Industria prevé congelar los peajes de luz y gas en enero y sitúa en 3.540 millones el déficit de tarifa de 2013

En concreto, la disposición final primera del borrador de orden establece como novedad que el llamado servicio de interrumpibilidad, consistente en un incentivo a las industrias por consumir menos cuando lo requiera el sistema, «se integrará a efectos de su liquidación como coste de la energía», en vez de hacerlo como coste regulado.

De esta forma, los 550 millones de euros de la interrumpibilidad incluidos en costes regulados en 2014 desaparecerán del escenario de costes de 2015, si bien el consumidor seguirá pagándolos, pero a través de los costes de energía de su recibo.

Por el momento, esta partida de interrumpibilidad ascenderá a al menos 350 millones de euros, tras las subastas celebradas recientemente entre las industrias. No obstante, Industria expresó su deseo de celebrar una nueva subasta para colocar más bloques de interrumpibilidad por un importe cercano a otros 200 millones de euros.

Tras este cambio de contabilidad, el borrador y la memoria económica de la orden ministerial de peajes ofrecen unas estimaciones de costes e ingresos del sistema eléctrico con «el objetivo de lograr el equilibrio entre las diferentes partidas de costes e ingresos».

La orden ministerial cifró en 17.836 millones de euros los costes regulados del sistema en 2015, un 2,6% menos que en 2014, a pesar de que el transporte tendrá un coste de 1.689 millones de euros, un 1,8% más, y de que la partida de distribución será un 0,9% superior, hasta 4.938 millones de euros.

Las anteriormente conocidas como primas del régimen especial, que recogen los incentivos a renovables y cogeneración, tendrán un coste de 7.100 millones de euros en 2015, un 0,3% menos, al tiempo que la amortización del déficit de tarifa implicará un coste de 2.969 millones de euros, frente a 2.686 millones de euros un año antes.

En el lado de los ingresos, Industria calculó que la demanda será de 231.614 gigavatios hora (GWh), un 1,3% menos que la previsión incluida en la orden ministerial del año anterior. Este descenso se produce después de que se haya detectado «un importante ajuste en los ingresos» por la disminución de la potencia contratada por los consumidores.

El conjunto de los consumidores aportará 13.498 millones en peajes, un 1,6% menos que en 2014. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) procurarán 4.207 millones de euros, frente a 4.087 millones de euros un año antes. Una de las partidas públicas, la de costes extrapeninsulares, se recortará de 903 millones de euros a 887 millones de euros.

De los ingresos del Estado que se destinarán a la tarifa eléctrica, 2.989 millones de euros procederán de los impuestos eléctricos en vigor desde 2013, frente a 2.833 millones un año antes, mientras que 330 millones de euros corresponden a las subastas de derechos de emisión de CO2, frente a 343 millones de euros en 2014.

3.540 millones de déficit tarifario en 2013

El borrador de orden ministerial elaborado por Industria indica que el déficit de tarifa final de 2013 será de 3.540 millones de euros, mientras que 2014 se cerrará con un leve superávit de 11 millones de euros y en 2015 con otro superávit de 33 millones de euros. El déficit de tarifa máximo permitido por ley para 2013 era de 3.600 millones de euros.

Para el desajuste de 2013, Industria tiene previsto aprobar un real decreto antes de la orden ministerial de peajes en el que se establezca su financiación. Habrá un periodo correspondiente a 2014 en el que se financie teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los «credit default swap» de las eléctricas, así como otro hasta 2028 en el que se financie al bono español a diez años más 85 puntos básicos.

El déficit de tarifa de 2013 obligará al sistema eléctrico a incluir entre sus costes una anualidad de 249 millones de euros en el ejercicio 2014 para financiarlo, así como de 283 millones de euros en 2015.

Nuevo peaje de alta tensión para la industria vasca

En cuanto a los peajes de alta tensión, una de las novedades de la norma es la fijación de dos nuevas categorías, la 6.1A y la 6.1B, esta última de tensiones de entre 30 y 36 kilovoltios (kV), que son especialmente habituales en la industria vasca, donde muchas instalaciones se conectan en estas tensiones.

La rebaja de peajes industriales beneficiará a 1.975 consumidores, frente a los 109.196 consumidores conectados en alta tensión. Las industrias del 6.1B disfrutarán de un término de potencia un 15% inferior al antiguo, así como de un término de energía un 12,3% inferior.

Subirá un 20% el uso como materia prima del gas

Asimismo, el Ministerio de Industria congelará en enero la parte del recibo de gas dedicada a sufragar los costes regulados, también conocida como peajes, para todos los consumidores salvo para los que lo utilicen como materia prima, según consta en el borrador de orden ministerial sobre revisión de peajes de gas.

Para 2015, Industria dibujó un escenario en el que ya se aplica la reforma del sector gasista y en el que los costes regulados ascienden a 3.062 millones de euros, de los que 1.375 millones de euros corresponden a la distribución.

En el lado de los ingresos, el sistema gasista ingresará 3.056 millones de euros a través de los consumidores, de los que 1.498 millones de euros son por el término de la energía y 407 millones de euros por el término fijo. También habrá otros 561 millones de euros procedentes de los peajes y cánones de actividades como la descarga de buques o la carga de cisternas.

El resultado de estas dos variables de costes e ingresos es un «saldo equilibrado que justifica el mantenimiento de los peajes y cánones invariables durante el año 2015 con la excepción del peaje para los usuarios del gas con destino a materia prima», dijo Industria.

Este peaje de gas usado como materia prima subirá un 20% con el objetivo de avanzar en la «convergencia» con el peaje convencional, según indicó Industria, antes de recordar que las diferencias entre uno y otro son en la actualidad de un 80%.

La orden ministerial de revisión de peajes no incluye aún el coste anual de 110 millones de euros durante 30 años para amortizar Castor, ya que esta partida empieza a repercutirse en 2016.

No obstante, el próximo año se empezará a pagar durante cinco años el coste del laudo arbitral por la revisión de precios de suministro de gas argelino. La primera anualidad obliga al sistema gasista a asumir un coste de 32,7 millones de euros en 2015.