Abengoa presenta al juez su plan de reestructuración con el apoyo del 86% de los acreedores mientras otros afectados denuncian a Deloitte

EFE / Servimedia.- La acusación particular del caso Abengoa denunció a Deloitte ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, al considerar que Deloitte pudo incurrir en falta «grave o muy grave» en su labor de vigilancia de la compañía sevillana, que ya ha presentado en el juzgado la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración, que recibió la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de la deuda, según comunicó a la CNMV.

Las adhesiones logradas por el grupo energético y tecnológico, que han sido validadas y certificadas por Deloitte, superan con claridad el mínimo establecido por ley, que era del 75% de la deuda. En la comunicación, la empresa precisa que los acreedores que no se hayan adherido al plan podrán hacerlo en un plazo adicional cuya fecha de inicio anunciará el grupo. Con el porcentaje logrado, y a falta de la aprobación judicial, Abengoa logra el requisito necesario para salir de la situación de preconcurso de acreedores en la que se encuentra desde hace casi un año y para aplicar el plan de reestructuración, lo que se materializará en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el 22 de noviembre.

Según Abengoa, la consecución de las adhesiones exigidas legalmente y la celebración de la futura junta de accionistas constituyen «un punto de inflexión definitivo para completar el proceso de reestructuración». Tras completar esos requerimientos y una vez que se consiga el pronunciamiento favorable del juzgado concursal «debería producirse el cierre del proceso y el inicio de una nueva etapa», según indicó Abengoa, que expresó «su máxima gratitud a todos aquellos que han contribuido a superar esta crisis», entre ellos empleados, accionistas, clientes, proveedores, instituciones financieras, organismos oficiales y nuevos inversores.

Abengoa tuvo que recurrir al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento, situado en aquel momento en más de 9.000 millones de deuda financiera y en casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores. En agosto, el grupo logró cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda con sus principales acreedores que prevé la inyección de 1.170 millones de euros. El acuerdo se someterá a la junta, de la que saldrá una nueva Abengoa presidida por Gonzalo Urquijo y con un consejo de administración renovado.

En la junta extraordinaria también se votarán las ampliaciones de capital que darán lugar a la nueva estructura societaria en la que los actuales accionistas verán diluida su participación al 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores tendrán el 95% restante. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas de la compañía se quedará en alrededor del 1,5%.

Los términos de la reestructuración consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97% en el valor nominal, manteniéndose el 3% con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. No obstante, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70% del nominal de la deuda existente a cambio del 40% del accionariado de la nueva Abengoa, de manera que el 30% nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de sénior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,5% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada, en caso de que por materialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada, tras la capitalización del 70% anteriormente referida, excediese de 2.700 millones de euros.

Denuncia a Deloitte por auditoría

Por otro lado, la acusación particular del caso Abengoa ha denunciado a Deloitte ante el ICAC al considerar que la firma auditora pudo incurrir en falta «grave o muy grave» en su labor de vigilancia de la compañía sevillana. La denuncia, interpuesta por la Plataforma de afectados de Abengoa, se dirige también contra el socio auditor desde 2012, Manuel Arranz, al creer que «incumplieron su obligación de velar por que los resultados formulados en su auditada reflejaran de forma fidedigna su situación real». El escrito expone que ni Deloitte ni Arranz advirtieron de los problemas de viabilidad del grupo hasta el 13 de noviembre de 2015, apenas «cinco minutos antes» de la presentación de resultados y el inicio del preconcurso.

«A mayor abundancia», explica, los ahora denunciados «obviaron incluir en su informe que Abengoa se encontraba en suspensión de pagos teórica al menos desde 2014», razón por la que disponía de un fondo de maniobra negativo de 1,5 y 2,4 millones en 2014 y 2015, respectivamente. La Plataforma califica de «curioso» que los auditores sólo pusieran de manifiesto la existencia de dudas con relación al futuro de Abengoa justo durante la comunicación de los estados intermedios y no en la presentación de las cuentas anuales.

Una decisión que explicaría que el informe de revisión de cuentas reflejase, entre otras incertidumbres, «los resultados negativos de las operaciones, la evolución negativa en Bolsa de las acciones, y los problemas para acceder a los mercados de deuda», según la fuente. Por todo ello, la agrupación afea que las supuestas inexactitudes en los informes facilitaran que «aflorara la insolvencia» en la compañía, «evitando que Abengoa pudiera renovar sus líneas de financiación bancaria». De admitirse la denuncia, ésta sólo podría derivar en un expediente administrativo sancionador, no en una condena, al tratarse de un procedimiento administrativo al margen del circuito judicial, en el cual actualmente se investigan las indemnizaciones millonarias a la antigua cúpula directiva de Abengoa tras su cese.