentes judiciales por la expropiación de YPF en Argentina, donde interpuso una demanda de inconstitucionalidad, y ante la justicia estadounidense, ante la que ha denunciado la vulneración de la normativa bursátil del país.

En España, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó «competencia desleal» al pactar con el Gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta. Repsol consideró que el interés de Argentina por YPF radica en el descubrimiento de ese yacimiento, que realizó cinco meses antes de la nacionalización.

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